Situaciones lamentables de la restitucion de tierras....

Los puntos suspensivos del caso Bellacruz

Fuente: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6065-los-puntos-suspensivos-del-caso-bellacruz

 

Mientras el Incoder decidió regresar el proceso agrario de recuperación de baldíos a como estaba en los años 90, los campesinos desplazados de la antigua hacienda en el sur del Cesar esperan el fallo de la Corte Constitucional.

La antigua Hacienda Bellacruz, desde 2008 Hacienda La Gloria, es uno de los procesos agrarios más complejos de país. Campesinos desplazados por paramilitares en los años 90 reclaman baldíos sobre un terreno donde se desarrolla un cultivo de palma. Foto suministrada.¿Qué va a pasar con los campesinos que fueron desplazados de la antigua hacienda Bellacruz y que reclaman tierras? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), de la Superintendencia de Notariado y Registro, del Ministerio de Defensa y de las Unidades de Víctimas y Restitución? ¿Cuál será el papel de la Hacienda La Gloria en la resolución de este conflicto agrario? Son asuntos que siguen en veremos.
Aunque el Incoder tomó dos decisiones recientes que retroceden el proceso agrario a los años 90, la Corte Constitucional es quien puede resolver una reclamación que ni el ejecutivo ni otras instancias de la rama judicial han logrado solucionar en 20 años. El Alto Tribunal estudia una tutela en la que 300 familias campesinas, organizadas en la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), exigen diligencia del Incoder para recuperar predios de origen baldío que hay dentro de la antigua hacienda.
VerdadAbierta.com consultó a los campesinos, el Incoder y el Grupo Empresarial La Gloria sobre si han pensado en la posibilidad de sentarse a conversar, llegar a un acuerdo y proponer soluciones para no dilatar más un conflicto que ha pasado por juzgados, tribunales y altos tribunales. Pero los campesinos aclaran que su reclamación no es contra los empresarios sino el Estado y que están dispuestos a llegar a un acuerdo. La empresa dijo que no se pronunciaría de momento al respecto, y el Incoder sostiene que su responsabilidad está en lo administrativo.
Así las cosas lo que decida la Corte sentará una jurisprudencia que ayude a resolver no solo este conflicto agrario, sino otros como los del Magdalena Medio. También dará luces para aterrizar el acuerdo sobre Política de Desarrollo Agrario Integral, de las negociaciones de paz en La Habana, que propone reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza, “donde se garanticen derechos y faciliten la reconciliación”.

Cuál es la historia

El conflicto de la Bellacruz es un entramado de hectáreas, violencia y decisiones incoherentes. La antigua hacienda, en sur del Cesar, se componía de más de 9 mil hectáreas y eran explotadas por la familia Marulanda. A finales de los años 80, campesinos venidos de distintas regiones le exigieron al antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que hiciera un estudio de baldíos en la hacienda, al considerar que dentro de ella había tierras del Estado que les podían ser tituladas.
El Incora en 1990 accedió a realizar dicho estudio y lo concretó en 1994, concluyendo que la familia Marulanda no pudo acreditar propiedad privada sobre siete predios llamados así: Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel. Los campesinos le pidieron al Incora que les titulara dichas tierras pero el Instituto prefirió comprarle a los Marulanda otros siete predios de los que la familia sí tenía títulos: Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena.

Las trampas de Bellacruz

El Incora parceló estos últimos para entregárselos a los campesinos pero cuando iba a comenzar la titulación, el 14 de febrero de 1996, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc desplazaron a la comunidad. En Justicia y Paz, varios desmovilizados le confesaron a la Fiscalía que fueron contratados por los Marulanda para evitar que los campesinos se instalaran en las tierras.
Los paramilitares se desmovilizaron en 2006. En diez años, los siete predios (Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena) no fueron ocupados por los campesinos originales porque estaban desplazados, sino por otras familias, unas nuevas adjudicadas por el Incora o por nuevos ocupantes venidos de otras regiones. En 2008, la familia Marulanda le vendió 5.500 hectáreas, entre las que estaban los otros siete predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, a un grupo empresarial que ahora se llama La Gloria.

Tierra prometida en la Bellacruz

La postura de los campesinos originales que están organizados en Asocol es que difícilmente pueden reclamar los predios en los que iban a ser titulados porque allí ya viven otras familias. Por eso insisten en que el Incoder recupere los otros siete predios de los que la familia Marulanda no pudo acreditar títulos. El problema es que el Grupo Empresarial La Gloria los tiene sembrados con palma de aceite, argumentando que ellos les compraron las tierras a los Marulanda bajo regla pues estos acreditaron escrituras y folios de instrumentos públicos como propiedad privada.

Los enredos del Incora y el Incoder

Los campesinos que fueron desplazados en 1996 por paramilitares en cabeza de alias ‘Juancho Prada’ reclaman por lo menos mil hectáreas de baldíos contenidos, según las resoluciones del antiguo Incora, en la actual hacienda La Gloria. Foto suministrada campesinos Asocol.El conflicto por la tierra ha sido atizado por el mismo instituto de tierras. Primero, porque en 1994 el Incora no terminó de resolver la situación de los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, y decidió comprar los otros siete predios privados.
Fue sólo 17 años después, que el Incoder decidió tomar cartas en el asunto. En 2011 emitió dos resoluciones para reanudar el proceso de clarificación de baldíos de los años 90, encontrando que 1.200 hectáreas tenían esta característica y que sólo dos predios, María Isidra y San Miguel, no podían ser identificados por la inundación de la ciénaga La Cienaguita. En 2013, el Incoder continuó con el trámite, emitiendo otras dos resoluciones para recuperar materialmente las 1.200 hectáreas.

En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse

Cuando los campesinos creían que estaban a punto de ganar la batalla jurídica, el Grupo Empresarial solicitó al Consejo de Estado revisar la decisión de Incoder y la recuperación quedó frenada. En marzo de 2014 el Incoder le pidió a la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica (Cesar) inscribir en el folio de matrícula la decisión de recuperación de baldíos, pero dicha Oficina y el Superintendente de Notariado se negaron a hacerlo, argumentando que existía un proceso en curso en el Consejo de Estado y que en el registro no existía claridad de que las 1.200 hectáreas fueran de origen baldío.
La situación se complejizó más en 2015. En febrero el Subgerente de Tierras, Carlos Ignacio Carmona, dejó sin piso jurídico las resoluciones de 1990 y 1994 con las que el Incora comenzó el proceso de clarificación e identificación de los baldíos.

Incoder dilata recuperación de baldíos en La Bellacruz

Mientras el Incoder seguía dando pasos hacia atrás en el proceso, el caso era estudiado por la Corte Constitucional que ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades: una vez otorgando medidas de protección a la comunidad campesina y otra, respondiéndole varias inquietudes al Grupo Empresarial, que con sus abogados decidió entutelar al Alto Tribunal. (Lea: Una victoria para los campesinos de La Bellacruz y Yo tutelo, él tutela, ellos tutelan… el caso Bellacruz)
Por su parte, el Subgerente de Tierras siguió tomando decisiones. El 14 de octubre dejó sin piso jurídico las cuatro resoluciones que el Incoder había proferido en 2011 y 2013 para recuperar los siete predios de origen baldío. El 26 de octubre complementó dicha postura, indicando que el proceso de clarificación de baldíos debía comenzar de ceros, es decir, que el caso vuelve en el papel a como estaba en el año 1990

Decisión del 14 de octubre del Incoder
Decisión del 26 de octubre del Incoder

El principal argumento del Subgerente de Tierras para echar para atrás todas las resoluciones es que ninguno de los siete predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, identificados en el año 94, quedaron registrados en el folio de matrícula, y en ese sentido, las tierras “siguen siendo parte del dominio privado”. El funcionario indicó que el Incora de la época no pudo hacer dicho registro porque una sentencia del Consejo de Estado de 1985 se lo impedía, pues este era un trámite que debía pasar por los ojos de un juez.
Lo que no explicó el Subgerente en ninguna de las decisiones recientes es que los funcionarios del Incora tuvieron serias dificultades para cumplir con su labor, producto de la violencia desatada por los paramilitares en 1996. Así lo advierte un informe presentado en 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que documentó que en abril de ese año el grupo paramilitar atacó a varios funcionarios del Incora que intentaban ingresar a la finca para realizar las diligencias de medición de los lotes.
“Así la decisión judicial de adjudicación de tierras, y los intentos de los funcionarios del Incora quedaron en letra muerta. La responsabilidad de las autoridades por no asegurar la protección física de los desplazados, la imposibilidad de llevar a cabo la investigación judicial sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que se habrían cometido, y la paralización de las adjudicaciones de títulos de propiedad, son desafíos que el Gobierno no puede dejar en la impunidad”, reitera el informe de la Cidh.

