GRAVE ATENTADO CONTRA LA NATURALEZA MARINA

VERGÜENZA MUNDIAL

Lamentable actos contra la naturaleza desarrollan personas ausente del sentido de pertenencia con los recursos animales y la biodiversidad.

  El tráfico ilegal de especies silvestres es considerado a nivel mundial como una de las principales causas de disminución de las poblaciones naturales y como uno de los mercados ilegales que mayores sumas de dinero moviliza anualmente, con el fin de surtir la demanda de los mercados domesticos, las excentricidades de pequeños grupos, las investigaciones biomédicas y comportamentales, la novedad causada a turistas y las prácticas culturales o religiosas de muchas poblaciones humanas. En Colombia, pese a la estricta legislación y a las medidas adoptadas hasta ahora para garantizar la protección y fomentar el uso sostenible de la fauna silvestre, se asume que el volumen del tráfico sigue siendo de gran magnitud, uno de esos hechos que atentan contra la naturaleza, es el apropiarse de los huevos de las tortugas marinas para luego venderlos en  Riohacha, Santa Marta y Barranquilla.

FAVOR  DIFUNDIR 

EL NEGOCIO DE LA SALUD ... SIN NORMAS Y SIN ETICA ... UN TEMA DE ESTADO A CONSIDERAR ....

¿El negocio de la Salud debe seguir igual?

Cortesia:Néstor Álvarez

 

La salud no es un negocio, es un error grandísimo y es ser ajeno a la realidad del país y del mundo, pensarla, verla y trabajarla así. Si revisamos los actores que entran en la atención de la salud en cualquier fase: prevención, promoción, atención de la enfermedad y rehabilitación, sin entrar en los otros ejes de la salud pública, siempre nos vamos a encontrar con un vendedor, un comprador y un cliente, usuario, beneficiado como se llame. Iniciemos analizando los primeros actores que aparecen en nuestro sistema de salud que hasta ahora ha estado enfocado sólo en atender la enfermedad:

• Una EPS “asegurador”
• Un paciente “usuario”
• Una IPS “prestador del servicio”
• Una ayuda diagnostica “producto”
• Un medicamento “producto”

 

Iniciemos por el medicamento, un producto que es un elemento que juega un papel importante en los costos de la atención porque es el resultado final en la medicina occidental y siendo emocionalmente importante para el paciente, éste producto puede ser de una multinacional quien lo investigó “originalmente” que puede tener patente lo que hace que su costo no obedezca a reglas de mercado si no sólo a la especulación del productor, si está protegido por el decreto 2085 es el mismo resultado, precio de especulación por 5 años; cuando no está protegido por los dos mecanismos anteriores se puede decir que su precio entra a las reglas del mercado: preferencias del médico, así se formule en genérico, precio de compra, pues las EPS suministran lo que es lo más rentable olvidándose muchas veces de otros aspectos importantes para el paciente, y ahí es donde entran los genéricos, que son los que “sólo llevan el nombre químico genérico, y los de marca  que son aquellos que no los produce el descubridor si no otro laboratorio, pero con una marca. Estos genéricos se mueven en una gran gama de precios y muchas veces los de marca no son si no sólo un 20% ó 30% más económicos que el mal llamado original, lo que ha llevado a que éstas empresas tengan un negocio muy lucrativo con mínima inversión. Entonces ya empezamos a ver que la salud es una suma de negocios, y por eso nacen agremiaciones como la de los productores multinacionales “AFIDRO” que los reúne casi en un 90% y representa sus intereses en este negocio, como ha sido la libertad de precios que el Gobierno les concede sin aplicar principios de comercio internacional para proteger los recursos de la salud de los colombianos, como es la revocatoria de patentes en medicamentos de interés para salud pública, por ejemplo, está el caso de Kaletra donde el Gobierno no quiso hacerlo.

En cuanto a la parte de ayudas diagnósticas, algunas de ellas son de las multinacionales de medicamentos y las cobija su agremiación, las que son independientes son pocas y buscan pertenecer a FENALCO, ACOPI, al igual que los empresarios de insumos médicos tales como: ropa quirúrgica, prótesis, desinfectantes, equipos u otros.

Ahora miremos el negocio de los genéricos que también tienen su agremiación “ASINFAR”, han defendido sus intereses y es por eso que al día de hoy en Colombia no se pide estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia para lanzar un genérico, debido a la presión que éste gremio ha ejercido, ya que esto hace más difícil sacar un producto al mercado y se requiere de más inversión, lo único que se ha logrado es algo minúsculo para productos del sistema nervioso central. Pero qué le ha aportado la industria nacional al país? desde mi punto de vista lo único es dar empleo con los que tienen plantas de producción porque otros importan, más la nómina administrativa y de comercialización en los que la tienen, pero no han invertido en investigación o patrocinio a las universidades para el desarrollo de otros medicamentos. Como vemos claramente está es el negocio con actores que son muy fuertes.

