FIN AL REGIMEN DE TRANSICION PENSIONAL - PREOCUPACION EN LA POBLACION QUE ASPIRA A PENSIONARSE.

L a revista "Finanzas Personales" acaba de publicar un articulo, en el cual nos alerta sobre el regimen de transicion pensional en Colombia y nos informa acerca de las implicaciones futuras para quienes aspiran a una pension.

A partir del 31 de julio se desmonta el régimen de transición pensional y ningún colombiano podrá tener una pensión con recursos públicos con más de 25 salarios mínimos. Además, se acaban los beneficios de las convenciones colectivas, pactos y laudos.
 

Los traslados desde el Régimen de Ahorro Individual de los fondos privados al de prima media, administrado por el Seguro Social, han crecido en los últimos dos años y medio.

En 2009, el ISS alcanzó un superávit en el número de ingresos cercano a las 40.000 personas. El año pasado 150.000 llegaron a esta entidad que provienen de los fondos privados, mientras el número de retiros fue de 75.000, dice Leonardo Chavarro, Vicepresidente de Pensiones del Seguro Social.

Entre enero y abril de 2010 la tendencia se ha mantenido. Regresaron 29.500 personas, mientras las salientes fueron de 19.200, para un superávit cercano a las 10.000. Los fondos privados giraron al Seguro Social por estos traslados cerca de $2,6 billones en 2009 y $1 billón en lo que va corrido de este año.

Esto implica que en 2010, la Nación tendrá que girar menos recursos al Seguro para cubrir su faltante. Chavarro señala que ya no saldrán del Presupuesto General de la Nación los $7,9 billones estipulados para pago de pensiones de este año, sino una cifra cercana a los $6,5 billones.

Colombianos con Régimen de Transición, regresan al Seguro

Para el directivo, los colombianos que hacen parte del régimen de transición les resulta mejor pensionarse con el Seguro Social. La ley establece que la transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para las personas que estando en dicho régimen tuvieran al menos 750 semanas cotizadas al 22 de julio de 2005.

Para estas personas se conservará el régimen de transición hasta el año 2014. Este régimen es un producto más atractivo que el ofrecido por el de ahorro individual con solidaridad de los fondos privados.

El régimen de transición aplica para todas las personas que al 1 de abril de 1994 hubieran cumplido alguna de las siguientes condiciones: i) tener más de 15 años de servicios cotizados o ii) acreditar más de 40 años en el caso de los hombres y 35 años en el de las mujeres. Es decir, todas aquellas personas que estuvieran cotizando en el Seguro Social hace 16 años nacidos antes del 1 de abril de 1954 y de 1959, (hombres y mujeres, respectivamente).

La transición permite a sus beneficiarios acceder a su pensión de vejez al haber cumplido con la edad, el número de semanas cotizadas y el monto de pensión que indica el régimen que estuvo vigente hasta el año 1993.

Los hombres podrán pensionarse a los 60 años y las mujeres a los 55 -siempre y cuando los hayan cumplido antes del 31 de julio- con una pensión que puede estar entre el 45% hasta el 90% de su ingreso base de liquidación, dependiendo del número de semanas cotizadas. En ningún caso la pensión podrá ser inferior al salario mínimo.

Además, a partir de esa fecha, ningún colombiano podrá tener pensiones con recursos públicos que superen los 25 salarios mínimos ($12’875.000 este año). Los que no hayan alcanzado a pensionarse, lo harán con 62 años en el caso de los hombres y 57 en el de las mujeres.

Los regímenes y beneficios especiales de pensiones que tenían varios grupos de trabajadores derivados de sus convenciones colectivas de trabajo, pactos o laudos también se acabarán. Solo se mantendrán para los miembros de la Fuerza Pública y para el Presidente de la República.  

  

Semanas cotizadas	% IBL
500	45%
550	48%
600	51%
650	54%
700	57%
750	60%
800	63%
850	66%
900	69%
950	72%
1.000	75%
1.050	78%
1.100	81%
1.150	84%
1.200	87%
1.250	90%

EFECTOS LATENTES Y DEVASTADORES EN EL SER HUMANO COMO RESULTADO DEL USO DE LA ENERGIA NUCLEAR.

ENERGIA NUCLEAR. NO GRACIAS

El Prof. Ernest  Sternglass, uno de los máximos expertos mundiales en el ámbito del estudio de la radiactividad, ha escrito una carta a Steven Chu, secretario de la división de Energía de los Estados Unidos, para invitar al gobierno de Obama al abandono de la energía nuclear. De ser un defensor convencido del átomo, el gran estudioso hace marcha atrás: con respecto a los efectos de la energía nuclear sobre la salud humana, escribe: “los científicos se han equivocado siempre”.

