El Espinoso camino de un mecanismo de control social: Radiografía de las veedurías ciudadanas
| Cortesia: Constitucion y Ciudadania - Norbey Quevedo H. |
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| Durante más de dos décadas, la participación de la comunidad en la vigilancia de las actividades públicas y privadas ha sido vital en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo están funcionando las veedurías ciudadanas en Colombia? Primera de tres entregas. Un proyecto apoyado por la Fundación Avina. | ||
| Desde
finales de los años 70, en medio de los conflictos políticos y sociales
que convulsionaban el acontecer de América Latina, comenzaron a
germinar los primeros brotes de veeduría pública frente a gobiernos y
ámbitos de poder privado. Se intuía en el ambiente el paso trascendental
de la democracia representativa a la democracia participativa, y las
veedurías ciudadanas fueron el motor que le abrió paso a una sociedad
consciente de sus derechos y activa en el propósito de defenderlos.Colombia no
fue la excepción. Inmersa en su conflicto social y armado de varios
lustros, sujeta al diagnóstico internacional unilateral y sin
atenuantes, vio surgir un dinámico movimiento de organizaciones no
gubernamentales promovidas por líderes sociales interesados en ejercer
la vigilancia de los asuntos públicos y privados. En esta onda
progresiva de la participación ciudadana, entre procesos de paz, pactos
por la transparencia, comisiones de seguimiento y deseos por aumentar
instancias de cogobierno, las veedurías ciudadanas fueron el ojo
intuitivo y avizor de un escenario que finalizando los años 80´s ya era
prácticamente un hábito y una realidad social en el país.
En consecuencia, desde que empezó a promoverse en Colombia el debate para reformar la centenaria Constitución de 1886 y surgieron movimientos como la Séptima Papeleta,
o los acuerdos políticos por el plebiscito, ya estaba claro el norte
para uno de los escenarios claves de la democracia participativa y el
estado social de derecho que se abrieron paso con la Constitución de 1991. Los esfuerzos de una sociedad progresivamente documentada en el control público tuvieron una cosecha generosa en un articulado que les otorgó a las veedurías ciudadanas las herramientas jurídicas necesarias para convertirse, pese a los contratiempos y dificultades, en verdaderas protagonistas del acontecer nacional en defensa de una sociedad más justa, más ecuánime, más transparente y más participativa. PRIMERA EXPERIENCIA Con la naciente Constitución (1991) se hicieron efectivos nuevos mecanismos de participación. El derecho de petición, la acción de tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares, entre otros, se convirtieron en instrumentos eficaces para que las veedurías emprendieran su lucha contra la corrupción o la violación de las garantías fundamentales. Por eso, a mediados de los 90´s, ya las veedurías participaban activamente en acciones de control social. Sus actividades se centraron básicamente en la vigilancia de las actividades públicas de los congresistas colombianos, en el seguimiento de la contratación en entidades estatales y del sector privado, en la supervisión de obras públicas, en la auditoría a los sectores de la salud, educación, medio ambiente y vivienda y en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Se estima que para la época, en Colombia ya existían cerca de 100 grupos de veeduría ciudadana, tanto en las grandes capitales como en los municipios. En consecuencia, las actividades de control ciudadano empezaron a despertar el interés de cerca de veinte entidades públicas, entre organismos de control, programas presidenciales, ministerios, entidades y fundaciones, que tímidamente emprendieron acciones de capacitación, facilitando el acceso a información por parte de las veedurías. Según registros revisados por El Espectador, entre 1995 y 2000 las veedurías participaron en el seguimiento de más de 500 procesos de vigilancia de asuntos públicos y privados. Y fue precisamente una de ellas, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Red Ver, una de las organizaciones sociales que más protagonismo tuvo en actividades de control social y seguimiento al buen uso de los recursos públicos. Su director, Pablo Bustos Sánchez, un abogado entusiasta de los temas conexos a la democracia participativa, asumió un inusual liderazgo, rápidamente imitado por otros veedores, y logró organizar desde Bogotá y con extensión a los principales departamentos de Colombia, a por lo menos 60 grupos de veedurías que, poco a poco, se convirtieron en un referente importante en la lucha contra la corrupción y de vigilancia de los procesos contractuales y electorales. Por ejemplo, durante el gobierno del presidente liberal Ernesto Samper Pizano, a propósito del escándalo de la infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña