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"Sí, Poeta aficionado, que expreso el sentir entrañable de la vida, en pequeños y sencillos versos." LuMo2020

sábado, 30 de octubre de 2010

A partir del retiro del trabajador, EPS debe prestar sus servicios por un periodo adicional.

Una vez desvinculado el trabajador o que el independiente haya informado a la EPS de la suspensión del servicio. Dicha entidad queda obligada a seguir brindando el servicio al cotizante y sus beneficiarios por un tiempo adicional.

 

Una vez el empleador reporta el retiro en la Planilla Pila de un trabajador, o en el caso de los independientes que también informe su retiro, por ejemplo, por no tener ingresos para seguir cotizando y así no entrar en mora, no significa que la EPS automáticamente deja de prestar todos los servicios de salud al ex cotizante y sus beneficiarios, pues la legislación consagra un periodo de protección laboral con el cual se extiende los servicios de la EPS según el tiempo que alcanzó a cotizar la persona.

Veamos el Periodo de Protección Laboral:

De 30 días más a partir de la desafiliación, si el trabajador –dependiente o independiente-, estuvo afiliado al sistema, por lo menos los 12 meses anteriores a la desvinculación.
De 90 días -3 meses- más, a partir de la desafiliación, si el trabajador alcanzó a estar afiliado al sistema durante 5 años o más.
Nota: Éste periodo de protección incluye a los beneficiarios del cotizante.
El anterior periodo de protección está consagrado en el Decreto 806 de 1998, artículo 75.

Ojo con tratamientos o cirugías ordenas con anterioridad

Es importante establecer, que el artículo 76 del Decreto en mención, establece que dicha extensión del servicio sólo será para atender aquellos tratamientos que se venían adelantando o por urgencias, las demás atenciones adicionales o que superen dicho periodo de protección, serán cubiertas por el usuario.
Sobre éste último punto subrayado, es importante hacer claridad que no le corresponde al usuario sufragar los costos por la continuidad del tratamiento, pues como ha dicho en reiteradas ocasiones la H. Corte Constitucional, si un tratamiento o cirugía ordenada por el médico de la EPS, inicia o se ordena desde que el trabajador estaba activo, le corresponde a la EPS practicarlo hasta el final o realizar la cirugía, así el trabajador y sus beneficiarios ya se encuentren desvinculados y así supere en tiempo el tratamiento, el periodo de protección laboral que hemos comentado, pues por motivos económicos, el tratamiento no puede quedar a medias o la cirugía dejarse de practicar, so pena, que el ex cotizante o sus beneficiaros puedan interponer Acción de Tutela contra la EPS para que se les ordenen que terminen el tratamiento o realicen la cirugía ordena por sus médicos, tiempo atrás.
Sobre el particular, pueden ampliar en nuestro editorial: “Cuándo la EPS debe seguir los tratamientos a pesar de una desvinculación laboral”

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PREOCUPANTE LA MUERTE DE 22 ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS EN 75 DIAS.


 
Denuncian el asesinato de 22 activistas de DDHH en los 75 días de Gobierno de Santos
 
Otro caso documentado es el asesinato de tres niños en el Municipio de Tame en octubre que fue perpetrado por miembros del Batallón de contraguerrillas número 45 del Ejército Nacional...
 
Al menos 22 activistas, un periodista y un juez fueron asesinados durante los primeros 75 días del Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, según un informe de grupos pro derechos humanos presentado hoy en Washington.
 
El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y otras organizaciones expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento, que se basa en los datos de una plataforma que reúne a cerca de 200 organizaciones pro derechos humanos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEEU).

En concreto, el informe detalla la muerte de cinco activistas defensores de las tierras, siete líderes indígenas, una defensora de los derechos humanos, cinco sindicalistas, dos mujeres educadoras comunitarias y dos miembros de organizaciones de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT).

Además, da cuenta del homicidio del juez Pedro Elias Ballesteros Rojas y el periodista Rodolfo Maya Aricape, corresponsal de una radio comunitaria indígena.

Otro caso documentado es el asesinato de tres niños en el Municipio de Tame del 14 de octubre que, según las organizaciones, fue perpetrado por miembros del Batallón de contraguerrillas número 45, adscrito a la Brigada Móvil número 5 de la octava división del Ejército Nacional.

Igualmente, se exponen amenazas y hostigamiento a decenas de organizaciones pro derechos humanos y sus miembros a lo largo de las 21 páginas del informe titulado "Las palabras y los hechos. Los primeros 75 días del Gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de los derechos humanos".

Santos asumió la Presidencia de Colombia en 7 de agosto de 2010.

Tras una audiencia de la CIDH, que celebra estos días el 140 período de sesiones, María Victoria Fallon, de GIDH, dijo que el informe pretende demostrar que existe una "continuidad con otro lenguaje" entre el Gobierno actual y el anterior de Álvaro Uribe en cuanto a la situación de derechos humanos.

"Puede haber un cambio de estilo, pero tiene que verse en la práctica", señaló Fallon, quien insistió en que los datos son un "subregistro", en alusión a que podría haber más muertes no documentadas.

En la audiencia, Fallon pidió a los comisionados de la CIDH una visita a Colombia para evaluar la situación denunciada.

Además, aseguró que los grupos pro derechos humanos necesitan el "apoyo" de la comisión para que se avance en el trabajo para una política de atención y reparación de daños a víctimas.
Cortesia: Organizaciones de Derechos Humanos CIDH - kaosenlared.net

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - DESPOJO DE LA TIERRA Y LA LEY VICTIMAS.


TESTIMONIO: Gabriel Pulido es un desplazado de Mampuján. Esta es su historia de desplazamiento y esperanza. Él representa a millones de colombianos que sueñan con volver, sin miedo, a donde nacieron.
El despojo

Gabriel Pulido salió de su casa, con la cabeza gacha, un morral en su espalda con la poca ropa que pudo recoger y en compañía de sus padres y tres hermanos. Corría el año 2000 y él tenía 24 años.

Entonces pensaba que la salida del corregimiento que lo vio nacer sería temporal. Ya han pasado más de 10 años. Era de madrugada, cuando su familia, con otras 244, se vio obligada a abandonar la región.

Un grupo de las autodefensas comandado por Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’, había llegado la noche anterior, el 10 de marzo, a Mampuján, un corregimiento de María La Baja (Bolívar). En la cancha de fútbol reunieron a todos los habitantes del corregimiento y las veredas aledañas y les ordenaron abandonar el pueblo, de lo contrario, “los matarían como perros”.

Gabriel, quien se encontraba jugando fútbol con otros lugareños, fue testigo de las órdenes.

“Yo todavía no entiendo por qué tuvimos que abandonar nuestra tierra –dice Pulido–. Fue algo que nunca debió ocurrir”.

Casi 1.500 personas tuvieron que buscar refugio en la plaza municipal de María La Baja, a tres horas a pie del corregimiento.

Mampuján era un corredor estratégico para las autodefensas, pues por ahí se accede a los Montes de María, zona en la que el frente 35 de las Farc se había asentado.

Por esta razón, las autodefensas llegaron atropellando e intimidando a la población. El día en que Gabriel huyó con su familia, Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, ordenó degollar a 11 personas en la vereda Las Brisas, con el argumento de que supuestamente auxiliaban a la guerrilla.

A raíz de la masacre, toda la región quedó desolada. A los pobladores la vida les cambió de repente y por completo. Atrás quedaron los días en los que Mampuján celebraba sus fiestas patronales, contrataba grupos vallenatos y se armaba el fandango. Por esos días los muchachos se reunían a jugar fútbol y aunque eran largas las distancias entre las familias, la comunidad se esforzaba por mantenerse unida.

El sueño de casarse con Dennis Vega, una joven de la región, se tuvo que posponer. El dinero ahorrado para la boda lo gastó en el comienzo de su nueva vida. Gabriel recuerda esa época como “los días en que desapareció el canto del mochuelo, comenzaron el silbido de las balas y el llanto de las viudas y los niños”. (El mochuelo es el pájaro del vallenato aquel… “en enero Joche se cogió un mochuelo en las Montañas de María”).


La “nueva vida”


En María La Baja, la familia Pulido intentó reconstruir su vida. Los pobladores, al comienzo, los recibieron con agrado. Pero al cabo de un tiempo los nuevos habitantes del casco urbano eran vistos con recelo. La expresión “por algo les tocó huir” se volvió comidilla en el pueblo, mientras las necesidades de saneamiento y alimentación estaban a la orden del día.

No obstante el desarraigo, los desplazados, al cabo de un mes, intentaron volver a cultivar sus tierras. “Jornaleábamos por la mañana y nos devolvíamos por la tarde”, recuerda Gabriel, cuya única aspiración era labrar la tierra.

Según él, los ‘paras’ permitían que los campesinos volvieran a sus cultivos de ñame, yuca, plátano, ente otros. Pero la forma de relacionarse entre los vecinos, los hábitos y la forma de producción no eran iguales. El miedo cundía.

“Antes podíamos guardar las cosechas y programar la producción. Pero como las fincas quedaban lejos, la situación se volvió caótica”, dice con acento caribe y un dejo de nostalgia.

Al cabo de unos meses, su papá, Julio Manuel Pulido, se decidió a vender sus nueve hectáreas de tierra, pues la situación era insostenible. Hubo quienes perdieron vacas, gallinas, cerdos, entre otros animales que hacían parte de su patrimonio familiar.

Muchos de los que vendieron dejaron de ser propietarios y pasaron a ser jornaleros. Algunos otros se fueron para las ciudades en busca de mejor futuro.

En medio de la adversidad, sin embargo, no faltó el ángel de la guarda. El cura Salvador Mura, un sacerdote católico, se apersonó de la situación e los desplazados y se convirtió en la cara cristiana de la situación.

