Prenden alarmas por mafias que buscan sacar provecho de la nueva ley.

 

Cortesia: Eltiempo.com

Desde mediados de agosto, por varios sectores de Valledupar empezaron a circular volantes que ofrecen  'combos' para la reparación de víctimas de la violencia: "Amigo desplazado: si Acción Social no le ha entregado la certificación de desplazado, no le ha dado ayuda humanitaria, si no ha reclamado reparación administrativa, no ha reclamado indemnización judicial o fue despojado, venga, nosotros le ayudamos".

Y en Aguachica (Cesar), la oferta es de 20 mil pesos por la compra del 'formulario de restitución' y su supuesto trámite ante el Ministerio de Agricultura.

Mensajes como estos tienen prendidas las alarmas de las instituciones encargadas de la implementación de la Ley de Víctimas por el brote de nuevas mafias de abogados que desde ya buscan sacar provecho de la recién sancionada legislación. Incluso, para contrarrestar la campaña de los inescrupulosos, el Ministerio de Agricultura lanzó mas 12 mil volantes informativos en todo el país.

Miguel Samper, director de la oficina de justicia transicional del Ministerio del Interior, denunció que ni existen formularios de restitución, ni las víctimas tienen que pagar por ningún tipo de trámite.

"Están circulando poderes y documentos en donde las víctimas se comprometen a entregar una plata a cambio de su acceso a la Ley de Víctimas. Les piden porcentajes hasta del 49 por ciento para cobrar la reparación administrativa", aseguró el funcionario, quien explicó que se tienen casos registrados en Antioquia, Valle, Cesar y Norte de Santander.

El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, viene alertando por el surgimiento de estas mafias y ha recalcado que existen sanciones penales que van desde los 8 a 12 años a los "avivatos" y "falsas víctimas" que se aprovechen de los procesos de reparación y restitución de tierras del Estado.

Restrepo también ha reiterado que para la restitución existen 12 oficinas del Proyecto Protección de Tierras en todo el país para que las víctimas pongan en conocimiento sus casos.

"Se recibirán los documentos aportados, sin que ello implique el comienzo del proceso respectivo, toda vez que formalmente se iniciará a partir del 1 de enero de 2012, momento en el cual estará operando toda la institucionalidad creada por la Ley", dijo el Ministro.

No es la primera vez que los avivatos intentan sacarle provecho al drama de las víctimas. Lo mismo pasó cuando empezó el proceso de reparación administrativa y cuando Justicia y Paz empezó a acreditar a las víctimas de los 'paras'. Incluso, varios abogados inescrupulosos terminaron presos.

Buscan niños herederos de tierras.

El Ministerio de Agricultura lanzó una campaña para encontrar a menores que fueron despojados de sus tierras. La iniciativa del Gobierno busca  que si los menores quedaron huérfanos por cuenta de la violencia o no tienen noticias de sus padres se acerquen directamente a reclamar.

Incluso, se tiene preparado un plan para recibir a niños mayores de 12 años en las sedes del Ministerio de Agricultura en todo el país para que con la declaración del menor se inicie un proceso de investigación que lleve a la restitución de los predios.

Cómo acceder a la Ley de Víctimas:

-No deben registrarse las víctimas que estén en los registros de Acción Social de desplazados y de indemnizaciones administrativas. Tampoco los que estén acreditados como tal en Justicia y Paz.

-Si se le violentaron sus derechos desde 1.985 y está pidiendo restitución de tierras por despojo desde 1.991.

-Debe acceder a Registro Único de Víctimas a través de Personerías y Defensorías a partir de enero del 2012.

-A partir de la fecha las víctimas tienen cuatro años para llevar su caso ante estos entes.

-El Estado se encargará de estudiar los casos y buscar a las víctimas para repararlas. 

Serán 10 años en la implementación.

Para la restitución de tierras, el Proyecto de Ley Cifra 60 mil derechos de petición Llegaron a Acción Social después de sancionada la Ley y 1.500 al Ministerio del Interior. En ellos, las víctimas piden información sobre cómo acceder a la Ley de Víctimas.

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - LA CORRUPCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA ASOCIARSE CON EMPRESAS CRIMINALES.

Fue a través de simuladas asociaciones, supuestamente representantes de cultivadores de palma, que las autodefensas legalizaron miles de hectáreas arrebatadas a pobladores asentados en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó; y se hicieron a millonarios créditos o beneficios otorgados por Finagro. Un negocio redondo, pues al tiempo que desplazaban a sangre y fuego e imponían el proyecto de palma en Urabá, recibían dineros del Estado para sus fines “protervos”.

