Centro de Estudios Integrales en Derecho CEID: Violencia contra la mujer: un problema que persis...

Centro de Estudios Integrales en Derecho CEID:
Violencia contra la mujer: un problema que persis...: Violencia contra la mujer: un problema que persiste. En los últimos años, muchas han sido las leyes que se han promulgado en Colombi...

Centro de Estudios Integrales en Derecho CEID: EL REPLANTEAMIENTO DE LAS HORAS NOCTURNAS:Actu...

Centro de Estudios Integrales en Derecho CEID:
EL  REPLANTEAMIENTO DE LAS HORAS NOCTURNAS:

Actu...: EL  REPLANTEAMIENTO DE LAS HORAS NOCTURNAS: Actualmente,  Colombia   transita hacia un panorama alentador para los trabajadores, ...

Análisis constitucional sobre el contenido y alcance de las reformas de la Jurisdicción Especial de Paz.

 

Análisis constitucional sobre el contenido y alcance de las reformas de la Jurisdicción Especial de Paz - See more at: http://lavozdelderecho.com/index.php/opinion/item/4646-analisis-constitucional-sobre-el-contenido-y-alcance-de-las-reformas-de-la-jurisdiccion-especial-de-paz-johanna-giraldo-gomez?platform=hootsuite#sthash.VcCDnq8j.dpuf

Cortesia: http://lavozdelderecho.com/  

Autora: Johanna Giraldo Gómez

El pasado 12 de noviembre la delegación de paz del Gobierno Nacional suscribió nuevo acuerdo con las FARC, que horas después fue dado a conocer a la opinión pública, producto de la renegociación que tuvo lugar con ocasión del triunfo del “NO” el pasado dos de octubre en la jornada del plebiscito.

El nuevo texto, con el fin de incluir las observaciones de quienes no compartían componentes esenciales del acuerdo anterior[1], mantiene en relación con el punto número cinco sobre las víctimas del conflicto, el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”(SIVJRNR), que comprende varios elementos -no modificados-, a saber:

 a) Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: Este será un “órgano temporal y de carácter extra-judicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones”, de acuerdo con la literalidad del acuerdo. Es decir, una comisión de la verdad cuya única funcionalidad será la reconstrucción de la memoria histórica, y no tendrá relación directa con la aplicación de la normatividad especial ni el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz.

b) Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado: su principal objetivo será determinar, con fines humanitarios, el paradero de los muchos desaparecidos por las FARC y cualquier otro actor del conflicto; pero en ningún caso podrá sustituir a los órganos judiciales de investigación que para la jurisdicción se asignen.

c) Jurisdicción Especial para la Paz: cuyos componentes serán: (i) Sala de Amnistía e Indulto, y (ii) Tribunal para la Paz.

d) Medidas de reparación integral para la construcción de la paz

e) Garantías de No Repetición.

En el marco del desarrollo de este componente, se deben tener presentes los elementos esenciales del derecho a la justicia, que la Corte Constitucional ha definido primordialmente como “(…) la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de violaciones masivas, continuas y sistemáticas como el desplazamiento forzado interno; la obligación de luchar contra la impunidad; y la obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de las víctimas de delitos”.

En el acuerdo se establece que, dentro de las facultades que tiene el Estado para diseñar su política criminal y reestructurar su sistema procesal penal, puede apreciar y evaluar la complejidad, duración y gravedad del conflicto armado interno con el fin de adoptar los mecanismos de justicia para lograr la paz dentro del respeto a los parámetros establecidos en el derecho internacional, en especial la garantía de protección de los derechos humanos.

En desarrollo de los mecanismos que conforman la JEP, se establece que su aplicación será limitada a las conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, donde la inquietud radica en determinar desde cuándo se entiende que empieza a regir el acuerdo: ¿Desde la suscripción con su respectiva firma? ¿A partir de la refrendación popular, o vía Congreso de la República? ¿Cuándo se desarrollen los contenidos específicos del componente de justicia? Aún no se ha precisado, por lo menos de lo que se desprende de la literalidad del acuerdo. 

