viernes, 15 de enero de 2016

DESIDERATA: PILDORAS PARA LA MEMORIAPorPeloecañaEl 14...

Conciencia social. #concienciasociallhm

Historia de negociados con bienes publicos que nos invitan a reflexionar en las decisiones publicas como sociedad.

DESIDERATA:




PILDORAS PARA LA MEMORIA

PorPeloecaña

El 14...
: PILDORAS PARA LA MEMORIA Por Peloecaña El 14 de noviembre de 1944, el senador liberal Enrique Caballero Escobar ini...

viernes, 8 de enero de 2016

Situaciones lamentables de la restitucion de tierras....

Los puntos suspensivos del caso Bellacruz

Fuente: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6065-los-puntos-suspensivos-del-caso-bellacruz
 
Mientras el Incoder decidió regresar el proceso agrario de recuperación de baldíos a como estaba en los años 90, los campesinos desplazados de la antigua hacienda en el sur del Cesar esperan el fallo de la Corte Constitucional.
La antigua Hacienda Bellacruz, desde 2008 Hacienda La Gloria, es uno de los procesos agrarios más complejos de país. Campesinos desplazados por paramilitares en los años 90 reclaman baldíos sobre un terreno donde se desarrolla un cultivo de palma. Foto suministrada.¿Qué va a pasar con los campesinos que fueron desplazados de la antigua hacienda Bellacruz y que reclaman tierras? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), de la Superintendencia de Notariado y Registro, del Ministerio de Defensa y de las Unidades de Víctimas y Restitución? ¿Cuál será el papel de la Hacienda La Gloria en la resolución de este conflicto agrario? Son asuntos que siguen en veremos.
Aunque el Incoder tomó dos decisiones recientes que retroceden el proceso agrario a los años 90, la Corte Constitucional es quien puede resolver una reclamación que ni el ejecutivo ni otras instancias de la rama judicial han logrado solucionar en 20 años. El Alto Tribunal estudia una tutela en la que 300 familias campesinas, organizadas en la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), exigen diligencia del Incoder para recuperar predios de origen baldío que hay dentro de la antigua hacienda.
VerdadAbierta.com consultó a los campesinos, el Incoder y el Grupo Empresarial La Gloria sobre si han pensado en la posibilidad de sentarse a conversar, llegar a un acuerdo y proponer soluciones para no dilatar más un conflicto que ha pasado por juzgados, tribunales y altos tribunales. Pero los campesinos aclaran que su reclamación no es contra los empresarios sino el Estado y que están dispuestos a llegar a un acuerdo. La empresa dijo que no se pronunciaría de momento al respecto, y el Incoder sostiene que su responsabilidad está en lo administrativo.
Así las cosas lo que decida la Corte sentará una jurisprudencia que ayude a resolver no solo este conflicto agrario, sino otros como los del Magdalena Medio. También dará luces para aterrizar el acuerdo sobre Política de Desarrollo Agrario Integral, de las negociaciones de paz en La Habana, que propone reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza, “donde se garanticen derechos y faciliten la reconciliación”.

Cuál es la historia

El conflicto de la Bellacruz es un entramado de hectáreas, violencia y decisiones incoherentes. La antigua hacienda, en sur del Cesar, se componía de más de 9 mil hectáreas y eran explotadas por la familia Marulanda. A finales de los años 80, campesinos venidos de distintas regiones le exigieron al antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que hiciera un estudio de baldíos en la hacienda, al considerar que dentro de ella había tierras del Estado que les podían ser tituladas.
El Incora en 1990 accedió a realizar dicho estudio y lo concretó en 1994, concluyendo que la familia Marulanda no pudo acreditar propiedad privada sobre siete predios llamados así: Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel. Los campesinos le pidieron al Incora que les titulara dichas tierras pero el Instituto prefirió comprarle a los Marulanda otros siete predios de los que la familia sí tenía títulos: Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena.
El Incora parceló estos últimos para entregárselos a los campesinos pero cuando iba a comenzar la titulación, el 14 de febrero de 1996, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc desplazaron a la comunidad. En Justicia y Paz, varios desmovilizados le confesaron a la Fiscalía que fueron contratados por los Marulanda para evitar que los campesinos se instalaran en las tierras.
Los paramilitares se desmovilizaron en 2006. En diez años, los siete predios (Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena) no fueron ocupados por los campesinos originales porque estaban desplazados, sino por otras familias, unas nuevas adjudicadas por el Incora o por nuevos ocupantes venidos de otras regiones. En 2008, la familia Marulanda le vendió 5.500 hectáreas, entre las que estaban los otros siete predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, a un grupo empresarial que ahora se llama La Gloria.
La postura de los campesinos originales que están organizados en Asocol es que difícilmente pueden reclamar los predios en los que iban a ser titulados porque allí ya viven otras familias. Por eso insisten en que el Incoder recupere los otros siete predios de los que la familia Marulanda no pudo acreditar títulos. El problema es que el Grupo Empresarial La Gloria los tiene sembrados con palma de aceite, argumentando que ellos les compraron las tierras a los Marulanda bajo regla pues estos acreditaron escrituras y folios de instrumentos públicos como propiedad privada.