Ahora analicemos las IPS, palabra que nace con la ley 100 para llamar a todos los hospitales centros médicos y consultorios, estas entran a jugar un papel muy importante en el negocio de la salud, ya que se ven sometidas a las reglas del mercado dominante de negociación de las EPS como son las tarifas de servicios por demanda y paquetes de capitación, eso ha hecho que se asocien especialmente las privadas y de gran tamaño como lo es “ACHC” Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas que defiende sus intereses como es no dejar incrementar el porcentaje de integración vertical de las EPS, pues esto las llevaría a salir del mercado o ser absorbidas y defenderse de la posición dominante de las EPS en cuanto a tarifas. Otro actor es “ACESI” Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos que vela para que estos no desaparezcan del negocio de la salud, ya que las nuevas leyes los llevan a ser entregados al sector privado afectando a la población más pobre.

No sabemos en el futuro, quiénes representarán a las IPS primarias pequeñas, que es donde las EPS también contratan la capitación de la atención de primer nivel y que cada día son más, al igual que las IPS pequeñas especializadas como las de Cáncer, VIH, Artritis, Diabetes, etc. Recordemos que en la mayoría de IPS es donde se aplica la reducción y control de costos que se reflejan en el mal servicio y aumento de mortalidad y morbilidad, también muchas son de políticos y médicos especialistas que ejercen posición dominante en ciudades pequeñas.

Los mayores dueños del negocio de la salud en Colombia son las EPS, que como se ha demostrado en los últimos 15 años, han sido la industria más creciente en el país, ubicando algunas en las 100 primeras empresas de la Nación con unos altos márgenes de ganancia. En éste segmento están:

*Las EPS del subsidiado con su agremiación “GESTARSALUD” que defiende sus intereses como la universalización del aseguramiento, ya que en Colombia hay más pobres y entrarán al régimen subsidiado.

*Las Cajas de Compensación Familiar, que algunas tienen EPS en contributivo y subsidiado; las representa “ASOCAJAS” la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar que también vela por sus intereses en el negocio de la salud.

No podemos olvidar las empresas que venden seguros de salud y que están asociados a “FASECOLDA” Federación de Aseguradores de Colombia, quienes lucharán por que avancemos al modelo de aseguramiento en salud no regido por un plan básico como lo es en Colombia, sino girando al modelo de USA. Tampoco las empresas de Riegos Profesionales ARP y las del SOAT que están en la agremiación de seguros.

Por otro lado está “ACEMI” Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que agremia EPS, mayoría del contributivo, medicina prepagada y ambulancias prepagadas, éste gremio podríamos decir que es rey de los leones pues representa gran parte del negocio en valores y también en usuarios y es donde se mueve mayores intereses por tener un POS más amplio que el subsidiado, por eso siempre vemos en las noticias que su representante está en titulares y da la pauta para donde debe ir el negocio de la salud en Colombia y fue así como se demostró que la emergencia en salud fue en gran parte hecha por las EPS, como se  supo por las denuncias de los contratos del Ministerio, es así como en el trámite de la ley 1438 de enero de 2011, algunos ponentes se quejaron en una sección por que el Gobierno se reunió con actores del negocio para hacer modificaciones y ellos no fueron invitados.

Para terminar de ver la importancia de este gremio y su directa influencia en el Gobierno, ACEMI organizó el 8 de febrero un evento para análisis de la ley 1438 y fue presidido por la actual Viceministra de la Protección Social, esto nos deja ver la coordinación con el Ministerio. Y si aún quedan dudas recordemos como los asistentes del Ministro llevaban mensajes al Presidente de ACEMI en plenarias de discusión de la ley, cuando se presentaba algo que afectara a las EPS.

Bueno, si después de ésta breve revisión hay dudas que la salud en Colombia es un negocio, entonces revisen quién de estos actores no estuvo en las mesas temáticas del Ministerio o en las plenarias del Congreso.

No puede continuar siendo la salud un negocio, sin normas y sin ética. La lucha seria, es lograr una reglamentación del sistema donde se nos garantice el derecho fundamental de la salud.

LA BUSQUEDA DE LA LUZ - EL DRAMA DE LOS DESPLAZADOS EN COLOMBIA.

 

Cortesia de Patricia Simón - Periodismohumano.com

En un país con cuarenta y cinco millones de habitantes, casi tres millones de desplazados y 38.000 desaparecidos en las cuatro décadas de conflicto que lleva sufriendo es difícil encontrar a alguien que no tenga alguna víctima entre sus allegados. Y muy fácil encontrar a familias enteras que han sufrido el azote despiadado de la violencia sobre varios de sus miembros. Ése es el caso de Luz Agüelo, una joven de veinticuatro años, hija de campesinos y perteneciente a ese 46 por ciento de la población de Colombia que es pobre, y en muchas ocasiones, al 18% de éstos que viven en la indigencia y que no tienen recursos para el consumo mínimo de las calorías necesarias. Tanto es así, que hoy su madre, para que pudieran viajar hasta el lugar donde supuestamente está enterrado su hermano, víctima de los paramilitares, ha tenido que pedir un préstamo. “No sé que nos tocará hacer para pagarlo pero lucharemos para pagarlo y seguir adelante”.