política, que en otros frentes paralelos tomó la denominación del proceso 8000, los grupos de veedores aportaron pruebas, se organizaron en comisiones de seguimiento y para las elecciones presidenciales de 1998, hicieron causa común para garantizar la transparencia de este y otros debates. Y el asunto fue mucho más allá. Según un documento de la Corporación Transparencia por Colombia, entre los años 1996 y 2001, el 39% de las pérdidas de investidura de congresistas se generaron por denuncias formuladas por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. En otras palabras, la muerte política de muchos dirigentes incursos en inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio de sus funciones, fue posible gracias a la acción de los veedores. De hecho, a finales de 1999 y principios de 2000, la recurrente acción vigilante de la Red Ver, fue determinante para develar un gigantesco episodio de corrupción en los trámites de contratación de la Cámara de Representantes. El escándalo derivó no sólo en la pérdida de la investidura de los congresistas implicados, sino en sus condenas. El primero de ellos, el propio presidente de la Cámara de Representantes, Armando Pomárico Ramos. En las regiones Sin embargo, las actividades de control de las veedurías no se limitaron a las grandes capitales. En las regiones, grupos de ciudadanos asociados en veedurías también produjeron notables resultados. Por ejemplo, en la Costa Atlántica, específicamente en Cartagena, la Corporación Cartagena Honesta, una veeduría conformada por cerca de 50 personas, emprendió una cruzada contra la corrupción en Barranquilla y Santa Marta. Según registros de la Fiscalía Seccional, entre 1998 y 2000, la Corporación Cartagena Honesta efectuó doce investigaciones por firma de contratos que condujeron al ente acusador y a la Contraloría a iniciar investigaciones. A su vez, en Barranquilla, Protransparencia también vigiló la ejecución de varias obras y los resultados fueron semejantes. Hoy, en diversos departamentos de la Costa, las veedurías ya hacen parte del dinamismo social de la región Por su parte, en la zona cafetera de Colombia, en Manizales, también se hizo una gestión valiosa. Según un estudio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Salle de Bogotá, la Corporación Cívica de Caldas, una iniciativa financiada por 150 ciudadanos de la región, presentó varias acciones de cumplimiento para mejorar la seguridad del aeropuerto La Nubia y para descontaminar visualmente la ciudad. Una denuncia suya derivó en la pérdida de investidura de un diputado de la Asamblea. En Floridablanca, Santander, región nororiental del país, la gestión de una veeduría optimizó la asignación de beneficiarios de programas sociales. En el departamento del Amazonas, al extremo sur del territorio nacional, una veeduría se convirtió en el mejor instrumento de control social de la región y en veinte departamentos más las veedurías ciudadanas vigilaron la adecuada asignación de beneficios del Régimen Subsidiado de Salud de las regiones. En síntesis, lo que para finales de los años 80 constituía una esperanza de la sociedad colombiana, en el sentido de querer aproximarse a la coadministración de los recursos públicos, hoy es una realidad no exenta de dificultades. El impulso se dio, los enemigos invisibles rondan esta experiencia democrática, pero aún hay mucho camino por recorrer. Las veedurías ciudadanas se proyectan como herramientas eficaces para una sociedad que cada día necesita más el concurso de sus ciudadanos. DATOS CLAVE Se estima que en Colombia existen 500 veedurías ciudadanas. Las veedurías son una experiencia nueva en Iberoamérica. Colombia es pionera en este esquema de control. El origen de las veedurías en Colombia es la Ley 11 de 1986. La última norma que reglamentó las veedurías es la Ley 850 de 2003. Cualquier persona puede ser veedor. Próxima entrega: Los veedores, en la ruta de la muerte. nquevedo@elespectador.com |
Los Veedores, en la ruta de la muerte
sábado, 29 de septiembre de 2007
Los veedores ciudadanos en Colombia
han sido pieza fundamental para incentivar el espíritu participativo de
la democracia, pero han pagado un costo muy alto en su lucha por
impulsar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en la
protección de los derechos humanos y en la defensa de opciones cívicas
para el desarrollo de las regiones y municipios.
Tan sólo tres ejemplos demuestran el
desafío de ser veedor ciudadano, en un país donde la guerrilla, el
paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción siguen entorpeciendo la
evolución democrática. Se trata de los casos de los veedores Manuel
Ospino Castrillón, José Lucio Cantero Doria y Félix Eduardo Martínez
Ramírez, quienes perdieron la vida en ejercicio de su deber ciudadano,
por mano asesina que, sin duda, buscaba neutralizar su gestión.