Los enredos del Incora y el Incoder

Los campesinos que fueron desplazados en 1996 por paramilitares en cabeza de alias ‘Juancho Prada’ reclaman por lo menos mil hectáreas de baldíos contenidos, según las resoluciones del antiguo Incora, en la actual hacienda La Gloria. Foto suministrada campesinos Asocol.El conflicto por la tierra ha sido atizado por el mismo instituto de tierras. Primero, porque en 1994 el Incora no terminó de resolver la situación de los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, y decidió comprar los otros siete predios privados.
Fue sólo 17 años después, que el Incoder decidió tomar cartas en el asunto. En 2011 emitió dos resoluciones para reanudar el proceso de clarificación de baldíos de los años 90, encontrando que 1.200 hectáreas tenían esta característica y que sólo dos predios, María Isidra y San Miguel, no podían ser identificados por la inundación de la ciénaga La Cienaguita. En 2013, el Incoder continuó con el trámite, emitiendo otras dos resoluciones para recuperar materialmente las 1.200 hectáreas.
Cuando los campesinos creían que estaban a punto de ganar la batalla jurídica, el Grupo Empresarial solicitó al Consejo de Estado revisar la decisión de Incoder y la recuperación quedó frenada. En marzo de 2014 el Incoder le pidió a la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica (Cesar) inscribir en el folio de matrícula la decisión de recuperación de baldíos, pero dicha Oficina y el Superintendente de Notariado se negaron a hacerlo, argumentando que existía un proceso en curso en el Consejo de Estado y que en el registro no existía claridad de que las 1.200 hectáreas fueran de origen baldío.
La situación se complejizó más en 2015. En febrero el Subgerente de Tierras, Carlos Ignacio Carmona, dejó sin piso jurídico las resoluciones de 1990 y 1994 con las que el Incora comenzó el proceso de clarificación e identificación de los baldíos.
Mientras el Incoder seguía dando pasos hacia atrás en el proceso, el caso era estudiado por la Corte Constitucional que ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades: una vez otorgando medidas de protección a la comunidad campesina y otra, respondiéndole varias inquietudes al Grupo Empresarial, que con sus abogados decidió entutelar al Alto Tribunal. (Lea: Una victoria para los campesinos de La Bellacruz y Yo tutelo, él tutela, ellos tutelan… el caso Bellacruz)
Por su parte, el Subgerente de Tierras siguió tomando decisiones. El 14 de octubre dejó sin piso jurídico las cuatro resoluciones que el Incoder había proferido en 2011 y 2013 para recuperar los siete predios de origen baldío. El 26 de octubre complementó dicha postura, indicando que el proceso de clarificación de baldíos debía comenzar de ceros, es decir, que el caso vuelve en el papel a como estaba en el año 1990
El principal argumento del Subgerente de Tierras para echar para atrás todas las resoluciones es que ninguno de los siete predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, identificados en el año 94, quedaron registrados en el folio de matrícula, y en ese sentido, las tierras “siguen siendo parte del dominio privado”. El funcionario indicó que el Incora de la época no pudo hacer dicho registro porque una sentencia del Consejo de Estado de 1985 se lo impedía, pues este era un trámite que debía pasar por los ojos de un juez.
Lo que no explicó el Subgerente en ninguna de las decisiones recientes es que los funcionarios del Incora tuvieron serias dificultades para cumplir con su labor, producto de la violencia desatada por los paramilitares en 1996. Así lo advierte un informe presentado en 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que documentó que en abril de ese año el grupo paramilitar atacó a varios funcionarios del Incora que intentaban ingresar a la finca para realizar las diligencias de medición de los lotes.
“Así la decisión judicial de adjudicación de tierras, y los intentos de los funcionarios del Incora quedaron en letra muerta. La responsabilidad de las autoridades por no asegurar la protección física de los desplazados, la imposibilidad de llevar a cabo la investigación judicial sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que se habrían cometido, y la paralización de las adjudicaciones de títulos de propiedad, son desafíos que el Gobierno no puede dejar en la impunidad”, reitera el informe de la Cidh.
El Subgerente de Tierras insiste en que el proceso de clarificación de baldíos debe comenzar porque hay un vacío jurídico y porque además el predio cambió mucho en 25 años. “Antes de participar o no de un acuerdo entre las partes (campesinos y empresa) es determinar si en ese predio (la hacienda) hay o no bienes baldíos. En todos estos veinte años eso se manejó muy mal desde el punto de vista probatorio”, le dijo Carmona a VerdadAbierta.com. Según el funcionario, si las partes cooperan el estudio no tardaría más de un año y contará con la veeduría de una “agencia especial” de la Procuraduría, un funcionario que delegue este organismo del Ministerio Público.
Fredy Rodríguez, representante legal de Asocol, explicó que acatarán la decisión de la Corte Constitucional, indicando que “los campesinos no tenemos nada en contra de la empresa, no es que queramos quitarle la tierra a Efromovich (Germán Efromovich, principal accionista del Grupo Empresarial La Gloria). Nuestra reclamación es ante el Estado, que nos ha fallado, que lleva años sin darnos una solución”.
Aunque la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contempla que comunidades como la de la Bellacruz puedan reclamar los predios abandonados o despojados por violencia, la Unidad de Restitución no ha documentado el caso porque no ha “microfocalizado” este municipio, es decir, no tiene vía libre del Ministerio de Defensa para documentar casos en la zona. A mediados de octubre la Corte Constitucional le exigió a dicho Ministerio un informe sobre las condiciones de seguridad de esta región.
VerdadAbierta.com le preguntó a Diana Marín, apoderada legal del Grupo Empresarial Hacienda La Gloria, si estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con los campesinos, pero la abogada respondió que por el momento la compañía no se pronunciará.
El caso sigue en puntos suspensivos. Por un lado, el Incoder sigue tomando decisiones que retroceden el caso agrario; por otro, el Consejo de Estado estudia la solicitud de la empresa, y al tiempo, la Corte Constitucional está próxima a fallar sobre la reclamación de los campesinos.