Con relación a los conflictos de competencia que se susciten entre las diversas jurisdicciones, establece, como novedad, que se deberá conformar una Sala Incidental, que contará con tres (3) magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, elegidos motu proprio, así como con otros tres (3) magistrados de las Salas o Secciones de la JEP “no afectadas por dicho conflicto jurisdiccional”, que serán elegidos por la plenaria.

A continuación, se establece que la decisión de la Sala Incidental sobre el conflicto sometido a su consideración, será adoptada por mayoría simple, y en caso de no alcanzarse una mayoría, “(…) en aplicación del carácter preferente de la JEP, resolverá el Presidente de esta Jurisdicción”. ¿Qué se debe entender por “carácter preferente” en aras de resolver un conflicto de competencia entre jurisdicciones? Justamente, para garantizar independencia, es que actualmente se resuelve por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; claramente, sin la intervención de las jurisdicciones implicadas -o una de ellas- en su determinación. Ahora bien, ¿será el legislador ordinario quien regulará la materia? Es de vital importancia aclarar este aspecto, pues cualquier determinación en este sentido, tiene importantes implicaciones en principios fundamentales de la función judicial, como lo es el debido proceso, y el de legalidad.

También se reformó el periodo de funcionamiento de la JEP, de la siguiente manera: (i) con relación a la presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, el tiempo de funcionamiento será de 10 años “(…) contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de Salas y Secciones de la JEP, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado para concluir su actividad”; sin que se limite, por lo menos en el acuerdo, cuántas veces podrá ser prorrogado este último plazo, lo que podría desfigurar un poco el carácter temporal y delimitado que caracteriza el debido funcionamiento de la justicia transicional; y en lo atinente a (ii) la Sección de estabilidad y eficacia de Resoluciones y Sentencias, se prevé que podrá constituirse en cualquier momento de acuerdo con el criterio de necesidad, en ausencia de límite temporal.

Sobre la normatividad que integrará en estricto sentido el marco de interpretación del contenido del acuerdo, se especificó que será tanto Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), como el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se ha explicado, por parte de algunos juristas, que esta determinación implica, per se, que las normas referidas serán parte del bloque de constitucionalidad al indicarse que entenderán como parámetros de interpretación de las leyes que desarrollen los acuerdos.

Lo anterior no significa ninguna novedad, pues con independencia de que el acuerdo establezca que dichas normas hacen parte del bloque de constitucionalidad, ello es así en virtud del artículo 93 de la C.P. de 1991, y de numerosas sentencias de la Corte Constitucional, que reconocen especialmente a los instrumentos internacionales de protección de derechos, como parte del bloque en sentido estricto, y no sólo como parámetro de interpretación -como se refiere en el acuerdo-; con verdadera vinculatoriedad normativa, de acuerdo con las diversas modalidades de vinculación que existen, a saber: (i) mediante integración normativa en virtud de la aprobación de un tratado internacional de derechos humanos (inc. 1º del art. 93 C.P.) sin posibilidad de limitarlos durante los estados de excepción ni su fuerza normativa, permitiendo su justiciabilidad, y (ii) como referente interpretativo de las demás disposiciones del ordenamiento jurídico (inc. 2º del art. 93 C.P.).

También se refiere en el acuerdo, que “(…) los magistrados de las salas y secciones de la JEP adoptarán, en el ejercicio de su autonomía, el reglamento de funcionamiento y organización de la JEP, respetando los principios de imparcialidad, independencia y las garantías del debido proceso, evitando cualquier revictimización y prestando el debido apoyo a las víctimas conforme a lo establecido en los estándares internacionales pertinentes”; aspecto que no compartimos, pues aunque en nuestro sistema judicial no representa novedad por casos similares como el de la Corte Constitucional que se otorga su propio reglamento interno, no es lo idóneo para garantizar tan loables fines como la independencia e imparcialidad, y menos cuando todo el funcionamiento del sistema estará absolutamente apartado de las disposiciones judiciales ordinarias. Lo ideal es que sea el legislador quien determine con claridad tanto reglamentos, como procedimientos y recursos.