Lea el informe aquí

El Subgerente de Tierras insiste en que el proceso de clarificación de baldíos debe comenzar porque hay un vacío jurídico y porque además el predio cambió mucho en 25 años. “Antes de participar o no de un acuerdo entre las partes (campesinos y empresa) es determinar si en ese predio (la hacienda) hay o no bienes baldíos. En todos estos veinte años eso se manejó muy mal desde el punto de vista probatorio”, le dijo Carmona a VerdadAbierta.com. Según el funcionario, si las partes cooperan el estudio no tardaría más de un año y contará con la veeduría de una “agencia especial” de la Procuraduría, un funcionario que delegue este organismo del Ministerio Público.
Fredy Rodríguez, representante legal de Asocol, explicó que acatarán la decisión de la Corte Constitucional, indicando que “los campesinos no tenemos nada en contra de la empresa, no es que queramos quitarle la tierra a Efromovich (Germán Efromovich, principal accionista del Grupo Empresarial La Gloria). Nuestra reclamación es ante el Estado, que nos ha fallado, que lleva años sin darnos una solución”.
Aunque la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contempla que comunidades como la de la Bellacruz puedan reclamar los predios abandonados o despojados por violencia, la Unidad de Restitución no ha documentado el caso porque no ha “microfocalizado” este municipio, es decir, no tiene vía libre del Ministerio de Defensa para documentar casos en la zona. A mediados de octubre la Corte Constitucional le exigió a dicho Ministerio un informe sobre las condiciones de seguridad de esta región.
VerdadAbierta.com le preguntó a Diana Marín, apoderada legal del Grupo Empresarial Hacienda La Gloria, si estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con los campesinos, pero la abogada respondió que por el momento la compañía no se pronunciará.
El caso sigue en puntos suspensivos. Por un lado, el Incoder sigue tomando decisiones que retroceden el caso agrario; por otro, el Consejo de Estado estudia la solicitud de la empresa, y al tiempo, la Corte Constitucional está próxima a fallar sobre la reclamación de los campesinos.

Prenden alarmas por mafias que buscan sacar provecho de la nueva ley.

 

Cortesia: Eltiempo.com

Desde mediados de agosto, por varios sectores de Valledupar empezaron a circular volantes que ofrecen  'combos' para la reparación de víctimas de la violencia: "Amigo desplazado: si Acción Social no le ha entregado la certificación de desplazado, no le ha dado ayuda humanitaria, si no ha reclamado reparación administrativa, no ha reclamado indemnización judicial o fue despojado, venga, nosotros le ayudamos".

Y en Aguachica (Cesar), la oferta es de 20 mil pesos por la compra del 'formulario de restitución' y su supuesto trámite ante el Ministerio de Agricultura.

Mensajes como estos tienen prendidas las alarmas de las instituciones encargadas de la implementación de la Ley de Víctimas por el brote de nuevas mafias de abogados que desde ya buscan sacar provecho de la recién sancionada legislación. Incluso, para contrarrestar la campaña de los inescrupulosos, el Ministerio de Agricultura lanzó mas 12 mil volantes informativos en todo el país.

Miguel Samper, director de la oficina de justicia transicional del Ministerio del Interior, denunció que ni existen formularios de restitución, ni las víctimas tienen que pagar por ningún tipo de trámite.

"Están circulando poderes y documentos en donde las víctimas se comprometen a entregar una plata a cambio de su acceso a la Ley de Víctimas. Les piden porcentajes hasta del 49 por ciento para cobrar la reparación administrativa", aseguró el funcionario, quien explicó que se tienen casos registrados en Antioquia, Valle, Cesar y Norte de Santander.

El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, viene alertando por el surgimiento de estas mafias y ha recalcado que existen sanciones penales que van desde los 8 a 12 años a los "avivatos" y "falsas víctimas" que se aprovechen de los procesos de reparación y restitución de tierras del Estado.

Restrepo también ha reiterado que para la restitución existen 12 oficinas del Proyecto Protección de Tierras en todo el país para que las víctimas pongan en conocimiento sus casos.

"Se recibirán los documentos aportados, sin que ello implique el comienzo del proceso respectivo, toda vez que formalmente se iniciará a partir del 1 de enero de 2012, momento en el cual estará operando toda la institucionalidad creada por la Ley", dijo el Ministro.

No es la primera vez que los avivatos intentan sacarle provecho al drama de las víctimas. Lo mismo pasó cuando empezó el proceso de reparación administrativa y cuando Justicia y Paz empezó a acreditar a las víctimas de los 'paras'. Incluso, varios abogados inescrupulosos terminaron presos.

Buscan niños herederos de tierras.

El Ministerio de Agricultura lanzó una campaña para encontrar a menores que fueron despojados de sus tierras. La iniciativa del Gobierno busca  que si los menores quedaron huérfanos por cuenta de la violencia o no tienen noticias de sus padres se acerquen directamente a reclamar.

Incluso, se tiene preparado un plan para recibir a niños mayores de 12 años en las sedes del Ministerio de Agricultura en todo el país para que con la declaración del menor se inicie un proceso de investigación que lleve a la restitución de los predios.

Cómo acceder a la Ley de Víctimas:

-No deben registrarse las víctimas que estén en los registros de Acción Social de desplazados y de indemnizaciones administrativas. Tampoco los que estén acreditados como tal en Justicia y Paz.

-Si se le violentaron sus derechos desde 1.985 y está pidiendo restitución de tierras por despojo desde 1.991.

-Debe acceder a Registro Único de Víctimas a través de Personerías y Defensorías a partir de enero del 2012.

-A partir de la fecha las víctimas tienen cuatro años para llevar su caso ante estos entes.

-El Estado se encargará de estudiar los casos y buscar a las víctimas para repararlas. 

Serán 10 años en la implementación.

Para la restitución de tierras, el Proyecto de Ley Cifra 60 mil derechos de petición Llegaron a Acción Social después de sancionada la Ley y 1.500 al Ministerio del Interior. En ellos, las víctimas piden información sobre cómo acceder a la Ley de Víctimas.

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - INCODER: el otro collar de perlas finas .