Junto a otros pobladores organizó “desplazatones” en las que invitó a los habitantes de los corregimientos aledaños a hacer su aporte para los nuevos “vecinos”. Así recogía plátanos, yucas, frutas y alimentos no perecederos, entre otros, para repartir entre las familias de desplazados.

Mura también ayudó a algunos desplazados a construir un techo, entre ellos a la familia Pulido. No obstante, la sensación de extrañeza, de estar fuera del “hogar”, nunca se fue.

En el proceso de reconstrucción de su tejido social también ha participado la Mapp OEA y organizaciones sociales interesadas en que la población reciba la debida atención.

Desde hace casi siete años, Gabriel, que hoy tiene 34 y sólo alcanzó a estudiar hasta tercero de primaria, se convirtió en líder de las víctimas de Mampuján. “Yo no quería esto, porque yo fui criado para trabajar la tierra y tener una familia. Eso es con lo que todo joven de mi región sueña”, asegura.

Sin embargo, le tocó volverse una especie de “intermediario” entre los campesinos de la región y los despachos, para poder explicarles a los primeros las leyes de víctimas y de reparación propuestas por el Gobierno, y los vericuetos y decisiones judiciales. “Cuando a uno se le enreda la vida en esto, no hay tiempo para otras cosas”, agrega.

Obediente a las palabras de un tío que le decía: “si no vives para servir, no sirves para vivir”, decidió abanderarse de las reclamaciones de la gente de su corregimiento junto a otras personas. Y para conseguir dinero, transporta personas en su motocicleta.

 


En un encuentro de víctimas en mayo del 2007 en la Universidad Javeriana de Bogotá, Gabriel expresó su escepticismo en la reparación. “¿Cómo puede uno reparar a una viuda que perdió a su esposo?”, se preguntó.

“Una reparación podría ser el reconocimiento del daño que nos han hecho, un reconocimiento público y que los actores paguen con justicia lo que nos han hecho”, agregó.

“La reparación debe ser: volver a construir lo que hemos perdido, y ¿qué hemos perdido?... los sueños…” Sus palabras encarnaron el sentir de todo un pueblo.

Gabriel, quien es cristiano evangélico, les refirió a los asistentes al encuentro la sentida historia del profeta Nehemías, quien tras el cautiverio de los judíos por Persia (538 antes de Cristo), se convirtió en baluarte de esperanza para su pueblo y ayudó a reconstruir el templo y los muros de Jerusalén.
“Yo creo que ese mismo ejemplo y esa misma actitud debemos tener nosotros y empezar no a construir el muro, sino a reconstruir lo que anteriormente éramos”, dijo entonces.

En una de las audiencias del juicio a los jefes ‘paras’ involucrados en las violaciones a los derechos humanos de la población, Gabriel, junto a otras siete personas, viajó a Bogotá para tener un encuentro con los victimarios. En la reunión, las víctimas les entregaron Biblias a los victimarios, con lo cual quisieron simbolizar que los habían perdonado.

“Es necesario perdonar para estar en paz. Nosotros creemos que el beneficio del perdón lo obtiene quien perdona, más que el perdonado”, acota.

Este año, los paramilitares involucrados en la masacre y el desplazamiento fueron condenados por un tribunal de Bogotá, debido a las confesiones de ‘Dique’ y ‘Vecino’, a ocho años de prisión, pena contemplada en la Ley de Justicia y Paz.

El tribunal también determinó la indemnización que deberán recibir las víctimas para ser reparadas: 17 millones por cada desplazado, 120 millones de pesos por familia.

Sin embargo, la Procuraduría apeló la decisión con el argumento de que los montos de la indemnización eran muy bajos; una decisión que a él, como líder de las víctimas, le pareció extraña.

El riesgo que corren las víctimas, según explicó, es que la apelación tumbe el fallo y se tenga que reabrir el proceso. “Nosotros consideramos que aunque era muy poco el monto de la indemnización, servía para comenzar de nuevo”, dice.

No obstante, hay quienes creen que la revisión del fallo por la Corte Suprema de Justicia es una garantía de solidez para una decisión jurídica trascendental, sobre la que se basarán todas las sentencias de Justicia y Paz y los montos de reparación a las víctimas de los ‘paras’. El de Mampuján sería el primer fallo que quedaría en firme.

Sobre la Ley de víctimas



Gabriel reconoce que el nuevo gobierno tiene voluntad para reparar a las víctimas del conflicto armado. No obstante, los argumentos que han expresado algunos congresistas sobre los impedimentos presupuestales para la financiación del proceso no dejan de preocuparle.

“Pero se necesita más que eso. Se requiere de todo el apoyo institucional”, argumenta.

Según cifras de la III Encuesta de Verificación hecha por la Comisión de seguimiento a las Políticas de Desplazamiento Forzado la cantidad de tierras abandonadas o despojadas por los campesinos entre 1980 y julio del 2010 es cercana a 6,65 millones de hectáreas.

Pero el retorno no será posible para muchos, a menos que el Estado tenga en cuenta que los campesinos requieren garantías de no repetición y jurídicas, sobre la propiedad de sus tierras; indemnizaciones no sólo por lo que dejaron de percibir en estos años, sino también por la pérdida de las herramientas, ganados, entre otros bienes que constituían su capital productivo; y la presencia institucional adicional a la fuerza pública (escuelas, centros de salud, entre otras).

Por esta razón, para cumplir el propósito de reconstrucción de sus sueños, como Nehemías, Gabriel dice que los desplazados requieren de todo el apoyo del Estado. Sin embargo, se queja de que hasta ahora, las víctimas no han sido escuchadas suficientemente y reclama que una Ley de restitución debe preguntarles a ellos, a las víctimas, cuál es su concepto de reparación, y no escatimar recursos para quienes lo perdieron todo.

“Hacen un foro o una mesa de diálogo para discutir las leyes, pero ¿quién nos garantiza que nuestras propuestas serán tenidas en cuenta?”, se pregunta.

Él arguye que el miedo persiste en la población, razón por la cual, diez años después, no ha retornado a su lugar de origen. Además, “las casas están caídas, no hay luz ni agua y muchos terrenos están enmontados”. Gabriel hace parte de ese casi 10 por ciento de la población colombiana que en las últimas décadas, a causa de la violencia, fue obligado a salir de su tierra, pero que desea que el mochuelo vuelva a los Montes de María.
Cortesia: Semana.com.

LA CORRUPCION EN LA CONTRATACION ESTATAL - MAS HECHOS EN BOGOTA.



INVESTIGACIÓN: Según el informe, el "Grupo Torrado" incrementó su contratación en más del mil por ciento. La UNAD reemplazó a la Nacional en contratos. Julio Gómez también es contratista de atención a población vulnerable". Y más.

Las denuncias hechas por el ex candidato presidencial Gustavo Petro, el senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Roux han derivado en una tensión política que amenaza con la ruptura irreparable del Polo.

La relación de los hermanos Samuel (Alcalde de Bogotá) e Iván (senador) Moreno con contratistas ha generado un escándalo en el que el oportunismo político, de todos los flancos, está a la orden del día. Sin embargo, el detalle de las denuncias hechas por Petro y los investigadores ha pasado a un segundo plano. Pero no por ello dejan de ser importantes.
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En un informe detallado, Petro, De Roux y Avellaneda hicieron una relación entre las empresas contratistas del Distrito, los montos de sus contratos y las posibles irregularidades encontradas.

Los resultados de la investigación fueron presentados en una clasificación de cinco categorías correspondientes a las principales secretarías del Distrito así: servicios públicos, alcantarillado y aseo, integración social, salud, hábitat, y movilidad.

En la investigación participaron cerca de diez personas, casi todas mujeres, que tuvieron que acudir a derechos de petición, comparar las cifras, meter las estadísticas en bases de datos, revisar las actas de constitución de consorcios y empresas, identificar las tendencias de la contratación, revisar la literatura existente sobre qué es corrupción y cómo se identifica, entre otras tareas. El grupo de investigadores se denominó Comisión de Seguimiento a la Contratación del Distrito.

“La tarea fue titánica”, recuerda Amanda Granados, una de las investigadoras que colaboraron en la investigación.

La primera tarea consistió en pedir a cada una de las secretarías del Distrito el informe detallado de sus contratos: valores, objetos, fechas, y en el caso de las uniones temporales y consorcios, los nombres.

“Los hospitales, así como algunas entidades, no entregaron la información de la contratación”, dijo a Semana.com la Comisión. El hecho los obligó a acudir a un sistema de información que lleva la Contraloría General, que se llama el Sivicof. Ese sistema obliga a las entidades públicas a reportar detalladamente sus contratos mensualmente.

Pero al Sidicof no todas las entidades reportan el monto de los contratos en su totalidad. ¿La razón? Muchos contratos se hacen bajo la modalidad de vigencias futuras, consistentes en compromisos que el Distrito hace con las empresas contratistas que se cumplen con el paso del tiempo. Entonces, varias entidades, según la Comisión, reportaron sólo el monto de la vigencia cumplida.

Por esta razón, además de revisar el Sivicof, los investigadores tuvieron que comparar los contratos contenidos en ese sistema con los que reportaron las distintas secretarías, con el objetivo de determinar los montos totales.

Otra de las tareas fue revisar los contratos reportados en la página oficial de la contratación de la Alcaldía, un sistema que comenzó en la era de Antanas Mockus que busca que la contratación del Distrito sea transparente.

Sin embargo, a menos de que una persona conozca los detalles de un contrato, no puede acceder a él.

Investigar la corrupción no es fácil. Cada vez, como lo anota el profesor Luis Jorge Garay en su investigación 'La reconfiguración cooptada del Estado: más allá de la concepción tradicional de la captura del Estado', la corrupción es más sofisticada y por ende, más difícil de identificar.

