LEY DE VICTIMAS - DECRETO REGLAMENTARIO PENDIENTE DE APROBARSE.

Alistándose para la Ley de Víctimas.....

Gobierno ya tiene decreto reglamentario

Coresia: Redacción Política. El Espectador |28 Septiembre 2011

Foto Revista Semana

Acción Social y el Ministerio de Justicia ya tienen listo el borrador del decreto que reglamentará la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras —ley 1448 de 2011—.

Es un documento de 113 páginas que determina cómo debe llevarse a cabo el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de materializar el acceso de éstas a los derechos a la verdad, justicia y reparación.

Del decreto se desprende que todas las acciones que el Estado emprenda para reparar a las víctimas de la violencia tendrán un enfoque humanitario, por lo que serán acciones solidarias y no implicarán responsabilidad alguna en los actos delictivos por parte del Estado.

También queda plasmada la obligación de que todas las entidades estatales, a nivel nacional y regional, tendrán que trabajar en armonía y corresponsabilidad, lo que les exige compartir información y coordinar actividades conjuntas. Además, las entidades más pequeñas deberán ser subsidiadas por las más desarrolladas.

A su vez, el documento define los términos y acciones que quedaron plasmados en la ley. Por reparación simbólica entiende las acciones encaminadas a recuperar la memoria histórica y la dignidad de las víctimas a través de actos de repercusión pública. Se define desplazamiento masivo como el desalojo de más de 10 familias o de más de 50 personas. Y la prevención se contempla en tres niveles: temprana, urgente y garantía de no repetición.

De la misma forma el texto explica que las víctimas de desplazamiento forzado tendrán derecho al retorno a los lugares de donde fueron sacadas o a ser reubicadas en otras zonas. También incluye el compromiso del Estado para generar medidas de protección a los sujetos beneficiarios de la ley, mediante planes de contingencia y mapas de riesgo.

El Registro Único de Víctimas incluirá a miembros de la fuerza pública que hayan sufrido las consecuencias del conflicto armado y que tendrán acceso a las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, ya que la indemnización económica será conforme a su régimen especial.

La entidad encargada del registro de las víctimas será la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El registro se hará de manera gratuita y mediante un formato único. El Estado está en la obligación de investigar la veracidad de los hechos declarados por la víctima y las causales para negar el registro son: que lo hechos no sean producto del conflicto armado o que se considere que el declarante está faltando a la verdad sobre los hechos victimizantes.

Con este decreto el Gobierno empieza a prepararse para la implementación de una de las leyes más polémicas y sonadas de la historia reciente del país: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-302431-alistandose-ley-de-victimas

CONSULTA PREVIA - VICTIMAS EN LOS PROCESOS DE REPARACION.

En el marco de los talleres previos a las audiencias públicas legislativas, desarrollados en el año 2008, para la discusión sobre el proyecto de ley N. 157/07 presentado al Senado, uno de los temas más frecuentes y polémicos en las discusiones regionales, fue el tema de Consulta Previa. Siendo éste mecanismo, un derecho constitucional, donde las comunidades indígenas y afrodescendiente, consultan sobre los programas y proyectos que puedan afectar sus derechos y su dinámica cultural, social y económica como minorías étnicas, las víctimas expresan que ha sido recurrente en los procesos de reparación, aplicación de proyectos y políticas públicas en las regiones que dicho mecanismo no se utilice. Argumentan que en la mayoría de los casos, las propuestas no han sido socializadas debidamente en las comunidades o que los espacios dispuestos, se mantienen en un carácter informativo, desconociendo la participación y los intereses específicos que como etnias reclaman.

A esto se le suma que existe una irregularidad en la aplicación del  mencionado proceso, relacionado con las dificultades en el acceso a dichas poblaciones, censos desactualizados de las comunidades pertenecientes y sus asentamientos, convirtiéndose en un proceso representativo de algunos líderes y no obedeciendo a una deliberación ampliada al interior de los cabildos y los consejos comunitarios.

Dificultades que muestran la situación de estas poblaciones, por ejemplo, los EmberaKatio en regiones como Choco y Pasto, donde esta medida no reconoce y pasa por alto la organización y toma de decisiones por parte de sus autoridades ancestrales. No basta sólo con dar a conocer las medidas y beneficios con los cuales se intenta reparar los daños causados por el conflicto armado, sino que es necesario contar con el conocimiento y la relación que tienen las familias y habitantes con sus territorios a la hora de viabilizar procesos como: la restitución de tierras, los programas de vivienda o proyectos de seguridad alimentaria. En Sincelejo, denuncian la importancia del respeto e inclusión por la autodeterminación de las comunidades, siendo esta una posibilidad para diseñar un nuevo espacio de deliberación y de construcción de mecanismos para la toma de decisiones. Aquí se habla expresamente del desgaste moral y jurídico que estos procesos han dejado, la necesidad de devolverle un peso significativo a temas como lo anota Fabio Velásquez1, el pluralismo, el respeto a la diferencia, la construcción de consensos y la reivindicación de identidades específicas.

En consecuencia, la Consulta Previa tomada  en términos de la jurisprudencial de la Corte Constitucional es un derecho fundamental que proporciona a los colectivos étnicos la posibilidad de incidir sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten sus intereses a largo, mediano y corto plazo. Éste instrumento expresa entonces, una apuesta ético-política para la participación y el fortalecimiento de la democracia para la búsqueda del bienestar social. Lo que visibiliza la experiencia de los talleres previos a las audiencias públicas, es la necesidad de consolidar a las comunidades indígenas y afrodescendientes como sujetos de derechos fundamentales; actores sociales que velan por la operación de instancias de participación que garantice la cohesión de sus comunidades y de su identidad cultural.

Pensado como un espacio para un ejercicio de sensibilización, formación y discusión sobre el panorama de las víctimas, que pondrían en marcha propuestas concretas para una real reparación integral, afianzó los insumos jurídicos y políticos recogidos en las audiencias públicas, pero también dejó claros mensajes a la hora de pensarnos la experiencia participativa de las víctimas del conflicto armado: es necesario constituir una metodología eficiente, concertada y de amplio reconocimiento de las comunidades para la aplicación de dicha Consulta Previa, consolidando “Los mecanismos necesarios para mitigar, corregir, restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en el detrimento de la comunidad o de sus miembros”2

La Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales se ha pronunciado al respecto, y considera que esta medida es uno de los mínimos irrenunciables a la hora de consolidar este proyecto de ley. Sostiene que es una medida que no sólo es constitucional, sino que está amparada por los estándares internacionales, siendo su objetivo central, la atención de los pronunciamientos y  recomendaciones que las comunidades tienen acerca de la viabilidad del proyecto y consolidar la defensa de sus intereses. También consideran necesario diseñar una logística adecuada para dicha Consulta que garantice la formación y la difusión de éste mecanismo como iniciativa legislativa, una movilización social que sostenga su desarrollo y la validación de las organizaciones sociales como interlocutoras del proceso.

Entendiendo que el fortalecimiento de la participación en Colombia, ha tenido grandes retos y grandes dificultades para materializarse, perseguida por una historia de exclusión de grandes segmentos sociales, entre ellos las comunidades indígenas y afrodescendientes, las víctimas consideran que la Consulta Previa representa una oportunidad política para fortalecer los mecanismos democráticos de incidencia en políticas públicas y agendas regionales, así como un espacio de reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos.

1 Velázquez Fabio C. “Institucionalidad participativa en Colombia. Balances y retos” Foro Nacional por Colombia

2 SU 039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Cortesia: Lina Lisette Macías M.
Licenciada en ciencias sociales