viernes, 8 de enero de 2016

Situaciones lamentables de la restitucion de tierras....

Los puntos suspensivos del caso Bellacruz

Fuente: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6065-los-puntos-suspensivos-del-caso-bellacruz
 
Mientras el Incoder decidió regresar el proceso agrario de recuperación de baldíos a como estaba en los años 90, los campesinos desplazados de la antigua hacienda en el sur del Cesar esperan el fallo de la Corte Constitucional.
La antigua Hacienda Bellacruz, desde 2008 Hacienda La Gloria, es uno de los procesos agrarios más complejos de país. Campesinos desplazados por paramilitares en los años 90 reclaman baldíos sobre un terreno donde se desarrolla un cultivo de palma. Foto suministrada.¿Qué va a pasar con los campesinos que fueron desplazados de la antigua hacienda Bellacruz y que reclaman tierras? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), de la Superintendencia de Notariado y Registro, del Ministerio de Defensa y de las Unidades de Víctimas y Restitución? ¿Cuál será el papel de la Hacienda La Gloria en la resolución de este conflicto agrario? Son asuntos que siguen en veremos.
Aunque el Incoder tomó dos decisiones recientes que retroceden el proceso agrario a los años 90, la Corte Constitucional es quien puede resolver una reclamación que ni el ejecutivo ni otras instancias de la rama judicial han logrado solucionar en 20 años. El Alto Tribunal estudia una tutela en la que 300 familias campesinas, organizadas en la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), exigen diligencia del Incoder para recuperar predios de origen baldío que hay dentro de la antigua hacienda.
VerdadAbierta.com consultó a los campesinos, el Incoder y el Grupo Empresarial La Gloria sobre si han pensado en la posibilidad de sentarse a conversar, llegar a un acuerdo y proponer soluciones para no dilatar más un conflicto que ha pasado por juzgados, tribunales y altos tribunales. Pero los campesinos aclaran que su reclamación no es contra los empresarios sino el Estado y que están dispuestos a llegar a un acuerdo. La empresa dijo que no se pronunciaría de momento al respecto, y el Incoder sostiene que su responsabilidad está en lo administrativo.
Así las cosas lo que decida la Corte sentará una jurisprudencia que ayude a resolver no solo este conflicto agrario, sino otros como los del Magdalena Medio. También dará luces para aterrizar el acuerdo sobre Política de Desarrollo Agrario Integral, de las negociaciones de paz en La Habana, que propone reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza, “donde se garanticen derechos y faciliten la reconciliación”.

Cuál es la historia

El conflicto de la Bellacruz es un entramado de hectáreas, violencia y decisiones incoherentes. La antigua hacienda, en sur del Cesar, se componía de más de 9 mil hectáreas y eran explotadas por la familia Marulanda. A finales de los años 80, campesinos venidos de distintas regiones le exigieron al antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que hiciera un estudio de baldíos en la hacienda, al considerar que dentro de ella había tierras del Estado que les podían ser tituladas.
El Incora en 1990 accedió a realizar dicho estudio y lo concretó en 1994, concluyendo que la familia Marulanda no pudo acreditar propiedad privada sobre siete predios llamados así: Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel. Los campesinos le pidieron al Incora que les titulara dichas tierras pero el Instituto prefirió comprarle a los Marulanda otros siete predios de los que la familia sí tenía títulos: Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena.
El Incora parceló estos últimos para entregárselos a los campesinos pero cuando iba a comenzar la titulación, el 14 de febrero de 1996, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc desplazaron a la comunidad. En Justicia y Paz, varios desmovilizados le confesaron a la Fiscalía que fueron contratados por los Marulanda para evitar que los campesinos se instalaran en las tierras.
Los paramilitares se desmovilizaron en 2006. En diez años, los siete predios (Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena) no fueron ocupados por los campesinos originales porque estaban desplazados, sino por otras familias, unas nuevas adjudicadas por el Incora o por nuevos ocupantes venidos de otras regiones. En 2008, la familia Marulanda le vendió 5.500 hectáreas, entre las que estaban los otros siete predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, a un grupo empresarial que ahora se llama La Gloria.
La postura de los campesinos originales que están organizados en Asocol es que difícilmente pueden reclamar los predios en los que iban a ser titulados porque allí ya viven otras familias. Por eso insisten en que el Incoder recupere los otros siete predios de los que la familia Marulanda no pudo acreditar títulos. El problema es que el Grupo Empresarial La Gloria los tiene sembrados con palma de aceite, argumentando que ellos les compraron las tierras a los Marulanda bajo regla pues estos acreditaron escrituras y folios de instrumentos públicos como propiedad privada.

