Estas son las propuestas de los ternados a Fiscal.

Cortesia: Semana.com

SEMANALos ternados Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre, expusieron sus propuestas ante los magistrados de la Corte Suprema.

JUSTICIALos tres postulados por el presidente Juan Manuel Santos para ocupar el segundo cargo más importante del país, tuvieron cada uno 15 minutos para hablar ante la Corte Suprema sobre lo que sería su gestión.

Los tres candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación, que se encuentra en interinidad por cuenta de la anulación de la elección de Viviane Morales, hicieron su intervención en orden alfabético ante 23 magistrados en Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, quienes con sus votos decidirán quién se posesionará en el cargo. Esto fue lo que dijeron.  

"En el evento de sea elegida haré que ciudadano sienta una justicia imparcial": Mónica De Greiff 

En su intervención la candidata Mónica de Greiff se refirió a varios temas en los cuales debe empezar a trabajar el ente acusador, haciendo énfasis en la cercanía que debe tener la Fiscalía con los ciudadanos.

Dijo que para ella es fundamental que el ciudadano pueda tener "acceso fácil a la Fiscalía". Incluso criticó que no se ataque a la criminalidad con eficiencia desde el ente acusador. "La Fiscalía es en términos gerenciales una empresa en desarrollo", resaltó De Greiff.

En su intervención la ternada aseguró que es necesario potenciar los recursos con los que cuenta el ente acusador, incluido el "personal administrativo" para que se mejore su función. Afirmó que para ello va a diseñar un plan de acción con el fin de mejorar la capacidad investigativa. Resaltó que tiene el propósito de implementar la capacitación para los investigadores incluidos el CTI y la Policía Judicial.

En su discurso también sostuvo que va a promover una Fiscalía rural encargada de combatir la criminalidad en zonas apartadas del país y en las cuales todavía no ha llegado la justicia. 

"No toda noticia criminal genera una investigación", resaltó la candidata tras señalar los casos que han hecho parte de las denuncias de los medios de comunicación. Incluso en su declaración aseguró que va a coordinar con los entes de control los procesos que se adelanten contra funcionarios del Estado para que no queden en el limbo.  

Señaló que el principio de oportunidad (delación con privilegios) tendrá claras directrices para que este mecanismo no sea "sinónimo de impunidad”. En el tema de Justicia y Paz la ternada recalcó que además de los paramilitares, los demás grupos armados  "deben tener la posibilidad de desmovilizarse". Para ello, dijo que se debe promover esta iniciativa.  

"En mi administración las víctimas no estarán solas (...)cualquier esfuerzo no puede ser en vano", dijo De Greiff.

En el tema de la corrupción dijo que no va a dar “marcha atrás” y que continuarán las investigaciones que dejó la anterior fiscal general. La idea es que se erradique la “impunidad”.

Para atacar las llamadas bandas criminales De Greiff  señaló que va a crear grupos móviles de fiscales investigadores con los cuales quiere que se haga justicia en zonas apartadas.

Al final aseguró que no está de acuerdo con ningún “proyecto que permita sustraer a la Fiscalía de la rama judicial”.


“La Fiscalía no puede ser una rueda suelta”: María Luisa Mesa

María Luisa Mesa centró su intervención ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en cuatro puntos. Antes de referirse a ellos fue enfática en decir que considera que la Fiscalía no "debe ser una rueda suelta" y que de debe propender por la consonancia con las decisiones que ha trazado la Corte Suprema de Justicia, como juez supremo. "De no ser por los jueces la acusaciones no quedarían en nada", dijo. Acto seguido, detalló los aspectos en los que basaría su gestión de resultar elegida como la nueva Fiscal general de la Nación.

Descongestión del sistema penal acusatorio: "El gran problema es el cuello de botellas en las investigaciones. Hay 1.800.000 actuaciones en curso y el problema tiende a empeorar", dijo Mesa, quien señaló que es evidente entonces la necesidad de fortalecer la entidad con mayor presupuesto, investigadores y fiscales.

La ternada en este punto se refirió también a las rebajas de pena. Sobre lo que aseguró que "las negociaciones y las rebajas de pena solamente se justifican en contraprestación a la colaboración eficaz (...) pero no puede abarcar a quienes la han patrocinado porque es un nefasto mensaje". Dijo también que ser testigos cuando se trata de conductas de corrupción lleva a la impunidad.