Una secuencia de crímenes más graves que las chuzadas del DAS o que los subsidios de Agro Ingreso Seguro recorrió los campos de Colombia en los últimos años. Estos fueron los hechos.  Cortesia: Rodrigo Hurtado - razonpublica.com  Un "affaire"  menos ruidoso Al ex presidente Álvaro Uribe se le acusa de usar el DAS como una ‘empresa criminal' para perseguir a sus opositores, amedrentar a los jueces que investigaban a sus aliados políticos y seguir a la prensa que publicaba denuncias de corrupción en su gobierno[1]. Muchos de los funcionarios operativos ya han confesado sus delitos y la Comisión de Acusaciones de la Cámara le inició un proceso de oficio al propio Uribe. Pero a la sombra del legado uribista -y sin la atención que han tenido el espionaje del DAS, los falsos positivos o los subsidios de Agro Ingreso Seguro- está la breve y oscura historia del Instituto Colombiano para el Desarrollo Agrario (INCODER). Una historia que  podría enredar a Uribe y algunos de sus más cercanos colaboradores en actos de corrupción y hasta en delitos de lesa humanidad. Nace un "instituto" nuevo El INCODER es ‘hijo' de la administración Uribe. En medio del ánimo reformista que  caracterizó su primer año, el gobierno fusionó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT),  el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA. Unos 800 funcionarios asumieron las funciones de 4.000 y una oficina del flamante INCODER reemplazó a 50 regionales. En 2004 el gobierno decidió concentrar también las actividades de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica, UMATA, en el naciente organismo. "Que en vez de estos cuerpecitos burocráticos débiles, se conformen verdaderos grupos de banca en cuanto a inversión rural", prometió el  entonces Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano[2]. Pero Cano se fue como codirector del Banco de La República y en su reemplazo asumió el novel economista, Andrés Felipe Arias Leyva: viceministro desde 2004 y titular de la cartera entre 2005 y 2009, cuando renunció para aspirar a la presidencia. Los directores Durante el primer gobierno del presidente Uribe cuatro personas fueron designadas para la dirección del INCODER, a saber: Entre junio de 2003 y julio de 2005- Arturo Enrique Vega Varón, zootecnista y técnico de carrera en el Ministerio y en el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA); Entre agosto de 2005 y abril de 2006- Luis Ortiz López, economista oriundo de Guamal (Magdalena). Entre abril y agosto de 2006 estuvieron en calidad de encargados Juan Luis Toro, subgerente de la entidad y Marcela Urueña, directora de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura. Durante los cuatro años del segundo gobierno el Director fue Rodolfo Campo Soto, exalcalde de Valledupar en dos oportunidades. En ese cargo nombró a Jorge 40, inspector de pesos y medidas del municipio. La Procuraduría le elevó pliego de cargos por el caso de Agro Ingreso Seguro. El trino de Jorge 40 en Palermo En febrero de 2000 "un grupo comandado por alias Esteban cometió la masacre de Trojas de Cataca en la que fueron asesinadas 11 personas[i]. En noviembre de ese año, otras 40 personas cayeron a manos de los paramilitares en el corregimiento de Nueva Venecia. Así se tomaron los "paras" el poder en Sitio Nuevo, Magdalena, y comenzó el éxodo de cientos de familias campesinas que abandonaron sus tierras por miedo. En ese contexto llegó al poder Trino Luna, terrateniente de El Banco, hermano de Juan Carlos, alias 'El Cóndor', comandante paramilitar en el sur del departamento, y  candidato único a la Gobernación del Magdalena en las elecciones de 2001. Entre sus principales proyectos para crear empleo y reactivar la alicaída economía del departamento estaba la construcción de un puerto carbonífero en pleno Parque Natural Isla de Salamanca, protegido por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (conocida como la Convención Ramsar) y ubicado en tierras que antes habían pertenecido a los desplazados de Sitio Nuevo. Luna pidió cien hectáreas para desarrollar el puerto y el INCODER, aduciendo que se trataba de baldíos y pese a las impugnaciones de habitantes de la región, decidió adjudicárselas. Algunos costeños se alarmaron. Un sociólogo barranquillero, Alfredo Correa de Andréis, se interesó en el caso y preparaba  un estudio ambiental y social sobre el impacto del Puerto Multipropósito de Palermo cuando fue asesinado por sicarios en  Septiembre del 2004. Por esos días, El Tiempo denunció que  las obras en Palermo habían empezado sin licencia ambiental[ii]. Un año después, el proyecto fue respaldado públicamente por el presidente Uribe y, en secreto, por el paramilitar Jorge 40 según evidencian documentos incautados por la justicia. Semana cuenta que el proyecto es descrito en la libreta de alias 'Don Antonio', lugarteniente del extraditado jefe del Bloque Norte, con una nota urgente: "Llamar a Trino"[iii]. El hecho es que para 2006, amparada en una concesión de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la firma Palermo Sociedad Portuaria S.A. comenzó a exportar coque, un derivado del carbón. La semana pasada Jorge 40 fue condenado a 47 años de prisión -que no pagará en Colombia- y Trino Luna está libre luego de pagar dos años y medio de prisión. De los alcaldes de Sitio Nuevo durante esta época, uno está muerto y los otros dos condenados por nexos con paramilitares. La adjudicación de las cien hectáreas fue reversada por la Procuraduría, pero las tierras aún no han sido devueltas a sus legítimos dueños. Instituto Colombiano de Desarrollo Agropecuario... ¿O Minero? Una ola de terror antecedió al nuevo auge de la minería en el Cesar. Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario' confesó en Justicia y Paz que Hugues Rodríguez Fuentes (alias Barbie), un rico hacendado amigo de Jorge 40, dio la orden y los recursos para perpetrar asesinatos selectivos, masacres y  desplazamientos masivos en Chiriguana y La Jagua de Ibirico. "Todo esto se hace por el carbón. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos", confesó el paramilitar[iv]. Barbie, quien ya tenía unas 8 mil hectáreas de la mina de carbón El Descanso, quiso más: con amenazas obligó a 55 familias a firmar pagarés que tenían como garantía las 1.593 hectáreas donde vivían. Luego fue al juzgado Primero Civil de Valledupar, alegando incumplimiento y pidiendo la entrega de la tierra. La operación la legalizaba el representante de INCODER en la zona, Carlos Reyes Jiménez. Reyes fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría. El ente disciplinario lo sindicó de asociarse con los paras, participar en el desplazamiento forzado de campesinos y adjudicar tierras a los paramilitares. La Fiscalía comprobó que en El Prado, un corregimiento de La Jagua, el INCODER le traspasó cinco parcelas de desplazados a la mano derecha de ‘Jorge 40' y que Barbie  logró legalizar los territorios arrebatados. Unos y otros encontraron ávidos comparadores.  Hoy las mineras Drummond y Prodeco explotan allí una de las minas a cielo abierto más grandes de América. En 2008, cuando Drummond quiso expandir su mina unas 2.300 hectáreas, se encontró un palmicultor y cacaotero que quiso vender caras sus tierras. No era cualquier inversionista: era Rodolfo Campo Soto[v], gerente del Incoder en el segundo gobierno de Uribe y quien no tuvo problema en ser juez y parte de la negociación hasta que la periodista Martha Soto develó el asunto en El Tiempo. A Campo lo terminó expropiando el Gobierno en julio de 2008. El famoso Barbie hoy está libre en Estados Unidos, pese a tener en Colombia una condena por el asesinato de la juez Marilys Hinojosa. Aparte de hacendado y paramilitar, Barbie resulto lavador de activos y apostó su fortuna en una negociación con la justicia de ese país. Las tierras que se robó ya nunca podrán ser devueltas a sus legítimos dueños. Las Fiscalía investiga por estos crímenes a los funcionarios del INCODER Enrique Herrera Araujo, asesor de la gerencia,  Jairo Mesa Guerra, subgerente de promoción y Alfonso Vidal Baute, director territorial. ¿Al servicio de quién? Después de su "desmovilización", los paramilitares usaron algo más que la violencia para quedarse con las tierras usurpadas.  El 5 de diciembre  de 2005, el Ministro Arias Leyva firmó el decreto 4488 por medio del cual se crea el "programa especial de adquisición y adjudicación de tierras en favor de las personas reincorporadas que se hayan desmovilizado en forma individual o colectiva, en el marco del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional"[vi]. El decreto les da prelación sobre las víctimas a la hora de adjudicar las tierras y encarga al INCODER de establecer criterios y procedimientos para elegir a los beneficiarios. Un caso ilustrativo de cómo funcionó esta política es la historia de las entregas masivas de tierras en Meta y Vichada.   - El 12 de abril  de 2006 el presidente Uribe entregó en Puerto López 1.876 hectáreas a supuestos campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Investigaciones de la prensa revelaron unos meses después que entre los beneficiados había investigados por narcotráfico, terrorismo, invasión de tierras y porte ilegal de municiones. - Poco más tarde se repitió el caso en las llanuras del Vichada. El INCODER entregó más de 38.000 hectáreas a socios, familiares y amigos políticos de Habib Merheg, congresista preso por sus relaciones con Macaco, jefe del Bloque Central Bolívar. Los beneficiarios de adjudicaciones irregulares por parte del INCODER resultaron venir desde lejos, de Risaralda, el terruño común de Mergheb y Macaco. Colombia viva En medio de los escándalos de ese tormentoso 2006, el gobierno anuncia la salida del gerente, Luis Ortiz López.  El Ministro lo acusó de pelechar[3] con Ómar de Jesús Quessep Feria, subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad, y quién fue acusado por el senador Javier Cáceres de pedir plata para adjudicar predios. En una grabación -base de la destitución que la Procuraduría ratificó el pasado 13 de octubre - Quessep agrega: "el Incoder se lo entregó Uribe a Colombia Viva... los del grupo se reunieron con el doctor Arias  y nombraron subgerentes... yo estoy por el senador Jairo Merlano", quien posteriormente pasaría al Partido de la U. Su jefe, Ortiz López, lo ratificó en entrevista con El Tiempo. "El Incoder se lo habían entregado a Colombia Viva. Había unas cuotas aprobadas por el Ministro: Carlos Polo, subgerente de Infrestructura, del senador Luis Vives; José Bettin, subgerente del Desarrollo Productivo, del senador Miguel de la Espriella; Doris Navarro, jefa de la Oficina Jurídica, del senador Dieb Malof. Todos me dijeron que esos eran los nombramientos acordados con el Ministro y él me dijo que sí", confesó. Nadie lo ha desmentido. Nadie ha desmentido tampoco la descripción que de este movimiento nos da la wikipedia: "El Movimiento Colombia Viva es un partido político colombiano, fundado en 2003 y formado por 10 senadores. En el año 2006 forma parte de la coalición uribista con 2 curules en el senado. El presidente del partido era Dieb Maloof, ex-senador de ascendencia árabe y bajo sospecha de concierto para delinquir hoy se encuentra preso por el escándalo de la parapolítica. Actualmente la mayoría de sus dirigentes se encuentran bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por vínculos con grupos terroristas y la mayoría de ellos se encuentran detenidos"[4] Se pudrió el manzano El patrón de funcionarios del INCODER que se prestaron a la usurpación de tierras se repite por todo el país: - En Tumaco, el INCODER les entregó a las compañías Palmeiras S.A. y Palmas Oleaginosas Salamanca 800 hectáreas pertenecientes al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.  - En Urabá, Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma son acusadas de quedarse con tierras de comunidades negras en asocio con el bloque Élmer Cárdenas. - En Puerto Gaitán, la finca La Campana, habitada desde hace más de 70 años por indígenas de la etnia Sikuani, la entregó el INCODER a  tres particulares. - En Puerto Carreño la empresa Ercaucho se quedó con territorios ancestrales de la comunidad Merey. - En Valencia, Córdoba, 33 familias desplazadas perdieron el predio Usaquén. - En  Turbo el INCODER le adjudicó a Guido Manuel Vargas López, el hombre que le legalizaba los despojos a Salvatore Mancuso,  las 45 hectáreas de las que huyeron 18 familias campesinas. - En Chivolo, Magdalena, terrenos robados por los paras, fueron entregados por Jorge 40 para la reparación a las víctimas y al cabo de los años terminaron en manos de testaferros suyos porque el gerente regional del INCODER les canceló las adjudicaciones a 37 familias alegando abandono de tierra. Todo esto sin contar el famoso caso de Carimagua o la entrega de predios inútiles, minados, en áreas de reserva forestal o en contravía con lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial a campesinos pobres, que como lo confirmó Enrique Herrera, asesor del INCODER, fueron adquiridos de manera irregular entre el 2004 y 2006[vii]. A esta altura 154 funcionarios de la entidad, entre ellos jefes de las oficinas de enlace territorial en Magdalena, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Tolima, Cundinamarca, Valle, Boyacá, Meta, Cesar, Caldas, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca tienen investigaciones por entregas irregulares de tierras. Entre 2006 y 2010, el INCODER  destituyó a 34 funcionarios por corrupción. El nuevo gobierno reconoce la hidra en que quedó convertida la joven criatura. El Ministro Juan Camilo Restrepo anunció la revocatoria de 300 resoluciones del Instituto  y explicó que  "hubo mucha infiltración, casi cooptación de abogados y gentes muy cercanas al paramilitarismo que le pedían al Instituto que reasignara las parcelas a las fichas que postulaban"[5]. Claro: pueden ser unas manzanas podridas, pero ahora que el ex presidente y ex el ministro son protagonistas  de las noticias judiciales y opositores de la restitución de tierras a las víctimas, valdría la pena que explicaran si estos episodios están conectados entre sí o son apenas una macabra coincidencia. Notas de pie de página [1] http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=854616 [2] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1522849 [3] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1941677 [4] http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Colombia_Viva [5] http://www.dinero.com/actualidad/economia/comenzo-proceso-devolucion-tierras_78596.aspx [i] http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/extraditados/1437-capturado-miguel-parejo-alcalde-de-sitionuevo-magdalena [ii] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7867729 [iii] http://www.verdadabierta.com/parapolitica/costa-caribe/357-qjorge-40q-salpica-a-trino-luna [iv] http://www.elpilon.com.co/inicio/cti-captura-a-alias-%E2%80%9Cel-llanero%E2%80%9D-senalado-de-desplazamiento-forzado/ [v] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3074806 [vi] http://www.vertice.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=z03IITm9-a0%3D&tabid=70&mid=427 [vii] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4879312 Cortesia: Razonpublica.com.