Debe haber sido una sorpresa desagradable para el Secretario de Energía de los Estados Unidos, Steven Chu, leer la carta a él dirigida, del profesor Ernest Sternglass. Una sorpresa desagradable porque la administració n Obama está relanzando la utilización de la energía nuclear, porque el profesor enseña Física Radiológica en la Escuela de Medicina de la Universiad de Pittsburgh y además es Director del Radiation and Public Health Project. Una sorpresa desagradable incluso porque Sternglass no ha usado medios términos en la carta que, a través de Chu, le ha enviado a todo el Gobierno: “Sobre los efectos  de la energía nuclear sobre la salud humana, los científicos se han equivocado siempre”.  

Se trata de una declaración muy fuerte, no sólo porque viene de un emérito profesor que es considerado uno de los máximos expertos mundiales en ese sector, sino también porque se basa en análisis y datos que dejan poco lugar a dudas. Sternglass invita incluso a Chu y a toda la administració n Obama, a tomar en consideración la idea de proceder a la eliminación de los reactores nucleares y apuntar a las energías renovables. Lo que sobre todo debe haber perturbado al Secretario de Energía, probablemente sea el hecho de que el profesor ha sido en los últimos treinta años, un defensor convencido de la utilización de la energía nuclear. Y ahora justamente él da marcha atrás. ¿Por qué?

¿Cuál sería el error? Ha sido el de “presumir que la exposición a las radiaciones consiguientes al funcionamiento de los reactores nucleares por parte de la población, no provocaría ningún efecto negativo sobre la salud humana”.

Lo que no se ha comprendido es que los elementos radiactivos creados por la fisión del uranio, no han producido solamente un pequeño aumento en la cantidad recibida del exterior, como dosis natural de fondo. En cambio, las partículas y los gases producidos en el proceso de fisión y liberados en el ambiente, provocan daños de radiaciones muy superiores a los provocados por los rayos X utilizados con objetivo de diagnóstico, ya que los productos radiactivos de fisión y los óxidos de uranio son inhalados e ingeridos con la leche, el agua potable y el resto de la alimentación, concentrándose en órganos críticos del cuerpo”.

En la práctica, el profesor admite que las viejas mediciones de radiactividad y de interacción biológica, fueron tomadas con los rayos X con objetivo de diagnóstico. Es decir, con los instrumentos para radiografías. Instrumentos que han expuesto las muestras, no solo a dosis inferiores con respecto a las reales, sino también a radiación pura, y no, como sucede en la realidad, también a isótopos de elementos químicos que no tendrían que entrar en contacto con nuestro organismo.

 
“Así – continúa la carta de  Sternglass – el yodo-131 ataca a la tiroides y perjudica la producción de hormonas del crecimiento y favorece el cáncer de tiroides; el estroncio-90 se concentra en los huesos, donde daña la médula hematopoyética, provocando leucemia, además de daños a los glóbulos blancos del sistema inmunitario, que combaten a las células tumorales y a las bacterias; el Cesio-137 se concentra en los tejidos blandos como el seno y los órganos reproductivos masculinos y femeninos, y provoca varios tipos de cáncer en personas adultas, en sus hijos, así como en las generaciones sucesivas”.

 
Claro, todo surge de una difundida ignorancia que existía sobre todo durante los primeros 50 años, cuando gran parte de nuestros actuales conocimientos en relación a los efectos biológicos de las radiaciones todavía pertenecían a la ciencia ficción.

“Tampoco se ha descubierto hasta los primeros años de la década de los '70, que las exposiciones prolongadas a radiaciones de productos de fisión que se acumulan en el cuerpo, son mucho más peligrosas que la misma dosis total recibida en una breve exposición a rayos X”.

El resultado de esta falta de consciencia está en el hecho de que por décadas, han sido erradas las mediciones de los riesgos biológicos, hechas en todas las instalaciones nucleares, militares o civiles que hubiese. Con mediciones equivocadas muchos gobernantes pudieron, con datos numéricos (equivocados) en mano, convencer a la población preocupada, diciéndoles que los niveles de “fallout” nuclear eran tan bajos como para no poder causar efectos negativos. Fue la época, del gran engaño del “átomo pacífico”, la época de la extinción de las centrales a carbón en casi todos los Estados Unidos, para reemplazarlas por “la energía nuclear limpia”.

 (…) Por lo tanto cuando se descubrió que pequeñas cantidades de productos de fisión causan daños mucho mayores con  respecto a las previsiones (no sólo leucemia y otras formas de cáncer, sino también partos prematuros, bajo peso en el nacimiento y mortalidad infantil), esos resultados fueron ocultados por miedo a que éstos pusieran en peligro el valor de disuasión del arsenal nuclear”.