Hasta los quince años, ayudar a su madre a criar a sus seis “hermanitos”, como ella los llama, y cultivar el pedazo de tierra que tenían eran sus principales problemas. Fue entonces, cuando ingresó en la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) según ella de forma forzada: “iban por las veredas y cogían a los pelaos (niños) y ya”. Allí pasó dos años de los que habla mucho sobre su formación como enfermera y labores propias de mantenimiento (cocinar, buscar leña, limpiar…) y muy poco sobre los combates. Sólo cuando explica por qué se escapó menciona un disparo que le alcanzó en un enfrentamiento con el Ejército. “Me cansé de ver tanta injusticia, cómo tumbaban pueblos enteros, cómo mataban niños, gente inocente. La ideología es bonita (…) pero los hechos son muy atroces”. Luz se inscribió entonces en el Plan Nacional de Reinserción del Comité Operativo para la Dejación de las Armas como desmovilizada de la guerrilla. “Por haberme entregado voluntariamente, supuestamente teníamos algunos derechos como un capital semilla para reintegrarnos a la sociedad, pero nunca lo cumplieron”. Luz Agüelo asegura que entregó armas, munición así como documentos de la organización. Según estos datos, el Estado debería haberle concedido una ayuda económica de quince salarios mínimos mensuales, en el caso de que quisiera estudiar grados superiores el 50 por ciento de los gastos, así como seguro médico y una ayuda para emprender micro empresas u otros proyectos laborales. Nada de esto se ha cumplido.

Luz en primer plano, mientras su marido consuela a su madre (Javier Bauluz / Periodismohumano)

Pero el pertenecer a la guerrilla no le evitó perder familiares a manos de ninguno de los bandos de esta guerra. Un tío asesinado por los paramilitares, otro tío en un ataque a una estación de policía del pueblo antioqueño San Franciso por parte de las FARC, un hermano miembro también de la guerrilla asesinado por paramilitares junto a siete amigos, todos ellos menores de edad, y finalmente su hermano Norvey, de diecisiete años que fue asesinado cuando iba a visitar a su novia por los paramilitares.

Luz Agüelo sabe desde hace diez años dónde está enterrado su hermano Norvey. Alguien le había mostrado el lugar pocas semanas después de la desaparición. Pero de aquello hace diez años y entonces no eran tiempos apropiados para ir a desenterrarlo, denunciar su desaparición y ni  tan siquiera para hablar mucho del asunto. Su pueblo, San Francisco en el departamento de Antioquia, ha sido muy castigado por la guerrilla y por los paramilitares. Y es muy probable que se cruzaran con los asesinos a menudo.

Así que hoy, tras muchos años de silencio, su madre, una mujer silenciosa, robusta y con un rostro de profundas arrugas que le echan encima veinte años más de los cuarenta y pocos que tiene, y ella han emprendido el camino hacia la montaña acompañadas por un equipo de la Fiscalía de Antioquia que a la semana hace una media de cuatro búsquedas de víctimas de los paramilitares, guerrillas y Ejército. Junto a una loma dedicada al cultivo de patatas, tras un par de intentos fallidos y gracias a la pericia del forense que ya intuye los lugares elegidos por los asesinos, el olor de la tierra extraida con una sonda presagia que ahí, justo debajo de nuestros pies hay enterrado alguien o algo. Por el olor y la textura, el forense anuncia que el cadáver de lo que hay enterrado ahí es más reciente que el de su hermano. “Así nos ha pasado, que vamos por uno, no lo encontramos y nos llevamos a otro”, explica el forense a Luz cuando se asusta ante la posibilidad de encontrar los restos que no sean los de su hermano. Tras la excavación de un pequeño agüjero, el forense encuenra un escapulario y confirma “Aquí hay un paciente”.

La madre se acurruca tras un árbol. Llora, aunque contenida. Más bien parece petrificada. Su hija pregunta “¿Y si las pruebas de ADN demuestran que no es mi hermano, seguirán buscándolo?”, pregunta Luz. “Claro, el problema es que por esta zona unos amiguitos tuyos dejaron unas bombitas” le contesta el forense, que trabaja codo con codo con los militares para poder acceder a zonas de presencia guerrillera. Muchos compañeros han perdido miembros del cuerpo por el efecto de las minas antipersona fabricadas artesanalmente, o incluso la vida.

Pero la madre y la hermana del “paciente” no han venido solas. Les acompaña el marido de la joven, un ex paramilitar con el que se casó hace unos cuatro años y con el que comparte la vida como desmovilizados y un pasado vinculado directamente a la guerra, aunque enfrentados. Son muy afectuosos entre ellos. Han caminado de la mano todo el camino y él le acaricia la cara cuando ella empieza a tiritar ante el descubrimiento, poco a poco, de un cuerpo pequeño, vestido con botas de agua. El sitio del enterramiento coincide con un riachuelo de agua subterránea. Éste hecho ha favorecido la conservación del cuerpo de algunos de los tejidos del cuerpo que, junto al agua, rellenan la ropa dando la falsa impresión de que bajo éstas sigue habiendo carne.