¿Qué encontraron?

Además de la dificultad de acceder a la información, la Comisión descubrió unas tendencias que llamaron su atención. El primer hallazgo llevó a la conclusión de que la tradición en la contratación pública del Distrito había cambiado notablemente.

Es así, por ejemplo, como en la Secretaría de Integración Social descubrió que empresas relacionadas con los hermanos Efraín (senador) y Édgar (concejal) Torrado García, del Partido de La U, han celebrado contratos por 161.130 millones de pesos. “Las operaciones aludidas corresponden al 28 por ciento de la contratación de la secretaría”, dice el informe preliminar.

Más de la mitad del monto de esos contratos (96.000 millones de pesos) corresponden a “vigencias futuras”.

Uno de los “indicios” del favoritismo, según constató la Comisión, fue el hecho de que en la administración de Lucho Garzón esas empresas sólo contrataron por 15.353 millones de pesos con el Distrito. Ese incremento es de más del 1.000 por ciento.

Según indicó la investigación, “Efraín Torrado es amigo de Iván Moreno”.

El “Grupo Torrado” está integrado por empresas que figuran como cooperativas. Estas son: Cooprosperar, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones e Internacional de Negocios S. A.

Otro de los cambios más bruscos en la tendencia de la contratación fue la entrega de contratos de interventoría por 24.000 millones de pesos a la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD). En la administración anterior, el porcentaje de contratos asignados a esa universidad fue del 1 por ciento de los contratos con centros de educación superior, mientras que en los contratos con la Universidad Nacional representaron el 52 por ciento.

“Bajo Moreno, la participación de la UNAD en la contratación saltó al 34 por ciento, y la de la Nacional cayó al 19 por ciento”, reza el informe.

El concepto de estos contratos es la supervisión de los servicios de alimentación y nutrición del Distrito, conocidos como comedores comunitarios. Debido a la delicada tarea, es entendible que la participación de la Nacional fuese importante años atrás, pues cuenta con laboratorios, grupos de investigación y programas de medicina, entre otros.

No obstante, la UNAD, una universidad que principalmente ofrece servicios a distancia, aumentó su participación en ese sector. La Comisión denunció días atrás que la Universidad se negó a entregar información detallada de cómo se ejecutan esos contratos, quiénes son los profesores e investigadores que hacen las interventorías. Según indicó el concejal De Roux días atrás, la UNAD dijo que entregar esos datos con tanto detalle era muy difícil. La UNAD “no dispone de los recursos físicos, económicos y humanos para adelantar tal gestión”, respondió la entidad en una comunicación.

El hecho sorprendió a los investigadores, más cuando en la hoja de vida de Samuel Moreno se encontró con que gracias a su intervención en el Senado “fortaleció las leyes que aumentaron los programas de la UNAD”.

El informe de los investigadores también registra que la modalidad de contratación en el Distrito cambió. La asignación de contratos por la vía de la licitación decreció en la Secretaría de Integración Social del 51,8 por ciento en la administración Garzón al 13,5 por ciento en la administración Moreno.

El hecho no deja de preocupar, pues la contratación por vía licitación, que requiere del concurso de varias empresas y de la publicidad del proceso, significa, en parte, un mínimo de transparencia. La adjudicación de contratos directa se presta para el favoritismo, con el cual no hay garantías de eficacia y eficiencia.

Las concesiones de la movilidad

La comisión identificó los cinco más grandes contratistas de la infraestructura del Distrito. Ellos son: Conalvías, los hermanos Solarte, Odinsa, el grupo de Julio Gómez y Emilio Tapia y SAINC. S. A. Esos grupos, según la investigación “tenían contratos a dedo, es decir, sin licitación, bajo esta administración (de obras de la fase I de valorización)”.

Llama la atención que dentro de los contratos Julio Gómez aparece como beneficiario no sólo de contratos por infraestructura, sino también en contratos de “atención especializada a poblaciones vulnerables”. Los contratos en los que Gómez aparece vinculado con la Secretaría de Integración suman cerca de 6.700 millones pesos en los años 2008 y 2009.

Es el caso del consorcio Por un Mañana Mejor, Fundación Funalcer, entre otras. Su objeto reza: “Atención especializada a niños y jóvenes de 6 a 18 años en condiciones de alta vulnerabilidad, con autismo y discapacidad cognitiva”.

Gómez ha explicado que él tiene el derecho a tener los negocios que él quiera, incluso si se trata de fundaciones.

Sin embargo, el auge de la contratación con fundaciones y organizaciones sociales despierta suspicacias en los investigadores, que ven en la creación de esas figuras posibles intentos de cooptación de las rentas del Estado.

El informe señala que Gómez aparecía, con los Nule, en el consorcio El Distrito Sur, que tuvo que ceder el contrato a otro consorcio por incumplimiento. “Sin embargo, el IDU, permitió que Julio Gómez siguiera en el consorcio cesionario”.

Además, “el 19 por ciento de los contratos celebrados por el IDU en el 2009 (según su valor) le fue adjudicado a empresas vinculadas a Julio Gómez y a Emilio Tapia”. Esos contratos pactaron anticipos del 40 por ciento, “cuando lo normal en obras civiles es el 25 por ciento”, indicó el informe.

Gómez y Tapia fueron mencionados en la que se considera la prueba reina de lo que los medios han llamado el “cartel de la contratación”. Se trata de una grabación en la que el ex representante Germán Olano, del Partido Liberal, “le estaría explicando a Nule (Miguel) la molestia del Contralor por el incumplimiento del pago de una suma de dinero" (en razón de coimas por la adjudicación de contratos), dijo Caracol Radio en su portal de Internet, cuando dio a conocer la comunicación.

En la transcripción de los apartes de la conversación, Olano parece dispuesto a darle parte de su comisión al contralor Miguel Ángel Moralesrussi: "Yo fui y le hablé al contralor de eso y le dije: 'Tranquilo, coja el 50 por ciento de lo que yo iba a recibir', yo le dije: 'Yo no necesito sino pa' mi campaña, entonces, eran 2.200 millones. Yo me mamo mil 100, la misma cifra que ya he manejado y yo te entrego a ti el otro 50 por ciento'".

Además, Olano menciona a “Iván”, al 'Turco', a “Emilio” y a “Julio”.

Nule, al otro lado de la línea, pregunta: “Si Iván los tiene abiertos, ¿por qué nombran a ese man en el IDU?”

Responde Olano: “Sí, es una pregunta que me han hecho. Porque Emilio se le metió a Iván… Es que hubo una coincidencia. Emilio es el que tiene un nexo con Iván en Estados Unidos con un personaje. Es que hay un relevo, Julio queda es allá colgado, es a Emilio. Y la figura que me expresan a mí es ésta: Que aquí está un Emilio, que acá atrás está un Julio y que por encima de ellos dos hay un turco, ¿sí? Y que por eso llega ese HP allá"...

Alejandro Botero, quien fue subcontratista de Gómez, presentó una denuncia en la Fiscalía, a finales de marzo, en la que identificó a los personajes mencionados en la conversación, de lo cual hay registros en varios medios de comunicación.

Según el informe de la Comisión, la mención de esos nombres corresponde a “una especie de escalafón de la contratación de Bogotá”. Y agrega que Botero le dijo a la Comisión: que oyó "varias veces a personas del entorno de Gómez y Tapia referirse a Iván Moreno como cercano a estos empresarios”.

Por la grabación ya hay abiertas varias investigaciones en la Fiscalía.

Además, dice el informe en uno de sus apartes: “La Unidad de Rehabilitación de la Malla Vial local ha celebrado contratos por 160.000 millones desde el 2008. Tres contratistas manejan el 75 por ciento: Conalvías (27 por ciento), Pavimentos Colombia (25 por ciento) e ICEIN (23 por ciento). La Unidad es manejada por el Partido de La U. Los alcaldes locales vienen recibiendo propuestas para que los recursos destinados a vías locales en vigencia del 2010 se manejen como adiciones al contrato de Pavimentos Colombia”.

Estos son algunos de los hallazgos de la Comisión de investigación. Sin embargo, en los sectores de hábitat, en servicios públicos y salud, también encontraron incrementos en la subcontratación, lo que, en su criterio, aumenta las oportunidades para la corrupción. La Comisión anuncióque publicará el informe completo, que contiene cuadros estadísticos y más detalles de cómo ha sido la contratación en Bogotá, en los próximos días.
Cortesia: Semana.com

viernes, 29 de octubre de 2010

BOGOTÁ ENFRENTA CRISIS INSTITUCIONAL.

La capital colombiana soporta hoy enormes tribulaciones, fruto no sólo de las denuncias de corrupción en la Alcaldía Mayor sino de la protuberante anarquía en la movilidad, dificultades en el espacio público y los problemas de inseguridad.
A nivel político, la situación es igualmente enrevesada. La U, que ha venido colaborando con el Gobierno, formalizó su retiro. El Partido Liberal dice que los funcionarios nombrados por Samuel Moreno no representan esa colectividad. Los conservadores guardan silencio. El partido MIRA es fuerte crítico. Y el Polo Democrático, el Partido del Alcalde, expresa su incomodidad porque no hay gente de izquierda en las altas posiciones.

CARLOS FERNANDO GALÁN – CAMBIO RADICAL

Para corregir el rumbo de la ciudad hay que reconocer los errores. Sin embargo, esta administración los niega todos.

El caso de la avenida 26  se denunció desde principios del  2009  y  solo cuando todo se hizo evidente y estalló la crisis, el gobierno salió a aceptar los problemas.

La actitud del Alcalde es evasiva, amenazando a quienes hacen las denuncias, atacando a los medios de comunicación. Seguirá negando los problemas y la corrupción.