jueves, 7 de enero de 2016

Tratados de Derechos Internacionales.

Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Carta de las Naciones Unidas | Carta internacional de derechos humanos | Instrumentos universales de los derechos humanos | Conferencia mundial de derechos humanos y Asamblea del milenio | Derecho de libre determinación | Derechos de los pueblos indígenas y de las minorías | Prevención de la discriminación | Derechos de la mujer | Derechos del niño | Derechos de las personas de edad | Derechos de los descapacitados | Los derechos humanos en la administración de justicia | Bienestar, progreso y desarrollo social | Promoción y protección de los derechos humanos | Matrimonio | Derecho a la salud | Empleo | Libertad de asociación | Esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso e instituciones y prácticas análogas | Derechos de los trabajadores migratorios | Nacionalidad, apatridia, asilo y refugiados | Crímenes de guerra, y crímenes de lesa humanidad, incluso el genocidio | Derecho Internacional Humanitario







Carta de las Naciones Unidas
  • Carta de las Naciones Unidas.
    Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, 26jun45
  • Carta internacional de derechos humanos
  • Declaración Universal de Derechos Humanos.
    Asamblea General, Resolución 217 A (III), 10dic48
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
    Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16dic66
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
    Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16dic66
  • Protocolo Facultativo del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
    Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16dic66
  • Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
    Asamblea General, Resolución 44/128, 15dic89
  • Instrumentos universales de los derechos humanos
    Sigla
    Instrumento
    Organo de vigilancia

    Fecha

    ICERD
    Convención International sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
    21dic65


    ICCPR
    Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Comité de Derechos Humanos (HRC)
    16dic66


    ICESCR
    Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)
    16dic66


    CEDAW
    Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
    18dic79


    CAT
    Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Comité contra la Tortura (CAT)
    10dic84


    CRC
    Convención sobre los Derechos del Niño Comité de los Derechos del Niño (CRC)
    20nov89


    ICRMW
    Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios (CMW)
    18dic90


    CPED
    Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED)
    20dic06

    ICRPD Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)
    13dic06


    ICCPR-OP1 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Comité de Derechos Humanos (HRC)
    16dic66


    ICCPR-OP2 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte Comité de Derechos Humanos (HRC)
    15dic89


    OP-CEDAW Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
    06oct99


    OP-CRC-AC Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados Comité de los Derechos del Niño (CRC)
    25may00


    OP-CRC-SC Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía Comité de los Derechos del Niño (CRC)
    25may00


    OP-CAT Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Comité contra la Tortura (CAT)
    18dic02