La madre reconoce la ropa, la hermana recuerda que tenía el pelo igual de largo que algunos de los que aún hoy permanecen pegados al cráneo. El marido ex paramilitar tiene los ojos vidriosos y el rostro colorado. Cuesta imaginar los pensamientos que cruzaran su mente. No habla en todo el día. Se turna en la tarea de consolar a su suegra y a su esposa. Ambas permanecen como dos fantasmas.

El forense recoge los restos ayudado por los ropajes, lo que evita que la madre tenga que ver huesos ni otras sustancias que hagan más duro el momento. Apenas una hora más tarde, apenas quedan huellas de lo ocurrido. El propio ex paramilitar junto al ayudante del forense ha rellenado con tierra la fosa. Una bolsa de plástico negro precintada, de apenas cuarenta centimetros cuadrados, basta para lo que ha quedado de este joven.

De camino al hospital más cercano en una furgoneta pick up de la Fiscalía, el matrimonio de jóvenes viaja en la bañera del automóvil junto a la bolsa de los restos. Los socavones del camino provocan que la bolsa se mueva entre sus pies. La hermana tiene un rictus de recogimiento, mientras su marido no deja de abrazarla en un respetuoso silencio. “Muchos piensan que uno hace esto por interés de un dinero que le van a dar, pero no. Uno hace esto porque tiene la oportunidad de recuperar a sus familiares y para uno es una gran satisfacción. Que uno es muy pobre y acepta las ayudas que le den, pues claro. Pero, eso no va a tapar todo el daño y el dolor que los paramilitares nos hicieron. Uno no olvida”.

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Sospechoso viraje en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional - Colombia.

La justicia transicional y la paz de los vencedores

Cortesia:  Carlos Alberto Villanueva -

Agencia Prensa Rural

Con motivo de la IX Asamblea de Estados signatarios del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), celebrada el pasado lunes 6 de diciembre en Nueva York, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue invitado a ocupar uno de los turnos centrales -el segundo, en concreto- en los discursos de presentación de la reunión de dicho tribunal internacional. Todo ello junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, y al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.

La sorpresa no viene solo por el anuncio de que el actual presidente –y ex ministro de defensa colombiano en la pasada legislatura- participara del acto central de instalación del evento. Más bien, dicha sorpresa se produce al constatar la concordancia entre los pronunciamientos del fiscal de la CPI y del presidente Santos (1). Tales pronunciamientos pueden interpretarse como un cambio radical de posición al interior corte con respecto a Colombia, todo ello a tan solo, poco más de cien días del actual gobierno de Juan Manuel Santos. Algo así como un pacto entre Tom y Jerry. Esto es, por una parte, el fiscal de un tribunal internacional y de nueva generación, pensado para combatir, entre otros crímenes, aquellos que se han derivado del abuso de la autoridad y que han contado con la complacencia-impunidad de los agenes judiciales y de seguridad del estado colombiano, y por la otra parte, el presunto autor de dichos crímenes atroces, y gestor-administrador del la impunidad que ha permitido que dichos crímenes se prolonguen a la largo de varias décadas. Lo más parecido a abrir las mejores botellas de vino para los acusados en los tribunales de Nuremberg. Quizás ahora entiendan aquello de “tribunal de nueva generación”.

En concreto, Colombia es uno de los países que se encuentran en estado de observación por la oficina del fiscal de la CPI. Hay que recordar que dicha vigilancia no se deriva necesariamente de que en Colombia viva durante varias décadas un conflicto interno -social, político-armado y de clase- como así lo ha dado a entender el fiscal Moreno (2). Más bien, se deriva del comportamiento de todos los agentes estatales (desde el diseño de la estrategia contrainsurgente que marca un origen oficial de los crímenes, hasta los operadores de justicia) en el marco de dicho conflicto. Sabemos también que durante las casi cinco décadas del conflicto interno, el estado colombiano ha detentado el monopolio del aparato represivo y judicial. Así mismo sabemos, que dicho estado jamás ha renunciado a juzgar las acciones consideradas como punibles de los rebeldes de las organizaciones político-militares que se han declarado en rebelión contra el estado; y que sólo ha violado las obligaciones que tiene como estado -de investigar, perseguir a los autores, procesarlos y juzgarlos-, en el caso de los crímenes del paramilitarismo y de los agentes estatales. En definitiva, el asunto que atañe a la competencia de la CPI no es la legitimidad del estado para detentar el uso exclusivo de la fuerza y del sistema judicial interno frente a los rebeldes, más bien, el papel del tribunal es dilucidar el origen y desarrollo de los crímenes de su competencia, de lo contrario, estaríamos frente a un caso de impunidad en las obligaciones de dicho tribunal internacional. En este sentido, los pronunciamientos hechos por el fiscal de la CPI, trasladan la sensación de que el estado colombiano no es el “sujeto investigado” y el sospechoso de cometer y facilitar los crímenes, sino que es una víctima más. Veamos algunas de las declaraciones:

“...El hecho de que nosotros estemos observando el proceso en Colombia es solamente el fruto de que ese país ratificó el estatuto. Mi tarea es esa, pero no implica ningún juicio ’deplorativo’ contra Colombia”.

