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Historia de negociados con bienes publicos que nos invitan a reflexionar en las decisiones publicas como sociedad.
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- "Sí, Poeta aficionado, que expreso el sentir entrañable de la vida, en pequeños y sencillos versos." LuMo2020
viernes, 15 de enero de 2016
viernes, 8 de enero de 2016
Situaciones lamentables de la restitucion de tierras....
Los puntos suspensivos del caso Bellacruz
Fuente: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6065-los-puntos-suspensivos-del-caso-bellacruz
Mientras el Incoder decidió regresar el proceso
agrario de recuperación de baldíos a como estaba en los años 90, los
campesinos desplazados de la antigua hacienda en el sur del Cesar
esperan el fallo de la Corte Constitucional.
La
antigua Hacienda Bellacruz, desde 2008 Hacienda La Gloria, es uno de
los procesos agrarios más complejos de país. Campesinos desplazados por
paramilitares en los años 90 reclaman baldíos sobre un terreno donde se
desarrolla un cultivo de palma. Foto suministrada.¿Qué va a
pasar con los campesinos que fueron desplazados de la antigua hacienda
Bellacruz y que reclaman tierras? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), de la
Superintendencia de Notariado y Registro, del Ministerio de Defensa y de
las Unidades de Víctimas y Restitución? ¿Cuál será el papel de la
Hacienda La Gloria en la resolución de este conflicto agrario? Son
asuntos que siguen en veremos.Aunque el Incoder tomó dos decisiones recientes que retroceden el proceso agrario a los años 90, la Corte Constitucional es quien puede resolver una reclamación que ni el ejecutivo ni otras instancias de la rama judicial han logrado solucionar en 20 años. El Alto Tribunal estudia una tutela en la que 300 familias campesinas, organizadas en la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), exigen diligencia del Incoder para recuperar predios de origen baldío que hay dentro de la antigua hacienda.
VerdadAbierta.com consultó a los campesinos, el Incoder y el Grupo Empresarial La Gloria sobre si han pensado en la posibilidad de sentarse a conversar, llegar a un acuerdo y proponer soluciones para no dilatar más un conflicto que ha pasado por juzgados, tribunales y altos tribunales. Pero los campesinos aclaran que su reclamación no es contra los empresarios sino el Estado y que están dispuestos a llegar a un acuerdo. La empresa dijo que no se pronunciaría de momento al respecto, y el Incoder sostiene que su responsabilidad está en lo administrativo.
Así las cosas lo que decida la Corte sentará una jurisprudencia que ayude a resolver no solo este conflicto agrario, sino otros como los del Magdalena Medio. También dará luces para aterrizar el acuerdo sobre Política de Desarrollo Agrario Integral, de las negociaciones de paz en La Habana, que propone reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza, “donde se garanticen derechos y faciliten la reconciliación”.
Cuál es la historia
El conflicto de la Bellacruz es un entramado de hectáreas, violencia y decisiones incoherentes. La antigua hacienda, en sur del Cesar, se componía de más de 9 mil hectáreas y eran explotadas por la familia Marulanda. A finales de los años 80, campesinos venidos de distintas regiones le exigieron al antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que hiciera un estudio de baldíos en la hacienda, al considerar que dentro de ella había tierras del Estado que les podían ser tituladas.El Incora en 1990 accedió a realizar dicho estudio y lo concretó en 1994, concluyendo que la familia Marulanda no pudo acreditar propiedad privada sobre siete predios llamados así: Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel. Los campesinos le pidieron al Incora que les titulara dichas tierras pero el Instituto prefirió comprarle a los Marulanda otros siete predios de los que la familia sí tenía títulos: Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena.
El Incora parceló estos últimos para entregárselos a los campesinos pero cuando iba a comenzar la titulación, el 14 de febrero de 1996, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc desplazaron a la comunidad. En Justicia y Paz, varios desmovilizados le confesaron a la Fiscalía que fueron contratados por los Marulanda para evitar que los campesinos se instalaran en las tierras.