Así se desprende de un nuevo capítulo documentado por la justicia sobre los presuntos nexos entre empresas de palma y las autodefensas. En un extenso documento, conocido por este diario, un fiscal de Derechos Humanos detalló que la cuestionada firma Urapalma S.A. creó asociaciones ficticias de pequeños cultivadores, como Acopalma y otras ubicadas en la cuenca del río Curvaradó, que tuvieron un papel protagónico para legalizar los despojos de los terrenos ancestrales de las comunidades afrodescendientes.

En ese contexto, concluyó la Fiscalía, el empresario Hernán Íñigo de Jesús Gómez Hernández fue fundamental para la ejecución del proyecto de palma que a toda costa impuso Vicente Castaño. Gómez, viejo conocido de la Casa Castaño, quien trabajó en la desmovilización de facciones del Epl y el M-19 o en los diálogos de Tlaxcala, México, y, por último en el proceso de paz con los paramilitares, fue gestor de la firma Urapalma y un enclave, pionera de toda suerte de adquisiciones de tierras ilegales y desplazamiento en Urabá que tenía como fin generar millonarias rentas al paramilitarismo por cuenta del mercado de los biocombustibles.

En su indagatoria, el empresario recordó que en 1996 fue convocado por el obispo Isaías Duarte Cancino a una reunión en la Arquidiócesis de Cali con Carlos Castaño, que después asistió al acuerdo del Nudo de Paramillo en 1999, que tuvo problemas con Castaño porque se negó a aceptar una solicitud de él para que fuera intermediario con la DEA en la entrega de un grupo de ‘narcos’ colombianos, pero que aun así zanjó sus diferencias y en 2003, en virtud del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, junto con la Iglesia, participó del proceso de desmovilización como interlocutor de Ernesto Báez.

No obstante, la Fiscalía tiene evidencias de que a través de su esposa Katia Sánchez manejaba los hilos de Urapalma junto con Antonio Zúñiga, y los testimonios de Gilberto Álvaro Alzáte o el ex congresista Carlos Alonso Lucio refrendan que era un asesor de los ‘paras’. El extraditado H.H. y Pedro Bonito lo señalaron como emisario de Vicente Castaño para cooptar la estratégica zona del tapón del Darién en el Urabá como un proyecto de las autodefensas que tenía una curiosa consigna promovida por Castaño: “La palma se siembre con sangre”.

Uno de los procesados en este caso, en el que ya fueron detenidos 24 palmicultores, Carlos Merlano, dio más pistas sobre cómo se usurparon las tierras ancestrales en el Urabá, en la que participaron empresas de la costa y personas naturales como los hermanos Zúñiga, quienes eran palmicultores reconocidos. H.H. contó que Javier Zapata Pretelt, en calidad de gerente de Urapalma, desempeñó estrategias para legalizar casi 6 mil hectáreas que la firma dijo adquirir a través de compra de derechos de posesión. El ex jefe paramilitar añadió que Gómez, junto con Carlos Spath, fueron enviados por las Auc para negociar con azucareros del Valle.

En criterio del fiscal, Hernán de Jesús Gómez, excedió sus misiones humanitarias para constituirse en promotor de los proyectos de los paramilitares y a él se le atribuye “la ejecución de las políticas de penetración de las autodefensas en los negocios más rentables de la economía como el azúcar y la palma”. Es más, la Fiscalía fue más allá: “Con él principió la debacle para los desposeídos del bajo Atrato chocoano”. En últimas era Gómez, Zúñiga y otros colaboradores quienes le rendían cuentas a Vicente Castaño sobre “su fecunda labor en la compra de posesiones que después pasarían a ser el marco de tierras en que se acomodaría la titulación de los terrenos ocupados por Urapalma”.

Por su parte, de Dagoberto Montiel, entonces secretario de Acopalma, se sabe que se prestó para legalizar grandes extensiones de terrenos en Urabá propiciando el desplazamiento y el deterioro del medio ambiente con los proyectos de cultivo de palma. Desde esta asociación, además, gestionó jugosos préstamos que terminaron siendo utilizados en la adquisición de terrenos de comunidades afrodescendientes. La Fiscalía también descubrió que Robin Manuel Calonge y Luis Eduardo Tuberquia, en calidad de desmovilizados, también promovieron estos despojos y la apropiación de los títulos de estos fundos rurales.

Todos ellos fueron detenidos por orden de un fiscal de Derechos Humanos que está en la tarea de desentrañar la radiografía de la violencia que se extendió en el Urabá por casi una década por cuenta de empresas palmicultoras que, según parece, terminaron al servicio de Vicente Castaño en el rentable negocio de los biocombustibles y el aceite de palma.

Cortesia: El Espectador. com.