Nosotros proponemos que el Concejo le pida a la Contraloría General de la República un control excepcional, contemplado en la Ley, para que ese organismo resuelva prontamente tantos interrogantes en el aire sobre corrupción en la ciudad.

CARLOS EDUARDO GUEVARA – MIRA

No es fácil hacer control político. La mesa directiva del Concejo es manejada por la coalición, que determina lo que le conviene. Hay una agenda oculta y temas vedados para su análisis.

La  coalición se ha dedicado a los acuerdos burocráticos y  administrativos. Entre ellos definen quién se queda con las secretarías, con la presidencia.

Decir que la U no tiene presencia burocrática en la ciudad es una afirmación traída de los cabellos. Hay mucha tela para cortar. La U preside las comisiones del Concejo.

El control político está mermado, cercenado. Hay una agenda política que no va en sintonía con las demandas ciudadanas.

Aquí hay un sistema que privilegia a unos contratistas muy grandes, y para esto se genera un silencio en el concejo de la ciudad.

MARIA ANGELICA TOVAR – PARTIDO DE LA U

Hemos  solicitado que los órganos de control aborden de manera pronta el tema de la corrupción. La U no apoya políticamente al Alcalde. Mientras no haya claridad  en estos temas seguiremos aparte. La situación resulta incómoda y vergonzosa. Nosotros no toleramos la corrupción.

El Alcalde Moreno carece de liderazgo, lo veo resbaladizo en muchos asuntos.  Le falta contundencia y claridad en las decisiones. Hay una crisis de gerencia, de operatividad.

JAIME CAICEDO TURRIAGO – POLO DEMOCRATICO

Las confrontaciones personales entre  Petro y los Moreno son magnificadas por los medios con el fin de golpear al Polo, la única fuerza legal de oposición que hay en el país.

Este no ha sido un gobierno del Polo. ¿Cuántos son los dirigentes de izquierda que acompañan a Samuel en su alcaldía?  Prácticamente  nadie, eso es grave y debe tenerse en cuenta.

CARLOS FERREIRA – CAMBIO RADICAL

Estamos pidiendo que la Contraloría General haga un control excepcional a la contratación de Bogotá.
El alcalde ahora se va a dedicar a buscar las herramientas  para defenderse él y su  familia. Y se viene el estudio de una adición presupuestal para el metro  y la adjudicación de los contratos que hacen falta, eso va a generar una falta de  gobernabilidad y la ciudad va a quedar manga por hombro.

ANGELA BENEDETTI – PARTIDO LIBERAL

Es lamentable lo que está pasando en la ciudad. Hace más de un año con un grupo de concejales prendimos las alarmas sobre lo que podía estar sucediendo. El tiempo nos ha dado la razón. Los denunciantes del momento resultamos siendo investigados. El Alcalde apenas tendrá tiempo de defenderse.

ANTONIO SANGUINO – PARTIDO VERDE

En esta administración hay dos serios problemas. Primero el déficit de gerencia  publica. Y segundo el alto grado de corrupción. Uno y otro se retroalimentan.

Esta es una crisis política e institucional de la ciudad, de la democracia, porque impacta la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Fenalco acaba de advertir que se puede reducir el recaudo de impuestos por esa desconfianza. La agenda política de la ciudad desaparece, los recursos de la ciudad se están dilapidando y hay serias dudas sobre su uso.

Existe también desconfianza de los ciudadanos sobre los organismos de control. Se están dilapidando los orgullos del distrito, los avances en cultura política. Estamos en medio de una crisis política sin antecedentes en la ciudad.

La  coalición tiene un certificado de defunción encima y si hay una fuerza política como La U, que participa activamente del gobierno y toma la decisión de separarse… habrá consecuencias burocráticas.
Cortesia: El Periodico - Edgar Artunduaga.

LA CORRUPCION EN LA CONTRATACION ESTATAL.



Una nueva firma descubierta en Miami y dos empresas situadas en paraísos fiscales tendrían las claves para descifrar si ha habido o no pago de comisiones en los contratos públicos en Bogotá. El alcalde Samuel Moreno sí ha sido socio de negocios de Luis Alfredo Baena, gestor de una de esas empresas off shore.
Las investigaciones por los escándalos que rodean la contratación pública en Bogotá están a punto de trascender las fronteras. El Estado colombiano apelará a los mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos para conocer de primera mano las operaciones de la firma Geos Investment LLC., con la intención de descartar o confirmar evidencias según las cuales allí han ido a parar recursos por más de US$30 millones que habrían sido pagados como comisiones por negocios relacionados con la infraestructura y la redes de servicios públicos de la ciudad.

En caso de contar con el visto bueno de Washington, expertos comisionados por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia comenzarían por visitar la sede de la compañía, situada en el 1395 del exclusivo sector de Brickell Avenue en Miami y seguirles el rastro a las operaciones de financiación en un condominio de apartamentos construido por iniciativa de empresarios colombianos, cuyos nombres son mantenidos por ahora en reserva.

Los investigadores exploran alternativas en el campo del derecho internacional para conocer el origen de los fondos que hayan movido en sus cuentas en las Islas Vírgenes las empresas Saymor y Balmore, registradas por el senador Iván Moreno Rojas, hermano del Alcalde de Bogotá. Son conscientes de que el sigilo bancario, que no admite excepciones legales en paraísos fiscales, sigue siendo por ahora un obstáculo para seguirles el rastro a flujos financieros, ­aun en casos que puedan afectar la integridad de recursos públicos de otros Estados.

Esta exploración será fundamental para saber si algunas de esas empresas y fondos han recibido dineros provenientes de un carrusel de la contratación en Bogotá en el que, según el empresario Miguel Nule, –comprometido en el entramado que se descubrió a raíz del retraso en las obras de Transmilenio en la Calle 26– el senador Moreno y altos funcionarios habrían exigido el pago de comisiones.

La existencia de la empresa Geos Investment en Miami, constatada por Dinero, y de las dos empresas off shore en Tórtola (Islas Vírgenes), revelada por el periodista Daniel Coronell, columnista de Semana y director de Noticias 1, tienen un elemento en común: en ellas tienen intereses amigos cercanos a los hermanos Moreno Rojas que se han visto envueltos en controversias judiciales por cuenta de negocios millonarios.

Según el registro oficial LO90001120 de la ciudad de Miami (ver facsímile), el representante de Geos Investment LLC en Florida es Emilio Tapia, cuyo papel dentro del llamado “cartel de la contratación” en Bogotá fue denunciado por Dinero en marzo pasado. Tapia es el mismo joven de Sahagún que, sin preparación alguna, comenzó a amasar fortuna en la misma época en la que apoyó la campaña de Samuel Moreno al Senado de la República y se convirtió en contratista y gestor de negocios entre amigos suyos y el Distrito Capital.

Mientras tanto, en las sociedades radicadas en Islas Vírgenes por Iván Moreno, aparece como socio Luis Alfredo Baena, un hombre de negocios que ha tenido cuotas en los sectores de la administración pública bajo la tutela política del hoy senador del Polo Democrático.

Baena, médico de profesión y compañero de promoción de Moreno en la Universidad Militar Nueva Granada, fue secretario de Gobierno y Salud durante la Alcaldía de Juan Martín Caicedo Ferrer. Cuando Moreno se desempeñó como viceministro de Salud, en el gobierno de Ernesto Samper, y como miembro de la junta directiva de Ecosalud (más tarde Etesa), Baena fue gerente de Telectrónica. Moreno también recomendó a Baena para el cargo de Superintendente de Subsidio Familiar en época de grandes crisis en el sector. En el sector privado, Baena está comprometido en un proceso judicial por la venta de la empresa de televisión por cable Superview –de la cual era socio– a la multinacional Telmex.

El domingo 24 de octubre, durante una entrevista con Coronell en Noticias 1, el senador Moreno aseguró que las empresas creadas en Miami y registradas en Islas Vírgenes no han tenido actividad alguna y que fueron creadas hace 22 años con el propósito de mover algunos recursos destinados al negocio de exportación de aluminio para el que se había asociado con Baena. Insistió en que su hermano Samuel, el alcalde, no ha tenido relación alguna ni con sus negocios ni con sus socios. Sin embargo, hay documentos que sugieren lo contrario. Dinero obtuvo copias de escrituras que demuestran que el hoy Alcalde ha sido socio de Baena en por lo menos una de las empresas, Alumitech Ltda., constituida en aquella misma época (ver facsímile).

Dudas crecientes

El perfil político que ha cobrado el escándalo, que para muchos no es más que una pelea interna en el Polo Democrático, ha hecho que se pierda de vista lo esencial del debate: el efecto que las irregularidades en la contratación han tenido sobre las finanzas públicas de la ciudad. Dinero obtuvo nuevos elementos que demuestran la existencia de un círculo predilecto de contratistas, encabezado por hombres cercanos al parlamentario hermano del Alcalde.

El tema ha vuelto al primer plano de actualidad a raíz de una investigación hecha, con destino al Comité de Ética del Polo Democrático, por los dirigentes Carlos Vicente de Roux, Gustavo Petro y Luis Carlos Avellaneda. De Roux y su equipo de trabajo, en particular, se ocuparon de explorar los negocios que Tapia, Geos Invesment en Miami y varios socios suyos, han hecho a instancias de los procesos de contratación de la Alcaldía.

De acuerdo con estimativos hechos por De Roux, Petro y Avellanada, con base en el registro oficial de contratos, Tapia, unido en consorcio con el también contratista Julio Gómez, se ha hecho a negocios por $173.000 millones en el área de la infraestructura vial. Su participación podría ampliarse a cerca de $300.000 millones si se tiene en cuenta su participación en negocios con la Empresa de Renovación Urbana y en obras de Acueducto.