“...Me parece que lo que dijo el Presidente es muy cierto, esa maniobra de liberación de Íngrid Betancourt fue maravillosa. Le digo: yo tengo que arrestar gente y siempre salgo a buscar a los colombianos a que me ayuden. Fue maravilloso. Fue increíblemente sutil, sofisticado y eficiente”.

Este es el criterio del fiscal de la CPI respecto de la operación Jaque, en la que se cometió una infracción grave al código del Derecho Internacional Humanitario por parte del ejército colombiano al usar indebidamente el emblema de la Cruz Roja Internacional, lo que está reconocido en dicho código de guerra como un acto de perfidia. Delito que está declarado en el estatuto de Roma como de competencia de la CPI.

Así pues, el estado colombiano -en cabeza de sus representantes- está bajo observación por participar en la comisión de aquellos crímenes que la doctrina del derecho público internacional ha definido como crímenes de lesa humanidad.

Hay que recordarle al fiscal de la CPI, que gran parte de los desarrollos recientes que conforman el corpus jurídico del estatuto de Roma se basan en la idea de la lucha contra la impunidad. Atendiendo al hecho, de que en la práctica, para cometer las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, se necesitan el despliegue de medios de destrucción y de la permisividad, que sólo quienes detentan el poder pueden poner a disposición de aquellos que cometen tales violaciones. Así lo constata el hecho de que las violaciones atribuidas al paramilitarismo y a los agentes estatales se han producido por todo el territorio colombiano con una impunidad de casi el ciento por ciento, y además, que dichos crímenes no solo han sido cometidos en territorios donde el paramilitarismo detenta el poder de facto y el control territorial en “ausencia” de los agentes estatales.

Y es que los motivos que pueden llevar al estado colombiano a la CPI son cuestión de un análisis mucho más detallado, desde luego en un universo de interpretaciones, pero algunas de las interpretaciones y explicaciones públicas del tribunal están basadas en cuestiones como: 1. ¿Cuál es el periodo de competencia del tribunal? ¿Qué pasa con las responsabilidades internacionales de Colombia (en el sistema de Naciones Unidas) antes de la entrada en vigor del estatuto de Roma? Hay que recordar también que, a pesar de firmar la adhesión al estatuto de Roma en el año 2002, Colombia no respondería a las competencias de dicho tribunal hasta agosto del año pasado, ya que una vez firmada su adhesión, demando acogerse al artículo 124 de dicho estatuto, por el cual no aceptaba las competencias del tribunal durante 7 años a partir de la firma.

Lo anterior tiene su relevancia ya que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado y su brazo paramilitar en el marco de presente conflicto, se remontan varias décadas atrás, es decir, al inicio mismo del conflicto, cuando los aparatos represivos estaban a la disposición de los intereses económicos de las minorías terratenientes y comerciantes de recursos naturales.

2. Según la interpretación que la CPI haga del Principio de Complementariedad, que es el concepto base de las actuaciones internacionales de la corte, pero que según han coincidido el presidente Santos y el fiscal Moreno, en este caso no dan cabida a actuaciones de la CPI porque según este último "Colombia está pasando de niño malo a niño bueno en el contexto internacional" (2) (ver también el artículo 17-2a del estatuto de Roma).

3. O quizás, de lo que la corte entienda por una pena proporcional al crimen cometido, pues en el marco de la ley de “Justicia y Paz”, el paramilitar conocido como el “Iguano” fue sentenciado a 8 años de cárcel luego de confesar la responsabilidad de casi 4.000 asesinatos, y para hacernos una idea: 2.920días/4.000 = 0,73 días de cárcel por cada persona asesinada, esto es, 17, 52 horas de cárcel por cada uno de ellos;

4. También, de lo que la corte considere al respecto de que en el marco de “Justicia y Paz” se haya amnistiado a casi el 92% de los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Colombia, es decir, aquellos que son llamados los “integrantes rasos” del paramilitarismo; y en esta caso sí que hay tela para cortar, pues hay quienes consideramos que la amnistía a los “rasos” transita por el camino de lo simbólico (no solo de lo práctico) y trata de distraer la atención sobre la existencia de un plan estratégico nacional para la comisión de todos aquellos crímenes, ya que cada persona que se inscribía en el proyecto paramilitar sabía a conciencia que participaba desde lo local en una directriz más amplia y de carácter nacional, y de esta forma se asumía a las órdenes de la cadena de mando ascendente por todo el territorio nacional. También, los “rasos” acataban las órdenes en el sentido de la ingeniería de los recursos humanos y se desplazaban a los lugares donde dichas directrices indicaban que era necesario que actuasen, y así mismo, aceptaban los asensos y el reconocimiento (económico, por ejemplo) que sus acciones (crímenes) les proporcionaban al interior del las filas del paramilitarismo. Es decir, que los crímenes (aunque solo fueran como autores materiales, y aunque hubiesen cometido/participado tan sólo de un asesinato, o una desaparición forzada, o una tortura, o de una violación sexual, etc.) hacían parte del conjunto de los crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional, y por lo tanto, no cabe la amnistía para los mismos.

