domingo, 26 de octubre de 2014

Las propuestas para cambiar el agro.....

Las propuestas para cambiar el agro

Las propuestas para transformar el campo están sobre la mesa. ¿Qué tan viables son?
Cortesia: semana.com
 
Al superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, le tocará defender el proyecto de tierras en el Congreso, pues el ministro de Agricultura está impedido. El presidente de la SAC, Rafael Mejía, dice que el reto está en hacer productiva la tierra y eso pasa por unas reglas claras para la inversión privada. Pocas veces como ahora se habían visto propuestas tan concretas encaminadas a construir un nuevo modelo de desarrollo rural y una política agropecuaria de largo plazo.

El conjunto de medidas proviene de tres fuentes. Una, del proyecto de ley que está en el Congreso para poner a producir las zonas más apartadas del país. Dos, de la misión rural que plantea las estrategias que debe seguir el país para saldar la deuda histórica con el campo. Y tres, de la comisión de expertos que estudió la competitividad de la caficultura colombiana y pretende darle un giro al modelo que, por años, ha imperado en Colombia para este cultivo.

Sin duda, estas propuestas demuestran que el sector rural ha escalado en importancia en la discusión de los grandes temas nacionales, pero también que es hora de que la actividad agropecuaria retorne a la agenda de las políticas públicas. No solo porque hace parte del proceso de paz que se adelanta en La Habana y está llamada a jugar un papel importante en el posconflicto, sino porque se trata de un renglón económico que puede ser un importante motor de crecimiento.

El año pasado, el sector agropecuario aportó 6 por ciento al PIB del país y 17 por ciento a la generación de empleo formal. Es decir con un ‘estartazo’, que  muchos piensan hay que darle al campo, esta locomotora podría impulsar más la economía.

El potencial agroindustrial en Colombia es inmenso. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO- el mundo necesita incorporar 3,75 millones de nuevas hectáreas de ahora a 2030 si se quiere atender la mayor demanda de alimentos. Según la entidad, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada en solo siete países tropicales, entre los cuales está Colombia.

La triste realidad es que de los 22 millones de hectáreas consideradas aptas para el desarrollo agrícola y agroindustrial, Colombia solo está utilizando productivamente cerca del 24 por ciento. En contraste, países como Estados Unidos y la Unión Europea utilizan el 97 por ciento de sus tierras aptas para la agricultura.
Como dice el presidente de la SAC, Rafael Mejía, este sector en Colombia tiene mucho camino por recorrer en materia de crecimiento, diversificación de la oferta, productividad, competitividad y acceso a nuevos mercados.

Sin duda uno de los temas clave para alcanzar estos propósitos es incorporar nuevas tierras a la producción. El problema es que, por falta de reglas del juego claras, el desarrollo de  zonas como la Altillanura y en general la Orinoquia se ha frenado, con lo que se ha perdido una gran oportunidad.

Pues bien, después de muchos intentos fallidos, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley para tratar de destrabar el progreso de estas zonas.

La iniciativa crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico (Zidre), áreas geográficas aisladas de los centros urbanos más significativos donde la productividad es tan baja, que prácticamente hay una vaca por cada tres hectáreas.

Estas zonas demandan elevados costos de adaptación productiva. Aproximadamente se requieren 8 millones de pesos para adecuar una sola hectárea. Además, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos, y, por sus condiciones resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar.
De acuerdo con el proyecto de ley, dichas áreas serán definidas por la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (Upra) del Ministerio de Agricultura. La delimitación de cada zona y el plan de inversiones privadas y públicas para su desarrollo, deberán estar consignadas en un documento Conpes.

Los particulares podrán proponer para dichas zonas proyectos asociativos en el que vinculen a campesinos y el gobierno se compromete con estímulos especiales, como bienes públicos, esto es carreteras, distritos de riego, investigación, acceso al crédito, entre otros. La tierra necesaria para los proyectos podrá ser propia, arrendada, o entregada en concesión. Como gran novedad, en estas llamadas Zidre los baldíos no adjudicables, es decir que no llenan los requisitos para tal fin, se pueden entregar en concesión al proyecto empresarial por un periodo de tiempo determinado. Una vez finalice el contrato, los predios deben ser devueltos al Estado.

Estas personas pagarán una especie de canon de arrendamiento, recursos que harán parte del Fondo de Desarrollo Rural y Económico, que se crearía a partir de la aprobación de esta ley.

Si contados tres años a partir de la autorización  del ministerio para llevar a cabo el proyecto, la empresa asociativa no ha dado inicio en todo o en parte del área autorizada, esto será causal de extinción del derecho de dominio. En otras palabras deberán devolver la tierra.

