miércoles, 22 de febrero de 2012

Una perspectiva de la actualidad y futuro de la Administracion de Justicia en Colombia.

Encontre este analisis del señor Jesus Vallejo Mejia, la cual bien vale la pena examinar, se trata de una de las perspectivas de la actualidada y futuro de la Administracion de Justicia en Colombia.



13/02/2012
Jesús Vallejo Mejía
Pianoforte, febrero 12 de 2012
Por gentileza de Álvaro Villegas Moreno, su presidente, tuve el honor de disertar ante la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos acerca del tópico en referencia.
Mi exposición se transmitió por internet y quedó grabada en el sitio del siguiente enlace:http://www.ustream.tv/recorded/20291806
En síntesis, después de referirme a la importancia de la justicia en la sociedad y a lo que considero que son presupuestos necesarios para abordar el tema, me apliqué a los que a mi juicio son las factores más significativos de la evidente crisis que afecta hoy a la institucionalidad judicial en nuestro país, a saber: la justicia ideologizada, la justicia politizada, la justicia sin controles y, entre signos de interrogación, la justicia corrompida.
La cuestión de las ideologías en el mundo jurídico es compleja y abre no pocos espacios de discusión. Cuando los jueces actúan conforme a los criterios ideológicos generalmente aceptados en la sociedad, sus providencias suelen acogerse espontáneamente. Pero si las orientaciones que adoptan reflejan apenas puntos de vista minoritarios y, además, pretenden imponerlas a todo trance por medio de sus providencias, resulta obvio que se presten a agrias discusiones en el seno de las comunidades. Así ha sucedido con fallos como los de la legalización de la dosis personal, la eutanasia, el aborto o las uniones homosexuales, en los que la Corte Constitucional ha resuelto por sí y ante sí introducir modificaciones sustanciales y de extrema gravedad que pugnan con los sentimientos morales de gran parte de la comunidad.
La suplantación de la normatividad jurídica por la ideología facilita la politización de la administración de justicia. En efecto, de las adhesiones ideológicas a las adhesiones políticas hay un solo paso y la tentación para darlo está siempre presente cuando no median controles adecuados sobre la conducta de los jueces y las decisiones que adoptan.
Esa politización no se refiere sólo a lo que podría considerarse como la alta política, que tiene que ver con las grandes orientaciones de la vida comunitaria, sino también y de modo principal a los juegos de poder, los efectos electorales, la lucha mezquina de los partidos, etc.
Se sabe, por ejemplo, que en la decisión de la Corte Constitucional acerca de la posibilidad de una segunda reelección del presidente Uribe Vélez influyó tanto la idea de ponerle coto a una tendencia caudillista que los magistrados consideraban inconveniente, sino un sentimiento de animadversión contra aquél. Y estos sentimientos, inadmisibles en una autoridad judicial, determinaron el bochornoso episodio que culminó con la elección de Vivian Morales como Fiscal General de la Nación.
Que un alto dignatario de la Corte Suprema de Justicia diga, así sea en privado, que hay que derrocar al Presidente de la República, es algo insólito a más no poder. Y que la elección de Fiscal General de la Nación esté rodeada de un ambiente de componenda política, resulta en extremo perjudicial para la credibilidad de la institución.
Le cuesta a uno demasiado trabajo mental entender que la Fiscalía haya quedado en manos de una activista del samperismo, casada además con un personaje tan discutible como el hoy pastor cristiano Carlos Alonso Lucio.
No sin razones, sus medidas en los casos de Andrés Felipe Arias y Luis Carlos Restrepo han sido interpretadas como actos de persecución contra el uribismo.
Pero la muestra más contundente de politización de la justicia la acaba de dar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá contra el coronel Plazas Vega, medida a la que el calificativo más suave que puede endilgársele es el de pavorosa.
Esta sentencia muestra algo muy inquietante, como es la toma de la justicia penal por la izquierda que avasalló las universidades a partir de la década del sesenta en el siglo pasado.