Y, por último, se establece la procedibilidad de la acción de tutela contra las acciones u omisiones de los órganos de la JEP que acarreen la vulneración o amenaza de un derecho fundamental. De igual forma, se estableció que procede contra las providencias judiciales que profiera la jurisdicción especial, cuando incurran en una “vía de hecho” –actualmente denominadas causales genéricas y/o específicas de procedibilidad, por la Corte Constitucional-, o “(…) cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la jurisdicción”, sin que exista otro recurso judicial idóneo para solicitar la protección de los derechos vulnerados, o que, de existir, se haya interpuesto y resuelto.

La tutela deberá ser presentada ante el Tribunal para La Paz, único competente para conocer de ellas. La primera instancia será decidida por la Sección de Revisión; la segunda por la Sección de Apelaciones. En cuanto al procedimiento de selección y revisión de tutelas por parte de la Corte Constitucional, se determina que la selección se hará por una sala conformada por dos magistrados de la Corte escogidos por sorteo, y dos magistrados de la JEP; y únicamente será seleccionado el fallo si los cuatro magistrados votan favorablemente su escogencia, cuya sentencia deberá ser de Sala Plena, como ocurre actualmente para casos de unificación jurisprudencial en cuanto a tutela se refiere. Posteriormente, establece el acuerdo que “(…) si encuentra que el derecho invocado ha sido vulnerado, así lo declarará precisando en que consiste la violación, sin anular, invalidar o dejar sin efectos la decisión del órgano de la JEP ni tampoco excluirse los hechos y conductas analizados en la acción de tutela de la competencia de la JEP”; y dicha sentencia será remitida a la JEP para que tome la decisión correspondiente, providencia que no podrá ser objeto nuevamente de tutela.

En ese sentido, hay varias cuestiones que no logran ser coherentes con la finalidad de la acción de tutela en nuestro sistema judicial, que no es otra que amparar los derechos vulnerados, dejando sin efecto la providencia que generó la vulneración, pues no puede establecerse a priori, qué tipo de efectos deberá tener la providencia que así lo declare, pues constituye una intromisión en la función judicial, que afecta seriamente las garantías procesales de quien invoque la necesidad de proteger sus derechos; además, carece de sentido la imposibilidad de dejar sin efectos, por ejemplo, la providencia que se constató, es la causa de la vulneración. Así, ¿cuál es la utilidad de la tutela? Y, en relación con la sala de selección, resulta desproporcionada la exigencia de que se requiera que todos los votos posibles, sean favorables; y más, cuando la Corte no será autónoma para seleccionar la tutela, sino que intervendrá directamente el órgano contra el cual se procedió.

Control de constitucionalidad del Acto Legislativo para la Paz

 En desarrollo del control de constitucionalidad de las reformas constitucionales mediante acto legislativo, se ha elaborado por parte de la Corte la Teoría de la Sustitución, que analiza los conocidos vicios de competencia dentro de los vicios de procedimiento en la formación de dichos actos.

Establece la teoría de la sustitución, que los vicios de competencia se encuentran proscritos de la Constitución, y que no les es dado al  Congreso de la República, en su rol de constituyente secundario, sustituir o alterar de forma determinante, algún elementos sustancial o definitorio de la identidad de la Constitución, es decir, que el legislador tiene la facultad de modificar la Constitución Política, más no de cambiarla por otra totalmente diferente.