Los paramilitares se desmovilizaron en 2006. En diez años, los siete predios (Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena) no fueron ocupados por los campesinos originales porque estaban desplazados, sino por otras familias, unas nuevas adjudicadas por el Incora o por nuevos ocupantes venidos de otras regiones. En 2008, la familia Marulanda le vendió 5.500 hectáreas, entre las que estaban los otros siete predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, a un grupo empresarial que ahora se llama La Gloria.
La postura de los campesinos originales que están organizados en Asocol es que difícilmente pueden reclamar los predios en los que iban a ser titulados porque allí ya viven otras familias. Por eso insisten en que el Incoder recupere los otros siete predios de los que la familia Marulanda no pudo acreditar títulos. El problema es que el Grupo Empresarial La Gloria los tiene sembrados con palma de aceite, argumentando que ellos les compraron las tierras a los Marulanda bajo regla pues estos acreditaron escrituras y folios de instrumentos públicos como propiedad privada.
Los enredos del Incora y el Incoder
Los
campesinos que fueron desplazados en 1996 por paramilitares en cabeza
de alias ‘Juancho Prada’ reclaman por lo menos mil hectáreas de baldíos
contenidos, según las resoluciones del antiguo Incora, en la actual
hacienda La Gloria. Foto suministrada campesinos Asocol.El
conflicto por la tierra ha sido atizado por el mismo instituto de
tierras. Primero, porque en 1994 el Incora no terminó de resolver la
situación de los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón,
Venecia, María Isidra y San Miguel, y decidió comprar los otros siete
predios privados.Fue sólo 17 años después, que el Incoder decidió tomar cartas en el asunto. En 2011 emitió dos resoluciones para reanudar el proceso de clarificación de baldíos de los años 90, encontrando que 1.200 hectáreas tenían esta característica y que sólo dos predios, María Isidra y San Miguel, no podían ser identificados por la inundación de la ciénaga La Cienaguita. En 2013, el Incoder continuó con el trámite, emitiendo otras dos resoluciones para recuperar materialmente las 1.200 hectáreas.
Cuando los campesinos creían que estaban a punto de ganar la batalla jurídica, el Grupo Empresarial solicitó al Consejo de Estado revisar la decisión de Incoder y la recuperación quedó frenada. En marzo de 2014 el Incoder le pidió a la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica (Cesar) inscribir en el folio de matrícula la decisión de recuperación de baldíos, pero dicha Oficina y el Superintendente de Notariado se negaron a hacerlo, argumentando que existía un proceso en curso en el Consejo de Estado y que en el registro no existía claridad de que las 1.200 hectáreas fueran de origen baldío.
La situación se complejizó más en 2015. En febrero el Subgerente de Tierras, Carlos Ignacio Carmona, dejó sin piso jurídico las resoluciones de 1990 y 1994 con las que el Incora comenzó el proceso de clarificación e identificación de los baldíos.
Mientras el Incoder seguía dando pasos hacia atrás en el proceso, el caso era estudiado por la Corte Constitucional que ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades: una vez otorgando medidas de protección a la comunidad campesina y otra, respondiéndole varias inquietudes al Grupo Empresarial, que con sus abogados decidió entutelar al Alto Tribunal. (Lea: Una victoria para los campesinos de La Bellacruz y Yo tutelo, él tutela, ellos tutelan… el caso Bellacruz)
Por su parte, el Subgerente de Tierras siguió tomando decisiones. El 14 de octubre dejó sin piso jurídico las cuatro resoluciones que el Incoder había proferido en 2011 y 2013 para recuperar los siete predios de origen baldío. El 26 de octubre complementó dicha postura, indicando que el proceso de clarificación de baldíos debía comenzar de ceros, es decir, que el caso vuelve en el papel a como estaba en el año 1990
El principal argumento del Subgerente de Tierras para echar para atrás todas las resoluciones es que ninguno de los siete predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, identificados en el año 94, quedaron registrados en el folio de matrícula, y en ese sentido, las tierras “siguen siendo parte del dominio privado”. El funcionario indicó que el Incora de la época no pudo hacer dicho registro porque una sentencia del Consejo de Estado de 1985 se lo impedía, pues este era un trámite que debía pasar por los ojos de un juez.