    OP-CRPD Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)
    12dic06


    ICESCR-OP Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)
    10dic08

    Conferencia Mundial de Derechos Humanos y Asamblea del Milenio
  • Declaración y Programa de Acción de Viena.
    Conferencia Mundial de Derechos Humanos, A/CONF.157/23, 12jun93
  • Declaración del milenio.
    Asamblea General, A/RES/55/2, 13sep00
  • Derecho de Libre Determinación
  • Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
    Asamblea General, Resolución 1514 (XV), 14dic60
  • Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 diciember de 1962, titulada "Soberanía permanente sobre los recursos naturales".
    Asamblea General, Resolución 1803 (XVII), 14dic62
  • Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de los mercenarios.
    Asamblea General, 72a. sesión plenaria, 04dic89
  • Derechos de los Pueblos Indígenas y las Minorías
  • Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
    Asamblea General, A/RES/61/295, 13sep07
  • Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (Nº 169), 1989 .
    Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, 27jun89
  • Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
    Asamblea General, Resolución 47/135, 18dic92
  • Prevención de la Discriminación
  • Convenio sobre igualdad de remuneración (Nº 100).
    Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 29jun51
  • Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Nº 111).
    Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 25jun58
  • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
    Asamblea General, Resolución 2106 A (XX), 21dic65
  • Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales.
    Conference General de UNESCO, 27nov78
  • Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
    Conference General de UNESCO, 14dic60
  • Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
    Conference General de UNESCO, 10dic62
  • Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.
    Asamblea General, Resolución 36/55, 25nov81
  • Conferencia Mundial contra el Racismo, 2001 (Declaración y Programa de acción).
    Conerencia Mundial,Durban, Sudáfrica, 08sep01
  • Derechos de la Mujer
  • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
    Asamblea General, Resolución 34/180, 18dic79
  • Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
    Asamblea General, Resolución A/54/4, 06oct99
  • Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado.
    Asamblea General, Resolución 3318 (XXIX), 14dic74
  • Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
    Asamblea General, Resolución 48/104, 20dic93
  • Derechos del Niño
  • Convención sobre los Derechos del Niño.
    Asamblea General, Resolución 44/25, 20nov89
  • Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
    Asamblea General, A/RES/54/263, 25may00
  • Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
    Asamblea General, A/RES/54/263, 25may00
  • Convenio sobre la edad mínima (Nº 138), 1973.
    Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 26jun73
  • Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (Nº 182), 1999.
    Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 17jun99
  • Derechos de las Personas de Edad
  • Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas.
    Asamblea General, Resolución 46/91, 16dic91
  • Derechos de los Discapacitados
  • Declaración de los derechos del Retrasado Mental.
    Asamblea General, Resolución 2856 (XXVI), 20dic71
  • Declaración de los Derechos de los Impedidos.
    Asamblea General, Resolución 3447 (XXX), 09dic75
  • Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental.
    Asamblea General, Resolución 46/119, 17dic91
  • Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
    Asamblea General, A/RES/48/96, 04mar94
  • Los Derechos Humanos en la Administración de Justicia
  • Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
    Consejo Econónomico y Social, Resoluciones 663C (XXIV), 31jul57 y 2076(LXII), 13may77
  • Principios básicos para el tratamiento de los reclusos.
    Asamblea General, Resolución 45/111, 14dic90
  • Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
    Asamblea General, Resolución 43/173, 09dic88
  • Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad.
    Asamblea General, Resolución 45/113, 14dic90
  • Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
    Asamblea General, Resolución 3452 (XXX), 09dic75
  • Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
    Asamblea General, Resolución 39/46, 10dic84
  • Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
    Asamblea General, Resolución A/RES/57/199, 18dic02
  • Principios relativos a la investigación y docmentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
    Asamblea General, Resolución 55/89 Anexo, 04dic00
  • Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte.
    Consejo Econónomico y Social, Resolución 1984/50, 25may84
  • Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
    Asamblea General, Resolución 34/169, 17dic79
  • Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
    Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Habana, Cuba, 07sep90
  • Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokyo).
    Asamblea General, Resolución 45/110, 14dic90
  • Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).
    Asamblea General, Resolución 40/33, 28nov85
  • Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad).
    Asamblea General, Resolución 45/112, 14dic90
  • Declaración sobre los prnicipios fundamentales de jusitica para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
    Asamblea General, Resolución 40/34, 29nov85
  • Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.
    Asamblea General, Resoluciones 40/32, 29nov85 y 40/146, 13dic85
  • Principios básicos sobre la Función de los Abogados.
    ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1, 07sep90
  • Directices sobre la Función de los Fiscales.
    Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 07sep90
  • Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, artibrarias o sumarias.
    Consejo Económico y Social, Resolución 1989/65, 24may89
  • Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
    Asamblea General, A/RES/47/133, 12feb93
  • Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
    Asamblea General, Resolución 60/147, 16dic05
  • Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
    Asamblea General, Resolución 61/177, 12ene07
  • Bienestar, Progreso y Desarrollo Social
  • Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social.
    Asamblea General, Resolución 2542 (XXIV), 11dic69
  • Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutricuón.
    Asamblea General, Resolución 3348 (XXIX), 17dic74
  • Declaración sobre la utilización del progreso cientíntifico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad.
    Asamblea General, Resolución 3384 (XXX), 10nov75
  • Declaración sobre Derecho de los Pueblos a la Paz.
    Asamblea General, Resolución 39/11, 12nov84
  • Declaración sobre el derecho al desarrollo.
    Asamblea General, Resolución 41/128, 12nov84
  • Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.
    Asamblea General, Resolución 53/152, 09dic98
  • Promoción y Protección de los Derechos Humanos
  • Instituciones nacionales de promoción de los derechos humanos.
    Asamblea General, A/RES/48/134, 04mar94
  • Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
    Asamblea General, A/RES/53/144, 08mar99
  • Matrimonio
  • Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios.
    Asamblea General, Resolución 1763 A (XVII), 07nov62
  • Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios.
    Asamblea General, Resolución 2018 (XX), 01nov65
  • Derecho a la Salud
  • Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA.
    Asamblea General, A/RES/S-26/2, 02ago01
  • Empleo
  • Convenio sobre la política del empleo (Nº122), 1964.
    Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 09jul64
  • Libertad de Asociación
  • Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
    Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 09jul48
  • Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (Nº98), 1949 .
    Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 18jun49
  • Esclavitud, Servidumbre, Trabajo Forzoso e Instituciones y Prácticas Análogas
  • Convención sobre la Esclavitud.
    Ginebra, Suiza, 25sep26
  • Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.
    Asamblea General, Resolución 794 (VIII), 23oct53
  • Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud.
    Conferencia de Plenipotenciarios, Ginebra, Suiza, 30abr56
  • Convenio sobre el trabajo forzoso.
    Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 28jun30
  • Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso.
    Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 25jun57
  • Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.
    Asamblea General, Resolución 317 (IV), 02dic49
  • Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.
    Asamblea General, Resolución 55/25, 15nov00
  • Derechos de Trabajadores Migratorios
  • Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
    Asamblea General, Resolución 45/158, 18dic90
  • Nacionalidad, Apatridia, Asilo y Refugiados
  • Convención para reducir los casos de apatridia.
    Conferencia de Plenipotenciarios, 30ago61
  • Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.
    Conferencia de Plenipotenciarios, Resolucón 526 A (XVII), 28sep54
  • Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
    Conferencia de Plenipotenciarios, 28jul51
  • Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
    18nov66
  • Declaración sobre los derechos humanos de los indiviuos que no son nacionales del país en que viven.
    Asamblea General, Resolución 40/144, 13dic85
  • Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, incluso el Genocidio
  • Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio.
    Asamblea General, Resolución 260 A (III), 09dic48
  • Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
    Asamblea General, Resolución 2391 (XXIII), 26nov68
  • Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad.
    Asamblea General, Resolución 3074 (XXVIII), 03dic73
  • Derecho Humanitario
  • Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña (Convenio I).
    Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, 12ago49
  • Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (Convenio II).
    Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, 12ago49
  • Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III).
    Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, 12ago49
  • Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV).
    Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, 12ago49
  • Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I).
    Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados, 08jun77
  • Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los conflictos armados internacionales sin caráracter internacional (Protocolo II).
    Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados, 08jun77
  • Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III).
    Conferencia Diplomática, 08dic05