¿Qué se entiende por elemento definitorio de la Carta Política? La jurisprudencia constitucional ha establecido que: “(…) la modificación completa o integral de la Constitución era uno de los rasgos definitorios del concepto de sustitución. A pesar de ello precisó que la sustitución comprendía eventos de reemplazo de un elemento definitorio de la identidad de la Carta admitiendo, en consecuencia, que la sustitución podría ser total o parcial. En palabras de la Corte “la sustitución por el hecho de ser parcial no deja de ser sustitución”. Así, para que ocurra el fenómeno de la sustitución, no es necesario que el contenido completo de la respectiva reforma constitucional contravenga la Carta Política, sino tan solo alguno de sus componentes o elementos, pues la sustitución también puede ser parcial y, por consiguiente, la reforma debe ser expulsada –en todo o en parte-, del ordenamiento jurídico.

Ha sostenido la Corte Constitucional en la Sentencia C-053 de 2016, que “(…)la definición del concepto de sustitución ha dado lugar a que la Corte establezca un método de análisis que tiene por objeto (i) fijar las etapas del examen de sustitución y (ii) prevenir los riesgos de “subjetivismo” asociados a la inexistencia de referentes positivos y precisos que indiquen cuando una variación de la Carta tiene dicho alcance”.

Una de las principales objeciones a la utilización del juicio de sustitución constitucional, consiste en que no existen parámetros claros ni preestablecidos, que puedan orientar al juzgador sobre qué es una reforma y qué es una sustitución. La Corte Constitucional estableció que dicho examen se realiza en caso concreto, por lo que no se puede establecer a priori, que determinados elementos constituyen elementos intangibles o definitorios de la identidad de la Constitución, de tal forma que no puedan ser alterados.

Actualmente la Corte Constitucional estudia varias acciones públicas de inconstitucionalidad propuestas contra el Acto Legislativo No. 1 de 2016, donde tendrá la oportunidad de dilucidar sobre los principales aspectos del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, en relación con la incorporación del contenido del acuerdo de paz como acuerdo especial -que, aunque ya no se menciona de igual forma en el texto del acuerdo, y se cree subsanado por la misma razón, se buscó implementar la figura desde la propia reforma constitucional por lo que el pronunciamiento relevante sobre este punto es el judicial-; el procedimiento legislativo especial, conocido como fast-track, y las facultades presidenciales para la incorporación de reformas e implementación de los acuerdos que fortalecen el peligroso presidencialismo que ha caracterizado nuestro sistema; y consideramos que, al tenor del artículo 375 de la C.P. 1991, que establece el principio de consecutividad para los actos legislativos -refiriéndonos únicamente al examen formal-, se deberá declarar inexequible; con independencia del análisis que pudiere hacer la Corte sobre aspectos tan discutibles como limitar el control de constitucionalidad de esas reformas, al incorporarlo como “único y automático”. Otra gran inquietud es qué pronunciamiento se hará con relación a la necesidad de refrendación popular de los acuerdos de paz para que entre en vigencia el procedimiento especial, en caso de que no sea expulsado del ordenamiento jurídico.

Como lo referí en otra oportunidad, ¿Es constitucional establecer una limitación al control de constitucionalidad que se hará sobre los proyectos legislativos y de reforma constitucional que se presenten en la implementación del acuerdo final de paz? ¿El control de constitucionalidad único y automático respeta los postulados intangibles de la Constitución Política de 1991 en relación con los derechos políticos, en virtud de la limitación que se realiza al control por vía de acción de las reformas constitucionales y las leyes? Este momento de particular importancia en nuestra historia democrática, se debe dar espacio y relevancia a los intentos de participación y proposición de los sectores sociales interesados en contribuir a la consolidación de la paz, no limitarlos.

Voces Unidas - Cantaré cantarás"HD"

PENSION EN REGIMEN LABORAL DE TRANSICION AL AÑO 2005.

Quienes hasta el 25 de julio del 2005 acumularon 750 semanas son beneficiarios del régimen de transición

Cortesia: ambitojuridico.com - 28 de abril del 2015

Guardar Compartir Comentarios Imprimir Aumentar

La Corte Constitucional precisó que quienes hasta el 25 de julio del 2005 acumularon 750 semanas cotizadas para pensión son beneficiarios del régimen de transición, pues así lo prevé el parágrafo 4º transitorio del artículo 1º del Acto Legislativo 1 del 2005.