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, a quien el gobierno designó para impulsar esta iniciativa –dado el impedimento del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri- señala que el gran propósito de esta ley es poner a producir la tierra. “No más lotes de engorde”. En este sentido, el gobierno quiere ir más allá. Si un particular tiene tierras en una Zidre -integradas a un proyecto en el que el Estado ha invertido en bienes públicos- y no está dispuesto a hacer parte del desarrollo propuesto, se acudirá a la figura de la expropiación por vía administrativa, pero ya no se pagará el predio según el avalúo comercial del mismo, sino por el catastral que es inferior.

El gobierno piensa que este proyecto de ley desbloqueará la inversión que por cerca de 6.000 millones de dólares se llegó a plantear para la Altillanura.

Pero aunque el proyecto ofrece hacia futuro un marco jurídico nuevo, no despeja el debate que se armó en el país sobre los baldíos transferidos a la propiedad privada a partir de 1994. Por lo visto, el gobierno no se piensa meter en ese espinoso tema, pues considera que para impulsar el agro colombiano antes que la propiedad, la productividad es el gran reto. El senador Jorge Enrique Robledo, uno de los parlamentarios más críticos sobre el tema de tierras, ya ha dicho que el proyecto en cuestión “no solo no apunta a cambiar el modelo agrario, sino que lo consolida, al legalizar las compras ilegales de tierra en la Altillanura y promover aún más su concentración”. Habrá que esperar para saber la suerte que corre este proyecto en el Congreso, y qué queda de las buenas intenciones.

viernes, 24 de octubre de 2014

Despido de empleada en lactancia un día después de cumplidos los tres meses que comprenden el fuero maternal no es ilegal.

Despido de empleada en lactancia un día después de cumplidos los tres meses que comprenden el fuero maternal no es ilegal.

Cortesia: Gerencia. com


Cuando el empleador despide a una empleada  que se encuentra en  lactancia  un día después de transcurrido el término a que se refiere el artículo 239 del código sustantivo del trabajo, que se conoce también como fuero maternal, no es ilegal, al menos no lo es por cuenta de una posible violación del artículo 239 o del 240 del código sustantivo del trabajo.
Aunque puede parecer sospechoso, un despido en estas circunstancias no se puede alegar ilegal, por cuanto es claro que ha ocurrido por fuera del término de los tres meses que celosamente protege la ley. Ese término se ha superado así sea por un día, lo que es suficiente jurídicamente.
En la sentencia 38182 del 17 de mayo de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos, se abordó una situación similar y esta fue la posición de la sala laboral Corte suprema de justicia:
Por otra parte, al haberse producido el despido de la trabajadora después de los tres meses posteriores al parto, el empleador no estaba obligado a obtener la autorización del inspector del trabajo que extraña el apelante, pues, para el momento de terminación del vínculo laboral, ya estaba vencido el término previsto en el artículo 240 del CST. Por tal razón, su omisión ninguna incidencia tiene para efectos de establecer los móviles del despido y no puede dar lugar a la declaratoria de la nulidad del despido, ni a las condenas solicitadas de manera principal a consecuencia de dicha declaración, como se solicita en la apelación. Como tampoco a la indemnización por despido en estado de lactancia sin la mencionada autorización, implorada subsidiariamente. Se confirmarán las absoluciones del a quo por estas pretensiones.
Es evidente que transcurridos los tres meses a que se refiere el artículo 239 del código sustantivo del trabajo, no le es aplicable el mismo ni el artículo 240 que exige la autorización del ministerio del trabajo para despedir, de manera tal que la discusión se debe centrar en otros aspectos como la posible inexistencia de una causa justa para la terminación del contrato de trabajo.
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lunes, 3 de febrero de 2014

sábado, 19 de octubre de 2013

me gustas-joan sebastian

http://youtu.be/78AhSHXcw6g

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domingo, 18 de noviembre de 2012

La Seguridad Alimentaria, una necesidad básica humana.......


* Articulo para Noticonalco 4 - Funssoberania Ong.