El senador Iván Moreno le insistió a Dinero que conoce a Tapia porque entre su familia y la de él ha habido una amistad desde la época en que su abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla, tenía una hacienda en Córdoba, vecina de una propiedad de los Tapia. Sin embargo, al cierre de esta edición, no había respondido un cuestionario que indagaba sobre las relaciones de negocios con Baena, socios de las empresas descubiertas en Islas Vírgenes.

Tanto Moreno como el Alcalde han insistido en que Tapia, representante de Geos Investment en Miami, no tiene contrato alguno con el Distrito ni injerencia alguna en su adjudicación. Sin embargo, a partir de las denuncias que ha venido publicando Dinero, el concejal Carlos Vicente de Roux ha encontrado que Tapia tiene una participación importante en las adjudicaciones hechas principalmente en el Acueducto (ver infografía).

Sus ‘alfiles’ en este ajedrez de negocios dudosos están puestos hoy en la empresa Aguas de Bogotá, creada para apalancar los negocios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. A partir de 2008, Aguas de Bogotá ha experimentado un crecimiento acelerado y manejado contrataciones por valor de unos $50.000 millones. Desde octubre de 2009 operó el relleno sanitario de Doña Juana, por convenio con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Sus ingresos mensuales por ese concepto llegaron a $2.850 millones en febrero de este año.

Uno de esos alfiles es Alejandro Valencia Osorio, gerente de Aguas de Bogotá desde el 1º de marzo de 2010. Valencia fue gerente y representante legal de Geos Construcciones S.A.S., otra de las compañías del eje empresarial de Tapia. Su suplente en el cargo fue Julián Gómez Naranjo, actual gerente de Indecón, consorcio que tiene a cargo el proyecto “Cielos Abiertos” de San Victorino.

En octubre de 2009, Gómez Naranjo era titular del 10% del capital social de Geos –idéntico porcentaje tenía Emilio Tapia–. La firma aparece celebrando un contrato con el Acueducto por $300 millones ese mismo año. Indecón llegó a tener 49% de las acciones de Geos, pero las vendió. Indecón surgió en 2004, en Manizales, y curiosamente se consolidó con importantes contratos que le fueron adjudicados por la Alcaldía de Néstor Eugenio Ramírez, actual director del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU).

Alejandro Valencia Osorio, presidente de Aguas Bogotá, fue también accionista y empleado de Alianzas Internacionales S. A., empresa aliada con Indecón en dos contratos con el acueducto. Gómez Naranjo, gerente de Indecón, ha sido también socio de H2O Consulting S.A., cuyo accionista mayoritario es Óscar Antonio Morales Beltrán. Lo curioso aquí es que H2O Consulting y Oscar Antonio Morales constituyen, a su vez, el grupo empresarial que tiene más interventorías en el Acueducto. Eso significa que varias veces vigila sus propios contratos.

Entre las interventorías que opera H2O Consulting se encuentran los cuatro proyectos más grandes del Acueducto (túnel del alcantarillado, troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, acueducto y alcantarillado de Soacha y revestimiento de los túneles de Chingaza). Para los contratos de interventoría, la firma suele asociarse con Indecón S.A.

Uno de los contratos más grandes de Indecón con el Acueducto fue celebrado por el Consorcio Borde Norte Bogotá, del que aquella es miembro, y se inició el 18 de diciembre de 2009. Su objeto es definir la factibilidad técnica, ambiental y financiera de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en el borde norte de la ciudad. Julián Gómez Naranjo es el representante legal del consorcio contratista y de Indecón y, a su vez, es socio de la interventora del contrato, H2O Consulting S. A. Es decir, ¿es juez y parte?

Otra empresa vinculada a este círculo es Interpro Ltda., registrada en Bucaramanga y cuyo representante legal es Luis Enrique Gómez Flórez. Tanto Interpro como Gómez Flórez fueron contratistas de la Alcaldía de Bucaramanga cuando la ocupó Iván Moreno. Interpro es ahora socio en Bogotá de H20, lo que la ubica en el círculo de negocios de Tapia, amigo del senador Moreno Rojas.

Por su parte, los casinos del Acueducto son manejados desde 2009 por Petrocasinos S.A., en desarrollo de contratos por un monto de $4.900 millones. Petrocasinos está registrada en Bucaramanga y al igual que Interpro fue contratista de la Alcaldía de Iván Moreno.

Negocios sin tregua

Adicionalmente, el representante de Geos Investment y su amigo, el también contratista Julio Gómez, figuran en el ranking de los cinco principales contratistas de la ciudad. Los otros son Conalvías, grupo que lidera Andrés Jaramillo López; los hermanos Luis Héctor y Carlos Solarte y Sainc S.A. Sus negocios suman $1,6 billones y han recibido cesiones de contratos, adiciones y reajustes en precios por $710.400 millones. De la cifra de Gómez de los $1,6 billones, Tapia y sus socios directos participan de un 20%; es decir, algo así como $320.000 millones.

“Una asignación de recursos de esa magnitud, sin licitación, constituye objetivamente una oportunidad para la corrupción”, asegura De Roux. El mayor beneficiario de las cesiones, adiciones y reajustes ha sido Conalvías, que recibió $515.200 millones de los $710.400 millones ya mencionados. Dinero reveló recientemente que empresas conectadas a ese eje y a los Nule  se beneficiaron de adiciones en el valor de contratos con la Nación, a través de trámites abreviados y agilización de documentos Conpes y Confis por parte de la Casa de Nariño, durante el gobierno Uribe.

El 19% de los contratos celebrados por el IDU en 2009 (medidos por su valor) le fueron adjudicados a empresas vinculadas a Julio Gómez y Emilio Tapia. En los contratos con Gómez y Tapia se pactaron anticipos del 40%, cuando lo normal en obras civiles es el 25%, según respuesta del IDU a derechos de petición ejercidos por Dinero.

Según Alejandro Botero, que fue subcontratista de Gómez, este y otros empresarios acostumbran quedarse con los dineros reservados a administración, imprevistos y utilidades (AIU) y subcontratar las obras, pagándole al contratista solo lo presupuestado como costos directos. A veces van más lejos y le cargan parte de los gastos administrativos.

Aunque no existe una prueba reina que concluya que el posible “cartel” es movido desde altas esferas de la administración, las autoridades de control avanzan en el análisis de la conversación grabada de Germán Olano y el empresario Miguel Nule, revelada hace ya tres meses por la cadena radial Caracol, donde Olano describe una especie de escalafón en la contratación de Bogotá que tendría este orden: “Iván”, “el Turco”, “Emilio” y “Julio”. Alejandro Botero los identificó, como Iván Moreno, Andrés Jaramillo (presidente de Conalvías), Emilio Tapia y Julio Gómez, respectivamente.

Por lo pronto, la defensa del Alcalde y de su hermano ha sido débil. El primero dice que deja el asunto en manos de la Justicia y los organismos de control, mientras el segundo anuncia demandas contra quienes, según él, están poniendo en tela de juicio su dignidad personal y su honor como hombre público. Por ahora, el beneficio de la duda parece ser su mayor amparo.
Cortesia: Dinero.com

BOGOTA - MAS INSEGURA.


Bogotanos se sienten más inseguros
La percepción de inseguridad aumentó 4 puntos entre el primer semestre de 2009 y el primero de 2010, al pasar de 59% a 63%, según la encuesta de victimización de la cámara de comercio de Bogotá. El celular, el bien más hurtado a los ciudadanos en Bogotá.
En los resultados revelados la última encuesta de Percepción y Victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y aplicada a cerca de 9.000 ciudadanos, se encontró que el 63% de los encuestados percibe que la inseguridad en Bogotá ha aumentado, es decir, 4 puntos por encima de la medición del primer semestre de 2009.

Los principales factores asociados a la sensación de inseguridad fueron la presencia de grupos delincuenciales (45%) y el deterioro de las condiciones económicas (41%). Las localidades donde más aumentó la percepción de inseguridad fueron Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos.

Las crifras de victimización no fueron diferentes, pues este indicador también aumentó, al pasar de 36% en el primer semestre de 2009 a 45% en el mismo período de 2010. Adicionalmente, el número de personas que dijo haber sido víctima de un delito (victimización directa), aumentó 8 puntos. En todas las localidades aumentó este indicador a excepción de La Candelaria, donde se mantuvo en los mismo niveles del año anterior.

El 66% de los encuestados aseguró haber sido víctima del hurto a personas, donde el celular fue objeto más hurtado (53%), seguido de dinero (20%) y objetos personales (8%).

El 45% de quienes aseguraron haber sido víctimas de un delito afirmaron que se utilizó la violencia para cometer el hecho. El 55% de los casos fue con arma blanca, 28% con arma de fuego y 9% con fuerza.

Denuncia
El indicador de denuncia se mantuvo estable (pasó de 34% al 33% de un año a otro). El delito más denunciado fue el robo a comercio, donde el 43% de los afectados denunció. El 39% no denunció por falta de confianza en las autoridades y el 16% por falta de pruebas.

En los barrios

Un mayor porcentaje de ciudadanos considera que su barrio no es seguro, pues pasó de 58% a 64% entre el primer semestre de 2009 y el mismo período de 2010. La mayoría de los ciudadanos (44%) se sienten inseguros en las calles por la presencia de delincuentes y grupos juveniles.

Aumentó el número de ciudadanos que tomó medidas de autoprotección al pasar de 60% a 73% de un año a otro. La principal alternativa es la instalación de medidas de seguridad para su vivienda.

Institucionalidad

En promedio 8 de cada 10 encuestados conoce las acciones de la Administración Distrital en materia de seguridad, se destacan el conocimiento del Número Único de Atención de Emergencia 123, las campañas de desarme voluntario y la calificación de los ciudadanos en relación con los recursos para la dotación de la Policía.