Lo que no explicó el Subgerente en ninguna de las decisiones recientes es que los funcionarios del Incora tuvieron serias dificultades para cumplir con su labor, producto de la violencia desatada por los paramilitares en 1996. Así lo advierte un informe presentado en 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que documentó que en abril de ese año el grupo paramilitar atacó a varios funcionarios del Incora que intentaban ingresar a la finca para realizar las diligencias de medición de los lotes.
“Así la decisión judicial de adjudicación de tierras, y los intentos de los funcionarios del Incora quedaron en letra muerta. La responsabilidad de las autoridades por no asegurar la protección física de los desplazados, la imposibilidad de llevar a cabo la investigación judicial sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que se habrían cometido, y la paralización de las adjudicaciones de títulos de propiedad, son desafíos que el Gobierno no puede dejar en la impunidad”, reitera el informe de la Cidh.
El Subgerente de Tierras insiste en que el proceso de clarificación de baldíos debe comenzar porque hay un vacío jurídico y porque además el predio cambió mucho en 25 años. “Antes de participar o no de un acuerdo entre las partes (campesinos y empresa) es determinar si en ese predio (la hacienda) hay o no bienes baldíos. En todos estos veinte años eso se manejó muy mal desde el punto de vista probatorio”, le dijo Carmona a VerdadAbierta.com. Según el funcionario, si las partes cooperan el estudio no tardaría más de un año y contará con la veeduría de una “agencia especial” de la Procuraduría, un funcionario que delegue este organismo del Ministerio Público.
Fredy Rodríguez, representante legal de Asocol, explicó que acatarán la decisión de la Corte Constitucional, indicando que “los campesinos no tenemos nada en contra de la empresa, no es que queramos quitarle la tierra a Efromovich (Germán Efromovich, principal accionista del Grupo Empresarial La Gloria). Nuestra reclamación es ante el Estado, que nos ha fallado, que lleva años sin darnos una solución”.
Aunque la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contempla que comunidades como la de la Bellacruz puedan reclamar los predios abandonados o despojados por violencia, la Unidad de Restitución no ha documentado el caso porque no ha “microfocalizado” este municipio, es decir, no tiene vía libre del Ministerio de Defensa para documentar casos en la zona. A mediados de octubre la Corte Constitucional le exigió a dicho Ministerio un informe sobre las condiciones de seguridad de esta región.
VerdadAbierta.com le preguntó a Diana Marín, apoderada legal del Grupo Empresarial Hacienda La Gloria, si estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con los campesinos, pero la abogada respondió que por el momento la compañía no se pronunciará.
El caso sigue en puntos suspensivos. Por un lado, el Incoder sigue tomando decisiones que retroceden el caso agrario; por otro, el Consejo de Estado estudia la solicitud de la empresa, y al tiempo, la Corte Constitucional está próxima a fallar sobre la reclamación de los campesinos.
jueves, 7 de enero de 2016
Tratados de Derechos Internacionales.
