CORTE PENAL INTERNACIONAL - NUEVA HERRAMIENTA JURIDICA...

Artículo de Opinión publicado en el "Magazin de la Gente": El periódico de los Colombianos, sábado 24 de octubre de 2009

La entrada en vigencia en su totalidad del Estatuto de Roma conocido como Corte Penal Internacional CPI, dentro del bloque constitucional colombiano, sin duda se constituirá en un paso vital para que la justicia colombiana pueda enfrentar los crímenes de guerra, la violación de derechos humanos y buscar que masacres y genocidios puedan ser investigados y castigados. Por eso el próximo 1ero de noviembre los colombianos podremos celebrar una nueva herramienta jurídica que nos pondrá por fin a la altura de países donde el respeto por los derechos humanos y la dignidad siempre han estado por encima de los conflictos, cuando de administrar justicia se trata.

Desde ya sabemos que serán innumerables los procesos que entrará a revisar la Corte Penal Internacional, al punto, que podríamos decir que el desafío va a ser monumental. Casos como el de los actos de terrorismo realizados por la guerrilla de las Farc, el Eln, los grupos paramilitares, las masacres contra los pueblos indígenas y la desaparición forzada de civiles - falsos positivos- víctimas de los organismos de seguridad del Estado, serán los primeros en hacer fila dentro de lo que se podría llamar el “macroproceso de la CPI en Colombia”.

Logrará entonces la Corte Penal Internacional, romper la inercia que mantiene todos estos procesos en los estrados judiciales nacionales y finalmente se convertirá en el medio de presión para que los actores del conflicto respeten el derecho humanitario y dejen de perpetrar actos de genocidio y lesa humanidad, esa parece ser la pregunta del millón y habrá que esperar un tiempo para ver cómo se desarrollan esos episodios.

Lo cierto de todo esto, es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional para la justicia colombiana es un nuevo aliado que con el paso de los días puede resultar decisivo, no sólo en eventuales negociaciones con grupos alzados en armas, sino para ponerle coto y enfrentar la impunidad que hoy tristemente campea en los procesos que adelanta la justicia colombiana contra los principales criminales implicados en delitos contra la vida y los derechos humanos.

Así las cosas, esperamos que no se presenten interpretaciones amañadas y salidas de tono, cuando comience a actuar la CPI en el país, ya que resulta suficientemente claro el postulado que señala que el 1 de noviembre de 2002 cuando se depositó el Estatuto de Roma ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, ese mismo día entro en vigor la competencia de la CPI en Colombia. Y ya han pasado los siete años de la salvaguardia adoptada durante la presidencia de Andrés Pastrana, que permitió una moratoria para mantener la inmunidad de los miembros de la fuerza pública y los actores del conflicto responsables de tales crímenes mientras se desarrollaba el proceso de paz que termino en un rotundo fracaso.

Colombia no puede seguir sumergida en un mar de impunidad por falta de las herramientas idóneas para juzgar los crímenes de guerra. La CPI en unas semanas entrará en vigor y será aplicable a cualquier persona sin importar su condición de Jefe de Estado, congresista o funcionario, condición que tampoco podrá constituirse en ventaja alguna para obtener reducciones en las penas, lo que notifica de una vez por todas a los autores de crímenes de guerra, de que no habrá tregua si son encontrados culpables por la Corte Penal Internacional.

Cabe señalar que, la Corte Penal internacional tendrá competencia sobre los crímenes de Genocidio perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso; lesa Humanidad, entendido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento, crímenes de Guerra o violación a las leyes de la guerra como lo son los ataques intencionales en contra de la población y objetivos civiles.

La cuenta regresiva para que la Corte Penal Internacional entre a operar sin cortapisas en Colombia ha llegado y está vez no habrá salvaguardia que obstaculice sus procesos.