Pero el final de la carta abre una esperanza – o mejor una estrategia, una solución – que la ciencia ofrece a la política: “Afortunadamente el reciente, rápido desarrollo de las energías alternativas, permite entrever el final de ésta tragedia, desde el momento en el cual es posible convertir las viejas instalaciones nucleares en centrales a gas natural. Esto puede llevarse a cabo con un costo mínimo con respecto al que se necesita para la construcción de nuevas centrales, en la espera de que las alternativas emergentes (eólicas, fuentes geotérmicas, e hidroeléctricas) puedan tomar su lugar.

Así será posible mirar a un mundo libre del peligro de la destrucción de la vida humana con armas nucleares de uranio enriquecido y plutonio, que se producen sólo en reactores a fisión, junto con los residuos nucleares altamente tóxicos, que siguen siendo letales a lo largo de miles de años”.

No sabemos si la política sabrá aceptar la sugerencia proveniente del mundo científico y muy a menudo, en el pasado, la política no ha sabido interpretar en absoluto los imputs provenientes del mundo científico, llegando a menudo a “frenar" a la misma ciencia.

Extracto del texto de

Alessandro Iacuelli

3 de junio de 2010

LA CORRUPCION EN LA CONTRATACION ESTATAL NO PARA!!!!!!!

Se prendió el ventilador - Articulo peridistico en SEMANA.

Tras el escándalo, el congresista Germán Olano (izquierda) pidió a la Corte y a la Procuraduría que investiguen los hechos que según él se presentaron “de manera parcial y fragmentada”. Por su parte el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, dice que todo es una persecución por su buena gestión.

BOGOTÁUna escandalosa grabación deja al descubierto que el Contralor de Bogotá y el congresista Germán Olano habrían recibido millonarias comisiones de contratistas de obras públicas en la capital. Los dos rechazan las acusaciones.

Todo indica que se ha desatado una guerra en el hermético mundo de los contratistas de obras públicas en Bogotá. Y como suele suceder en este tipo de choques, los bandos comienzan a sacarse los trapitos al sol y dejan al descubierto sus más íntimos secretos.

Desde hace un año un grupo de concejales denunció la existencia de un cartel de la contratación en Bogotá, pero no tenían cómo probarlo. Hasta hace un mes, cuando aparecieron unas comprometedoras fotografías de Emilio Tapia, un muchacho venido de Sahagún (Córdoba) que hace seis años no tenía cómo pagar arriendo en Bogotá y ahora se mueve en jet privado, cercano al senador Iván Moreno Rojas y figura clave de contratos por 125.000 millones de pesos en la red vial de Bogotá.

Y ahora salió a la luz otro escandaloso documento. Una grabación revelada por 6 a.m.-9 a.m. de Caracol Radio en la que se escucha un diálogo entre el representante a la Cámara Germán Olano y Miguel Nule, uno de los miembros del Grupo Nule, que está en el centro de la polémica por los líos que han tenido varias de sus obras en Bogotá.

(Escuche acá la grabación completa)

Tal vez lo más revelador de la grabación es cuando en medio de la narración el congresista Olano le cuenta a su interlocutor que él va a repartir con el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, un pago de más de 2.000 millones de pesos.

"Entonces yo fui y le hablé al Contralor de eso y le dije 'tranquilo (...) yo no necesito sino pa' mi campaña'; entonces eran 2.200 millones, yo me mamo 1.100, la misma cifra que ya he manejado, y yo te entrego a ti el otro 50 por ciento", dice Olano.

Según se deduce de la grabación, Olano sería una especie de mediador entre los contratistas y el contralor Moralesrussi. Y el ofrecimiento que le hace Olano de la mitad de su tajada, al parecer, era para apaciguar los ánimos del Contralor, que estaba molesto porque otra persona, a la que llaman "Julio", no le habría cumplido con un pago. "¿Ah, o sea que Julio, de 2.750 (millones de pesos) le tenía que dar 1.000 a él (el Contralor) y es lo que se tumbó?", le pregunta a Olano uno de sus interlocutores en medio de la explicación.

Y el congresista responde: "Yo le digo (al Contralor) 'cálmate, no vayas a joder a nadie, ellos a mí me responden; fresco que si ese hijueputa te tumbó, de lo mío yo te doy el 50 por ciento (...)'. Yo termino diciendo 'no te preocupes que yo, Germán Olano, respondo por mis amigos'". En ese fragmento se sugiere que los supuestos pagos de comisiones al contralor Moralesrussi se dan para evitar que él inicie investigaciones o para frenar las que haya puesto en movimiento.