Ospino Castrillón era veedor del municipio de Arjona (Bolívar).
Desde finales del año 2002 venía denunciando episodios de presunta
corrupción pública en su municipio, hasta que el martes 18 de marzo de
2003, fue asesinado por un sicario. Lo mismo aconteció con Cantero
Doria, director de la Veeduría “Por Ti”, del municipio de Lorica (Córdoba),
asesinado el 21 de febrero de 2003 en su propia casa. Los dos casos
siguen investigados por la justicia penal sin conclusiones convincentes.
En cuanto al tercer episodio, a nivel del
debate público, aún sigue siendo objeto de análisis. Félix Eduardo
Martínez era vicepresidente de la Red de Veedurías Ciudadanas del departamento del Tolima.
El domingo 19 de enero de 2003, cuando llegaba a su casa, dos sicarios
le quitaron la vida. Era tan claro para el veedor Martínez que su vida
corría peligro que, días antes del atentado que segó su existencia, dejó
escrita una carta en la que responsabilizó de su muerte al alcalde de
Ibagué Jorge Tulio Rodríguez.
El caso tampoco se aclaró
satisfactoriamente, pero demuestra las dificultades que afrontan los
veedores en Colombia debido a su labor fiscalizadora en distintos
ámbitos de la cotidianidad pública y privada. Ello explica por qué la
Organización Cívica Regional Probidad, reiteradamente le ha solicitado
al Gobierno Nacional una política específica para proteger la integridad
física de los veedores, investigar a fondo las acciones violentas en su
contra y liderar una campaña en su defensa.
Pablo Bustos, sin duda uno de los más representativos veedores ciudadanos, hoy está exiliado en Canadá luego de recibir amenazas por su ejercicio fiscalizador a través de la Red Ver.
No solamente fue una de las personas que más impulsó gestiones de
control en el proceso 8000 que intentó cortar los nexos entre el
narcotráfico y la sociedad, sino que fue alma y nervio del debate
público que permitió el trámite de una ley para reglamentar la opción
jurídica de las veedurías ciudadanas.
Y como él, la lista ya empieza a volverse interminable. Stella Ramírez de Borrero, promotora de la veeduría Candelaria Honesta,
ha recibido múltiples amenazas por persistir en su gestión observadora
de los procesos de contratación pública en este mismo municipio del
Valle del Cauca. Situación semejante ha afrontado William Dau, de la Corporación Cartagena Honesta, quien además ha sido un activo líder en la demanda de justicia en aquellos casos en los que veedores han sido asesinados.
Y hay más. Luis Bienvenido Atehortúa, según sus propios colegas, era un veedor ejemplar. Después de haber vivido muchos años en Estados Unidos, regresó al país y se radicó en el municipio de Granada (Meta).
Ejerció como pocos su labor fiscalizadora y se apropió y enseñó el
derecho a la participación ciudadana. Fue asesinado a quemarropa en el
municipio que defendió incluso con un espacio radial comunitario, donde
le enseñaba a la gente a defenderse.
Al poco tiempo, según sus allegados, de
física pena moral, murió su esposa, quién ejercía como asesora jurídica
de la veeduría. Hoy, este caso, escasamente documentado pero de notable
impacto social en la zona del Alto Ariari, en el departamento del Meta,
ha motivado al documentalista colombiano Hugo Espinel, hoy residente en
New York para promover un trabajo fílmico sobre la vida y obra de este
ejemplar ciudadano que murió queriendo ser un veedor.
El caso más reciente o quizás más comentado tiene que ver con Pedro Durán Franco, un veedor ciudadano de Cúcuta (Norte de Santander),
quien nunca se cansó de promover acciones por supuestos actos de
corrupción en su municipio, hasta que fue asesinado en la plaza
principal de su ciudad, en momentos en que se movilizaba en un vehículo
de servicio público. Como en casos anteriores, la investigación judicial
sigue en veremos.
En pocas palabras, ese es el denominador
común para los más abnegados veedores en Colombia. Hay otros casos donde
desafortunadamente han existido abusos con la figura pero en su
mayoría, se trata de espontáneos ciudadanos que se juegan la vida
tratando de salirle al paso a los artífices de la violencia o la
corrupción. Ellos ejercen una eficaz labor complementaria a los
organismos de control, pero ni siquiera éstos han dimensionado
suficientemente el alcance que pueden tener los veedores ciudadanos en
el país.