Aforados: "Delegaría funciones pero no responsabilidades. Mantendría la dirección y el control de dichas investigaciones. Actualmente se tramitan 1600 actuaciones procesales de las cuales 12000 corresponden a asuntos de fuero constitucional y para hacer frente a esta realidad la solución está en manos del fiscal”, dijo.

También se refirió a la reasignación de procesos. "Aplicaría los criterios de la Corte Constitucional en materia de reasignar procesos para garantizar así la independencia en la administración de justicia". En este aspecto Mesa fue enfática en decir que de ser elegida como fiscal, los procesos judiciales no se trasladarán a los micrófonos (medios de comunicación) como mecanismos de justicia. "Eso genera desigualdad (...) no estaría determinada por intervenciones mediáticas, sino por el control y la celeridad de los procesos".

Justicia y Paz: "Se debe mantener la línea que la propia Corte Suprema de Justicia ha marcado, y que es pionera en criterios de justicia transicional". Señaló, sin embargo, que se requiere un impulso para la celeridad de los procesos y además un protocolo para los delitos de género, que permita proteger la dignidad de la mujer.

Política criminal: "Debe haber transparencia, investigación y persecución del crimen y la rápida solución de los casos (...) Mi única confrontación será con el crimen y el mayor compromiso con el cargo es que el requiere la justicia".

La candidata también sostuvo que "la Fiscalía tiene como uno de sus mayores retos combatir la corrupción privada, el destino de los recursos de salud" y lo que se genere con la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio.


Eduardo Montealegre quiere llevar derechos humanos a ley estatutaria

La intervención del exmagistrado Eduardo Montealegre giró en torno a una sola propuesta según la cual buscaría poner en primer plano la protección de los derechos humanos en el país, para que esta se equipare con los códigos internacionales.

"En el caso de que sea elegido Fiscal General de la Nación mi propuesta será en materia de derechos humanos", dijo que Motealegre al inicio de su intervención.  

La primera iniciativa que va a presentar será plantear al Congreso una ley estatutaria que permita la ampliación de la protección de estos derechos. "Considero que una de las grandes falencias que tiene el código penal colombiano es que no incorpora avances del moderno derecho penal internacional".

Dijo que al código penal colombiano hay que rejuvenecerlo y que una de las cosas sujetas de cambio es el modelo individual. "Se debe pasar al modelo de doble imputación en el que se le atribuya no solo al autor material los delitos, sino también al grupo al que pertenece"

"No sólo basta saber quienes son los autores si no que hay que señalar el contexto”, señaló Montealegre.

"Lo importante es atribuirle al grupo uno, los delitos, dos, la función del autor y tres, que la estructura de imputación se fundamente en la omisión de deberes de vigilancia", resaltó Montealegre.  

La idea según el ternado es que la víctima "entre a ser uno de los protagonistas más importantes en el proceso penal”.

Otro de los elementos que se debe reformar es la responsabilidad del superior jerárquico en los delitos y así determinar la responsabilidad de los aparatos organizados de poder.

Al final de su intervención Montealegre aseguró que buscará el fortalecimiento de los instrumentos de lucha contra la criminalidad organizada y los hechos de corrupción. "Creo que el proceso de manos limpias que inició la Corte Suprema de Justicia tiene que continuar".  

Montealegre señaló que va a trabajar de la mano con la Corte Penal y la Corte Suprema de Justicia en investigaciones como las relacionadas con la salud, la contratación y otros temas que calificó de "sensibles" para el país. 

"Señores magistrados tengan ustedes la certeza que de ser elegido, seré un juez independiente", puntualizó. 

Qué respondieron los candidatos a fiscal ante las dudas de los magistrados

JUSTICIALos magistrados escogieron dos preguntas para cada uno de los candidatos a fiscal. Temas como la reforma a la justicia, la justicia mediática y la independencia de l Fiscalía, fueron las dudas de la Sala Plena.

