Un plazo de ocho meses tendrán los alcaldes de las ciudades del país donde sea implantado el pico y placa para cumplir con los requisitos establecidos en el Proyecto de Ley radicado por el Movimiento Político Mira, de continuar con las medidas de restricción vehicular.
La iniciativa Miraista aprobada en Primer Debate por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, obliga a los mandatarios locales a tomar medidas previas antes de adoptar la restricción vehicular en sus ciudades de origen y contrarrestar los efectos económicos y sociales sobre el grueso de la población.
El análisis de los impactos en la ocupación del espacio público, la movilidad junto con la accidentalidad y los efectos económicos que genere la medida, serán de obligatorio cumplimiento para los funcionarios que quieran expedir el decreto.
El Proyecto de Ley de la bancada Miraista en el Congreso de la República, sugiere adoptar medidas zonales y políticas que garanticen la oferta de transporte público así como parqueaderos en diferentes puntos para los conductores que viven y trabajan en otras ciudades y arriban a las cabeceras departamentales.
Actualmente uno de los sectores más afectados son los comerciantes quienes aportan casi el 30 por ciento del Producto Interno Bruto de la ciudad y el 51 por ciento de los empleos. Según ultimas investigaciones de la Federación de Comerciantes, Fenalco.
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