5. También depende de cómo se interprete el concepto de Justicia Transicional. Y es que hecha la ley, hecha la trampa -y nunca mejor dicho. Pues solo así es entendible el respaldo que la ONU ha dado a los mal llamados “procesos de transición” desde las dictaduras militares a las democracias liberales autoritarias en América Latina. Procesos con el ciento por ciento de amnistías para los crímenes de lesa humanidad (¡ah, se me olvidaba, en Colombia la amnistía no es del ciento por ciento!).

Algunos no estarán de acuerdo en que este concepto es tan maleable y acomodaticio como el que más, algo así como la aspirina para todos los males que causan los excesos de los buenos aliados del capitalismo global y su sistema de Naciones Unidas.

Pero en el caso Colombiano, sí que es un proceso verdaderamente único, es decir, justicia transicional sin transición ni resolución del conflicto y negociación con el compañero de armas, y todo ello, sin reformas institucionales que hagan constatable las garantías de no repetición. Y no quiero decir que de lo único que dudo es de la validez y del espíritu del concepto mismo de “Justicia Transicional”, sino que dudo de la voluntad de la CPI para hacer valer los preceptos más modernos de la jurisprudencia internacional a la hora de enjuiciar a un buen alumno como el estado colombiano, aún dentro del marco de referencia de esos mismos desarrollos teóricos.

Con respecto a esta última cuestión, y dejando espacio al vuelo de las interpretaciones, hay bastantes voces que hablan de que, por sí mismo, el artificio jurídico de “Justicia y Paz” es objeto de estudio acerca de su admisibilidad a trámite para investigación y enjuiciamiento por parte de la CPI, a causa de ser violatorio de las normas internacionales respecto de los crímenes de lesa humanidad (3).

Ahora, con respecto al análisis acerca del repentino cambio de opinión por parte de la CPI en cuanto a la responsabilidad de los agentes estatales colombianos en los crímenes de lesa humanidad, propongo tres cuestiones como punto de partida, esperando que el movimiento social y popular colombiano, las organizaciones de víctimas y las organizaciones internacionalistas y de solidaridad de América Latina y Europa, recojan la inquietud y hagan sus aportes a la discusión:

Durante los ocho años que duró el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la ONU demostró que su función reguladora estaba perfectamente acoplada a la estrategia internacional de los EEUU y de los capitales transnacionales en América Latina. Hay que recordar el papel que el organismo internacional jugó luego de que Colombia violara la soberanía de dos países vecinos. Luego de terminado su mandato, Uribe fue premiado por la ONU al otorgarle un cargo de responsabilidad en la comisión que investiga los asesinatos de los tripulantes de la llamada Flotilla de la Libertad, a manos del ejército de Israel. En la actualidad, Colombia ha accedido, por un periodo de dos años, a uno de los puestos rotativos en el Consejo de Seguridad de la ONU (¿alguien sabe cómo se consigue algo así?), y para nada conviene que el socio estratégico en América Latina tenga algún proceso abierto por la fiscalía de la CPI.

El viraje de la CPI también puede estar explicado a partir de la llegada del juez español, Baltasar Garzón, en calidad de ayudante a la oficina del fiscal Moreno. Pues hace tan sólo algunos meses, en los famosos cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (del 2 al 6 de agosto de 2010), Garzón señalaba como uno de los grandes retos de la comunidad internacional, el apoyo a Colombia en el “proceso transicional”. Tan sólo un mes antes, Garzón se reunió con Juan Manuel Santos en el marco de la gira que este último realizó a Europa para recabar apoyos (también para la candidatura al Consejo de Seguridad), y esta es su declaración a los medios de comunicación: "(Garzón) Me pidió la cita y soy su amigo personal. El juez nos ha ayudado muchísimo a los colombianos en el proceso de desmovilización y en la Ley de Justicia y Paz. Ahora me gustaría escucharlo, ya que es asesor de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre cómo nos pueden ayudar", también agrego que el juez "ha sido muy positivo en ayudar al Gobierno para legitimar el proceso de justicia y paz" . Notarán, entonces, el peso que tiene aquí la palabra “legitimar”.

Por último, y quizás una de las más importantes implicaciones a la hora esclarecer las responsabilidades de los agentes estatales en los crímenes de lesa humanidad y de la impunidad crónica en Colombia. Se trata de las posibles implicaciones que la “nueva” posición de la CPI pueda tener sobre el sistema interamericano de justicia -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, pues hasta el momento este sistema regional de justicia es el único que se ha atrevido a emitir condenas en firme contra el estado colombiano, bien por su participación directa o por su negligencia con el fin de promover la impunidad para los agentes para-estatales. Así quedó claro en la reciente sentencia de la Corte Interamericana por el asesinato del militante de la Unión Patriótica (UP), Manuel Cepeda Vázquez. También, la CIDH ha mostrado su interés por los recientes violaciones cometidas por el DAS, llamando a una audiencia preliminar a personas afectadas y a los representantes estatales. En este sentido, la CIDH, ha mostrado su determinación para abrir investigaciones por casos que el sistema interno de justicia había cerrado o simplemente había permitido que se vencieran los términos de las investigaciones (ver sentencias de la corte contra el estado colombiano www.corteidh.or.cr).