A su vez, el régimen de transición obliga a que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el trabajador cuente con, al menos, 35 años de edad, en el caso de las mujeres, o 40, en el de los hombres, o que haya acumulado 15 años de servicio, de acuerdo con el artículo 36 de dicha normativa.

Al respecto, agregó que el análisis de la historia laboral debe reflejar la confrontación y confirmación, por parte de la administradora del fondo de pensiones, del cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión.

Así, cobra especial importancia el conteo completo de las semanas cotizadas por el trabajador y efectivamente pagadas por él, directamente en calidad de trabajador independiente, o por sus diferentes empleadores, en su condición de trabajador dependiente.

“La rigurosidad de la actuación en cuestión es fundamental para el reconocimiento de la pensión anhelada, razón por la cual dejar de contabilizar tiempos cotizados, u omitirlos al momento de hacer la relación de los mismos, supone una alteración de la realidad histórico laboral del trabajador, la cual en cualquiera de los supuestos, supondría una afectación a sus derechos e interés pensionales”, sostuvo.

Por último, aclaró que cuando la administración expide un acto administrativo en el que le reconoce o niega un derecho a una persona, genera una situación de confianza legítima en cuanto a que la información contenida en ese documento corresponde a la verdad y, por ello, se debe estar a lo allí contemplado.

Teniendo en cuenta que en el caso analizado Colpensiones omitió tener en cuenta unas semanas que ya había identificado como cotizadas por el actor, la Sala indicó que lo consignado en un acto administrativo no puede cambiar su sentido por el simple paso del tiempo, pues lo contrario causa zozobra y desconfianza en el administrado.

(Corte Constitucional, Sentencia T- 029, ene. 26/15, M. P. Martha Sáchica)

Documento disponible para suscriptores de Legismóvil. Solicite un demo.

Administración debe tener el 50% de las Mujeres en cargos decisorios

Conciencia social: "Una alerta temprana para que la Administración tenga en cuenta el Acuerdo de autoría de MIRA…"... #laverdaderapoliticalhm #concienciasocial #yoquierolapazlhm

Reconocimiento de Farc a leyes y al Estado 'es un paso trascendental' - Santos destacó que el acuerdo será validado por el pueblo, el Congreso y la Corte Constitucional.

Cortesia: Eltiempo.com - Foto: Presidencia

La reunión del presidente Santos con los gremios se extendió por cerca de tres horas.

Que las Farc hayan reconocido finalmente al Estado colombiano y sus leyes, tras más de 50 años de combatirlo, es para el presidente Juan Manuel Santos un “paso trascendental”.
El mandatario resaltó este hecho de las Farc anoche por medio de una alocución difundida desde la Casa de Nariño, en la que se ocupó de explicar de manera detallada la manera como el acuerdo especial sobre el fin del conflicto, que será suscrito por su gobierno y la guerrilla, será blindado jurídica y políticamente.

Se trata del consenso logrado por las partes en la capital cubana el pasado jueves para proteger el proceso y que trazó el camino para convertir el acuerdo sobre el fin de la guerra en un Acuerdo Especial, como pieza inmodificable del Derecho Internacional Humanitario.