Carta de las Naciones Unidas
|
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, 26jun45 |
Carta internacional de derechos humanos
|
Asamblea General, Resolución 217 A (III), 10dic48 Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16dic66
Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16dic66
Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16dic66 Asamblea General, Resolución 44/128, 15dic89 |
Instrumentos universales de los derechos humanos
Conferencia Mundial de Derechos Humanos y Asamblea del Milenio
|
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, A/CONF.157/23, 12jun93 Asamblea General, A/RES/55/2, 13sep00 |
Derecho de Libre Determinación
|
Asamblea General, Resolución 1514 (XV), 14dic60 Asamblea General, Resolución 1803 (XVII), 14dic62 Asamblea General, 72a. sesión plenaria, 04dic89 |
Derechos de los Pueblos Indígenas y las Minorías
|
Asamblea General, A/RES/61/295, 13sep07 Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, 27jun89 Asamblea General, Resolución 47/135, 18dic92 |
Prevención de la Discriminación
|
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 29jun51 Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 25jun58 Asamblea General, Resolución 2106 A (XX), 21dic65
Conference General de UNESCO, 27nov78 Conference General de UNESCO, 14dic60 Conference General de UNESCO, 10dic62 Asamblea General, Resolución 36/55, 25nov81 Conerencia Mundial,Durban, Sudáfrica, 08sep01 |
Derechos de la Mujer
|
Asamblea General, Resolución 34/180, 18dic79
Asamblea General, Resolución A/54/4, 06oct99 Asamblea General, Resolución 3318 (XXIX), 14dic74 Asamblea General, Resolución 48/104, 20dic93 |
Derechos del Niño
|
Asamblea General, Resolución 44/25, 20nov89
Asamblea General, A/RES/54/263, 25may00 Asamblea General, A/RES/54/263, 25may00 Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 26jun73 Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 17jun99 |
Derechos de las Personas de Edad
|
Asamblea General, Resolución 46/91, 16dic91 |
Derechos de los Discapacitados
|
Asamblea General, Resolución 2856 (XXVI), 20dic71 Asamblea General, Resolución 3447 (XXX), 09dic75 Asamblea General, Resolución 46/119, 17dic91 Asamblea General, A/RES/48/96, 04mar94 |
Los Derechos Humanos en la Administración de Justicia
|
Consejo Econónomico y Social, Resoluciones 663C (XXIV), 31jul57 y 2076(LXII), 13may77 Asamblea General, Resolución 45/111, 14dic90 Asamblea General, Resolución 43/173, 09dic88 Asamblea General, Resolución 45/113, 14dic90 Asamblea General, Resolución 3452 (XXX), 09dic75 Asamblea General, Resolución 39/46, 10dic84
Asamblea General, Resolución A/RES/57/199, 18dic02 Asamblea General, Resolución 55/89 Anexo, 04dic00 Consejo Econónomico y Social, Resolución 1984/50, 25may84 Asamblea General, Resolución 34/169, 17dic79 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Habana, Cuba, 07sep90 Asamblea General, Resolución 45/110, 14dic90 Asamblea General, Resolución 40/33, 28nov85 Asamblea General, Resolución 45/112, 14dic90 Asamblea General, Resolución 40/34, 29nov85 Asamblea General, Resoluciones 40/32, 29nov85 y 40/146, 13dic85 ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1, 07sep90 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 07sep90 Consejo Económico y Social, Resolución 1989/65, 24may89 Asamblea General, A/RES/47/133, 12feb93 Asamblea General, Resolución 60/147, 16dic05 Asamblea General, Resolución 61/177, 12ene07 |
Bienestar, Progreso y Desarrollo Social
|
Asamblea General, Resolución 2542 (XXIV), 11dic69 Asamblea General, Resolución 3348 (XXIX), 17dic74 Asamblea General, Resolución 3384 (XXX), 10nov75 Asamblea General, Resolución 39/11, 12nov84 Asamblea General, Resolución 41/128, 12nov84 Asamblea General, Resolución 53/152, 09dic98 |
Promoción y Protección de los Derechos Humanos
|
Asamblea General, A/RES/48/134, 04mar94 Asamblea General, A/RES/53/144, 08mar99 |
Matrimonio
|
Asamblea General, Resolución 1763 A (XVII), 07nov62 Asamblea General, Resolución 2018 (XX), 01nov65 |
Derecho a la Salud
|
Asamblea General, A/RES/S-26/2, 02ago01 |
Empleo
|
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 09jul64 |
Libertad de Asociación
|
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 09jul48 Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 18jun49 |
Esclavitud, Servidumbre, Trabajo Forzoso e Instituciones y Prácticas Análogas
|
Ginebra, Suiza, 25sep26 Asamblea General, Resolución 794 (VIII), 23oct53 Conferencia de Plenipotenciarios, Ginebra, Suiza, 30abr56 Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 28jun30 Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 25jun57 Asamblea General, Resolución 317 (IV), 02dic49 Asamblea General, Resolución 55/25, 15nov00 |
Derechos de Trabajadores Migratorios
|
Asamblea General, Resolución 45/158, 18dic90 |
Nacionalidad, Apatridia, Asilo y Refugiados
|
Conferencia de Plenipotenciarios, 30ago61 Conferencia de Plenipotenciarios, Resolucón 526 A (XVII), 28sep54 Conferencia de Plenipotenciarios, 28jul51 18nov66 Asamblea General, Resolución 40/144, 13dic85 |
Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, incluso el Genocidio
|
Asamblea General, Resolución 260 A (III), 09dic48 Asamblea General, Resolución 2391 (XXIII), 26nov68 Asamblea General, Resolución 3074 (XXVIII), 03dic73 |
Derecho Humanitario
Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, 12ago49
Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, 12ago49
Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, 12ago49
Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, 12ago49
Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados, 08jun77
Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados, 08jun77
Conferencia Diplomática, 08dic05
Fuente: http://www.derechos.org/nizkor/ley/tratado.html
Verdad Abierta.