Un tema de fondo tiene que ver con la ausencia de controles adecuados que hagan efectiva la idea de los frenos y las contrapesas en las relaciones entre los poderes públicos. Nuestra separación de poderes exhibe notorios desbalances que dan pie a que se ponga en duda su efectividad. Y esos desbalances se inclinan notoriamente del lado de la rama judicial, que tiene poderes respecto de la legislativa y la ejecutiva que no se compensan adecuadamente con los de éstas sobre aquélla.
De hecho, las altas cortes tienen garantizada la impunidad y es por ello que la tendencia a la dictadura judicial se ha acrecentado entre nosotros.
Los síntomas de corrupción de la justicia son alarmantes. Piénsese en las acusaciones que median sobre el pago de jugosas sumas a magistrados que decidieron la elección del fiscal Iguarán, los nexos de algunos de ellos con un mafioso del corte de Giorgio Sale, la imputación que se ha hecho contra la hermana del ex magistrado Yesid Ramírez por el recibo de más de un millón de dólares por gestiones en un caso de extradición, o lo del “carrusel de las jubilaciones” que acaba de enlodar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
La crisis de la justicia en Colombia ha tocado fondo.
La responsabilidad viene en buena medida de los constituyentes de 1991, que al decir de Juan Manuel Charry introdujeron importantes innovaciones en materia de derechos, pero fallaron en el diseño institucional. Como lo observé en mi charla ante la SAI, poco se ocuparon de la ingeniería constitucional.
La proliferación de altas cortes, la multiplicación de los derechos, las tendencias francamente irresponsables en materia de responsabilidad del Estado que amenazan con arruinarlo, el desbordamiento de la tutela, son factores que hay que considerar a la hora de examinar el porqué de tamaño fracaso institucional.
En los últimos años hemos presenciado conflictos tan insólitos como perturbadores: los “choques de trenes” entre altas cortes y uno reciente entre las dos salas del Consejo Superior de la Judicatura; la perniciosa confrontación del presidente Uribe Vélez con la Corte Suprema de Justicia, tema sobre el cual bien  convendría que se hiciese una minuciosa investigación histórica; el temible enfrentamiento de la justicia penal con la institución militar; o el conflicto de la institución judicial con la opinión pública.
Llamo la atención sobre estos dos últimos eventos.
En Inglaterra suele decirse que toda la armada de Su Majestad está al servicio del más humilde de los jueces de la Corona, para resaltar así la cooperación que debe mediar entre la institución judicial y la institución armada, vale decir, entre la autoridad del derecho y y la fuerza coercitiva del poder público.
El presidente López Michelsen, por su parte, invocaba durante su gobierno la idea del constitucionalismo norteamericano, según la cual la institucionalidad reposa sobre el binomio de la Corte Suprema de Justicia y las Fuerzas Armadas.
Pienso que de lo peor que puede haber ocurrido en Colombia es la tensión que se ha planteado entre los jueces y el estamento militar, sobre todo a propósito del extravagante fallo del Tribunal Superior de Bogotá que mencioné atrás. Es una acción que tarde o temprano suscitará funestas reacciones de las que todos seremos víctimas.
Preocupante en grado sumo es, en fin, el descrédito de la administración de justicia, según lo dicen las encuestas de opinión que periódicamente se efectúan en el país, a cuyo tenor el grado de apoyo al sistema judicial en su conjunto va a apenas por encima del 20%. Y en una medición internacional que se publicó hace poco, el sistema colombiano quedó clasificado como uno de los peores.
La reforma judicial es, pues, de extrema urgencia. Pero el proyecto que se tramita en el Congreso está empantanado por el marginamiento de discusión por parte de las altas cortes y el temor de los congresistas a que ellas los persigan. Muchos hablan de que la única solución sería la convocatoria de una asamblea constituyente, pero en mi opinión personal ese remedio es muy discutible, habida consideración de lo que sucedió en 1991.
En rigor, la crisis de la justicia es apenas reflejo del deterioro moral de la sociedad colombiana, que parece unida más por una red de complicidades que por un tejido de solidaridades.
Por eso traje a colación la célebre sentencia que se atribuye a Horacio: “¿De qué sirven las vanas leyes si las costumbres fallan?”