  • Fuente: http://www.derechos.org/nizkor/ley/tratado.html

    Verdad Abierta.

    Las pistas sobre el despojo de la Oficina de Envigado

    Un juzgado en Antioquia le restituyó la finca a una familia que fue despojada por esta empresa criminal del Valle de Aburrá. Se abre un nuevo capítulo en la historia de la oficina de sicarios más famosa del país.
    despojo oficina envigado 1 San Roque hace parte de los diez municipios que integran el nordeste antioqueño, una región en que confluyeron las Farc, el narcotráfico y los paramilitares. Foto suministrada Unidad de Restitución de Tierras.
    Un Juzgado Especializado en Restitución de Caucasia reveló una faceta no tan conocida de la Oficina de Envigado, la empresa criminal que hizo parte del Cartel de Medellín y que por años se transformó en organización paramilitar integrada a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Una sentencia determinó hace unos días que la Oficina le arrebató una finca a una familia en el municipio de San Roque, nordeste antioqueño. Esta decisión da luces sobre una realidad que se mantuvo silente por años y que puede tener pronto nuevos fallos.
    Una investigadora de la Unidad de Tierras que documentó el caso le dijo a VerdadAbierta.com que en San Roque hay más casos con esta misma tipología, “pues el municipio tiene una ubicación estratégica que fue usada (por ese grupo criminal) para movilizarse hacia los municipios de Caracolí y Maceo”. En la actualidad, esta dependencia estatal documenta algunos despojos ocurridos en barrios de estrato alto en Medellín y que podrían ser atribuidos a la Oficina.
    En la sentencia, el Juez ordenó a las autoridades garantías para que la familia pueda vivir con tranquilidad en la finca, que la Alcaldía los exonere del pago de 22 millones de pesos de impuestos que adeudan tras el desplazamiento forzado del que fue víctima, que el Banco Agrario los priorice con subsidios de vivienda rural, y que Finagro y Bancoldex les permita acceder a créditos para reactivar la productividad de la tierra. El fallo además anuló las transacciones que quedaron registradas en la Notaría Única de San Roque y en la Oficina de Instrumentos de Santo Domingo que transfirieron la propiedad a nombre de otra persona.
    Según datos de la Unidad, en la actualidad en la región del Nordeste, en los municipios de San Roque, Yolombó y Santo Domingo, estudian las reclamaciones de tierras en 103 veredas donde fue persistente el abandono y el despojo durante el conflicto armado.

    ¿Quién manda?