Jueves 22 Marzo 2012

Preguntas a Mónica de Greiff

¿Cómo garantizaría la independencia en la Fiscalía?
"En primer lugar pertenecer a la rama judicial me parece que es una manera de mantenerla independiente (...) los fallos en derecho en el Estado son indispensables y deben estar ajenos a presiones del sector Político y Ejecutivo"

"Para garantizar la independencia las decisiones de los fiscales, estas deben ser contundentes (...) En esa medida y con un presupuesto adecuado la Fiscalía podrá mantenerse independiente".

¿Cuál sería su gestión como fiscal frente a la delincuencia común que afecta a los ciudadanos?  

"El 80% de los casos que entran a al Fiscalía son de delincuencia común. Hay que crear comités interinstitucionales que estudien las problemáticas zonales porque no es lo mismo conocer cómo operan bandas criminales en determinadas zonas".

"Es importante fortalecer a los fiscales con todos los elementos necesarios para que se puedan investigar esas pequeñas causas (...) hay que usar mecanismos de conciliación y mediación para resolver pequeños casos".  

Preguntas a María Luisa Mesa

¿Cuál es su opinión sobre la reforma a la administración de la justicia que cursa en el Congreso?

"Yo tengo una aproximación sobre el tema de la justicia que tiene también una aproximación a las leyes. Por lo que considero que la reforma no es la única solución al problema de la justicia, que es estructural". Como ejemplo citó el tema de la política criminal, "que se radique en cabeza del ejecutivo es excluyente, debería ser una política de Estado, adicionalmente debería enfocarse no solamente en la modificación de lo que son las normas y las leyes, sino en una prevención del crimen en Colombia, buscando desde la raíz sus orígenes, el entorno familiar, el contexto de nuestra realidad".

"No comparto la reforma a la justicia", concluyó.

¿Qué tipo de reforma considera inaplazable al sistema procesal del la ley 906 del 2004 o sistema penal acusatorio?

"Es necesario mirar cómo se puede agilizar en aquellas etapas en las cuales se presenta la congestión. Sobre todo en la etapa de indagación, la primera audiencia. Hay que ver la acción legal por parte de la víctima". Dijo además que para hacer más eficiente el sistema, hay que dotar a la Fiscalía de recursos tecnológicos y técnicos.

Preguntas a Eduardo Montealegre

¿Qué opinión tiene sobre la justicia mediática y que haría como fiscal para evitarla?

"Creo que debe haber un replanteamiento en el tema de la posición de la Fiscalía frente a los medios de comunicación. El sistema acusatorio ha consagrado como fundamento esencial de su sistema el tema de la oralidad. Y en ese tema, en el que se permite el acceso a los medios, lo que le da un sentido de transparencia, el concepto de oralidad está vinculado con el concepto de que las decisiones deben ser abiertas y comunicadas a la opinión pública".

Montealegre dijo además que es ese "el escenario legal para establecer las relaciones entre justicia y medios porque está dado constituicionalmente con la oralidad de las audiencias dentro del sistema, por eso por  fuera de esas audiencias yo creo que el juez debe estar alejado del tema mediático (...) debe actuar conforme a la Constitución y a la ley y no a los criterios de la opinión pública".

¿Qué haría ante el déficit de policía judicial en las investigaciones que adelanta la Fiscalía?

"Ese es uno de los grandes problemas. El fiscal es el director de toda la policia judicial del país y tiene que asumir el papel de liderazgo. Por lo que hay que aprovechar una herramienta procesal muy importante que le permite al fiscal delegar o crear funciones de policia judicial en ciertas autoridades públicas. Hay que aprovechar los 3000 funcionarios que se incorporaron a la Fiscalia, porque uno de los grandes déficit es que la policia judicial no tiene la capacitacion suificiente para realizar esta labor".

LAS DIEZ PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA LEY DE VÍCTIMAS Y DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.

El Proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras incorpora avances para los derechos de las víctimas del conflicto interno armado.

Estos avances fueron incorporados dando aplicación a los estándares internacionales en materia de atención y reparación a las víctimas, siguiendo las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esta ley “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, es una apuesta que implicará por 10 años un esfuerzo de todo el Estado colombiano para que las víctimas recuperen el modelo de vida que
tenían antes de ser victimizadas.