La grabación, a la que tuvo acceso SEMANA, dura unos ocho minutos y tiene pedazos editados, por lo cual es difícil determinar el sentido lógico de la totalidad del diálogo. Aún más si se tiene en cuenta que no se sabe de dónde procede la grabación ni los intereses de quienes la filtraron a los medios (escuche el audio completo en Semana.com).

A lo largo de toda la conversación, el congresista Germán Olano parece estar rindiendo cuentas a sus interlocutores sobre hechos ocurridos en el último año. Como si quisieran reconstruir todos los pormenores de una historia ya conocida. Parece que fue grabada recientemente, pues se hace referencia a las elecciones parlamentarias del 14 de marzo como cosa del pasado.

Según el audio, después de que Olano tranquiliza al Contralor en junio del año pasado, luego, en septiembre, habría comenzado en firme sus gestiones de mediador en el caso. El congresista cuenta que en ese entonces Guido Nule, otra de las cabezas del Grupo Nule, habría buscado un contacto con el Contralor y que este se dio en un desayuno que programó la concejal Ángela Benedetti.

"El Contralor me llama el día anterior y me dice 'imagínate, me va a tocar ir'", cuenta Olano. "Eso fue más o menos en septiembre, el 23 de septiembre, me va a tocar ir, hijueputa, pero tengo que darle un santo y seña". Se entiende que el contralor Moralesrussi tal vez no quería entrar en contacto directo con un contratista, pero quería aprovechar la ocasión para pedir que fuera Olano el mediador.

Benedetti confirmó a SEMANA que en efecto el desayuno se dio, que lo hizo a petición de Guido, que es su amigo de infancia, que no sabía cuál era la finalidad y que si hubo allí alguna negociación turbia se siente asaltada en su buena fe. De hecho, en la grabación solo se menciona como la facilitadora del encuentro. Incluso, Olano dice que cuando Benedetti se levantó de la mesa, el Contralor aprovechó para darle a Guido Nule el santo y seña: le dijo "Germán Olano".

Esa misma tarde, según se escucha en el relato, los Nule buscaron a Olano. siguiendo las instrucciones dadas por el Contralor. "A las 5 de la tarde me estaba buscando 'el Mani' (como le dicen a Manuel Nule, el otro hermano), tú no estabas, tú ya no estabas por ahí", dice el congresista refiriéndose a Miguel Nule, su interlocutor. Y este le interrumpe: "No, yo estaba en Italia".

En menos de un mes, es la segunda vez que trascienden versiones que atribuyen al contralor Miguel Ángel Moralesrussi el presunto cobro de comisiones por facilitar o perseguir contratistas. La primera vez fue una mención que hizo un pequeño contratista que tiene casada una pelea con otro grupo de constructores por una deuda. En declaraciones ante las autoridades, este contratista dijo que el Contralor iba a recibir una comisión del 2 por ciento, también a través de Olano.

La coincidencia de las dos denuncias en tan breve lapso tiene dando explicaciones a Moralesrussi. Pero este asegura todo se trata de una campaña de descrédito en su contra, que incluso ha venido acompañada de amenazas, por su buena labor en el control de los recursos públicos.

El viernes, luego de que se destapó el escándalo de la grabación, el Contralor dio una rueda de prensa y difundió a su vez otro audio en el que los abogados de los Nule hablan de cómo él es la verdadera preocupación que ellos tienen. Y eso, dice, sería la prueba de que no estaba 'comprado', pues de otra manera no les generaría ese supuesto temor.

El Contralor de Bogotá, además, anunció que demandará a Olano por usar de forma indebida su nombre en la reunión que tuvo con los Nule. Y llamó la atención que este escándalo se dé justo el día en que, según él, su entidad tenía programado presentar los resultados de una investigación sobre contratación en Bogotá.

Por su parte, el representante Olano no quiso dar la cara a los medios. A través de un comunicado, les pidió a la Corte Suprema y a la Procuraduría que investiguen los hechos que según él los medios de comunicación transmitieron "de manera parcial, fragmentada y descontextualizada".

Cabe recordar que el Grupo Nule fue centro de la polémica cuando sus problemas financieros los llevaron a incumplir en los trabajos que tenían a su cargo en la capital. Esta situación generó importantes traumatismos en las obras de TransMilenio en la calle 26, contrato que tuvo que ceder hace cerca de tres meses en medio del escándalo. En ese momento un pronunciamiento del contralor Moralesrussi, en el que afirmó que los Nule eran como una pirámide, generó un agrio enfrentamiento entre ellos. Los contratistas aseguran que sus declaraciones produjeron una suerte de pánico en torno a ellos que agravó el mal momento por el que pasaban y que los llevó a la cancelación de otros importantes contratos que tenían con la ciudad, como era un amplio sector de mantenimiento de la malla vial.