En el caso del director de la Red Ver, Pablo Bustos Sánchez,
por fortuna desde el 15 de julio de 2002 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares y hoy es un ciudadano
protegido por la OEA.
Sin embargo, no es el mismo caso de muchos otros veedores que, sin el
mismo conocimiento del abogado Bustos, afrontan diariamente el reto de
impulsar la transparencia en los más distantes municipios del territorio
nacional.
De hecho, la mayoría de veces se trata de
una labor voluntaria, autodidacta y en condiciones muy precarias,
derivada únicamente del estudio directo de la Constitución y sus
opciones legales. La comunidad internacional ha insistido en las
iniciativas anticorrupción a nivel global, pero aún la pedagogía en este
aspecto sigue siendo un ejercicio centralista, particularmente
orientado a los grandes casos en Bogotá o las principales capitales,
pero olvidándose de que los principales retos están en las regiones y en
los municipios.
Desde 1991 a la fecha, también por
iniciativa de los veedores, el Estado ha venido promoviendo diversos
instrumentos legales para fortalecer la fiscalización ciudadana. Tales
herramientas han resultado insuficientes. Pero la labor disciplinada y
consistente de las veedurías hoy constituye un ejemplo de democracia
plena y cogobierno, donde a riesgo de enfrentarse a los grandes señores
de la corrupción, el narcotráfico o la violencia, los veedores son, en
su mayoría, actores del país honesto que todos buscan consolidar.
Información Complementaria: Veedores Asesinados y Amenazados, Red Probidad, “Veedurías Sociales (o Contralorías Ciudadanas) para Territorios Socialmente Responsables -TSR-” en Blog Responsabilidad.
Próxima semana, última entrega : Los vacíos de la Ley de Veedurías.
nquevedo@elespectador.com
Los vacíos de la Ley de Veedurías
sábado, 06 de octubre de 2007
| Radiografía a las veedurías ciudadanas (III) |
| Horizonte de las veedurías |
| El Congreso expidió una ley que reglamenta el control fiscal, pero su lenta aplicación está afectando el ejercicio del control social en Colombia. Gobierno maneja nuevos proyectos y red de apoyo afianza iniciativas de capacitación a nivel nacional. |
| Norbey Quevedo H |
Al
tiempo que las redes de veedurías ciudadanas se consolidaban como un
instrumento de participación y la violencia marcaba a algunos de sus
integrantes, el Congreso aprobó una ley que las reglamentó y las
fortaleció en el ejercicio del control social.
Se trata de la Ley 850 del 18 de noviembre de 2003, que en 24 artículos estableció las pautas de funcionamiento de las veedurías, sus principios, sus derechos y deberes y creó la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Auditoría General de la República y la Contaduría General de la Nación.
Se trata de la Ley 850 del 18 de noviembre de 2003, que en 24 artículos estableció las pautas de funcionamiento de las veedurías, sus principios, sus derechos y deberes y creó la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Auditoría General de la República y la Contaduría General de la Nación.
Además de los organismos de control, la
norma vinculó al Departamento Administrativo de la Función Pública como
el organismo para facilitar el ejercicio de vigilancia de las veedurías y
a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) como la entidad encargada de desarrollar programas de capacitación de los integrantes de las veedurías.
A partir de la expedición de la Ley 850 de 2003,
las veedurías salieron de la informalidad y empezó un proceso de
unificación de información sobre cuántas existen en Colombia, sus
integrantes y sus actividades.
Según varios integrantes de las
veedurías, servidores públicos e investigadores en la materia, después
de la expedición de la ley, la labor de las veedurías se ha centrado en
asuntos de contratación estatal, servicios públicos y vigilancia a los
sistemas de pensiones y de salud.
Actualmente, las redes de
veedurías ciudadanas en su mayoría están integradas por pensionados y
personas sin empleo o con empleo temporal y cuyo nivel educativo es bajo.
En términos económicos, la labor de
veeduría no tiene remuneración y la actividad se clasifica en veedores
independientes, grupos de ciudadanos asociados de manera informal o
veedurías constituidas ante las cámaras de comercio o las personerías
municipales.