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - DESPOJO DE LA TIERRA Y LA LEY VICTIMAS.

TESTIMONIO: Gabriel Pulido es un desplazado de Mampuján. Esta es su historia de desplazamiento y esperanza. Él representa a millones de colombianos que sueñan con volver, sin miedo, a donde nacieron.

El despojo

Gabriel Pulido salió de su casa, con la cabeza gacha, un morral en su espalda con la poca ropa que pudo recoger y en compañía de sus padres y tres hermanos. Corría el año 2000 y él tenía 24 años.

Entonces pensaba que la salida del corregimiento que lo vio nacer sería temporal. Ya han pasado más de 10 años. Era de madrugada, cuando su familia, con otras 244, se vio obligada a abandonar la región.

Un grupo de las autodefensas comandado por Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’, había llegado la noche anterior, el 10 de marzo, a Mampuján, un corregimiento de María La Baja (Bolívar). En la cancha de fútbol reunieron a todos los habitantes del corregimiento y las veredas aledañas y les ordenaron abandonar el pueblo, de lo contrario, “los matarían como perros”.

Gabriel, quien se encontraba jugando fútbol con otros lugareños, fue testigo de las órdenes.

“Yo todavía no entiendo por qué tuvimos que abandonar nuestra tierra –dice Pulido–. Fue algo que nunca debió ocurrir”.

Casi 1.500 personas tuvieron que buscar refugio en la plaza municipal de María La Baja, a tres horas a pie del corregimiento.

Mampuján era un corredor estratégico para las autodefensas, pues por ahí se accede a los Montes de María, zona en la que el frente 35 de las Farc se había asentado.

Por esta razón, las autodefensas llegaron atropellando e intimidando a la población. El día en que Gabriel huyó con su familia, Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, ordenó degollar a 11 personas en la vereda Las Brisas, con el argumento de que supuestamente auxiliaban a la guerrilla.

A raíz de la masacre, toda la región quedó desolada. A los pobladores la vida les cambió de repente y por completo. Atrás quedaron los días en los que Mampuján celebraba sus fiestas patronales, contrataba grupos vallenatos y se armaba el fandango. Por esos días los muchachos se reunían a jugar fútbol y aunque eran largas las distancias entre las familias, la comunidad se esforzaba por mantenerse unida.

El sueño de casarse con Dennis Vega, una joven de la región, se tuvo que posponer. El dinero ahorrado para la boda lo gastó en el comienzo de su nueva vida. Gabriel recuerda esa época como “los días en que desapareció el canto del mochuelo, comenzaron el silbido de las balas y el llanto de las viudas y los niños”. (El mochuelo es el pájaro del vallenato aquel… “en enero Joche se cogió un mochuelo en las Montañas de María”).


La “nueva vida”


En María La Baja, la familia Pulido intentó reconstruir su vida. Los pobladores, al comienzo, los recibieron con agrado. Pero al cabo de un tiempo los nuevos habitantes del casco urbano eran vistos con recelo. La expresión “por algo les tocó huir” se volvió comidilla en el pueblo, mientras las necesidades de saneamiento y alimentación estaban a la orden del día.

No obstante el desarraigo, los desplazados, al cabo de un mes, intentaron volver a cultivar sus tierras. “Jornaleábamos por la mañana y nos devolvíamos por la tarde”, recuerda Gabriel, cuya única aspiración era labrar la tierra.

Según él, los ‘paras’ permitían que los campesinos volvieran a sus cultivos de ñame, yuca, plátano, ente otros. Pero la forma de relacionarse entre los vecinos, los hábitos y la forma de producción no eran iguales. El miedo cundía.

“Antes podíamos guardar las cosechas y programar la producción. Pero como las fincas quedaban lejos, la situación se volvió caótica”, dice con acento caribe y un dejo de nostalgia.

Al cabo de unos meses, su papá, Julio Manuel Pulido, se decidió a vender sus nueve hectáreas de tierra, pues la situación era insostenible. Hubo quienes perdieron vacas, gallinas, cerdos, entre otros animales que hacían parte de su patrimonio familiar.

Muchos de los que vendieron dejaron de ser propietarios y pasaron a ser jornaleros. Algunos otros se fueron para las ciudades en busca de mejor futuro.

En medio de la adversidad, sin embargo, no faltó el ángel de la guarda. El cura Salvador Mura, un sacerdote católico, se apersonó de la situación e los desplazados y se convirtió en la cara cristiana de la situación.

Junto a otros pobladores organizó “desplazatones” en las que invitó a los habitantes de los corregimientos aledaños a hacer su aporte para los nuevos “vecinos”. Así recogía plátanos, yucas, frutas y alimentos no perecederos, entre otros, para repartir entre las familias de desplazados.

Mura también ayudó a algunos desplazados a construir un techo, entre ellos a la familia Pulido. No obstante, la sensación de extrañeza, de estar fuera del “hogar”, nunca se fue.

En el proceso de reconstrucción de su tejido social también ha participado la Mapp OEA y organizaciones sociales interesadas en que la población reciba la debida atención.

Desde hace casi siete años, Gabriel, que hoy tiene 34 y sólo alcanzó a estudiar hasta tercero de primaria, se convirtió en líder de las víctimas de Mampuján. “Yo no quería esto, porque yo fui criado para trabajar la tierra y tener una familia. Eso es con lo que todo joven de mi región sueña”, asegura.

Sin embargo, le tocó volverse una especie de “intermediario” entre los campesinos de la región y los despachos, para poder explicarles a los primeros las leyes de víctimas y de reparación propuestas por el Gobierno, y los vericuetos y decisiones judiciales. “Cuando a uno se le enreda la vida en esto, no hay tiempo para otras cosas”, agrega.

Obediente a las palabras de un tío que le decía: “si no vives para servir, no sirves para vivir”, decidió abanderarse de las reclamaciones de la gente de su corregimiento junto a otras personas. Y para conseguir dinero, transporta personas en su motocicleta.

 


En un encuentro de víctimas en mayo del 2007 en la Universidad Javeriana de Bogotá, Gabriel expresó su escepticismo en la reparación. “¿Cómo puede uno reparar a una viuda que perdió a su esposo?”, se preguntó.

“Una reparación podría ser el reconocimiento del daño que nos han hecho, un reconocimiento público y que los actores paguen con justicia lo que nos han hecho”, agregó.

“La reparación debe ser: volver a construir lo que hemos perdido, y ¿qué hemos perdido?... los sueños…” Sus palabras encarnaron el sentir de todo un pueblo.

Gabriel, quien es cristiano evangélico, les refirió a los asistentes al encuentro la sentida historia del profeta Nehemías, quien tras el cautiverio de los judíos por Persia (538 antes de Cristo), se convirtió en baluarte de esperanza para su pueblo y ayudó a reconstruir el templo y los muros de Jerusalén.
“Yo creo que ese mismo ejemplo y esa misma actitud debemos tener nosotros y empezar no a construir el muro, sino a reconstruir lo que anteriormente éramos”, dijo entonces.

En una de las audiencias del juicio a los jefes ‘paras’ involucrados en las violaciones a los derechos humanos de la población, Gabriel, junto a otras siete personas, viajó a Bogotá para tener un encuentro con los victimarios. En la reunión, las víctimas les entregaron Biblias a los victimarios, con lo cual quisieron simbolizar que los habían perdonado.

“Es necesario perdonar para estar en paz. Nosotros creemos que el beneficio del perdón lo obtiene quien perdona, más que el perdonado”, acota.