El 47% de los encuestados que acudió a la Policía calificó el servicio como bueno. Las razones asociadas a esta calificación fueron: buen servicio y actuar rápido. Quienes se sintieron mal atendidos, señalaron que los miembros de la Policía no prestan la debida atención. Por su parte, de los 13 servicios evaluados 5 obtienen las mejores calificaciones que la Policía en general: Antiexplosivos, GAULA, Antiterrorista-CEAT, Zonas Seguras y ESMAD.
Cortesia: Dinero.com

miércoles, 20 de octubre de 2010

PANORAMA LABORAL: Indemnización y Sanción moratoria: son concurrentes, no excluyentes.

 

Erradamente algunos siguen creyendo que el trabajador sólo tiene derecho a reclamar una de las dos: Indemnización o la Sanción Moratoria, cuando la norma es clara al establecer que las dos sanciones son concurrentes, no excluyentes.

El artículo 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo contempla dos sanciones al empleador en beneficio del trabajador, por lo que ambas pueden ser aplicadas simultáneamente. Veamos:
C.S.T. Artículo 64: Terminación Unilateral del Contrato de Trabajo Sin Justa Causa.
En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.
En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan: […]”
C.S.T. Artículo 65: Indemnización por Falta de Pago.
1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, […] debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. […]”
Como se observa, cada sanción busca castigar al empleador por motivos distintos, uno por despedir al trabajador sin justa causa y la segunda, por ser moroso en el pago de la liquidación final de prestaciones sociales y salarios.
Sobre el particular la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia anota:
“ […] la indemnización del articulo 65 puede ser concurrente con la del artículo 64, pues al paso que está tiende a resarcir el lucro cesante y el daño emergente del incumplimiento del contrato (despedido) la del art. 65 “prevé, en cambio, perjuicios de orden simplemente moratorios que protegen ya no la ejecución del contrato, sino el pago inmediato al trabajador de las deudas laborales, a la terminación del vínculo, cualquiera que sea la causa por la cual se haya extinguido””. (Sentencia de Agosto 17/54).
Cortesia: Actualicese.com

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EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - DESPOJO DE LA TIERRA Y LOS BIENES.

¿De qué tamaño es el despojo de la tierra y de los bienes en Colombia?

En Colombia, el número de desplazados por el conflicto armado supera los 3 millones de personas.
En Colombia, el número de desplazados por el conflicto armado supera los 3 millones de personas.
 
INVESTIGACIÓNUn estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, con la mayor muestra hecha hasta ahora entre las víctimas, demuestra que el 90% perdió su tierra y que el 99% algún bien.

Uno de los problemas que enfrenta la reparación de las víctimas del conflicto armado es la cuantificación de los bienes que les fueron despojados, que abandonaron, o que perdieron por causa de la violencia.

Para suplir, en parte, este vacío, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado hizo una encuesta a 10.433 familias, en 68 municipios del país, en la que indagó por algunos aspectos del estado del derecho a la propiedad de los desarraigados por el conflicto.
Los resultados de la “III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada” constituyen la radiografía más aproximada de las condiciones por las que los desplazados (desde 1998) tuvieron que abandonar sus tierras y bienes, y qué fue lo que perdieron.

La encuesta incluyó hogares de personas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), que lleva Acción Social de la Presidencia y hogares de personas no inscritas.

El estudio fue hecho por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad de Colombia, bajo la dirección del profesor Luis Jorge Garay, y los resultados preliminares en materia de “bienes rurales” fueron revelados este martes.

Garay explicó que esta encuesta es la tercera que la Comisión ha hecho para “verificar cuál es el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y constatar el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004”.

Sin embargo, esta encuesta se diferencia de sus versiones anteriores porque la muestra es más que significativa, lo cual permite concluir que los resultados son muy próximos a la realidad. Según Garay, esta tercera encuesta también “permitió concluir que los resultados de las encuestas anteriores son bastante consistentes”.

Lo que tenían y lo que perdieron

El estudio reveló que un 83 por ciento de personas inscritas en el RUPD perdió alguno de los bienes preguntados, porque se vio obligado a abandonarlo o porque le fue arrebatado. Así, el 72 por ciento los encuestados dijo haber perdido ganado u animales productivos; el 50 por ciento, maquinaria o vehículo; el 42 por ciento, tierras; el 24 por ciento, infraestructura productiva; y el 19 por ciento, bienes raíces no rurales.

La encuesta discriminó la propiedad de bienes productivos de los muebles del hogar. Porque, cuando se pregunta por estos, el porcentaje de familias que perdió algún bien aumenta a 99 de cada 100.

La situación de las personas no inscritas en el registro es muy parecida. El 78 por ciento perdió algún bien; el 63 por ciento, animales; el 45 por ciento, maquinaria y equipo; el 36 por ciento, tierras; el 23 por ciento, cultivos; el 17 por ciento, bienes; y el 16 por ciento, infraestructura productiva.

El estado de la propiedad

La mayoría de las familias desplazadas, el 78,3 por ciento, se declaró propietaria de la finca o parcela que tenía antes de su desplazamiento. De este porcentaje, solo el 21 por ciento cuenta con una escritura registrada y el 9 con una sin registrar.

El 35 por ciento de las familias desplazadas inscritas en el RUPD no cuenta con un papel que acredite su tenencia y el 23 por ciento cuenta con documentos como promesas, contratos, entre otros.

“Así, se muestra con toda claridad la tradicional informalidad en la tenencia de la tierra rural en el país”, concluye el informe.

El destino de la tierra

La encuesta también constató que debido a la amenaza inminente y el peligro para sus vidas, el 90 por ciento de las familias encuestadas tuvo que abandonar su tierra. El 3,5 por ciento la dejó al cuidado de familiares o amigos; una proporción semejante se vio obligada a venderla; y el 2,2 por ciento la tuvo que entregar sin recibir nada a cambio.

Conocimiento de la condición de la tierra
El estudio también incluyó preguntas que buscaron identificar si la población desplazada sabe en qué condiciones se encuentran sus bienes.

Más de la mitad, el 53 por ciento, cree que sus bienes continúan abandonados; el 30 por ciento no sabe, el 6 por ciento los explota directa o indirectamente; y otro porcentaje igual al inmediatamente anterior respondió que su predio está ocupado sin su consentimiento.

Un alto porcentaje, el 76.8 por ciento de las familias, dijo no saber cuál es el uso de sus tierras; el 39 por ciento afirmó que está “enmontada” (descuidada); el 36 que es utilizada en actividades agrícolas; un 17 por ciento dijo que es utilizada en actividades “agrícolas de gran escala” y el 6 por ciento aseguró que su tierra está dedicada al cultivo o al transporte de sustancias de uso ilícito.

La cantidad de tierras despojadas o abandonadas
La cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010 es cerca de 6,65 millones, sin contar los territorios de comunidades étnicas. Esa cantidad de tierras equivale al 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria del país.

Según estableció la investigación, entre 1998 y 2008 fue el período en el que más se abandonaron o despojaron las tierras: 5,3 millones de hectáreas.

Hay que tener en cuenta que con el abandono de las tierras, la población desplazada también perdió su casa, pues el 89 por ciento de los predios contaban con ese inmueble.

Además, la calidad de las tierras era óptima para la producción pues el 82 por ciento dispone de agua casi todo el año; el 55 por ciento está en planicies; el 20 está ubicada en laderas; el 60 por ciento era “tierra negra” y el 15 por ciento “café”.

Uno dato significativo que arrojó la encuesta es que el 41 por ciento de los desplazamientos fue “masivo”, el 31 por ciento de carácter “individual” y el 28 de tipo “grupal” (entre 2 y 10 familias).

A propósito, los investigadores sugirieron que ante la predominancia de los desplazamientos masivos, el Estado podría “pensar en retornos grupales que facilitarían el desarrollo de actividades productivas asociadas”.

Sobre la Ley de Víctimas
Al final de su informe preliminar, los investigadores celebraron la radicación en el Congreso de una Ley de Víctimas. “Resulta a no dudar esperanzador para un grupo poblacional que ha sido víctima del desplazamiento forzado y de otras violaciones graves a los derechos humanos, tales como asesinatos, masacres torturas, secuestros, desapariciones forzadas, etc.”

No obstante, advirtieron que el proyecto de Ley tiene falencias que si no son corregidas “comprometerían su constitucionalidad”.

La primera es que contempla como “reparación” la ayuda humanitaria que el Estado ha entregado por vía administrativa. Los investigadores recuerdan que la jurisprudencia vigente “prohíbe descontar de la reparación a las víctimas las prestaciones o servicios a las que tienen derecho por razones humanitarias o de solidaridad, o simplemente por su condición de ciudadanos (como la educación, salud, entre otros, que son deber del Estado con toda la población)”.

En segundo lugar, indicó Garay que el concepto de reparación, a la luz de la jurisprudencia vigente y de los compromisos adquiridos por Colombia con la legislación internacional, debe ser integral. Es decir, “que incluya la restitución de bienes materiales e inmateriales, no solo las tierras, sino los animales, infraestructura y otros bienes que son fundamentales para producir ingresos”, explicó Garay.

Además, el concepto de reparación también incluye el “lucro cesante” y el “daño emergente”, que es la estimación económica de la cantidad de dinero que perdió la población desplazada o dejó de recibir a causa de su despojo.

Garay es consciente de que este concepto de reparación sería demasiado costoso para el Estado. Sin embargo, advirtió que no por ello el proyecto debía ir contra el principio contenido en la jurisprudencia. “Se deben contemplar medidas de tarificación para la reparación administrativa, buscar salidas, pero no echar por tierra principios porque se podría caer la Ley por inconstitucional. Eso sería lo peor que podría pasar”, dijo el investigador.