A continuación se responden algunas de las preguntas más frecuentes con respecto a esta Ley:
 

¿Quiénes son consideradas víctimas?
 

Una víctima, para efectos de la Ley, será toda aquella persona que hubiere sufrido un daño, como consecuencia de violaciones de los derechos humanos, ocurridas con posterioridad al 1° de enero de 1985 en el marco del conflicto armado (por ejemplo homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la libertad e integridad sexual, secuestro, despojo de tierras, minas antipersonal y otros métodos de guerra ilícitos, ataques contra la población civil y falsos positivos).

¿Qué pasa si el hecho victimizante ocurrió antes del primero de enero de 1985?

Las víctimas de hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen derecho a las medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición que tienen como objetivo dignificar la memoria de las víctimas y que los hechos victimizantes no vuelvan a ocurrir.

Si una persona es víctima, ¿qué debe hacer?
 

Debe ser incorporada en el Registro Único de Víctimas. Para ello deberá presentar una solicitud acudiendo a los Centros Regionales de Atención y Reparación, o a las oficinas regionales de la Procuraduría, la Defensoría o las personerías municipales.

Allí cada víctima deberá rendir una declaración que dé cuenta de los hechos victimizantes que la afectaron. Las personas deberán aportar los documentos que tengan y que soporten dichos hechos.

Los Centros Regionales y las oficinas del Ministerio Público se encontrarán habilitados para recibir esta información a partir de enero de 2012. Una vez hecha la declaración ante el Ministerio Público, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas llevará a cabo un proceso de verificación de los hechos relatados, para lo cual se realizará un proceso administrativo rápido que no podrá tardar más de dos meses.
 

¿Cuánto tiempo hay para registrarse?
 

Para ser inscritos en el Registro Único de Víctimas, las personas que hayan sido victimizadas con anterioridad a la aprobación de la Ley, deben presentar la solicitud en un término de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de sanción de la Ley de Víctimas. Las personas victimizadas con posterioridad a la sanción de la Ley, contarán con dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho para solicitar ser incluidas en el Registro.

¿A qué tienen derecho las víctimas cobijadas por esta Ley?
 

Las personas que sean incluidas en el Registro Único de Víctimas, tendránderecho a recibir medidas especiales y preferentes de asistencia en materia de salud y educación, así como el acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios de las personas que mueran como consecuencia del conflicto. 

De otra parte, las víctimas incluidas en el Registro, también tendrán derecho, dependiendo del daño sufrido, a algunas o a todas las 5 medidas de reparación contempladas en la Ley, las cuales se concretan en lo siguiente:

1. Restitución de tierras: Se crea un proceso judicial rápido y sencillo, con la intervención de una Unidad Administrativa para que el proceso sea organizado y focalizado, para restituir la tierra a los despojados.

2. Indemnización por vía administrativa: La iniciativa incorpora la creación de un programa masivo de indemnizaciones administrativas, en virtud del cual se entregará una compensación económica.
 

3. Medidas de rehabilitación: Se trata de la creación de un Programa de Atención Psicosocial para atender las secuelas psicológicas que el conflicto ha dejado en las víctimas. Además, se prevé la rehabilitación física. La atención psicosocial debe ser entendida como los procedimientos de acompañamiento que promueven la recuperación de la salud mental de los individuos y la reconstrucción de las bases fundamentales de sus relaciones sociales.

4. Medidas de satisfacción: Son medidas que propenden por la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica, y la implementación de medidas de reparación inmaterial como exención de prestar el servicio militar, creación del día nacional de las víctimas, entre otras. De forma particular, es importante resaltar que se creará un Centro de Memoria Histórica, encargado de las actividades de reconstrucción de la memoria sobre el conflicto y mantenimiento de un archivo de derechos humanos.

5. Garantías de No Repetición: Se establece una batería de medidas que buscan evitar que las violaciones de los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Entre éstas se encuentra la implementación de programas de educación en derechos humanos, la derogatoria de las leyes o normas que permitan o faciliten la violación de derechos humanos, programas de reconciliación social e individual, la participación del sector privado en generación de proyectos productivos, y muchas otras más.

¿Qué es la restitución de la tierra y cómo accedo a ella?
 