Notas:
(1) Para ver el discurso del fiscal en el acto de apertura en la IX asamblea: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_... Para ver la entrevista del fiscal de la CPI concedida al diario El Tiempo: http://m.eltiempo.com/noticias/cort... Para ver el discurso Santos en la asamblea: http://wsp.presidencia.gov.co/Prens...
(2) “…El hecho de que yo lo tenga en observación no quiere decir nada malo. Simplemente, es una cosa que usted también sabe: que en Colombia todavía hay un conflicto armado.” “…Los números de reducción de crímenes y de violencia en Colombia son muy impactantes y, por supuesto, muy claros. Colombia ha ido aceptando desafíos y juzgando a más gente.”
(3) Ver el informe del Grupo Nizkor, “Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia”. www.derechos.org/nizkor/colo... Ver el informe de la FIDH, “La desmovilización paramilitar en los caminos de la Corte Penal Internacional”. www.fidh.org/La-desmovilizac... Ver también el artículo 17-2a del Estatuto de Roma.

LO INSOLITO DE PERSONAJES COMO INGRID BETANCOURT

"…No es nada nuevo que Ingrid Betancourt utilice sus argucias para salir en primer ante los medios de información. Su figura cada vez que sale deja una estela de difunta, sufrimiento y mesura calculada. Mucho antes de su secuestro su historia política lo ha demostrado. Basta revisar sus actuaciones en el congreso."

No es extraño encontrarnos con noticias, y actos como los emprendidos por la señora Ingrid Betancourt, supuestamente en contra del Estado Colombiano, cuando en realidad es el Pueblo Colombiano, sus ciudadanos y habitantes, quienes tendremos que asumir semejante carga economica en contra de nuestra voluntad.

Recordemos que el Estado Colombiano puede ser demandado, pero quienes a la postre pagamos y asumimos dichas cargas economicas, son el pueblo, cada dia mas pobres, por personajes de esta naturaleza que se pavonean en los escenarios politicos para obtener prebendas de todo orden.

Y no es extraño, que el Estado, o alguno de su agentes se preste para llevar la supuesta conciliacion a feliz termino, entonces tendremos la justificacion para desviar los recursos que finalmente deben llegar a las poblaciones y personas mas pobres (y presupuestadas en los Planes de Desarrollo, sea Local, Municipal o Departamental).

Actos como estos, son los que debemos con paciencia, pero con absoluto caracter, rechazar y evitar. Como? Siendo conscientes de que debemos elegir personas transparentes, esforzadas en servir a la comunidad, lideres comunitarios que anhelan servir desde el poder a las poblaciones vulneradas y no personajes con intereses perversos que quieren aprovecharse de los recursos destinados para la sostenibilidad de un Pais y sus Ciudadanos de bien.

PARO DEL TRANSPORTE EN BOGOTÁ: UNA CRISIS ANUNCIADA

“El paro del sector del transporte público de Bogotá que hoy afecta a toda la Ciudad era un temor latente desde meses atrás”, señaló la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz Ortíz, del Movimiento MIRA.

Para la legisladora, el paro obedece a dos grandes razones: por un lado, la inevitable expropiación y exclusión del sistema de transporte que sufrirán los pequeños propietarios de vehículos de servicio público por las condiciones definidas en la licitación del SITP, actualmente en proceso y; por otro lado, la presión sobre conductores del Distrito para que firmen acuerdos de pago por las multas pendientes de pago, en numerosos casos prescritas,con las entidades competentes.

La legisladora enfatiza que los ofrecimientos del Sistema en materia de renta fija mensual y de valores de los vehículos son “injustos” a los ojos de los pequeños propietarios. Para un vehículo 2009, el sistema le ofrece a un pequeño propietario una renta de $1.400.000 cuando hoy puede ganar hasta $5 millones. Si quisiera vender su vehículo, que pudo haber costado algo más de $200 millones más el valor del cupo, el valor ofrecido llega a los $185 millones y nada se habla del cupo o de su rentabilidad.

“Hemos hecho el seguimiento a todo el proceso del SITP. En debate de control político el 25 de noviembre en la Cámara de Representantes, denunciamos que las condiciones económicas y técnicas señaladas en los pliegos de la licitación favorecen sólo a grandes empresarios, dejan en incertidumbre a los usuarios acerca de los montos que deberán asumir por tarifas que serían mayores a las actuales y excluye a los pequeños propietarios, conductores, industria nacional y toda la cadena de trabajos que dependen del transporte público. La licitación tampoco prevé las soluciones para los taxistas, quienes también se verán afectados”, señaló la Legisladora.

Por estas y otras fallas de la licitación, el pasado 29 de enero la Representante le solicitó de manera formal y por escrito, al Alcalde Mayor Samuel Moreno, la suspensión de la apertura oficial del proceso, hasta tanto se subsanaran las fallas y existieran garantías reales de seguridad económica para los usuarios, y de inclusión y permanencia para los pequeños propietarios y conductores, recibiendo una respuesta negativa por parte del mandatario.