Este año, los paramilitares involucrados en la masacre y el desplazamiento fueron condenados por un tribunal de Bogotá, debido a las confesiones de ‘Dique’ y ‘Vecino’, a ocho años de prisión, pena contemplada en la Ley de Justicia y Paz.

El tribunal también determinó la indemnización que deberán recibir las víctimas para ser reparadas: 17 millones por cada desplazado, 120 millones de pesos por familia.

Sin embargo, la Procuraduría apeló la decisión con el argumento de que los montos de la indemnización eran muy bajos; una decisión que a él, como líder de las víctimas, le pareció extraña.

El riesgo que corren las víctimas, según explicó, es que la apelación tumbe el fallo y se tenga que reabrir el proceso. “Nosotros consideramos que aunque era muy poco el monto de la indemnización, servía para comenzar de nuevo”, dice.

No obstante, hay quienes creen que la revisión del fallo por la Corte Suprema de Justicia es una garantía de solidez para una decisión jurídica trascendental, sobre la que se basarán todas las sentencias de Justicia y Paz y los montos de reparación a las víctimas de los ‘paras’. El de Mampuján sería el primer fallo que quedaría en firme.

Sobre la Ley de víctimas



Gabriel reconoce que el nuevo gobierno tiene voluntad para reparar a las víctimas del conflicto armado. No obstante, los argumentos que han expresado algunos congresistas sobre los impedimentos presupuestales para la financiación del proceso no dejan de preocuparle.

“Pero se necesita más que eso. Se requiere de todo el apoyo institucional”, argumenta.

Según cifras de la III Encuesta de Verificación hecha por la Comisión de seguimiento a las Políticas de Desplazamiento Forzado la cantidad de tierras abandonadas o despojadas por los campesinos entre 1980 y julio del 2010 es cercana a 6,65 millones de hectáreas.

Pero el retorno no será posible para muchos, a menos que el Estado tenga en cuenta que los campesinos requieren garantías de no repetición y jurídicas, sobre la propiedad de sus tierras; indemnizaciones no sólo por lo que dejaron de percibir en estos años, sino también por la pérdida de las herramientas, ganados, entre otros bienes que constituían su capital productivo; y la presencia institucional adicional a la fuerza pública (escuelas, centros de salud, entre otras).

Por esta razón, para cumplir el propósito de reconstrucción de sus sueños, como Nehemías, Gabriel dice que los desplazados requieren de todo el apoyo del Estado. Sin embargo, se queja de que hasta ahora, las víctimas no han sido escuchadas suficientemente y reclama que una Ley de restitución debe preguntarles a ellos, a las víctimas, cuál es su concepto de reparación, y no escatimar recursos para quienes lo perdieron todo.

“Hacen un foro o una mesa de diálogo para discutir las leyes, pero ¿quién nos garantiza que nuestras propuestas serán tenidas en cuenta?”, se pregunta.

Él arguye que el miedo persiste en la población, razón por la cual, diez años después, no ha retornado a su lugar de origen. Además, “las casas están caídas, no hay luz ni agua y muchos terrenos están enmontados”. Gabriel hace parte de ese casi 10 por ciento de la población colombiana que en las últimas décadas, a causa de la violencia, fue obligado a salir de su tierra, pero que desea que el mochuelo vuelva a los Montes de María.
Cortesia: Semana.com.

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - DESPOJO DE LA TIERRA Y LOS BIENES.

¿De qué tamaño es el despojo de la tierra y de los bienes en Colombia?

En Colombia, el número de desplazados por el conflicto armado supera los 3 millones de personas.

 

INVESTIGACIÓNUn estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, con la mayor muestra hecha hasta ahora entre las víctimas, demuestra que el 90% perdió su tierra y que el 99% algún bien.

Uno de los problemas que enfrenta la reparación de las víctimas del conflicto armado es la cuantificación de los bienes que les fueron despojados, que abandonaron, o que perdieron por causa de la violencia.

Para suplir, en parte, este vacío, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado hizo una encuesta a 10.433 familias, en 68 municipios del país, en la que indagó por algunos aspectos del estado del derecho a la propiedad de los desarraigados por el conflicto.

Los resultados de la “III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada” constituyen la radiografía más aproximada de las condiciones por las que los desplazados (desde 1998) tuvieron que abandonar sus tierras y bienes, y qué fue lo que perdieron.

La encuesta incluyó hogares de personas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), que lleva Acción Social de la Presidencia y hogares de personas no inscritas.

El estudio fue hecho por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad de Colombia, bajo la dirección del profesor Luis Jorge Garay, y los resultados preliminares en materia de “bienes rurales” fueron revelados este martes.

Garay explicó que esta encuesta es la tercera que la Comisión ha hecho para “verificar cuál es el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y constatar el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004”.

Sin embargo, esta encuesta se diferencia de sus versiones anteriores porque la muestra es más que significativa, lo cual permite concluir que los resultados son muy próximos a la realidad. Según Garay, esta tercera encuesta también “permitió concluir que los resultados de las encuestas anteriores son bastante consistentes”.

Lo que tenían y lo que perdieron

El estudio reveló que un 83 por ciento de personas inscritas en el RUPD perdió alguno de los bienes preguntados, porque se vio obligado a abandonarlo o porque le fue arrebatado. Así, el 72 por ciento los encuestados dijo haber perdido ganado u animales productivos; el 50 por ciento, maquinaria o vehículo; el 42 por ciento, tierras; el 24 por ciento, infraestructura productiva; y el 19 por ciento, bienes raíces no rurales.

La encuesta discriminó la propiedad de bienes productivos de los muebles del hogar. Porque, cuando se pregunta por estos, el porcentaje de familias que perdió algún bien aumenta a 99 de cada 100.

La situación de las personas no inscritas en el registro es muy parecida. El 78 por ciento perdió algún bien; el 63 por ciento, animales; el 45 por ciento, maquinaria y equipo; el 36 por ciento, tierras; el 23 por ciento, cultivos; el 17 por ciento, bienes; y el 16 por ciento, infraestructura productiva.

El estado de la propiedad

La mayoría de las familias desplazadas, el 78,3 por ciento, se declaró propietaria de la finca o parcela que tenía antes de su desplazamiento. De este porcentaje, solo el 21 por ciento cuenta con una escritura registrada y el 9 con una sin registrar.

El 35 por ciento de las familias desplazadas inscritas en el RUPD no cuenta con un papel que acredite su tenencia y el 23 por ciento cuenta con documentos como promesas, contratos, entre otros.

“Así, se muestra con toda claridad la tradicional informalidad en la tenencia de la tierra rural en el país”, concluye el informe.

El destino de la tierra

La encuesta también constató que debido a la amenaza inminente y el peligro para sus vidas, el 90 por ciento de las familias encuestadas tuvo que abandonar su tierra. El 3,5 por ciento la dejó al cuidado de familiares o amigos; una proporción semejante se vio obligada a venderla; y el 2,2 por ciento la tuvo que entregar sin recibir nada a cambio.

Conocimiento de la condición de la tierra
El estudio también incluyó preguntas que buscaron identificar si la población desplazada sabe en qué condiciones se encuentran sus bienes.

Más de la mitad, el 53 por ciento, cree que sus bienes continúan abandonados; el 30 por ciento no sabe, el 6 por ciento los explota directa o indirectamente; y otro porcentaje igual al inmediatamente anterior respondió que su predio está ocupado sin su consentimiento.

Un alto porcentaje, el 76.8 por ciento de las familias, dijo no saber cuál es el uso de sus tierras; el 39 por ciento afirmó que está “enmontada” (descuidada); el 36 que es utilizada en actividades agrícolas; un 17 por ciento dijo que es utilizada en actividades “agrícolas de gran escala” y el 6 por ciento aseguró que su tierra está dedicada al cultivo o al transporte de sustancias de uso ilícito.

La cantidad de tierras despojadas o abandonadas
La cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010 es cerca de 6,65 millones, sin contar los territorios de comunidades étnicas. Esa cantidad de tierras equivale al 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria del país.

Según estableció la investigación, entre 1998 y 2008 fue el período en el que más se abandonaron o despojaron las tierras: 5,3 millones de hectáreas.

Hay que tener en cuenta que con el abandono de las tierras, la población desplazada también perdió su casa, pues el 89 por ciento de los predios contaban con ese inmueble.

Además, la calidad de las tierras era óptima para la producción pues el 82 por ciento dispone de agua casi todo el año; el 55 por ciento está en planicies; el 20 está ubicada en laderas; el 60 por ciento era “tierra negra” y el 15 por ciento “café”.

Uno dato significativo que arrojó la encuesta es que el 41 por ciento de los desplazamientos fue “masivo”, el 31 por ciento de carácter “individual” y el 28 de tipo “grupal” (entre 2 y 10 familias).

A propósito, los investigadores sugirieron que ante la predominancia de los desplazamientos masivos, el Estado podría “pensar en retornos grupales que facilitarían el desarrollo de actividades productivas asociadas”.

Sobre la Ley de Víctimas
Al final de su informe preliminar, los investigadores celebraron la radicación en el Congreso de una Ley de Víctimas. “Resulta a no dudar esperanzador para un grupo poblacional que ha sido víctima del desplazamiento forzado y de otras violaciones graves a los derechos humanos, tales como asesinatos, masacres torturas, secuestros, desapariciones forzadas, etc.”