En la última parte de la grabación, Nule le pregunta a Olano: "¿Será que el artífice de toda esa vaina es Iván?", y Olano responde: "No". Y explica que el nexo de Iván es con Emilio, por negocios que tienen en Estados Unidos. Por los escándalos previos es muy posible que la referencia sea sobre el senador Iván Moreno y el contratista Emilio Tapia, quien fue una de las personas clave en la campaña de Moreno al Congreso.

Así, el escándalo de hace un mes terminaría también conectado con el de la semana pasada. Lo que queda claro de todo lo anterior es que lo que se había afirmado sobre la existencia de un cartel de contratación en Bogotá parece confirmarse.

Y si el ventilador está prendido como parece, este puede ser tan solo el principio de un gigantesco escándalo

Poder 360° - Regalías, un hoyo negro

Poder 360° - Regalías, un hoyo negro

CORRUPCION EN LA CONTRATACION ESTATAL - CASO EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA.

Los movimientos del ‘zar’ de los contratos en Bogotá

La administración distrital niega haber hecho negocios con Emilio Tapia, pero hay nuevas evidencias sobre la manera como él controla empresas que se han hecho a contratos por $300.000 millones en Bogotá.

El nombre de Emilio Tapia Aldana, considerado el 'zar' de los negocios públicos en Bogotá y otras regiones del país, no figura en ninguno de los contratos celebrados por el gobierno distrital. Este hecho parecería darle la razón al alcalde mayor Samuel Moreno, quien el 28 de mayo, dos semanas después de que Dinero revelara la existencia de Tapias y los alcances de sus intereses, declaró que su administración no había hecho negocio alguno con este y atribuyó las publicaciones de varios medios sobre el tema a una supuesta intención de causarles daño a él y a su familia.

Sin embargo, las investigaciones de Dinero permitieron comprobar la existencia de un eje empresarial, orientado detrás de bambalinas por Tapia, que durante los últimos dos años se ha hecho a contratos por cerca de $300.000 millones en Bogotá. La principal integrante de ese eje es Geos Construcciones, compañía que funciona en una discreta sede en el barrio La Esmeralda y cuya nómina, desde el representante legal hasta el último de los empleados, está conformada por familiares y personas de confianza de este hombre oriundo de Sahagún.

Geos Construcciones, que ha cambiado con frecuencia de domicilio y algunas veces de razón social y se ha llamado también Geos Consulting, ha tenido entre sus representantes legales incluso a personas que hacen parte de la escolta de Tapias. Uno de ellos, Juan José Durango, fue recientemente sucedido en el cargo por el ingeniero Omar Pérez Tejada, también oriundo de Sahagún y quien acompaña a Tapias en la mayoría de las reuniones de negocios.

Como gerente se desempeña Astrid Sofía Hoyos Dumar, esposa de Tapia, quien se encuentra actualmente en licencia de maternidad en Miami, por lo que no ha sido posible hablar con ella. El jefe de recursos humanos es Arnoldo Tapia Moreno, tío de Emilio. La asesoría legal estuvo hasta hace pocos días a cargo de la abogada Luisa Sierra, prima del empresario, y quien ahora busca tomar distancia de las actividades de su familiar.

"Yo asesoré a Geos Consulting y a Geos Construcciones, pero solo respondo por mis actos. Emilio debe responder por los suyos", le dijo la abogada Sierra a Dinero. Rechazó también una versión de su colega Víctor Hernández, apoderado de la cooperativa Cootecol, quien recientemente la acusó de haberle entregado un millonario cheque a cambio de que desistiera de denunciar judicialmente los frecuentes incumplimientos en los contratos de infraestructura gestionados por Tapias en varias regiones del país, después de recibir cuantiosos anticipos. "Ese cheque -aseguró ella- corresponde al pago de una conciliación legal".

Geos hace parte de varios de los consorcios que han contratado, durante 2009 y 2010, la ejecución de obras públicas con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Entre contratos, escogidos al azar, figura uno por $13.061 millones para la construcción de andenes en ambos costados de la carrera 15, desde la calle 100 hasta la 122. El Consorcio Occidental, al cual pertenece, está integrado por empresas en las que tiene intereses Julio Gómez, otro de los grandes y cuestionados contratistas de la ciudad. El número de radicación del contrato: IDU-LP-DTC-005-2009.

También aparece como integrante del Consorcio Peatonales, contratado por $8.000 millones para ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental para la construcción de puentes peatonales en las avenidas Alberto Lleras y Laureano Gómez, en el norte de la ciudad.