Frente al tema de los acuerdos de pago, la Congresista ya había hecho un llamado a los conductores de servicio público, para que no se dejen confundir con la campaña de desinformación y presión para firmar acuerdos, teniendo en cuenta que deberá entrar en vigencia la ley que concederá un descuento del 50% a todas las personas que tienen deudas pendientes de pago por infracciones de tránsito.

IDU y Unidad de Mantenimiento Vial son las entidades que menos presupuesto han ejecutado

IDU y Unidad de Mantenimiento Vial son las entidades que menos presupuesto han ejecutado

Al tiempo que la ciudadanía sigue denunciando retrasos en obras, deterioro de la malla vial y caos vehicular, dos de las entidades clave para la movilidad en Bogotá tienen pendientes por ejecutar más del 75 por ciento del presupuesto, cuando faltan menos de tres meses para finalizar el año.

Según un informe de la Veeduría Distrital sobre la inversión directa, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) sólo ha ejecutado el 23% de su presupuesto, es decir cerca de $290.000 mil millones, cuando tiene un billón doscientos sesenta mil millones de pesos asignados para la presente vigencia.

El organismo de control también evidenció preocupación en el caso de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, que sólo ha comprometido dineros equivalentes al 13.2% El presupuesto disponible de este establecimiento público es de más de $146 mil millones y no supera los $20 mil millones de inversión.

De acuerdo con el informe, 30 de las 65 entidades distritales que conforman la administración central, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y Alcaldías Locales no alcanzaron, al 30 de septiembre, fecha de corte de la evaluación, ni el 50 por ciento de ejecución, lo que hace suponer que son pocas las entidades que cumplirán con el 100 por ciento de lo programado.

Para evitar que las entidades vayan contrarreloj en la contratación en diciembre, la Veeduría Distrital hizo un llamado urgente para que den celeridad no sólo a los recursos que comprometen, sino también al dinero girado.

Según la Veedora Distrital, María Consuelo del Río Mantilla, la mayoría de entidades deberían llevar en este momento aproximadamente el 75 por ciento de la ejecución presupuestal. Lo más paradójico es que las entidades a las que se les aprobó mayor presupuesto para la presente vigencia son las que menos dinero han ejecutado, lo que hace prever que se les asigne un mayor volumen de reservas para el 2010.

Aunque muchas entidades han acogido el llamado de la Veeduría Distrital en informes anteriores sobre la inversión directa, siguen preocupando casos como el de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que al finalizar septiembre sólo había ejecutado algo más de $10 mil millones de los cerca de $60 mil millones disponibles, es decir el 18%
Lo mismo sucede con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que registró una inversión de cerca de $6.000 millones de un presupuesto asignado de más de $22 mil millones (26% de ejecución).

El panorama de los gobiernos locales también genera preocupación pues sólo dos Alcaldías (Ciudad Bolívar y Fontibón) han ejecutado más del 50% de sus recursos. Las más colgadas son Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Engativá, que no superan el 30%

Las entidades distritales que mejor comportamiento tienen a la hora de invertir sus recursos son el Departamento Administrativo del Servicio Civil con el 98.6%, Transmilenio, con el 90%, y la Lotería de Bogotá con el 84,6%.

Cortesia: Casa ciudadana de control social.

ACCIONES GUBERNAMENTALES ABSURDAS!!!

Bogotá., D.C., octubre 16 de 2009

Alcalde de la localidad octava "Kennedy" del Distrito Capital de Bogota cambió recursos de educación por llantas y papel

* Con cuatro votos en contra, la JAL de Kennedy cambió la destinación de recursos ya asignados dentro del presupuesto local para proyectos de educación.

Después de un gran debate entre los ediles de la Localidad de Kennedy, al finalizar la tarde de ayer fue aprobado el traslado de $462 millones de pesos que habían sido asignados a proyectos de educación, para gastarlo en llantas, vehículos, maquinaria pesada y elementos de papelería e insumos para equipos de oficina.

La Edilesa de MIRA Clemencia Ávila Nicholls, se mostró en total desacuerdo con el traslado de estos recursos. “ Es cambiar la prioridad que son las necesidades de la comunidad, es decir, lo social y lo educativo por inversiones y gastos administrativos que pueden esperar. No se justifica que los proyectos aplicables para el desarrollo social de los jóvenes sean cambiados, en momentos tan críticos por los que pasa la juventud (drogadicción, pandillismo, suicidio, embarazos a temprana edad, entre otros).

Agregó: “Por el contrario se deben aunar esfuerzos para fortalecer espacios para una convivencia sana, aún mas cuando nuestra localidad es una de las más peligrosas, porque los mismos jóvenes están siendo involucrados en todo tipo de delitos por falta de oportunidades.

“Ahora se ampliaron los recursos para maquinaria, pero me pregunto…..¿vale la pena el incremento de los recursos para llantas cuando ya hay los recursos para ese rubro y las vías de la localidad están totalmente deterioradas y hay barrios que no cuentan con sus calles pavimentadas desde hace 50 años? a pesar de que han sido múltiples las solicitudes de la comunidad en ese sentido y no encuentran eco en su petición” finalizó la Edilesa.