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"La alarma cundió cuando varios alcaldes de pequeños municipios de la costa, del Chocó, de Casanare o de Tolima empezaron a pedirle al gobierno nacional que no les girara los recursos de salud y educación. La razón es que tenían una avalancha de embargos a sus cuentas, por orden de jueces locales, y si el dinero les era girado llegaría de inmediato a los bolsillos de estas nacientes mafias locales.
Este fue el primer campanazo que tuvo el Consejo Superior de la Judicatura sobre la actuación irregular de muchos jueces que, a sabiendas de que esos recursos no son susceptibles de tal medida, decidieron embargarlos. A eso se sumaron las preocupaciones que tanto la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio del Interior le expresaron al Consejo de la Judicatura, de que había jueces que otorgaban beneficios carcelarios -como portar una manilla electrónica y tener casa por cárcel- a personas que a todas luces no los podían tener, dados los crímenes que habían cometido. Lo que más extrañaba a los magistrados es que todas las investigaciones contra los jueces terminaban en actos inhibitorios, y aunque hace más de una década los embargos son un dolor de cabeza en muchas regiones, no había ni un solo juez sancionado.
Entonces el Consejo Superior de la Judicatura decidió crear dos cuerpos especiales, llamadas salas duales, una en Barranquilla y otra en Bogotá, para que asumieran de manera preferente las investigaciones de jueces y abogados que vienen actuando de manera irregular. A pesar de que solo entraron en funcionamiento el primero de marzo de este año, ya no dan abasto. Solo la de Barranquilla ya tiene 250 investigaciones en curso, y en la de Bogotá se reciben denuncias todos los días, "y por primera vez se desvinculó del cargo a un juez", dice la presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón.
Se trata de Francisco Antonio Mena, juez laboral de Chocó, quien había sido sancionado en tres ocasiones por autorizar embargos de recursos de salud y educación, los cuales también involucran a otra juez laboral de esa región. La Procuraduría y la Fiscalía están investigando cómo se llegaron a embargar 27.000 millones de inversión social, justo en el departamento más pobre del país. La investigación, que está en curso, ha arrojado indicios de que en el 'cartel de los embargos' hay involucrados incluso políticos locales, por lo menos un congresista de ese departamento, y magistrados del propio Consejo.
Pero el problema es grave y se repite en muchas partes del país, especialmente en la costa. En San Jacinto, Bolívar, se dice que el problema empezó hace más de una década, cuando un alcalde de aquella época se inventó un sistema de defraudación que todo el mundo llama allí 'La Empresa'. El ex alcalde dejaba de pagar la nómina o las cesantías de algunos funcionarios, y estos a su vez demandaban al municipio por millonarias sumas, que daban origen al embargo. Y él a la vez, como alcalde, se declaraba obligado a cumplir la orden del juez y pagar.
Las investigaciones hasta ahora apuntan a que de esta manera operan en muchas partes los embargos y que se reparten el botín entre abogados, jueces y políticos.
El alcalde de Carmen de Bolívar, Galo Torres, ha denunciado que un solo juez de su municipio ya ha ordenado embargos por 20.000 millones de pesos, y que otro ha sido sancionado dos veces por autorizar esas medidas en otros municipios de los Montes de María.
La sala dual del Consejo Superior de la Judicatura de Barranquilla tuvo que suspender al juez de Magangué, en Bolívar, que falló tutelas contra Cajanal por 21.000 millones de pesos, y separar temporalmente del cargo a jueces de Moñitos y Lorica en Córdoba, y tiene abiertos casos en toda la costa, especialmente por fallar tutelas para pagar nóminas fantasma de Telecom, que está en liquidación, hecho que denunció recientemente SEMANA.
La sala que funciona en Bogotá no ha encontrado mejor situación. En departamentos como Casanare y Meta hay jueces cuyos fallos están desangrando los recursos de regalías, y los magistrados que viajan hasta allí a indagar por el comportamiento de los jueces lo han tenido que hacer con escoltas de la fuerza pública. La razón es que allí, como en otras regiones, hay indicios de que grupos paramilitares, como el de alias 'Cuchillo', podrían estar beneficiándose de estos embargos.
Los jueces se defienden diciendo que están tutelando derechos de trabajadores, o en todo caso contratistas a los que los municipios les han incumplido en el pago de las obligaciones salariales o el pago de sus servicios. Según Ana Lucía Villa, directora de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, los alcaldes pueden levantar el embargo si están al día en las cuentas tanto de salud como de educación. Y eso es lo que casi nunca logran, porque muchos de los trámites son muy complejos y se llevan hasta tres meses. En ese lapso se produce el embargo.
Lo que es claro es que el gobierno en ningún caso puede dejar de girar los recursos, ni los alcaldes pueden dejar de cumplir las órdenes del juez, y por eso aunque la plata para la salud y la educación de los más pobres sale de Bogotá, nunca llega a las comunidades. Se queda en el camino en un intríngulis judicial que aparenta ser aplicación de la ley, pero que hoy por hoy muchos sospechan que no es más que una mafia que se está usufructuando de la debilidad institucional de muchas alcaldías.
Pero como no se trata solo de embargos sino de otras irregularidades, tanto los magistrados del Consejo Superior como investigadores de la Procuraduría temen que se haya configurado un verdadero cartel en la justicia, con tentáculos en lo regional y también al más alto nivel. Pero su magnitud solo se conocerá dentro de unos meses, cuando las salas duales del Consejo Superior avancen en las investigaciones que ya iniciaron. Investigaciones que no tienen antecedentes en la rama judicial y que pueden dar pie a destapar una historia de corrupción hasta ahora poco conocida: la de la justicia."
Jueces en todo el país han ordenado embargos de recursos de la salud y la educación para pagar demandas por nóminas, cesantías o pagos de contratos.
En Chocó y la costa se han dado los peores casos, donde un solo funcionario judicial ha paralizado hasta 20.000 millones de pesos.
La presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón, dice que dos salas especiales que se crearon para sacar adelante las investigaciones a jueces están desbordadas por tanta denuncia.