Otro de los negocios en los que participa corresponde a obras viales en la calle 63, junto al parque del Lago. Este contrato tiene una particularidad que lo hace relevante: fue adjudicado al Consorcio Puente calle 63, cuya constitución fue gestionada por Salomón del Valle, esposo de una prima de Tapia. Del Valle acompaña con frecuencia al empresario en viajes de negocios y placer (ver fotografía en el yate).

Los movimientos de los anticipos de los contratos y los recursos derivados de los mismos nutrieron una cuenta corriente abierta a nombre de Geos Consulting.

Contactos de alto nivel

El círculo de los negocios de este hombre va mucho más allá de la contratación. Además de la gestión revelada recientemente para librar al Grupo Nule de la declamatoria de caducidad del contrato de obras de infraestructura de Transmilenio en la calle 26, hay una historia inédita sobre la marcada injerencia de Tapia en el proyecto para la construcción del centro comercial de San Victorino, en un área de 13.000 m2.

En abril de 2009, el entonces director de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), el ex alcalde de Manizales Néstor Eugenio Ramírez, consideró la posibilidad de quitarle el contrato para la construcción de la megaobra a la Unión Temporal Urbe Capital, debido a los desfases administrativos y a los retrasos que venía registrando. De esta unión hace parte Indecon, otra de las firmas del eje empresarial en el que gravitan los intereses de Tapia.

La sede de Indecon, en la calle 118 con carrera 15A, se convirtió entonces en una especie de cuartel para el manejo de la crisis. La revisión de los libros de visitantes y los testimonios de varios empleados permitieron conocer que allí se reunían los contratistas que, coordinados por Tapia y por su amigo y representante de Indecon, Julián Gómez Naranjo, hacían esfuerzos por enderezar el rumbo del negocio.

Tapia hizo valer sus contactos con la administración distrital y consiguió una asesoría jurídica y administrativa proveniente de la propia ERU, que quedaba así en condición de juez y parte. La tarea de asesoramiento quedó a cargo del abogado Diego Alberto Muriel, entonces miembro del equipo jurídico de la ERU y hoy gerente de esa entidad distrital, en reemplazo de Ramírez, que pasó a dirigir el IDU. "Muriel -recuerda uno de los empleados de Idecon que habló bajo la condición de no revelar su nombre- revisaba todos los informes que eran enviados a Néstor Eugenio Ramírez con todas las apariencias de formalidad y legalidad".

"A partir de allí -dijo otra persona cercana a la empresa- se reanudaron los desembolsos y nadie quiso reparar en el hecho de que entre las fuentes de desangre estaba una alta nómina de los empleados del consorcio que se pagaba con cifras infladas sobre el papel". El mecanismo usado fue el mismo que se dio en otros casos de incumplimiento de contratos de obras de infraestructura.

Geos, por ejemplo, consiguió los servicios de la abogada Rosa Helena Moreno Garzón, especialista en procesos y manejos de contabilidad para preparar los informes financieros que debían ser enviados periódicamente al IDU.

A través de su eje empresarial, el 'zar' de la contratación de Bogotá ha proyectado sus negocios al exterior. Los principales representantes de sus intereses en Miami, donde mueven altos recursos de capital, son Luis Cárdenas y Saúl Campanella, a quienes miembros de los círculos de confianza de Tapia definen como sus "escuderos".

Ambos hacen parte de la lista de viajeros frecuentes del jet privado de este contratista en la sombra y suelen acompañarlo, no solo en Miami y otros destinos turísticos y de negocios, sino particularmente a la ciudad de Valencia, en el estado venezolano de Carabobo, donde comienzan a articular contactos con la administración pública para imponer allí el mismo modelo creado en Bogotá.

¿Estaba enterado el alcalde de Bogotá de los negocios de Tapia con la administración? ¿El hecho de que este hombre haya dispensado apoyo en las pasadas elecciones al senador Iván Moreno le garantiza el acceso a los negocios públicos más rentables de la ciudad? Estas son algunas de las preguntas que ya se están haciendo de manera insistente tanto la justicia como los órganos de control, los únicos habilitados para pronunciar la última palabra en este tema.

Cortesia: Informe especial "DINERO.COM". 

UNA NECESIDAD SENTIDA DEL PUEBLO COLOMBIANO.

ACCIÓN SOCIAL PROPONE SALIDAS JURÍDICAS PARA LA RESTITUCIÓN DE BIENES EN COLOMBIA

• A través del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada se enviaron dos proyectos de ley al Ministerio del Interior y Justicia como propuestas para viabilizar la restitución de bienes de las víctimas de la violencia

Bogotá, 3 de junio de 2010. El Alto Consejero Presidencial y Director de ACCIÓN SOCIAL, Diego Andrés Molano Aponte, entregó al Ministerio del Interior y Justicia dos proyectos de ley que desarrollan el eje de restitución de la política de tierras en Colombia: Acción de restitución de bienes inmuebles y propuesta de Mecanismos alternativos para la solución de conflictos sobre la tierra.