    despojo oficina envigado 4‘Don Berna’ y Pablo Escobar. Fotos: archivo Semana.
    La historia de la familia Suárez*, cuya identidad se les reserva por razones de seguridad, es similar a las de otros campesinos que afrontaron todos los actores armados ilegales en menos de tres décadas. En 1991 se hicieron a una buena finca de 487 hectáreas producto de una herencia, donde prosperaron con los cultivos de pastos y la siembra de maíz y fríjol para el sustento diario.
    Mientras los campesinos producían alimentos, la violencia arreciaba en la región. El primer grupo en llegar, en 1980, fue el Frente 9 de las Farc, que encontró en la zona un punto clave para movilizarse desde el oriente, atravesando los municipios de San Carlos, Alejandría y San Rafael para acceder al nordeste y norte de Antioquia. No demoraron en aparecer las autodefensas, que en la siguiente década se consolidaron como el brazo armado del narcotráfico, bajo la insignia de combatir a las guerrillas, pero con el propósito de proteger el ‘negocio’.
    Bajo la figura de Cooperativas Rural de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), las autodefensas se camuflaron para seguir cometiendo delitos en la región, entre ellas una conocida como El Cóndor. VerdadAbierta.com documentó a partir de una investigación de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación, publicada en 2010, que dicha Convivir recibió su personería jurídica en noviembre de ese año con la firma de Álvaro Uribe Vélez, quien entonces era el Gobernador de Antioquia
    Según la investigación académica, en El Cóndor “se mimetizaba una organización paramilitar, la cual operaba entre los municipios de Cisneros y San Roque”, teniendo como base de operaciones el corregimiento San José del Nus. Precisamente, la finca de la familia Suárez estaba en este poblado que durante finales de los años 90 y principios del nuevo siglo fue disputado por las Farc, el Eln con los Frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave, y los paramilitares.
    Para esa época ya existía la Oficina de Envigado. Como lo documenta el libro Las ‘vueltas’de la Oficina de Envigado, del periodista Juan Diego Restrepo, inicialmente se llamaba La Oficina y se trataba de un ‘despacho’ del capo Pablo Escobar en este municipio antioqueño desde donde coordinaba extorsiones, ofrecía ‘servicios de seguridad’, coordinaba la ‘formación’ de sicarios y mantenía el control de la exportación y comercialización de su principal músculo financiero: la cocaína.
    En diciembre de 1993, Escobar murió en un operativo realizado por la Policía y en la que según confesaron varios desmovilizados de las Auc, participaron integrantes de los Perseguidos por Pablo Escobar, conocidos como ‘Pepes’, varios de ellos sus acérrimos enemigos del Cartel de Cali y los hermanos Castaño, fundadores de las Auc, además de agentes de los cuerpos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.
    En Antioquia el paramilitarismo tomó fuerza. Los Castaño enviaron a varios de sus hombres entrenados en fincas de Córdoba al oriente y nordeste de Antioquia bajo las órdenes de Carlos Mauricio García alias ‘Doble Cero’, un exlancero del Ejército que se convirtió en el jefe del Bloque Metro de las Auc y que sumó a sus filas a jóvenes de las comunas de Medellín. Entre 1997 y 2002 este Bloque tuvo presencia en el municipio de San Roque, principalmente en el corregimiento de Cristales, delinquiendo en Santo Domingo, Cisneros, Yolombó y Maceo; mientras las Farc reaccionaron ampliando su presencia con el Frente 9. La guerra territorial persistía.
    De forma paralela, el narcotraficante Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ ya había tomado el control de la Oficina y había logrado portar el rótulo de las Auc tras su vieja amistad con los Castaño. En 2002, ‘Doble Cero’ expresó su inconformidad por esa decisión, lo que desató una guerra visceral entre el exmilitar y el narcotraficante, quien desde la Oficina dio origen a los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada.
    Esta guerra no sólo se libró en las comunas de Medellín sino en el campo. En Justicia y Paz, varios desmovilizados, entre ellos Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’, quien desde finales de 2000 fue jefe militar del Bloque Calima, confesaron que la guerra de ‘Don Berna’ fue apoyada por este Bloque y por el Central Bolívar, en cabeza también de los narcotraficantes Hébert Veloza alias ‘H.H.’ y Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’.
    La tierra fue un botín de guerra de estos grupos. El primero en despojar fue el Bloque Metro, que originalmente estaba en la zona. Hasta diciembre de 2014 había 171 solicitudes de restitución de predios en el municipio de San Roque, en el que los presuntos responsables son antiguos comandantes de ese grupo. En 2003 esta guerra la ganó ‘Don Berna’ y el territorio fue repartido entre los grupo paramilitares que lo apoyaron.

    ¡Qué firme la escritura!

    despojo oficina envigado 2 En 2003, cuando se desató una guerra interna entre los paramilitares del Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara de las Auc, 3 mil personas fueron desplazadas de San Roque. Foto suministrada Unidad de Restitución de Tierras.
    La familia Suárez quedó en medio de esa batalla pero al igual que otras 3 mil familias de San Roque, según datos del Registro Único de Víctimas, fueron desplazadas. El Frente 9 de las Farc intentó retomar los antiguos territorios del Bloque Metro y en 2004 amenazó a los Suárez, que salieron despavoridos por la violencia que no cesaba.
    Según le relataron a los investigadores de la Unidad, una vez fue abandonada la finca en enero de 2005, la guerrilla les quemó la vivienda. Cuando pensaron que la situación mermaría con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara el 25 de noviembre de 2003 en Medellín, la Oficina de Envigado seguía viva y coleando y se camufló en el Bloque Héroes de Granada.
    El libro del periodista Restrepo revela que la fórmula de esta empresa criminal para echar raíces durante tres décadas fue mantener alianzas no sólo con militares sino con empresarios, como fue el caso de Gustavo Upegui López, entonces máximo accionista del equipo de fútbol Envigado Fútbol Club, incluido en la Lista Clinton.
    Mientras ‘Don Berna’ se mantenía supuestamente en la negociación con el Gobierno para desmovilizar a las Auc, dentro de la Oficina de Envigado se desató una guerra interna por quién heredaba ese poder criminal. En julio de 2006 Upegui fue asesinado por Daniel Alberto Mejía alias ‘Danielito’, quien quería quedarse con la ‘compañía’ de sicarios. Pero este a su vez, un año más tarde, fue asesinado por Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio’, un exintegrante del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), quien decidió a finales de 2007 entregarse a la justicia de Estados Unidos.
    La desmovilización del Bloque Héroes de Granada, en agosto de 2005 justamente en el corregimiento Cristales, de San Roque, bajo el mando de Carlos Arturo Hernández, alias ‘Jerónimo’, no fue tan efectiva como inicialmente se supuso, advierte Restrepo.
    De hecho, varias de las reclamaciones que reposan en la Unidad de Tierras están relacionadas con despojos cometidos por ‘Jerónimo’ aún después de su supuesta dejación de armas, entre ellas la de la familia Suárez.
    “Vivía en Caracolí y me contactaron, me dijeron que vendiera la tierra y que un tal Jhon el que venía de la Oficina de Envigado. Me dijo que el patrón necesitaba la tierra, es decir, alias ‘Jerónimo’, y que necesitaba hablar conmigo. Me hicieron ir tres veces”, relató el reclamante durante el juicio.
    A la familia Suárez la obligaron en 2007 a firmar una escritura que con anticipación había sido elaborada en la Notaría Segunda de San Roque, a nombre de una persona que desconocían. “… Me estaban esperando tres personas, entre ellas el hijo del notario. Ya tenían la escritura hecha. La firmé y nunca recibí un peso”, dijo un integrante de las familia reclamante.
    Según los reportes de la prensa, alias ‘Jerónimo’ fue capturado en noviembre de 2008 por un grupo especial de la Dijín de la Policía. Pero en mayo de 2010 el entonces cabecilla de la Oficina de Envigado se fugó después de que un mes antes un juez de ejecución de penas le otorgó el beneficio de casa por cárcel. En la actualidad alias ‘Jerónimo’ sigue profugo mientras la Unidad de Tierras trata de documentar otros casos de despojo en el nordeste antioqueño. “Sobre ‘Jerónimo’ tendrá que explorarse muchos otros casos en otros municipios”, dijo una de las investigadoras de la Unidad.
    En esta región, la Unidad ha encontrado complicidad de funcionarios públicos, sobre todo notarios, en la trasnferencias de tierras pero es la Fiscalía quien decide si abre o no una investigación formal.
    Esta sentencia es la primera pista para desentrañar la maquinaria de guerra que heredaron narcotraficantes y paramilitares para mantener ‘el control’ en los territorios no sólo a punta de extorsiones y asesinatos, sino de de robo de tierras.
    *El nombre de la familia fue cambiado por razones de seguridad.