El concepto moderno de “Seguridad alimentaria” hace referencia a la disponibilidad de alimentos a través del abastecimiento oportuno, al acceso de los mismos por parte de todo ser humano para su subsistencia y al aprovechamiento biológico de los alimentos respetando los ciclos de desarrollo y producción. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida por sus siglas en inglés -FAO-, y la que facilita el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), consideran que la “Seguridad Alimentaria” existe cuando los seres humanos tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que garanticen las necesidades nutricionales y las preferencias culturales que garanticen una vida sana y activa.
La seguridad Alimentaria es un apéndice de la Soberanía Alimentaria, mientras esta es el derecho de los pueblos al acceso de alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, viables, producidos en forma sustentable y ecológica, con derecho a una política de estado a decidir su propio sistema alimentario y productivo, aquella reviste la ilusión efectiva de todo ser humano dentro de un mundo justo al acceso de los alimentos suficientes para una vida activa y saludable, que sin barreras, asegure la disponibilidad de alimentos adecuados y seguros, como el acceso a los mismos en forma sostenida y socialmente aceptable, garantizando el derecho mínimo a la subsistencia. 
Pese a los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, en Colombia emergen desde hace años graves amenazas que impiden que el ser humano, como necesidad básica tenga el derecho mínimo al alimento de subsistencia, por falta de una conciencia clara de quienes pueden proveer los alimentos como de una política de estado que impida el Deterioro del consumo, el agotamiento de las reservas alimentarias, el aumento de los precios de alimentos, el descenso de la producción per cápita de alimentos, la dimensión ecológica, el aumento de la dependencia de importaciones de alimentos y el cambio climático.
La clase política y la clase empresarial, son pieza fundamental en esta grave amenaza, ya que no toman conciencia de su deber frente a la seguridad alimentaria de un País como Colombia, mientras los primeros fomentan crisis que generan inflación, estos provocan el alza en los precios de los alimentos que generan desaceleración económica, el consecuente desempleo y el aumento de la pobreza.
La desnutrición es la evidencia de un país en detrimento con su política alimentaria, los seres humanos en riesgo permanente son los niños, los ancianos y los indígenas, según la FAO en Colombia, mueren de hambre 14 niños y 225 personas mayores de 65 años por cada cien mil habitantes.
La alternativa para conjurar esta grave problemática de la seguridad alimentaria, no es otra que una oportuna política de estado que proteja a los sectores más vulnerables, estimule la producción interna de alimentos y garantice el acceso de todos sus habitantes al derecho mínimo a alimentarse sana y adecuadamente, retornando a la alimentación tradicional donde se promueva la equidad económica y social de las regiones.
*Luis H. Monsalve D.
Presidente Funssoberania - ONG


https://www.facebook.com/notes/funssoberania-ong/la-seguridad-alimentaria-una-necesidad-b%C3%A1sica-humana/114888198673365

viernes, 9 de noviembre de 2012

Notas: el abogado....


“El Abogado es sacerdote liberal de la justicia que lucha por el bien social aunque sea a costa de su propia vida... Se habla del bien social y esto plantea la cuestión esencial de los Abogados. Porque hay vulgos ignaros, ¿Hay de ellos?, y algunos letrados también, creen que nuestro deber es el de ganar a todo trance el litigio que nos ha confiado, desentendiéndonos de todo lo demás.<> he oído decir muchas veces. Pero defender ¿a quién? Preguntamos. Y se me responde: <>.Tal concepto es bárbaro. Se nos confunde con los médicos. El médico debe asistir al que sufre, a todo el que sufre, sea quien sea. Pero nosotros no debemos defender <> sino <>. Pensando lo contrario se degrada nuestra profesión hasta los más abyectos extremos. Si un hombre dice <> ¿qué será ese hombre sino un cómplice por precio de todas las maldades humanas? ¿Cabe algo más despreciable?” Gustavo Gómez-Gustavo Ibáñez.

¿Las prórrogas de un contrato de trabajo inferior a un año se pueden hacer por un periodo superior al inicialmente pactado?


Cortesia: Gerencie.com
Nos cuestiona un lector de Gerencie.com si un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año se puede prorrogar por un término o periodo superior al inicialmente pactado.
A primera vista se podría decir que sí sin vacilación, pero si nos detenemos en la redacción del artículo 46 del código sustantivo del trabajo, en especial el numeral 2, la duda se hace presente. Veamos:
No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.
Como se puede observar con toda claridad en la parte de la norma transcrita  que hemos resaltado en negrilla, la ley sólo afirma que las prórrogas se realicen por un periodo igual o inferior, y no contempla que se pueda realizar por un periodo superior al pactado inicialmente.
Por ejemplo, si el contrato de trabajo se pactó con una duración de 6 meses, al aplicar la norma al pie de la letra, interpretada de forma taxativa, el contrato se  podría renovar por 6 o 4 meses, nunca por 7 meses.
Suponemos que la intención del legislador al introducir esta norma, fue proteger al trabajador de la inestabilidad que caracteriza un contrato con duración de meses, por lo que en nuestro criterio, sí se podría renovar el contrato por un tiempo superior, pues si bien la norma no lo contempla expresamente, tampoco lo prohíbe y tal decisión no afecta en nada los intereses del trabajador.
Consideramos que lo importante es que sólo las primeras tres renovaciones  o prórrogas tengan una duración inferior a un año (aunque nada impide que sea superior a un año como arriba se expone), de modo que, mientras la cuarta renovación  y siguientes tengan una duración de por lo menos un año, se está cumpliendo con el objetivo de la ley.