Estos proyectos surgen como respuesta a las órdenes de la Corte Constitucional consignadas en el Auto 008 y de acuerdo con el cronograma de trabajo planteado en la Mesa encargada de la formulación de la política de tierras para la población desplazada.

El proyecto de ley ?Acción de Restitución de Bienes Inmuebles?, propone un mecanismo de justicia transicional diseñado para restituir los bienes despojados a la población desplazada y comprende medidas entre las que se destacan:

- Asignación de una jurisdicción especializada, dentro de la jurisdicción ordinaria, atendiendo sólo el tema de la restitución

- Principios de oralidad, celeridad, eficacia e inversión de la carga de la prueba en favor de la víctima. Lo que haría los procesos más ágiles y eficientes

- Presunciones legales y de derecho que favorecen la carga probatoria a las víctimas

- Flexibilidad probatoria en favor de la víctima

- Acumulación en un solo proceso de las reclamaciones de restitución identificadas en un mismo bien o en una misma zona

- Concentración del sistema de reclamaciones en la Defensoría del Pueblo

Para la elaboración de esta iniciativa se sostuvieron encuentros con personas víctimas de despojo de tierras quienes relataron, no sólo los mecanismos de víctimización, sino los obstáculos que encontraron en el acceso a la justicia. De igual forma, el articulado es el resultado de la concertación entre las entidades relacionadas.

El segundo proyecto de ley es un estudio que profundiza en los mecanismos alternativos para la solución de conflictos sobre la tierra y su aplicabilidad en procesos de restitución de bienes.

Ambas iniciativas retoman la experiencia institucional y comunitaria acumulada por el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, de ACCION SOCIAL, el conocimiento y desarrollo de los temas de protección, formalización y restitución de tierras y territorios, así como la experticia del Proyecto en materia de asesoría a las entidades competentes y la orientación a las comunidades víctimas en el país.

MCH/lma

INDEPENDENCIA PARA MAGISTRADOS Y ABOGADOS EN COLOMBIA - INFORME RELATORIA ONU

Ginebra - Junio 2 de 2010 - Declaración de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, ante la Sesión 14 del Consejo de Derechos Humanos.. “Permítame a continuación presentar en español el Informe de mi primera misión como Relatora Especial que tuvo lugar en Colombia del 7 al 16 de Diciembre de 2009. El estado ha debido enfrentar la violencia de diversos grupos recurriendo a procesos de desmovilización y desarme. Sin embargo, durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del congreso.

La Relatora Especial visitó Colombia en misión oficial por invitación del Gobierno del 7 al 16 de diciembre de 2009. Mi visita me permito constar que Colombia ha venido atravesado por cambios profundos desde que entro en vigencia la Constitución Política de 1991 que consagró el Estado Social de Derecho y la Independencia del Poder Judicial.

El estado ha debido enfrentar la violencia de diversos grupos recurriendo a procesos de desmovilización y desarme. Sin embargo, durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del congreso.

Quiero resaltar, en este aspecto, el trabajo llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia por medio de su Sala Penal, que ha investigado los casos de la llamada “parapolítica” relativos a posibles conexiones de jefes de organización paramilitares con miembros del Congreso de la República y del Gobierno. Al momento de mi visitar, estaban siendo procesados 93 parlamentarios, y la Corte había emitido 22 sentencias, de las cuales 13 eran condenatorias, cinco absolutorias y el resto de carácter inhibitorio o preclusión. A noviembre de 2009, había 249 casos iniciados contra 13 diputados, 12 gobernadores; 166 Alcaldes y 58 concejales.

Los ataques contra el poder judicial alcanzaron un momento particularmente grave en 1985 con el ataque y destrucción del Palacio de Justicia de Bogotá. A partir de ese momento los ataques contra los jueces, fiscales y abogados, y el sentimiento de que los mismos, podría ser realizados con impunidad, se incrementó. Mi informe menciona también el ataque y destrucción en 2005 del Palacio de Justicia de Cali y el hecho que, cinco años después, magistrados y jueces continúen ubicados en locales precarios.

En el sector publico se hizo referencia a las actividades ilícitas de espionaje, grabaciones y escuchas telefónicas ilegales llevadas a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La Relatora Especial recibió alegaciones que agentes del DAS habían incluso desarrollado actividades intimidatorias de seguimiento y persecución contra Magistrados, jueces y fiscales, lo que se configura como un ataque a la Rama Judicial y también de abogados y defensores de derechos humanos.

Varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han recibido amenazas de muerte y han debido solicitar medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de la investigación de los casos de la llamada Parapolítica. Más de 300 actores o funcionarios judiciales han sido asesinados durante los últimos 15 años. Aunque la situación ha mejorado desde 2004, los asesinatos continúan. Se percibe que hay una dificultad de investigación de los crímenes.

La necesidad de enfrentar la violencia y de combatir la impunidad motivó que la Constitución Política fuese revisada en varios aspectos: Así, se redefinieron las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación; se introdujo el principio de oportunidad de la acción penal (en 2002); se introdujo también un nuevo procedimiento procesal penal de carácter oral acusatorio (en 2004) así como un sistema de Justicia transicional basado en la ley 975 de Justicia y Paz (en 2005), que han representado grandes desafíos para la Rama Judicial.

En lo que se refiere al proceso de justicia transicional, debo señalar que al momento de mi visitar no existía ninguna sentencia firme emitida en procesos de justicia y paz. La Corte Suprema devolvió dos casos con sentencia por imputaciones parciales. Un éxito particular constituye la posibilidad de otorgamiento de compensaciones y reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, aunque su otorgamiento por decisión administrativa genera suspicacias. Otro éxito fue que este proceso ha permitido la localización de fosas comunes que albergan alrededor de 2,500 cadáveres, de los que ya han sido identificados 700.

El proceso de justicia y paz ha sin embargo sido afectado por la aprobación de la extradición a los Estados Unidos de América de 18 miembros de organizaciones paramilitares por tráfico de estupefacientes. La extradición a dicho país ha impedido la comparecencia física de estas personas ante los jueces colombianos, para informar sobre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos que cometieron, así como sobre sus relaciones con políticos colombianos, principalmente Congresistas y funcionarios. Esto genera frustración entre las víctimas y es percibido por la población como una fuente de impunidad.

La introducción del sistema procesal penal oral acusatorio, puede representar, a largo plazo, y después de ser integrada y asimilada por los actores del sistema judicial, una nueva cultura jurídica que aporte resultados concretos en la lucha contra la impunidad. Preocupa sí el posible olvido o postergación de los casos ocurridos antes del 31 de diciembre de 2004, tanto en lo que se refiere a la investigación y recolección de pruebas, como a la falta de prioridad que resulta de la propia dinámica del nuevo sistema.

Mi visita, Señor Presidente, me permitió también constatar una sensación generalizada de impunidad y la consiguiente ineficacia del sistema de justicia; la sobrecarga de procesos a considerar en cada juzgado y tribunal; la inadecuada administración e insuficiencia de recursos materiales y humanos; dificultades en la recolección de pruebas y en la investigación de los delitos, ataques e intimidación de víctimas y testigos; existencia de grupos de delincuencia organizada que se resisten a la investigación de los delitos; no definición de adecuadas prioridades para la investigación de los casos; corrupción en la justicia y deficiencia en el sistema de acceso a la justicia en una doble dimensión: el acceso a las acciones judiciales y a los procesos, y obtención de una resolución final firme.

He señalado en mi informe las interferencias políticas en el nombramiento de los integrantes de las Altas Cortes, particularmente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía General de la República. Esta interferencia constituye uno de los mayores desafíos para la garantía de la independencia de la Judicatura. Quiero reiterar mi preocupación por la actual situación de interinidad en la Fiscalía General de la Nación.

Quisiera reiterar la necesidad de promover la presencia de la mujer en las Altas Cortes y tribunales de la segunda instancia, y como juezas, fiscales, procuradoras y defensoras públicas, así como también la posibilidad de establecer un porcentaje fijo del Presupuesto Nacional a favor de la Rama Judicial.

Nunca será suficiente destacar la importancia de la actividad profesional que desarrollan los abogados y la necesidad de otorgarles todas las condiciones necesarias para que puedan llevar a cabo adecuadamente su labor. He planteado en mi informe la conveniencia de que se reúnan en un Colegio de Abogados que defienda sus fueros y que vele por la observancia de reglas éticas de conducta, liberando así a los abogados de control y sanción del Consejo Superior de la Judicatura.

Quiero terminar, Señor Presidente, esta presentación de mi informe rindiendo desde aquí, desde éste, el más alto foro del más alto órgano de la Organización de las Naciones Unidas en materia de promoción y protección de los derechos humanos, mi más sincero homenaje a los magistrados, jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos, operadores judiciales y abogados colombianos, que día a día continúan haciendo su trabajo de manera profesional, íntegra, honesta y eficiente, resistiendo muchas veces presiones, amenazas, intimidaciones e incluso ataques, firmes en su propósito de hacer justicia. Mi pensamiento va a todos los que han caído en este terco empeño por rendir justicia y por cumplir con su deber. Ellos deben saber que, en su lucha cotidiana, el Consejo está a su lado.