Las pistas sobre el despojo de la Oficina de Envigado
Un juzgado en Antioquia le restituyó la finca a
una familia que fue despojada por esta empresa criminal del Valle de
Aburrá. Se abre un nuevo capítulo en la historia de la oficina de
sicarios más famosa del país.
San Roque hace parte de los diez municipios que integran el nordeste
antioqueño, una región en que confluyeron las Farc, el narcotráfico y
los paramilitares. Foto suministrada Unidad de Restitución de Tierras.
Un Juzgado Especializado en Restitución de Caucasia reveló una faceta no tan conocida de la Oficina de Envigado, la empresa criminal que hizo parte del Cartel de Medellín y que por años se transformó en organización paramilitar integrada a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Una sentencia determinó hace unos días que la Oficina le arrebató una finca a una familia en el municipio de San Roque, nordeste antioqueño. Esta decisión da luces sobre una realidad que se mantuvo silente por años y que puede tener pronto nuevos fallos.
Una investigadora de la Unidad de Tierras que documentó el caso le dijo a VerdadAbierta.com que en San Roque hay más casos con esta misma tipología, “pues el municipio tiene una ubicación estratégica que fue usada (por ese grupo criminal) para movilizarse hacia los municipios de Caracolí y Maceo”. En la actualidad, esta dependencia estatal documenta algunos despojos ocurridos en barrios de estrato alto en Medellín y que podrían ser atribuidos a la Oficina.
En la sentencia, el Juez ordenó a las autoridades garantías para que la familia pueda vivir con tranquilidad en la finca, que la Alcaldía los exonere del pago de 22 millones de pesos de impuestos que adeudan tras el desplazamiento forzado del que fue víctima, que el Banco Agrario los priorice con subsidios de vivienda rural, y que Finagro y Bancoldex les permita acceder a créditos para reactivar la productividad de la tierra. El fallo además anuló las transacciones que quedaron registradas en la Notaría Única de San Roque y en la Oficina de Instrumentos de Santo Domingo que transfirieron la propiedad a nombre de otra persona.
Según datos de la Unidad, en la actualidad en la región del Nordeste, en los municipios de San Roque, Yolombó y Santo Domingo, estudian las reclamaciones de tierras en 103 veredas donde fue persistente el abandono y el despojo durante el conflicto armado.
¿Quién manda?
‘Don Berna’ y Pablo Escobar. Fotos: archivo Semana.
La historia de la familia Suárez*, cuya identidad se les reserva por razones de seguridad, es similar a las de otros campesinos que afrontaron todos los actores armados ilegales en menos de tres décadas. En 1991 se hicieron a una buena finca de 487 hectáreas producto de una herencia, donde prosperaron con los cultivos de pastos y la siembra de maíz y fríjol para el sustento diario.
Mientras los campesinos producían alimentos, la violencia arreciaba en la región. El primer grupo en llegar, en 1980, fue el Frente 9 de las Farc, que encontró en la zona un punto clave para movilizarse desde el oriente, atravesando los municipios de San Carlos, Alejandría y San Rafael para acceder al nordeste y norte de Antioquia. No demoraron en aparecer las autodefensas, que en la siguiente década se consolidaron como el brazo armado del narcotráfico, bajo la insignia de combatir a las guerrillas, pero con el propósito de proteger el ‘negocio’.