Temas para complementar o profundizar

Prescripción de deuda de servicios públicos, cuándo procede y su declaración oficiosa

 

Cortesia: Actualicse.com

No hay tiempo que no se cumpla ni plazo que no se venza”. La anterior frase aplica para todas las deudas económicas, incluyendo las de servicios públicos, sean prestados por entidades públicas o privadas. ¿Cuándo prescriben y cuándo la entidad debe decretarlas de oficio?

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que se caracteriza por emitir buenos conceptos jurídicos, ha expedido el Concepto 592 del 9 de septiembre de 2012, el cual trae varios aspectos relevantes sobre la prescripción. Veamos varias características traidas literalmente por su excelente claridad y redacción, agregando a dicho concepto algunos complementos de nuestra parte:

Prescripción en materia de servicios públicos domiciliarios

En relación con este tema es necesario señalar que la prescripción de las facturas es un modo de extinción de las obligaciones por el cual se extinguen las acciones y derechos ajenos por no ejercitar las mismas durante cierto lapso de tiempo.
“el cobro ejecutivo de las facturas conlleva el cobro de un título ejecutivo y no un título valor
En ese contexto, teniendo en cuenta que en el régimen de los servicios públicos domiciliarios, el cobro ejecutivo de las facturas conlleva el cobro de un título ejecutivo y no un título valor. Se predica respecto de dicho título la prescripción prevista para la acción ejecutiva que trata el Artículo 2536 del Código Civil, modificado por el Artículo 8 de la Ley 791/02, esto es, de (5) años, sin perjuicio que, vencido este término, se pueda hacer uso de acciones ordinarias cuya prescripción es de (10) años. (Ver editorial “Prescripción de los títulos valores y de los títulos ejecutivos)
Ello quiere decir que incluidos oportunamente los cobros dentro de la factura, la empresa podrá perseguir ejecutivamente el cobro de la misma hasta por cinco años y ordinariamente hasta por diez.
Ahora bien, sobre la facultad de cobro ejecutivo de las facturas de servicios públicos domiciliarios, la Corte Constitucional(3) ha precisado, dentro del contexto del Artículo 130 de la Ley 142/94 lo siguiente:
“(…) Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial”.
“Dice el inciso tercero del artículo 18 de la Ley 689/01:
(…) Esta norma fija unas reglas de competencia que se explican, así: las empresas de servicios públicos oficiales, mixtas o privadas sólo pueden cobrar ejecutivamente su cartera morosa a través de la jurisdicción ordinaria. Por contraste, las empresas industriales y comerciales del Estado tienen una alternativa para cobrar su cartera morosa: la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción coactiva, pudiendo a su arbitrio utilizar una u otra vía en la forma que mejor se ajuste a sus necesidades y posibilidades institucionales. Esta doble opción también se predica de los municipios cuando quiera que presten directamente servicios públicos domiciliarios, según voces de la Ley 136/94 en consonancia con el artículo 130 de la Ley 142/94. (…)”
En línea con lo anterior, las empresas industriales y comerciales del Estado, están facultades para adelantar directamente la totalidad del procedimiento de cobro de la cartera por jurisdicción coactiva, por lo tanto, pueden hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y aplicar el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario.
No obstante, en cuanto a si oficiosamente deben declarar la prescripción o el usuario debe alegarla dentro del proceso, esta Superintendencia no puede pronunciarse, por las razones anotadas al inicio de este documento. (Lo debe hacer de oficio) (paréntesis nuestro).
En todo caso, es importante recordar que aquellas empresas que pueden hacer uso de las facultades conferidas por el Artículo 130 de la Ley 142/94, esto es, ejercer la Jurisdicción Coactiva para el cobro de las obligaciones derivadas de los servicios públicos domiciliarios, deben seguir el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario por remisión del Artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, al igual que tener en cuenta el Artículo 817 del mismo estatuto, modificado por el Artículo 8 de la Ley 1066 de 2006, el cual señala:
Artículo 8. Modifíquese el inciso 2o del artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual queda así:
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte“.
En el mismo sentido el Consejo de Estado ha señalado que el funcionario ejecutor que advierta la prescripción de la acción de cobro en los procesos en los que se libró mandamiento de pago y decida continuar con el proceso de cobro coactivo, podría ser responsable por los perjuicios que con las actuaciones se generen al demandado y por los gastos y costos en que la administración incurrió, ya que es su deber decretar de oficio el archivo.

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