El grupo de investigadores también indicó que para que la Ley cumpla con requisitos de constitucionalidad y goce de legitimidad es necesario contar con la participación de las víctimas en su discusión, máxime cuando proyectos como este exigen una consulta previa con las comunidades étnicas.

Por todo esto, los resultados de la “III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada”, la más completa y aproximada sobre cuál es la situación de la población desplazada, no son de poca monta. Representan un baluarte para una verdadera reparación.
Cortesia: Semana.com

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - LA RESTITUCION COMO PROPOSITO NACIONAL.

Por qué la restitución de tierras debe ser un propósito nacional

TIERRAS¿Cuál es el impacto del despojo en la economía? ¿Cuáles son los retos de la sociedad colombiana ante los problemas del campo? ¿Por qué los desplazados deben reintegrarse a la vida productiva en el campo? Fueron algunos de los temas del Seminario sobre restitución de tierras.
Miércoles 20 Octubre 2010

Los problemas institucionales para la restitución de tierras, el modelo de reparación para las víctimas, la deuda de la sociedad colombiana con la población campesina, el impacto económico del despojo, fueron algunos de los temas que abordó la primera jornada del Seminario La Restitución de Tierras: Un propósito Nacional, organizado por la Revista SEMANA.

El director del Instituto Nacional de Desarrollo (Incoder), Juan Manuel Ospina, recordó que el gobierno anterior fusionó cuatro entidades en una sola y suprimió cargos, lo cual debilitó la capacidad del organismo.

“El gran cambio es la voluntad política que tiene el actual Gobierno Nacional”, dijo refiriéndose al propósito de restitución de tierras que se ha trazado el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Ospina mencionó cuál es el papel del Incoder en el proceso de restitución. Dijo que el Gobierno le dio la tarea de ser “un catalizador, convocador de la política de desarrollo rural”. No obstante, reconoció que la entidad está en un proceso de reestructuración.

El director del organismo advirtió que el problema de la tierra en Colombia no solo pasaba por resolver quién era su propietario, sino que era necesario generar desarrollo.

Dijo que a la institución le corresponde ayudar a hacer puentes en el proceso de formalización de la tierra y en la restitución. “Pero quien va a coordinar la defensa del apoyo de la justicia (para que los campesinos tengan garantías jurídicas y de seguridad) será una unidad que creará la ley, y que operará en el marco del Ministerio de Agricultura”, dijo.

Luego le tocó el turno a Zaida Barrero de Noguera, la Superintendente de Notariado y Registro, quien indicó que para que un proceso de restitución sea efectivo debe basarse en la coordinación de todas las entidades involucradas.

Barrero describió cuáles son las modalidades de despojo: transferencias forzadas, consistente en que alguien obliga a otro a vender su predio. “O me vende usted o me vende su viuda”, citó Barrero una de las frases que refleja la mentalidad de los despojadores.

Pero indicó que también se han presentado casos en que por desconocimiento o por razones de seguridad el propietario se ve obligado a vender a bajo precio. “Se refleja, en escrituras públicas, que los acuerdos debiendo ser bilaterales no cuentan con la voluntad del vendedor” o “se presenta suplantación del propietario por un falso poder”.

La superintendente explicó que las oficinas de registro no dan ni quitan predios, que lo único que podían hacer era “publicitar los hechos”. Sin embargo, se comprometió para que el proceso de restitución administrativa adelantada por el Gobierno cuente con las garantías necesarias para que la formalización de los predios se haga de manera oportuna.

El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Iván Darío Gómez, enumeró diez propuestas institucionales para complementar la restitución de tierras, que garanticen la “no repetición” de los hechos de violencia.

Entre las propuestas más importantes están las siguientes:

- Adecuar las instituciones que tienen qué ver con el derecho a la tierra, la regulación agraria, las políticas rurales, entre otras. ¿La razón? Las instituciones fueron diseñadas para épocas de normalidad ciudadana, pero no para épocas de posconflicto.

- En segundo lugar debemos utilizar los sistemas de información geográfica agrológica y catastral que existen.

- Consolidar el sistema catastro-registro, a través de la interrelación institucional de municipios. Gómez se refirió a la necesidad urgente de actualizar los datos.

- Aprovechar la iniciativa de “gobierno en línea” para reforzar los sistemas de información, registro, catastro y reclamaciones, entre otras.

- Auscultar la voluntad política para generar un escenario en el que los valores catastrales se aproximen a los valores comerciales. “Colombia debería hacer censos nacionales periódicos en consonancia con las autoridades regionales y municipios para lograr construir una base actualizada sobre los problemas de la propiedad de la tierra”.

Gómez finalmente dijo: “es el fortalecimiento de la institucionalidad lo que nos garantiza la obtención de información básica para tomar decisiones”.

El consejero para la Seguridad, Sergio Jaramillo, reconoció que la ejecución de la propuesta del Gobierno no era fácil. “El tema es prioritario, pero es crítico”, dijo. “Debemos obrar con cuidado”, agregó.

Luego explicó en qué consiste la estrategia “focalización, integralidad y eslabonamiento”, con la que el Gobierno intentará garantizar la ejecución de la política de restitución. Lo primero se refiere a atender la restitución con un criterio de priorización de los territorios. Lo segundo, a articular las instituciones al proceso. Y lo tercero, a atar procesos de reforestación con titulación, por ejemplo, o producción con cadenas de producción más grandes.

Absalón Machado, director técnico del informe de desarrollo humano en Colombia del PNUD, dijo que este momento era una oportunidad doble, pues permitía reflexionar, por un lado, en el modelo de democracia que la sociedad colombiana quiere, y por el otro, en la política agraria.

“No debería ser una oportunidad para profundizar el modelo, injusto, concentrador, inequitativo, excluyente….”, dijo Machado.

“Sería un error histórico que el Estado sólo buscara poner a las comunidades campesinas de su lado de manera cortoplazista para profundizar el modelo poco democrático”, advirtió el investigador. “¿Cómo es posible que le hayamos dado la espalda a esa sociedad (campesina) durante tanto tiempo?”, se preguntó.

El investigador Alejandro Reyes contó que frente a la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos), hay un letrero que dice “todo aquel que come está envuelto en la agricultura”.

Con estas palabras Reyes intentó dimensionar la importancia de la población campesina. “Si no lo resolvemos ahora (el problema de la propiedad de la tierra), lo podemos hacer dentro de cien mil, o cincuenta mil muertos. Es mejor ahorrarnos todas esas vidas”, dijo.

“En los últimos 20 años han muerto 150 mil colombianos (a causa del conflicto)”, dijo el investigador.

“El conflicto armado es de los mejor documentados. Sabemos quién se desplazó, de dónde, quiénes los despojaron. Tenemos las pruebas en las manos para poner a funcionar un sistema de justicia restitutiva. Y sería enorme hipocresía poner a las víctimas a recaudar de funcionario en funcionario las pruebas”, agregó Reyes.

Reyes se quejó de que en los estudios de catastro nacional apenas se ha registrado una ligera concentración de la tierra, cuando a todas luces ha aumentado. “El catastro no registró el despojo”, dijo, y así nos privamos de conocer lo que había pasado con las tierras.

“Lo que debemos hacer es cumplir con los preceptos mínimos de justicia, si no lo hacemos… Colombia se puede volver un infierno que nos cueste mucho más muertos”, dijo.

La economista de la Universidad de los Andes Ana María Ibáñez comenzó su disertación explicando que la restitución de la tierra a los campesinos, con garantías jurídicas sobre la propiedad, no sólo era importante como acto de justicia social, sino para el desarrollo.

“Cuando hay informalidad en la propiedad de la tierra, las personas no están seguras de la inversión, y la gente produce mucho menos, porque si no hay certezas la inversión será menor”, explicó la investigadora.

La falta de títulos sobre los predios también impide el acceso a créditos.

Ibáñez reveló algunas cifras de una encuesta que hicieron varias universidades a 4.700 campesinos. Dijo por ejemplo que el 70 por ciento de los encuestados aseguró ser propietario. Sin embargo, sólo un 60 por ciento puede probarlo.

“La concentración no genera mayor eficiencia económica. Muchos estudios muestran que los productores pequeños son más eficientes, porque pueden controlar más los procedimientos, vincular a familiares y porque los grandes productores no aprovechan toda la extensión de tierra”, dijo Ibáñez.

El director de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, alabó el modelo de justicia transicional que el Gobierno ha implementado para la resolución del conflicto. Dijo que en el siglo XIX y XX el modelo que se implementó fue el de amnistía y el indulto que no permitía el acceso a la verdad y a la reparación. “En estos modelos, lo que se buscaba era cerrar el conflicto”, explicó.

“La Ley de Justicia y Paz (creada para hacer efectivo el proceso de paz con los paramilitares) introduce a las víctimas en el proceso. Ya no se trata de cerrar el conflicto sino las heridas”, dijo.

Pizarro dijo que la Comisión estaba de acuerdo con un modelo de reparación integral y argumentó que el modelo colombiano aventajaba a los de Alemania o España que fueron sólo indemnizatorios.

También indicó por qué el modelo colombiano debe ser distinto: “por la sociología de la víctima”. Se refirió al hecho de que las víctimas en Colombia, en su mayoría, son personas de escasos recursos y de zonas rurales. Por eso, “la reparación indemnizatoria no es suficiente y se requiere un modelo más integral”, que ayude a restablecer los derechos de los damnificados.

Pizarro adujo que Colombia y Turquía son los únicos países que reconocen que los desplazados deben ser sujetos de reparación. “En el mundo se reconocen para medidas de carácter humanitario para los desplazados. Colombia ha tomado una decisión histórica (al reconocer más de 3 millones de víctimas)”, dijo el director de la CNRR.