    Fuente: http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/6030-las-pistas-sobre-el-despojo-de-la-oficina-de-envigado

    domingo, 26 de octubre de 2014

    Las propuestas para cambiar el agro.....

    Las propuestas para cambiar el agro

    Las propuestas para transformar el campo están sobre la mesa. ¿Qué tan viables son?
    Cortesia: semana.com
     
    Al superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, le tocará defender el proyecto de tierras en el Congreso, pues el ministro de Agricultura está impedido. El presidente de la SAC, Rafael Mejía, dice que el reto está en hacer productiva la tierra y eso pasa por unas reglas claras para la inversión privada. Pocas veces como ahora se habían visto propuestas tan concretas encaminadas a construir un nuevo modelo de desarrollo rural y una política agropecuaria de largo plazo.

    El conjunto de medidas proviene de tres fuentes. Una, del proyecto de ley que está en el Congreso para poner a producir las zonas más apartadas del país. Dos, de la misión rural que plantea las estrategias que debe seguir el país para saldar la deuda histórica con el campo. Y tres, de la comisión de expertos que estudió la competitividad de la caficultura colombiana y pretende darle un giro al modelo que, por años, ha imperado en Colombia para este cultivo.

    Sin duda, estas propuestas demuestran que el sector rural ha escalado en importancia en la discusión de los grandes temas nacionales, pero también que es hora de que la actividad agropecuaria retorne a la agenda de las políticas públicas. No solo porque hace parte del proceso de paz que se adelanta en La Habana y está llamada a jugar un papel importante en el posconflicto, sino porque se trata de un renglón económico que puede ser un importante motor de crecimiento.

    El año pasado, el sector agropecuario aportó 6 por ciento al PIB del país y 17 por ciento a la generación de empleo formal. Es decir con un ‘estartazo’, que  muchos piensan hay que darle al campo, esta locomotora podría impulsar más la economía.

    El potencial agroindustrial en Colombia es inmenso. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO- el mundo necesita incorporar 3,75 millones de nuevas hectáreas de ahora a 2030 si se quiere atender la mayor demanda de alimentos. Según la entidad, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada en solo siete países tropicales, entre los cuales está Colombia.

    La triste realidad es que de los 22 millones de hectáreas consideradas aptas para el desarrollo agrícola y agroindustrial, Colombia solo está utilizando productivamente cerca del 24 por ciento. En contraste, países como Estados Unidos y la Unión Europea utilizan el 97 por ciento de sus tierras aptas para la agricultura.
    Como dice el presidente de la SAC, Rafael Mejía, este sector en Colombia tiene mucho camino por recorrer en materia de crecimiento, diversificación de la oferta, productividad, competitividad y acceso a nuevos mercados.

    Sin duda uno de los temas clave para alcanzar estos propósitos es incorporar nuevas tierras a la producción. El problema es que, por falta de reglas del juego claras, el desarrollo de  zonas como la Altillanura y en general la Orinoquia se ha frenado, con lo que se ha perdido una gran oportunidad.

    Pues bien, después de muchos intentos fallidos, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley para tratar de destrabar el progreso de estas zonas.

    La iniciativa crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico (Zidre), áreas geográficas aisladas de los centros urbanos más significativos donde la productividad es tan baja, que prácticamente hay una vaca por cada tres hectáreas.