No obstante, advirtieron que el proyecto de Ley tiene falencias que si no son corregidas “comprometerían su constitucionalidad”.

La primera es que contempla como “reparación” la ayuda humanitaria que el Estado ha entregado por vía administrativa. Los investigadores recuerdan que la jurisprudencia vigente “prohíbe descontar de la reparación a las víctimas las prestaciones o servicios a las que tienen derecho por razones humanitarias o de solidaridad, o simplemente por su condición de ciudadanos (como la educación, salud, entre otros, que son deber del Estado con toda la población)”.

En segundo lugar, indicó Garay que el concepto de reparación, a la luz de la jurisprudencia vigente y de los compromisos adquiridos por Colombia con la legislación internacional, debe ser integral. Es decir, “que incluya la restitución de bienes materiales e inmateriales, no solo las tierras, sino los animales, infraestructura y otros bienes que son fundamentales para producir ingresos”, explicó Garay.

Además, el concepto de reparación también incluye el “lucro cesante” y el “daño emergente”, que es la estimación económica de la cantidad de dinero que perdió la población desplazada o dejó de recibir a causa de su despojo.

Garay es consciente de que este concepto de reparación sería demasiado costoso para el Estado. Sin embargo, advirtió que no por ello el proyecto debía ir contra el principio contenido en la jurisprudencia. “Se deben contemplar medidas de tarificación para la reparación administrativa, buscar salidas, pero no echar por tierra principios porque se podría caer la Ley por inconstitucional. Eso sería lo peor que podría pasar”, dijo el investigador.

El grupo de investigadores también indicó que para que la Ley cumpla con requisitos de constitucionalidad y goce de legitimidad es necesario contar con la participación de las víctimas en su discusión, máxime cuando proyectos como este exigen una consulta previa con las comunidades étnicas.

Por todo esto, los resultados de la “III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada”, la más completa y aproximada sobre cuál es la situación de la población desplazada, no son de poca monta. Representan un baluarte para una verdadera reparación.
Cortesia: Semana.com

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - LA RESTITUCION COMO PROPOSITO NACIONAL.

Por qué la restitución de tierras debe ser un propósito nacional

TIERRAS¿Cuál es el impacto del despojo en la economía? ¿Cuáles son los retos de la sociedad colombiana ante los problemas del campo? ¿Por qué los desplazados deben reintegrarse a la vida productiva en el campo? Fueron algunos de los temas del Seminario sobre restitución de tierras.

Miércoles 20 Octubre 2010

Los problemas institucionales para la restitución de tierras, el modelo de reparación para las víctimas, la deuda de la sociedad colombiana con la población campesina, el impacto económico del despojo, fueron algunos de los temas que abordó la primera jornada del Seminario La Restitución de Tierras: Un propósito Nacional, organizado por la Revista SEMANA.

El director del Instituto Nacional de Desarrollo (Incoder), Juan Manuel Ospina, recordó que el gobierno anterior fusionó cuatro entidades en una sola y suprimió cargos, lo cual debilitó la capacidad del organismo.

“El gran cambio es la voluntad política que tiene el actual Gobierno Nacional”, dijo refiriéndose al propósito de restitución de tierras que se ha trazado el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Ospina mencionó cuál es el papel del Incoder en el proceso de restitución. Dijo que el Gobierno le dio la tarea de ser “un catalizador, convocador de la política de desarrollo rural”. No obstante, reconoció que la entidad está en un proceso de reestructuración.

El director del organismo advirtió que el problema de la tierra en Colombia no solo pasaba por resolver quién era su propietario, sino que era necesario generar desarrollo.

Dijo que a la institución le corresponde ayudar a hacer puentes en el proceso de formalización de la tierra y en la restitución. “Pero quien va a coordinar la defensa del apoyo de la justicia (para que los campesinos tengan garantías jurídicas y de seguridad) será una unidad que creará la ley, y que operará en el marco del Ministerio de Agricultura”, dijo.

Luego le tocó el turno a Zaida Barrero de Noguera, la Superintendente de Notariado y Registro, quien indicó que para que un proceso de restitución sea efectivo debe basarse en la coordinación de todas las entidades involucradas.

Barrero describió cuáles son las modalidades de despojo: transferencias forzadas, consistente en que alguien obliga a otro a vender su predio. “O me vende usted o me vende su viuda”, citó Barrero una de las frases que refleja la mentalidad de los despojadores.

Pero indicó que también se han presentado casos en que por desconocimiento o por razones de seguridad el propietario se ve obligado a vender a bajo precio. “Se refleja, en escrituras públicas, que los acuerdos debiendo ser bilaterales no cuentan con la voluntad del vendedor” o “se presenta suplantación del propietario por un falso poder”.

La superintendente explicó que las oficinas de registro no dan ni quitan predios, que lo único que podían hacer era “publicitar los hechos”. Sin embargo, se comprometió para que el proceso de restitución administrativa adelantada por el Gobierno cuente con las garantías necesarias para que la formalización de los predios se haga de manera oportuna.

El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Iván Darío Gómez, enumeró diez propuestas institucionales para complementar la restitución de tierras, que garanticen la “no repetición” de los hechos de violencia.

Entre las propuestas más importantes están las siguientes:

- Adecuar las instituciones que tienen qué ver con el derecho a la tierra, la regulación agraria, las políticas rurales, entre otras. ¿La razón? Las instituciones fueron diseñadas para épocas de normalidad ciudadana, pero no para épocas de posconflicto.

- En segundo lugar debemos utilizar los sistemas de información geográfica agrológica y catastral que existen.

- Consolidar el sistema catastro-registro, a través de la interrelación institucional de municipios. Gómez se refirió a la necesidad urgente de actualizar los datos.

- Aprovechar la iniciativa de “gobierno en línea” para reforzar los sistemas de información, registro, catastro y reclamaciones, entre otras.

- Auscultar la voluntad política para generar un escenario en el que los valores catastrales se aproximen a los valores comerciales. “Colombia debería hacer censos nacionales periódicos en consonancia con las autoridades regionales y municipios para lograr construir una base actualizada sobre los problemas de la propiedad de la tierra”.

Gómez finalmente dijo: “es el fortalecimiento de la institucionalidad lo que nos garantiza la obtención de información básica para tomar decisiones”.

El consejero para la Seguridad, Sergio Jaramillo, reconoció que la ejecución de la propuesta del Gobierno no era fácil. “El tema es prioritario, pero es crítico”, dijo. “Debemos obrar con cuidado”, agregó.

Luego explicó en qué consiste la estrategia “focalización, integralidad y eslabonamiento”, con la que el Gobierno intentará garantizar la ejecución de la política de restitución. Lo primero se refiere a atender la restitución con un criterio de priorización de los territorios. Lo segundo, a articular las instituciones al proceso. Y lo tercero, a atar procesos de reforestación con titulación, por ejemplo, o producción con cadenas de producción más grandes.

Absalón Machado, director técnico del informe de desarrollo humano en Colombia del PNUD, dijo que este momento era una oportunidad doble, pues permitía reflexionar, por un lado, en el modelo de democracia que la sociedad colombiana quiere, y por el otro, en la política agraria.

“No debería ser una oportunidad para profundizar el modelo, injusto, concentrador, inequitativo, excluyente….”, dijo Machado.

“Sería un error histórico que el Estado sólo buscara poner a las comunidades campesinas de su lado de manera cortoplazista para profundizar el modelo poco democrático”, advirtió el investigador. “¿Cómo es posible que le hayamos dado la espalda a esa sociedad (campesina) durante tanto tiempo?”, se preguntó.

El investigador Alejandro Reyes contó que frente a la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos), hay un letrero que dice “todo aquel que come está envuelto en la agricultura”.

Con estas palabras Reyes intentó dimensionar la importancia de la población campesina. “Si no lo resolvemos ahora (el problema de la propiedad de la tierra), lo podemos hacer dentro de cien mil, o cincuenta mil muertos. Es mejor ahorrarnos todas esas vidas”, dijo.

“En los últimos 20 años han muerto 150 mil colombianos (a causa del conflicto)”, dijo el investigador.

“El conflicto armado es de los mejor documentados. Sabemos quién se desplazó, de dónde, quiénes los despojaron. Tenemos las pruebas en las manos para poner a funcionar un sistema de justicia restitutiva. Y sería enorme hipocresía poner a las víctimas a recaudar de funcionario en funcionario las pruebas”, agregó Reyes.

Reyes se quejó de que en los estudios de catastro nacional apenas se ha registrado una ligera concentración de la tierra, cuando a todas luces ha aumentado. “El catastro no registró el despojo”, dijo, y así nos privamos de conocer lo que había pasado con las tierras.

“Lo que debemos hacer es cumplir con los preceptos mínimos de justicia, si no lo hacemos… Colombia se puede volver un infierno que nos cueste mucho más muertos”, dijo.

La economista de la Universidad de los Andes Ana María Ibáñez comenzó su disertación explicando que la restitución de la tierra a los campesinos, con garantías jurídicas sobre la propiedad, no sólo era importante como acto de justicia social, sino para el desarrollo.