Las víctimas del despojo y las que hubieren abandonado sus predios forzadamente, tendrán acceso a medidas especiales de restitución de tierras, siempre y cuando dicho despojo o abandono hubiera ocurrido con posterioridad al 1º de enero de 1991.

 

La restitución se realizará mediante un proceso judicial expedito, en donde la carga probatoria estará en cabeza del presunto despojador; es decir, será el victimario el que deberá demostrar que adquirió el predio de buena fe, y no se le pedirá a la víctima que compruebe el despojo.

Para acceder a la restitución de tierras, se requiere presentar una solicitud ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras que se creará a partir del próximo año.

¿Cómo se va a proteger a las víctimas?
 

La Ley comprende el diseño e implementación de medidas especiales de protección para las víctimas, testigos y los funcionarios que intervengan en los procesos de reparación, con especial atención hacia las víctimas de despojo. Para lo anterior, la autoridad competente deberá realizar una valoración del  riesgo para cada caso particular, evaluación que será consignada en un estudio técnico de nivel de riesgo, que gozara de carácter reservado y confidencial.

Adicionalmente, la Ley comprende la implementación de medidas de prevención y protección colectiva para reducir los riesgos para las víctimas en el proceso de reparación y la formulación de estrategias de seguridad pública en los municipios en donde se adelanten procesos de restitución de tierras.

Para el establecimiento de estas medidas de prevención, se tendrá en cuenta la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y los demás reportes que den cuenta de un riesgo para las víctimas que hacen parte del proceso.

La Ley señala expresamente que las medidas de protección podrán extenderse al núcleo familiar de la víctima, cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

¿Qué pasa en los casos en que la víctima esté asilada en el exterior?
 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece una serie de herramientas para garantizar que las víctimas que se encuentren fuera del territorio nacional con ocasión del conflicto armado interno, sean incluidas en los programas de retorno y de reubicación previstos en la Ley. Una vez hayan retornado, las personas que se encuentren fuera del territorio nacional podrán acceder a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley, para lo cual deberán presentar la solicitud de inclusión en el Registro Único de Víctimas.

¿Y qué ocurre con la verdad y los procesos judiciales?
 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras crea un programa administrativo de reparaciones administrativas, que en nada contradice u obstaculiza los procesos judiciales. De hecho, en nada impide la obtención de la reparación ni el esclarecimiento de la verdad en un proceso judicial ordinario o de Justicia y Paz. Todo lo contrario: la ley surge como un complemento indispensable, para garantizar una construcción dinámica y no judicial de la verdad, así como para poner en marcha un programa de reparaciones administrativas que sea pronto y efectivo.

¿Por qué es importante la Ley de Víctimas?
 

Por primera vez en la historia de Colombia, se expide una Ley exclusivamente dirigida a las víctimas del conflicto, con el fin de hacer efectivo su derecho a la reparación. Es una apuesta que por 10 años, implica un esfuerzo de todo el Estado colombiano para que las víctimas recuperen el modelo de vida que tenían antes de ser victimizadas.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras constituye una iniciativa clave para completar el modelo de Justicia Transicional que se pretende implementar en Colombia. El Modelo de Justicia Transicional debe incorporar, como el colombiano, todos aquellos mecanismos asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones a los derechos humanos rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible.

Sobre la necesidad de reparar teniendo en cuenta que el conflicto armado sigue su curso, se debe tener en cuenta que todo proceso de transición no se concentra únicamente en la adopción de normas e instrumentos de carácter jurídico. Por el contrario, la aplicación de un modelo de Justicia Transicional implica toda una transformación social. Involucra una reunión de esfuerzos por parte del conglomerado social, el Estado y la comunidad internacional. Se requiere, por ello, que la sociedad civil asuma al unísono y con convicción, la necesidad de adoptar mecanismos que conduzcan a la reconciliación nacional.

Este es un primer gran paso hacia la reducción de las brechas sociales que existen en el país y, por ende, es un importante esfuerzo por cimentar el proceso de transición de Colombia sobre el pilar sólido de la inclusión social y no sobre un barril de pólvora de resentimiento y frustración que podría estallar en el resurgimiento del conflicto.