    Estas zonas demandan elevados costos de adaptación productiva. Aproximadamente se requieren 8 millones de pesos para adecuar una sola hectárea. Además, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos, y, por sus condiciones resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar.
    De acuerdo con el proyecto de ley, dichas áreas serán definidas por la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (Upra) del Ministerio de Agricultura. La delimitación de cada zona y el plan de inversiones privadas y públicas para su desarrollo, deberán estar consignadas en un documento Conpes.

    Los particulares podrán proponer para dichas zonas proyectos asociativos en el que vinculen a campesinos y el gobierno se compromete con estímulos especiales, como bienes públicos, esto es carreteras, distritos de riego, investigación, acceso al crédito, entre otros. La tierra necesaria para los proyectos podrá ser propia, arrendada, o entregada en concesión. Como gran novedad, en estas llamadas Zidre los baldíos no adjudicables, es decir que no llenan los requisitos para tal fin, se pueden entregar en concesión al proyecto empresarial por un periodo de tiempo determinado. Una vez finalice el contrato, los predios deben ser devueltos al Estado.

    Estas personas pagarán una especie de canon de arrendamiento, recursos que harán parte del Fondo de Desarrollo Rural y Económico, que se crearía a partir de la aprobación de esta ley.

    Si contados tres años a partir de la autorización  del ministerio para llevar a cabo el proyecto, la empresa asociativa no ha dado inicio en todo o en parte del área autorizada, esto será causal de extinción del derecho de dominio. En otras palabras deberán devolver la tierra.

    El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, a quien el gobierno designó para impulsar esta iniciativa –dado el impedimento del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri- señala que el gran propósito de esta ley es poner a producir la tierra. “No más lotes de engorde”. En este sentido, el gobierno quiere ir más allá. Si un particular tiene tierras en una Zidre -integradas a un proyecto en el que el Estado ha invertido en bienes públicos- y no está dispuesto a hacer parte del desarrollo propuesto, se acudirá a la figura de la expropiación por vía administrativa, pero ya no se pagará el predio según el avalúo comercial del mismo, sino por el catastral que es inferior.

    El gobierno piensa que este proyecto de ley desbloqueará la inversión que por cerca de 6.000 millones de dólares se llegó a plantear para la Altillanura.

    Pero aunque el proyecto ofrece hacia futuro un marco jurídico nuevo, no despeja el debate que se armó en el país sobre los baldíos transferidos a la propiedad privada a partir de 1994. Por lo visto, el gobierno no se piensa meter en ese espinoso tema, pues considera que para impulsar el agro colombiano antes que la propiedad, la productividad es el gran reto. El senador Jorge Enrique Robledo, uno de los parlamentarios más críticos sobre el tema de tierras, ya ha dicho que el proyecto en cuestión “no solo no apunta a cambiar el modelo agrario, sino que lo consolida, al legalizar las compras ilegales de tierra en la Altillanura y promover aún más su concentración”. Habrá que esperar para saber la suerte que corre este proyecto en el Congreso, y qué queda de las buenas intenciones.

    viernes, 24 de octubre de 2014

    Despido de empleada en lactancia un día después de cumplidos los tres meses que comprenden el fuero maternal no es ilegal.

    Despido de empleada en lactancia un día después de cumplidos los tres meses que comprenden el fuero maternal no es ilegal.

    Cortesia: Gerencia. com


    Cuando el empleador despide a una empleada  que se encuentra en  lactancia  un día después de transcurrido el término a que se refiere el artículo 239 del código sustantivo del trabajo, que se conoce también como fuero maternal, no es ilegal, al menos no lo es por cuenta de una posible violación del artículo 239 o del 240 del código sustantivo del trabajo.
    Aunque puede parecer sospechoso, un despido en estas circunstancias no se puede alegar ilegal, por cuanto es claro que ha ocurrido por fuera del término de los tres meses que celosamente protege la ley. Ese término se ha superado así sea por un día, lo que es suficiente jurídicamente.
    En la sentencia 38182 del 17 de mayo de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos, se abordó una situación similar y esta fue la posición de la sala laboral Corte suprema de justicia:
    Por otra parte, al haberse producido el despido de la trabajadora después de los tres meses posteriores al parto, el empleador no estaba obligado a obtener la autorización del inspector del trabajo que extraña el apelante, pues, para el momento de terminación del vínculo laboral, ya estaba vencido el término previsto en el artículo 240 del CST. Por tal razón, su omisión ninguna incidencia tiene para efectos de establecer los móviles del despido y no puede dar lugar a la declaratoria de la nulidad del despido, ni a las condenas solicitadas de manera principal a consecuencia de dicha declaración, como se solicita en la apelación. Como tampoco a la indemnización por despido en estado de lactancia sin la mencionada autorización, implorada subsidiariamente. Se confirmarán las absoluciones del a quo por estas pretensiones.
    Es evidente que transcurridos los tres meses a que se refiere el artículo 239 del código sustantivo del trabajo, no le es aplicable el mismo ni el artículo 240 que exige la autorización del ministerio del trabajo para despedir, de manera tal que la discusión se debe centrar en otros aspectos como la posible inexistencia de una causa justa para la terminación del contrato de trabajo.
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    lunes, 3 de febrero de 2014

    sábado, 19 de octubre de 2013

    me gustas-joan sebastian

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