Sin embargo, una preocupación ronda a
algunos expertos, que advierten que en algunos casos se estarían
utilizando como instrumento electoral; destacan que en muchas de ellas
se generan prácticas que buscan beneficios personales de sus miembros,
especialmente en reconocimiento de pensiones y prestación de servicios
de salud, y señalan su inquietud por la vinculación del director de una
de ellas en un proceso penal.
En concreto se refieren al caso de Alberto Contreras, representante de la Asociación Cívica Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, quien en agosto de 2000 ofreció a la embajada de Países Bajos en Colombia desarrollar un programa de “Apoyo
al fortalecimiento institucional y a las actividades de la Red Nacional
de Veedurías Ciudadanas en contra de la corrupción pública”.
La delegación diplomática giró un
anticipo de $46 millones para apoyar el programa, pero la Fiscalía
detectó presuntos manejos indebidos del dinero, encontró que la red sólo
la conformaba Contreras y en octubre de 2005 profirió resolución de
acusación en su contra por el presunto delito de abuso de confianza
calificado. Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá
le suspendió la Personería Jurídica. Contreras se defiende argumentando
que sí ejecutó el programa que ofreció a la embajada. El caso continúa
en los estrados judiciales.
A estas preocupaciones sobre lo que sucede con las veedurías se suma el hecho de que la Red Institucional de Apoyo de las Veedurías Ciudadanas
que ordenó la ley se demoró más de un año en constituirse, luego que en
febrero de 2005 se firmara un acuerdo entre las ocho entidades que la
conforman.
Por eso la aplicación de la Ley 850 de 2003 apenas comienza. Actualmente el Ministerio del Interior desarrollan el programa Sistema Nacional de Información del Sector de la Participación Sider, que entregará información precisa sobre las redes de veedurías.
A esta iniciativa se suman el programa estatal Auditores Visibles y la Vicepresidencia de la República,
que está en proceso de firmar un convenio marco de cooperación a fin de
prestar asistencia técnica a los veedores en 16 departamentos de
Colombia.
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública está implementando un banco de proyectos con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías.
En
materia de capacitación los resultados son alentadores. Desde 2005, en
departamentos y municipios, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación
y las administraciones locales han efectuado más de 100 actividades de
preparación a cerca de diez mil personas interesadas en hacer veeduría a
nivel nacional.
El futuro de las veedurías ciudadanas en
Colombia es promisorio, pero requiere de una titánica labor. Pese a las
dificultades que atraviesan desde hace dos décadas, la falta de apoyo,
la violencia, las indelicadezas de algunos veedores y la lentitud
oficial en la implementación de una ley, pueden ser un mecanismo de
participación social más efectivos para luchar contra la corrupción, uno
de los males que azotan al país.
CONCEPTOS y OPINIONES
Edgardo Maya Villazón. / Procurador GeneralCONCEPTOS y OPINIONES
“Estamos estimulando el fortalecimiento de las veedurías capacitando a la gente en todo el país”.Rodrigo Lara / Zar anticorrupción
“Las veedurías son buenas, pero prefiero trabajar directamente con el ciudadano”.
Renunció el Zar Anticorrupción
José Andrés O’Meara / Director Asuntos políticos Ministerio del Interior
“Las dificultades o riesgos que
implica el ejercicio del control social a la gestión pública están
relacionados con la elección y registro de las veedurías”.
Édgar González Salas / Experto en administración de las Naciones Unidas
“El futuro de las veedurías está en
la medida en que se capaciten, los gobiernos entreguen informes y hagan
alianzas con los entes de control”.
Libardo Espitia / Veedor ciudadano
“Falta reglamentación e impulso a la Red de Apoyo a las veedurías y el Consejo Nacional de Apoyo a las Veedurías”.
Salvador Mendoza / Viceveedor del Distrito
“Estamos capacitando a gente joven, son el futuro de las veedurías”.
Últimos logros de las veedurías
Últimos logros de las veedurías
- Bogotá: control social a varias multinacionales
- Villavicencio: se redujeron los costos ilegales del agua.
- Cúcuta: la Fundación Pades capacitó a 525 líderes.
- Medellín: seguimiento a servicios de salud.
- Cartagena: evitaron la construcción de un puerto carbonífero en zona turística.
- Cali: labor de control en asuntos electorales.
ENLACES
Veeduría Ciudadana de Medellín
Veedurías: Medellín
Bolivia: Veedurías Ciudadanas
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