“Cuando hay informalidad en la propiedad de la tierra, las personas no están seguras de la inversión, y la gente produce mucho menos, porque si no hay certezas la inversión será menor”, explicó la investigadora.

La falta de títulos sobre los predios también impide el acceso a créditos.

Ibáñez reveló algunas cifras de una encuesta que hicieron varias universidades a 4.700 campesinos. Dijo por ejemplo que el 70 por ciento de los encuestados aseguró ser propietario. Sin embargo, sólo un 60 por ciento puede probarlo.

“La concentración no genera mayor eficiencia económica. Muchos estudios muestran que los productores pequeños son más eficientes, porque pueden controlar más los procedimientos, vincular a familiares y porque los grandes productores no aprovechan toda la extensión de tierra”, dijo Ibáñez.

El director de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, alabó el modelo de justicia transicional que el Gobierno ha implementado para la resolución del conflicto. Dijo que en el siglo XIX y XX el modelo que se implementó fue el de amnistía y el indulto que no permitía el acceso a la verdad y a la reparación. “En estos modelos, lo que se buscaba era cerrar el conflicto”, explicó.

“La Ley de Justicia y Paz (creada para hacer efectivo el proceso de paz con los paramilitares) introduce a las víctimas en el proceso. Ya no se trata de cerrar el conflicto sino las heridas”, dijo.

Pizarro dijo que la Comisión estaba de acuerdo con un modelo de reparación integral y argumentó que el modelo colombiano aventajaba a los de Alemania o España que fueron sólo indemnizatorios.

También indicó por qué el modelo colombiano debe ser distinto: “por la sociología de la víctima”. Se refirió al hecho de que las víctimas en Colombia, en su mayoría, son personas de escasos recursos y de zonas rurales. Por eso, “la reparación indemnizatoria no es suficiente y se requiere un modelo más integral”, que ayude a restablecer los derechos de los damnificados.

Pizarro adujo que Colombia y Turquía son los únicos países que reconocen que los desplazados deben ser sujetos de reparación. “En el mundo se reconocen para medidas de carácter humanitario para los desplazados. Colombia ha tomado una decisión histórica (al reconocer más de 3 millones de víctimas)”, dijo el director de la CNRR.

El último en intervenir en la jornada de la mañana del seminario, fue el sacerdote Fabio Henao, director de Pastoral Social.

El sacerdote retomó las cifras de la III Encuesta de Verificación reveladas este martes (ver nota) en las que la Comisión Nacional de Seguimiento a las Políticas sobre Desplazamiento Forzado entrevistó a 10.400 familias de desplazados. Destacó que según la encuesta el número de hectáreas despojadas o abandonadas por los campesinos asciende a 6,6 millones.

Dijo que los resultados de esa encuesta “nos impone un enorme reto sobre el tipo de democracia que queremos, y un interrogante ético; una pregunta a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, pero también a nosotros: hasta dónde es el grado de involucramiento nuestro para resolver el problema”.
Cortesia: Semana.com

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - LA CORRUPCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA ASOCIARSE CON EMPRESAS CRIMINALES.

Fue a través de simuladas asociaciones, supuestamente representantes de cultivadores de palma, que las autodefensas legalizaron miles de hectáreas arrebatadas a pobladores asentados en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó; y se hicieron a millonarios créditos o beneficios otorgados por Finagro. Un negocio redondo, pues al tiempo que desplazaban a sangre y fuego e imponían el proyecto de palma en Urabá, recibían dineros del Estado para sus fines “protervos”.

Así se desprende de un nuevo capítulo documentado por la justicia sobre los presuntos nexos entre empresas de palma y las autodefensas. En un extenso documento, conocido por este diario, un fiscal de Derechos Humanos detalló que la cuestionada firma Urapalma S.A. creó asociaciones ficticias de pequeños cultivadores, como Acopalma y otras ubicadas en la cuenca del río Curvaradó, que tuvieron un papel protagónico para legalizar los despojos de los terrenos ancestrales de las comunidades afrodescendientes.

En ese contexto, concluyó la Fiscalía, el empresario Hernán Íñigo de Jesús Gómez Hernández fue fundamental para la ejecución del proyecto de palma que a toda costa impuso Vicente Castaño. Gómez, viejo conocido de la Casa Castaño, quien trabajó en la desmovilización de facciones del Epl y el M-19 o en los diálogos de Tlaxcala, México, y, por último en el proceso de paz con los paramilitares, fue gestor de la firma Urapalma y un enclave, pionera de toda suerte de adquisiciones de tierras ilegales y desplazamiento en Urabá que tenía como fin generar millonarias rentas al paramilitarismo por cuenta del mercado de los biocombustibles.

En su indagatoria, el empresario recordó que en 1996 fue convocado por el obispo Isaías Duarte Cancino a una reunión en la Arquidiócesis de Cali con Carlos Castaño, que después asistió al acuerdo del Nudo de Paramillo en 1999, que tuvo problemas con Castaño porque se negó a aceptar una solicitud de él para que fuera intermediario con la DEA en la entrega de un grupo de ‘narcos’ colombianos, pero que aun así zanjó sus diferencias y en 2003, en virtud del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, junto con la Iglesia, participó del proceso de desmovilización como interlocutor de Ernesto Báez.

No obstante, la Fiscalía tiene evidencias de que a través de su esposa Katia Sánchez manejaba los hilos de Urapalma junto con Antonio Zúñiga, y los testimonios de Gilberto Álvaro Alzáte o el ex congresista Carlos Alonso Lucio refrendan que era un asesor de los ‘paras’. El extraditado H.H. y Pedro Bonito lo señalaron como emisario de Vicente Castaño para cooptar la estratégica zona del tapón del Darién en el Urabá como un proyecto de las autodefensas que tenía una curiosa consigna promovida por Castaño: “La palma se siembre con sangre”.

Uno de los procesados en este caso, en el que ya fueron detenidos 24 palmicultores, Carlos Merlano, dio más pistas sobre cómo se usurparon las tierras ancestrales en el Urabá, en la que participaron empresas de la costa y personas naturales como los hermanos Zúñiga, quienes eran palmicultores reconocidos. H.H. contó que Javier Zapata Pretelt, en calidad de gerente de Urapalma, desempeñó estrategias para legalizar casi 6 mil hectáreas que la firma dijo adquirir a través de compra de derechos de posesión. El ex jefe paramilitar añadió que Gómez, junto con Carlos Spath, fueron enviados por las Auc para negociar con azucareros del Valle.

En criterio del fiscal, Hernán de Jesús Gómez, excedió sus misiones humanitarias para constituirse en promotor de los proyectos de los paramilitares y a él se le atribuye “la ejecución de las políticas de penetración de las autodefensas en los negocios más rentables de la economía como el azúcar y la palma”. Es más, la Fiscalía fue más allá: “Con él principió la debacle para los desposeídos del bajo Atrato chocoano”. En últimas era Gómez, Zúñiga y otros colaboradores quienes le rendían cuentas a Vicente Castaño sobre “su fecunda labor en la compra de posesiones que después pasarían a ser el marco de tierras en que se acomodaría la titulación de los terrenos ocupados por Urapalma”.

Por su parte, de Dagoberto Montiel, entonces secretario de Acopalma, se sabe que se prestó para legalizar grandes extensiones de terrenos en Urabá propiciando el desplazamiento y el deterioro del medio ambiente con los proyectos de cultivo de palma. Desde esta asociación, además, gestionó jugosos préstamos que terminaron siendo utilizados en la adquisición de terrenos de comunidades afrodescendientes. La Fiscalía también descubrió que Robin Manuel Calonge y Luis Eduardo Tuberquia, en calidad de desmovilizados, también promovieron estos despojos y la apropiación de los títulos de estos fundos rurales.

Todos ellos fueron detenidos por orden de un fiscal de Derechos Humanos que está en la tarea de desentrañar la radiografía de la violencia que se extendió en el Urabá por casi una década por cuenta de empresas palmicultoras que, según parece, terminaron al servicio de Vicente Castaño en el rentable negocio de los biocombustibles y el aceite de palma.

Cortesia: El Espectador. com.

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA.

“Nuestro ecosistema pertenece a la humanidad”

Si no se resuelve el complejo problema de la tierra, cualquier apuesta a una solución política del conflicto armado y social en Colombia es difícilmente imaginable. Esta es la hipótesis central de Rafael Figueroa Rincón, abogado colombiano e integrante del Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL) que aglutina a once ONG helvéticas activas en ese país sudamericano y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Las comunidades han decidido ejercer su derecho a la participación directa en la discusión de las grandes políticas públicas sobre los temas que van a afectarles en un futuro, como la explotación de hidrocarburos, las concesiones mineras y la construcción de grandes obras de infraestructura, entre otras” subraya Figueroa iniciando esta entrevista exclusiva.

P: ¿Por qué la tierra juega un papel tan importante en la Colombia actual?

R: El control de los recursos naturales que se encuentran en los territorios de las comunidades y el acceso y apropiación de sus tierras son los botines de la guerra en Colombia. La tierra y sus recursos están siendo acumulados y explotados por grandes elites y poderes regionales que controlan verdaderos ejércitos privados. En este contexto de conflicto armado y despojo de tierras, se desarrollan grandes inversiones privadas, en muchos casos en correspondencia con intereses multinacionales, lo que evidentemente agudiza el panorama. Las 31 comunidades y organizaciones que integran la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, no sólo han sido víctimas de la violencia y el conflicto armado sino principalmente del despojo de sus tierras y los recursos que existen en sus territorios. En este sentido, incluso representantes del nuevo Gobierno han identificado esta problemática como la  piedra angular del conflicto armado.