El último en intervenir en la jornada de la mañana del seminario, fue el sacerdote Fabio Henao, director de Pastoral Social.

El sacerdote retomó las cifras de la III Encuesta de Verificación reveladas este martes (ver nota) en las que la Comisión Nacional de Seguimiento a las Políticas sobre Desplazamiento Forzado entrevistó a 10.400 familias de desplazados. Destacó que según la encuesta el número de hectáreas despojadas o abandonadas por los campesinos asciende a 6,6 millones.

Dijo que los resultados de esa encuesta “nos impone un enorme reto sobre el tipo de democracia que queremos, y un interrogante ético; una pregunta a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, pero también a nosotros: hasta dónde es el grado de involucramiento nuestro para resolver el problema”.
Cortesia: Semana.com

martes, 19 de octubre de 2010

RETIRO DEFINITIVO LABORAL - Deducción del impuesto sobre la renta, de la bonificación por retiro definitivo del empleado.


Los empleadores constantemente realizan acuerdos conciliatorios con los empleados, en forma voluntaria, ante los inspectores de trabajo o los juzgados laborales, donde se pactan bonificaciones por retiro definitivo, que no constituyen salario; sin embargo algunos acuerdos señalan que la bonificación tiene una parte proyectada a cubrir cualquier posible concepto salarial que hubiere quedado pendiente, retribuyendo de esta forma el trabajo; ante esa situación, considero que la bonificación tiene un carácter salarial y por consiguiente para efectos de su deducción, el contribuyente deberá estar a paz y salvo con los aportes parafiscales conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Estatuto Tributario.

Con el fin de aclarar cuando la bonificación constituye salario, es pertinente tener en cuenta el concepto 59245 del 2 de marzo de 2010 del Ministerio de la Protección Social, donde señala:
“(…)
En este orden de ideas, es preciso señalar que si la bonificación es reconocida por el empleador como retribución del trabajo y por el desempeño en el cargo, deberá entenderse que hace parte integrante del salario en los términos señalados en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, así sea reconocida de forma habitual u ocasional.

Pero si las partes acordaron expresamente que la bonificación será reconocida por la mera liberalidad del empleador, atendiendo a la   gratuidad  o voluntariedad, y no con el ánimo de retribuir su servicio, no constituirá   factor salarial, precisando en todo caso que, el empleador no puede desconocer los elementos consagrados expresamente por  el legislador como  integrantes del salario, so pena de las sanciones y multas  n que pueda incurrir.
De tal forma que la bonificación por retiro definitivo del empleado puede constituir salario o no, dependiendo la causa que origina su reconocimiento. Cuando su pago corresponda a una retribución por el trabajo, la bonificación tendrá el carácter salarial y para efecto de su deducción el contribuyente deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales.

La razón es sencilla: la expresión salarial en ese contexto resultaría restrictiva pues dejaría por fuera prestaciones e indemnizaciones que pudieran estar pendientes de pago. En cambio la palabra “laborales” comprendería todo: salarios, prestaciones, indemnizaciones y descansos insolutos.
Cortesia: Gerencie.com

EL VIH Y SUS EFECTOS EN LA INDUSTRIA PORNOGRAFICA.


Como las siete plagas en Egipto, la destruccion de Babilonia y todos sus seguidores, empresarios  y personajes perversos dedicados a esta actividad, tendran un final indefecitble: La perdida de sus vidas.
La multimillonaria industria cinematográfica del porno en California, Estados Unidos, está semiparalizada luego de que uno de sus actores diera positivo en una prueba de VIH.
Según el corresponsal en ese estado, David Willis, varias compañías productoras han detenido las filmaciones.
Mientras tanto, médicos de la Fundación de Salud Médica de la Industria para Adultos (AIM, pr sus siglas en inglés) se han dado a la tarea de localizar y examinar a los 20 o más individuos que han actuado en las cintas con la persona infectada.
Algunos han decidido hacerse las pruebas voluntariamente.
La AIM se encuentra en un discreto edificio de los suburbios del valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles, epicentro de la industria de entretenimiento para adultos en EE.UU.
Desde que se conoció que uno de los actores más famosos del género dio positivo en una prueba de VIH, el movimiento en la clínica se ha incrementado.
“La gente está asustada y ¿quién puede culparla?”, dijo Jennifer Miller, ex estrella porno que ahora ayuda a dirigir el centro asistencial.
“Decir que estamos en estado de pánico sería una exageración, pero sin duda hay una gran alarma.”
Cortesia: Radio santafe

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - LA CORRUPCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA ASOCIARSE CON EMPRESAS CRIMINALES.


Fue a través de simuladas asociaciones, supuestamente representantes de cultivadores de palma, que las autodefensas legalizaron miles de hectáreas arrebatadas a pobladores asentados en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó; y se hicieron a millonarios créditos o beneficios otorgados por Finagro. Un negocio redondo, pues al tiempo que desplazaban a sangre y fuego e imponían el proyecto de palma en Urabá, recibían dineros del Estado para sus fines “protervos”.
Así se desprende de un nuevo capítulo documentado por la justicia sobre los presuntos nexos entre empresas de palma y las autodefensas. En un extenso documento, conocido por este diario, un fiscal de Derechos Humanos detalló que la cuestionada firma Urapalma S.A. creó asociaciones ficticias de pequeños cultivadores, como Acopalma y otras ubicadas en la cuenca del río Curvaradó, que tuvieron un papel protagónico para legalizar los despojos de los terrenos ancestrales de las comunidades afrodescendientes.
En ese contexto, concluyó la Fiscalía, el empresario Hernán Íñigo de Jesús Gómez Hernández fue fundamental para la ejecución del proyecto de palma que a toda costa impuso Vicente Castaño. Gómez, viejo conocido de la Casa Castaño, quien trabajó en la desmovilización de facciones del Epl y el M-19 o en los diálogos de Tlaxcala, México, y, por último en el proceso de paz con los paramilitares, fue gestor de la firma Urapalma y un enclave, pionera de toda suerte de adquisiciones de tierras ilegales y desplazamiento en Urabá que tenía como fin generar millonarias rentas al paramilitarismo por cuenta del mercado de los biocombustibles.
En su indagatoria, el empresario recordó que en 1996 fue convocado por el obispo Isaías Duarte Cancino a una reunión en la Arquidiócesis de Cali con Carlos Castaño, que después asistió al acuerdo del Nudo de Paramillo en 1999, que tuvo problemas con Castaño porque se negó a aceptar una solicitud de él para que fuera intermediario con la DEA en la entrega de un grupo de ‘narcos’ colombianos, pero que aun así zanjó sus diferencias y en 2003, en virtud del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, junto con la Iglesia, participó del proceso de desmovilización como interlocutor de Ernesto Báez.
No obstante, la Fiscalía tiene evidencias de que a través de su esposa Katia Sánchez manejaba los hilos de Urapalma junto con Antonio Zúñiga, y los testimonios de Gilberto Álvaro Alzáte o el ex congresista Carlos Alonso Lucio refrendan que era un asesor de los ‘paras’. El extraditado H.H. y Pedro Bonito lo señalaron como emisario de Vicente Castaño para cooptar la estratégica zona del tapón del Darién en el Urabá como un proyecto de las autodefensas que tenía una curiosa consigna promovida por Castaño: “La palma se siembre con sangre”.
Uno de los procesados en este caso, en el que ya fueron detenidos 24 palmicultores, Carlos Merlano, dio más pistas sobre cómo se usurparon las tierras ancestrales en el Urabá, en la que participaron empresas de la costa y personas naturales como los hermanos Zúñiga, quienes eran palmicultores reconocidos. H.H. contó que Javier Zapata Pretelt, en calidad de gerente de Urapalma, desempeñó estrategias para legalizar casi 6 mil hectáreas que la firma dijo adquirir a través de compra de derechos de posesión. El ex jefe paramilitar añadió que Gómez, junto con Carlos Spath, fueron enviados por las Auc para negociar con azucareros del Valle.
En criterio del fiscal, Hernán de Jesús Gómez, excedió sus misiones humanitarias para constituirse en promotor de los proyectos de los paramilitares y a él se le atribuye “la ejecución de las políticas de penetración de las autodefensas en los negocios más rentables de la economía como el azúcar y la palma”. Es más, la Fiscalía fue más allá: “Con él principió la debacle para los desposeídos del bajo Atrato chocoano”. En últimas era Gómez, Zúñiga y otros colaboradores quienes le rendían cuentas a Vicente Castaño sobre “su fecunda labor en la compra de posesiones que después pasarían a ser el marco de tierras en que se acomodaría la titulación de los terrenos ocupados por Urapalma”.
Por su parte, de Dagoberto Montiel, entonces secretario de Acopalma, se sabe que se prestó para legalizar grandes extensiones de terrenos en Urabá propiciando el desplazamiento y el deterioro del medio ambiente con los proyectos de cultivo de palma. Desde esta asociación, además, gestionó jugosos préstamos que terminaron siendo utilizados en la adquisición de terrenos de comunidades afrodescendientes. La Fiscalía también descubrió que Robin Manuel Calonge y Luis Eduardo Tuberquia, en calidad de desmovilizados, también promovieron estos despojos y la apropiación de los títulos de estos fundos rurales.
Todos ellos fueron detenidos por orden de un fiscal de Derechos Humanos que está en la tarea de desentrañar la radiografía de la violencia que se extendió en el Urabá por casi una década por cuenta de empresas palmicultoras que, según parece, terminaron al servicio de Vicente Castaño en el rentable negocio de los biocombustibles y el aceite de palma.
Cortesia: El Espectador. com.