Santos habló de la solidez que esta pieza tendrá en el derecho colombiano, en virtud de que los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), además de los ciudadanos, participarán de alguna manera en su refrendación.
“Después de más de 50 años de estar combatiendo al Estado y a sus instituciones, de desconocer nuestra Constitución y nuestras leyes –dijo Santos–, las Farc aceptaron que el procedimiento para dar vigencia a los acuerdos y garantizar su cumplimiento debe pasar precisamente por la Constitución y por los tres poderes que emanan de ella”. (Lea también: 'El pueblo, el Congreso y la Corte Constitucional son los que validarán los acuerdos')
Cada uno de los tres poderes tendrá un papel crucial en darle seguridad al acuerdo de paz.
Por un lado, el Congreso de la República incorporará en un acto legislativo que está en curso y cuya aprobación se dará antes del próximo 20 de junio, un parágrafo transitorio que convierte los acuerdos de La Habana en Acuerdo Especial.
“En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949”, dice el parágrafo incorporado esta semana al proyecto de acto legislativo que inicia el séptimo de ocho debates.
Lo que se acuerde en Cuba irá también a conocimiento de la Corte Constitucional. (Vea infografía: Línea de tiempo del proyecto)
“Para mayor garantía, lo que apruebe el Congreso sobre el Acuerdo de Paz pasará automáticamente a control de la Corte Constitucional, la que está encargada de proteger los derechos ciudadanos, la democracia y las instituciones”, recabó el Presidente.
Probablemente en el segundo semestre de este año, el Congreso tendrá que aprobar también, mediante un procedimiento expedito ordenado por la Constitución, una ley que incorporará el texto del Acuerdo Especial al ordenamiento jurídico colombiano. Esto también es fruto del acuerdo de la semana pasada.
Y en todo caso, lo acordado por la guerrilla y el Gobierno irá a refrendación de los ciudadanos en las urnas. En la actualidad, la Corte Constitucional examina la exequibilidad de la ley que convocó al plebiscito para ese propósito. (Además: Procuraduría pide tumbar el plebiscito para la paz)
“Ustedes los colombianos, como lo ofrecí desde el principio, tendrán la última palabra para que aprueben o rechacen los acuerdos de paz en las urnas”, dijo el jefe del Estado.
El Presidente también explicó cómo el acuerdo con las Farc tendrá un blindaje de la comunidad internacional.
“El Acuerdo Final, una vez firmado, se depositará ante el Consejo Federal Suizo, dándole el tratamiento de Acuerdo Especial, sin que esto signifique que se puedan obviar los procedimientos internos, ni que se le esté dando categoría de tratado, como algunos han sugerido”, dijo para explicar que a partir de este procedimiento, lo pactado se convertirá en pieza del DIH.

El proyecto está integrado por siete pasos para llegar a su implementación final. Vea la línea de tiempo.

El mismo documento “será enviado luego a Naciones Unidas para que se deje constancia expresa de su contenido ante el mundo entero”.
Por otra parte, Santos tuvo el lunes en la Casa de Nariño dos encuentros claves para el debate legislativo y público que se le viene al proceso de paz: se reunió con la nueva Unidad para la Paz y con los gremios. (Además: Gremios apoyan el proceso de paz, pero con algunas objeciones)

Inicialmente se reunió con jefes y voceros de los partidos que conforman lo que se ha denominado la Unidad para la Paz (coalición que apoya las negociaciones con las Farc y en la que están casi todas las colectividades, menos el Centro Democrático), de la que salió en claro que hay buen ambiente en la Cámara para el trámite del acto legislativo que agiliza los acuerdos con las Farc.
Horacio Serpa, copresidente del Partido Liberal, dijo que al Gobierno se le plantearon las inquietudes que llevaron los congresistas, básicamente relacionadas con el trámite de la reforma constitucional (solo le faltan dos debates) y con la implementación del acuerdo especial.
“Pienso que con las explicaciones que se dieron, todos salimos satisfechos”, dijo Serpa, quien agregó que el Presidente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el exmagistrado Manuel José Cepeda fueron los encargados de aclararles las inquietudes. (Además: Así será la salida de menores de las filas de las Farc)
A su vez, el senador Iván Cepeda (Polo) añadió que el encuentro fue “bastante productivo” y que quedó claro que hay voluntad para aprobar el acto legislativo en la Cámara.
Luego, las puertas de Palacio se abrieron para los líderes de los gremios económicos que fueron a apoyar el proceso, pero a hacerle objeciones al Acuerdo Especial.
POLÍTICA