Ambientar la paz desde el territorio

P: Podría darnos un ejemplo concreto para comprender mejor tales afirmaciones...

R: El despojo de tierras a las comunidades campesinas de El Garzal, al sur del Departamento de Bolívar. Estas comunidades, que han permanecido por más de 50 años en sus tierras dedicándose de manera exclusiva a la producción alimentaria, en los últimos diez años han sido objeto de presiones ilegales, amenazas y desapariciones forzadas. Han sido incluso víctimas del uso de la justicia y de las autoridades locales, quienes buscan desplazar a más de 300 familias campesinas y despojarlas de manera definitiva con el objetivo de entregar sus parcelas a un antiguo comandante paramilitar que dominó pública y abiertamente la región del Magdalena Medio durante más de 7 años. Dicho personaje, sin embargo, jamás se desmovilizó ni se entregó a la justicia sino, por el contrario, permaneció en la vida civil y fundó una compañía palmicultora. Es esta empresa  la que promueve todas las acciones legales e ilegales para obtener las tierras de El Garzal e iniciar la siembra de palma africana para la producción de agro-combustibles. La palma africana en la región debería alcanzar, según las políticas agrarias del Gobierno, las 300.000 hectáreas para 2019. Esta compañía ha obtenido también el apoyo del Programa Presidencial de Acción Social, que presenta a dicha empresa como un modelo de desarrollo alternativo en la región. De ahí mi afirmación que si la tierra y los recursos del territorio de las comunidades en Colombia no son protegidos del despojo por el Estado colombiano, no podrá  construirse una paz sostenible. El despojo de las tierras continuará siendo el principal motor del desplazamiento forzado, de las violaciones a los derechos humanos y del recrudecimiento del conflicto armado. Por esta razón desde el Programa SUIPPCOL nos hemos comprometido en el apoyo a comunidades como El Garzal en la lucha pacífica y legal contra el despojo como una de las formas más eficaces para ambientar la paz desde la tierra y el territorio.

El territorio, la misma “Madre Tierra”

P: En otros países de América Latina, los movimientos sociales ponen el énfasis en la tierra y en la reforma agraria como principal bandera reivindicativa y estratégica.  Pero se refieren mucho menos al concepto del territorio. ¿Qué significa, en vuestra percepción colombiana, cuándo hablan de territorio?

R: En general, se presenta al territorio como el lugar y el cuerpo donde las comunidades campesinas, las minorías étnicas y las mujeres, tejen su vida colectiva, cultural, económica, social y política. El territorio es un horizonte mucho más amplio que el concepto de la tierra,  que de manera casi exclusiva se refiere al espacio físico delimitado, ubicado en una zona rural, que puede ser explotado económicamente para la producción o explotación del recurso allí inscrito. El territorio comprende por supuesto a la tierra, pero va más allá, ya que también incorpora todo el patrimonio inmaterial que se desprende de las comunidades mismas que lo han habitado y conservado, lo van cantando en canciones y puesto en historias, lo han hecho parte de sus usos y costumbres, de sus lenguas y dichos populares. Las reivindicaciones actuales en Colombia cada vez más no sólo se dirigen a la reforma agraria y al acceso y democratización de la tierra, sino que además exigen el reconocimiento de un estatus especial político y jurídico del territorio y de los derechos que de allí se desprenden. Estos estatutos incluso han sido recogidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

P: ¿Con el nuevo Gobierno de Manuel Santos qué expectativas existen en relación a la tierra y el territorio?

R: El Gobierno actual  ha dado un cambio en relación al anterior en lo que se refiere a la política agraria. Venimos de ocho años de absoluta negación por parte del conjunto del Estado de temas como el despojo o la altísima concentración de la tierra -que ubica a Colombia en el puesto 15 del mundo en inequidad en la propiedad de la tierra. Más grave aún fue la ausencia de una reparación y devolución de las tierras arrebatadas a los casi 4 millones de desplazados. Hoy, el nuevo Gobierno, por el contrario ha anunciado como uno de los temas fundamentales a resolver  el despojo de tierras y la restitución a las víctimas a través del lanzamiento del proyecto de ley de Restitución de Tierras Despojadas. Sin embargo, las buenas intenciones no implican necesariamente una modificación fundamental en la política global agraria y en las visiones económicas más profundas.  Las comunidades creen que con estas políticas se busca hacer más eficaz los modelos económicos agroindustriales y extractivos que han sido diseñados e implementados durante los últimos ocho años y que precisamente generan inequidad, concentración de la tierra y abandono de la economía campesina. Para el Gobierno nacional y para las organizaciones y comunidades en Colombia un reto fundamental es: no sólo asegurar el debate sobre los aspectos fundamentales  de la restitución y la formalización del acceso a la tierra, sino también  abrir una verdadera concertación sobre el modelo económico que asegure la permanencia de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes y la soberanía alimentaria de la nación.

“Nuestro ecosistema pertenece a la humanidad”

P: SUIPPCOL impulsa en la segunda quincena de octubre una campaña de sensibilización en Suiza sobre estas temáticas. ¿Cuál es su mirada sobre estas iniciativas solidarias provenientes de la comunidad internacional?

R: La solidaridad internacional directa juega un papel fundamental  para la promoción de reivindicaciones legales y legítimas de las comunidades en Colombia a favor de su tierra y territorio. La Campaña en Suiza intenta promover un acercamiento entre la sociedad civil helvética y las comunidades y organizaciones que resisten al despojo y a la explotación irracional de sus recursos. Es importante que se entienda también como un aporte internacional para preservar estos territorios y ecosistemas, que por su valor en términos ambientales y alimentarios, deberían interesar al mundo entero, porque pertenecen a la humanidad entera. A través de esta Campaña queremos promover una iniciativa para convertir estos territorios en lugares protegidos por la sociedad civil suiza y por las demás organizaciones, pueblos y personas en el mundo que estén interesadas en esta construcción de la paz desde el territorio. Sin lugar a dudas, ello constituiría un paso fundamental para la preservación de la tierra y el territorio en Colombia.  Y por ende, para la construcción de una paz sostenible y duradera. Pues los problemas que confrontamos en mi país  sólo podrán resolverse a través del papel protagónico de la sociedad civil colombiana – especialmente de las comunidades y organizaciones que enfrentan día a día esta realidad. Pero en un hermanamiento activo con otros pueblos, organizaciones y personas de buena voluntad en el resto del mundo.

Retrato

Rafael Figueroa Rincón, 30 años, abogado es el Coordinador de la Estrategia de Incidencia en Tierra y Territorio del programa SUIPPCOL desde hace más de un año. Desde hace siete años, investiga y actúa en el sector de los Derechos de las Minorías Étnicas y los Derechos a la Tierra y el Territorio. Acompañó a varias comunidades y organizaciones afro-colombianas, indígenas y campesinas del país, especialmente en las regiones del Chocó, Guajira, Bolívar, Córdoba, Cauca, Magdalena Medio, Caquetá y Nariño. Actualmente su principal tarea consiste en apoyar a la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base. En su intento por frenar el despojo de sus tierras y territorios promovido  por grupos paramilitares, poderes regionales económicos y políticos y los grandes proyectos extractivos, agroindustriales y multinacionales. Las dos principales acciones de dicha estrategia son la incidencia política y la acción legal. (Sergio Ferrari)

La reivindicación del territorio

El territorio ha sido definido de diversas formas por los diferentes sectores de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base que acompaña SUIPPCOL.

Para las comunidades indígenas, el territorio va más allá de la frontera, de los límites que trascienden las montañas, los ríos, los páramos. El territorio es el espacio de vida, de sobrevivencia social y cultural – es la pacha mama, la madre tierra.  Es su mundo donde el hombre se relaciona con los espíritus de las plantas, de los animales y todo ser que se mueve en el ambiente.

Para las comunidades negras del Pacífico colombiano, el territorio tiene significado en el marco de una relación particular entre comunidad, ser humano y naturaleza, en la cual ésta no es simplemente el entorno que rodea al ser humano, sino que tanto el individuo como la comunidad son sujetos que hacen parte de la naturaleza.

Para las comunidades campesinas el territorio es un espacio y escenario de cohesión, movilización y transformación social donde han generado experiencias autónomas y endógenas de desarrollo, que integran elementos estratégicos de defensa del espacio y de sus recursos naturales, así como nuevas formas de organización social para ejercer poder y control de sus áreas.

Las mujeres organizadas consideran su propio cuerpo como el primer territorio. Y denuncian que el mismo está atravesado por distintas formas de la violencia y la guerra. De allí la necesidad de reconocer e identificar las distintas violencias contra el cuerpo para poder recuperarlo en tanto territorio reconocido, autónomo y como espacio de convivencia cotidiana (Sergio Ferrari).

Cortesia: Sergio Ferrari -Colaboración de prensa de E-CHANGER, ONG de cooperación solidaria presente en Colombia y miembro de SUIPPCOL