Bajo la figura de Cooperativas Rural de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), las autodefensas se camuflaron para seguir cometiendo delitos en la región, entre ellas una conocida como El Cóndor. VerdadAbierta.com documentó a partir de una investigación de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación, publicada en 2010, que dicha Convivir recibió su personería jurídica en noviembre de ese año con la firma de Álvaro Uribe Vélez, quien entonces era el Gobernador de Antioquia
Según la investigación académica, en El Cóndor “se mimetizaba una organización paramilitar, la cual operaba entre los municipios de Cisneros y San Roque”, teniendo como base de operaciones el corregimiento San José del Nus. Precisamente, la finca de la familia Suárez estaba en este poblado que durante finales de los años 90 y principios del nuevo siglo fue disputado por las Farc, el Eln con los Frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave, y los paramilitares.
Para esa época ya existía la Oficina de Envigado. Como lo documenta el libro Las ‘vueltas’de la Oficina de Envigado, del periodista Juan Diego Restrepo, inicialmente se llamaba La Oficina y se trataba de un ‘despacho’ del capo Pablo Escobar en este municipio antioqueño desde donde coordinaba extorsiones, ofrecía ‘servicios de seguridad’, coordinaba la ‘formación’ de sicarios y mantenía el control de la exportación y comercialización de su principal músculo financiero: la cocaína.
En diciembre de 1993, Escobar murió en un operativo realizado por la Policía y en la que según confesaron varios desmovilizados de las Auc, participaron integrantes de los Perseguidos por Pablo Escobar, conocidos como ‘Pepes’, varios de ellos sus acérrimos enemigos del Cartel de Cali y los hermanos Castaño, fundadores de las Auc, además de agentes de los cuerpos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.
En Antioquia el paramilitarismo tomó fuerza. Los Castaño enviaron a varios de sus hombres entrenados en fincas de Córdoba al oriente y nordeste de Antioquia bajo las órdenes de Carlos Mauricio García alias ‘Doble Cero’, un exlancero del Ejército que se convirtió en el jefe del Bloque Metro de las Auc y que sumó a sus filas a jóvenes de las comunas de Medellín. Entre 1997 y 2002 este Bloque tuvo presencia en el municipio de San Roque, principalmente en el corregimiento de Cristales, delinquiendo en Santo Domingo, Cisneros, Yolombó y Maceo; mientras las Farc reaccionaron ampliando su presencia con el Frente 9. La guerra territorial persistía.
De forma paralela, el narcotraficante Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ ya había tomado el control de la Oficina y había logrado portar el rótulo de las Auc tras su vieja amistad con los Castaño. En 2002, ‘Doble Cero’ expresó su inconformidad por esa decisión, lo que desató una guerra visceral entre el exmilitar y el narcotraficante, quien desde la Oficina dio origen a los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada.
Esta guerra no sólo se libró en las comunas de Medellín sino en el campo. En Justicia y Paz, varios desmovilizados, entre ellos Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’, quien desde finales de 2000 fue jefe militar del Bloque Calima, confesaron que la guerra de ‘Don Berna’ fue apoyada por este Bloque y por el Central Bolívar, en cabeza también de los narcotraficantes Hébert Veloza alias ‘H.H.’ y Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’.
La tierra fue un botín de guerra de estos grupos. El primero en despojar fue el Bloque Metro, que originalmente estaba en la zona. Hasta diciembre de 2014 había 171 solicitudes de restitución de predios en el municipio de San Roque, en el que los presuntos responsables son antiguos comandantes de ese grupo. En 2003 esta guerra la ganó ‘Don Berna’ y el territorio fue repartido entre los grupo paramilitares que lo apoyaron.
¡Qué firme la escritura!
En 2003, cuando se desató una guerra interna entre los paramilitares
del Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara de las Auc, 3 mil personas
fueron desplazadas de San Roque. Foto suministrada Unidad de
Restitución de Tierras.
La familia Suárez quedó en medio de esa batalla pero al igual que otras 3 mil familias de San Roque, según datos del Registro Único de Víctimas, fueron desplazadas. El Frente 9 de las Farc intentó retomar los antiguos territorios del Bloque Metro y en 2004 amenazó a los Suárez, que salieron despavoridos por la violencia que no cesaba.
Según le relataron a los investigadores de la Unidad, una vez fue abandonada la finca en enero de 2005, la guerrilla les quemó la vivienda. Cuando pensaron que la situación mermaría con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara el 25 de noviembre de 2003 en Medellín, la Oficina de Envigado seguía viva y coleando y se camufló en el Bloque Héroes de Granada.
El libro del periodista Restrepo revela que la fórmula de esta empresa criminal para echar raíces durante tres décadas fue mantener alianzas no sólo con militares sino con empresarios, como fue el caso de Gustavo Upegui López, entonces máximo accionista del equipo de fútbol Envigado Fútbol Club, incluido en la Lista Clinton.
Mientras ‘Don Berna’ se mantenía supuestamente en la negociación con el Gobierno para desmovilizar a las Auc, dentro de la Oficina de Envigado se desató una guerra interna por quién heredaba ese poder criminal. En julio de 2006 Upegui fue asesinado por Daniel Alberto Mejía alias ‘Danielito’, quien quería quedarse con la ‘compañía’ de sicarios. Pero este a su vez, un año más tarde, fue asesinado por Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio’, un exintegrante del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), quien decidió a finales de 2007 entregarse a la justicia de Estados Unidos.
La desmovilización del Bloque Héroes de Granada, en agosto de 2005 justamente en el corregimiento Cristales, de San Roque, bajo el mando de Carlos Arturo Hernández, alias ‘Jerónimo’, no fue tan efectiva como inicialmente se supuso, advierte Restrepo.
De hecho, varias de las reclamaciones que reposan en la Unidad de Tierras están relacionadas con despojos cometidos por ‘Jerónimo’ aún después de su supuesta dejación de armas, entre ellas la de la familia Suárez.
“Vivía en Caracolí y me contactaron, me dijeron que vendiera la tierra y que un tal Jhon el que venía de la Oficina de Envigado. Me dijo que el patrón necesitaba la tierra, es decir, alias ‘Jerónimo’, y que necesitaba hablar conmigo. Me hicieron ir tres veces”, relató el reclamante durante el juicio.
A la familia Suárez la obligaron en 2007 a firmar una escritura que con anticipación había sido elaborada en la Notaría Segunda de San Roque, a nombre de una persona que desconocían. “… Me estaban esperando tres personas, entre ellas el hijo del notario. Ya tenían la escritura hecha. La firmé y nunca recibí un peso”, dijo un integrante de las familia reclamante.
Según los reportes de la prensa, alias ‘Jerónimo’ fue capturado en noviembre de 2008 por un grupo especial de la Dijín de la Policía. Pero en mayo de 2010 el entonces cabecilla de la Oficina de Envigado se fugó después de que un mes antes un juez de ejecución de penas le otorgó el beneficio de casa por cárcel. En la actualidad alias ‘Jerónimo’ sigue profugo mientras la Unidad de Tierras trata de documentar otros casos de despojo en el nordeste antioqueño. “Sobre ‘Jerónimo’ tendrá que explorarse muchos otros casos en otros municipios”, dijo una de las investigadoras de la Unidad.
En esta región, la Unidad ha encontrado complicidad de funcionarios públicos, sobre todo notarios, en la trasnferencias de tierras pero es la Fiscalía quien decide si abre o no una investigación formal.
Esta sentencia es la primera pista para desentrañar la maquinaria de guerra que heredaron narcotraficantes y paramilitares para mantener ‘el control’ en los territorios no sólo a punta de extorsiones y asesinatos, sino de de robo de tierras.
*El nombre de la familia fue cambiado por razones de seguridad.
Tags: La lucha por la tierra • Resitución de bienes • Desplazados • Despojo • Conflicto armado • Oficina de Envigado • Antioquia
Fuente: http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/6030-las-pistas-sobre-el-despojo-de-la-oficina-de-envigado
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