Los enredos del Incora y el Incoder

Los campesinos que fueron desplazados en 1996 por paramilitares en cabeza de alias ‘Juancho Prada’ reclaman por lo menos mil hectáreas de baldíos contenidos, según las resoluciones del antiguo Incora, en la actual hacienda La Gloria. Foto suministrada campesinos Asocol.El conflicto por la tierra ha sido atizado por el mismo instituto de tierras. Primero, porque en 1994 el Incora no terminó de resolver la situación de los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, y decidió comprar los otros siete predios privados.
Fue sólo 17 años después, que el Incoder decidió tomar cartas en el asunto. En 2011 emitió dos resoluciones para reanudar el proceso de clarificación de baldíos de los años 90, encontrando que 1.200 hectáreas tenían esta característica y que sólo dos predios, María Isidra y San Miguel, no podían ser identificados por la inundación de la ciénaga La Cienaguita. En 2013, el Incoder continuó con el trámite, emitiendo otras dos resoluciones para recuperar materialmente las 1.200 hectáreas.
Cuando los campesinos creían que estaban a punto de ganar la batalla jurídica, el Grupo Empresarial solicitó al Consejo de Estado revisar la decisión de Incoder y la recuperación quedó frenada. En marzo de 2014 el Incoder le pidió a la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica (Cesar) inscribir en el folio de matrícula la decisión de recuperación de baldíos, pero dicha Oficina y el Superintendente de Notariado se negaron a hacerlo, argumentando que existía un proceso en curso en el Consejo de Estado y que en el registro no existía claridad de que las 1.200 hectáreas fueran de origen baldío.
La situación se complejizó más en 2015. En febrero el Subgerente de Tierras, Carlos Ignacio Carmona, dejó sin piso jurídico las resoluciones de 1990 y 1994 con las que el Incora comenzó el proceso de clarificación e identificación de los baldíos.
Mientras el Incoder seguía dando pasos hacia atrás en el proceso, el caso era estudiado por la Corte Constitucional que ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades: una vez otorgando medidas de protección a la comunidad campesina y otra, respondiéndole varias inquietudes al Grupo Empresarial, que con sus abogados decidió entutelar al Alto Tribunal. (Lea: Una victoria para los campesinos de La Bellacruz y Yo tutelo, él tutela, ellos tutelan… el caso Bellacruz)
Por su parte, el Subgerente de Tierras siguió tomando decisiones. El 14 de octubre dejó sin piso jurídico las cuatro resoluciones que el Incoder había proferido en 2011 y 2013 para recuperar los siete predios de origen baldío. El 26 de octubre complementó dicha postura, indicando que el proceso de clarificación de baldíos debía comenzar de ceros, es decir, que el caso vuelve en el papel a como estaba en el año 1990
El principal argumento del Subgerente de Tierras para echar para atrás todas las resoluciones es que ninguno de los siete predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, identificados en el año 94, quedaron registrados en el folio de matrícula, y en ese sentido, las tierras “siguen siendo parte del dominio privado”. El funcionario indicó que el Incora de la época no pudo hacer dicho registro porque una sentencia del Consejo de Estado de 1985 se lo impedía, pues este era un trámite que debía pasar por los ojos de un juez.
Lo que no explicó el Subgerente en ninguna de las decisiones recientes es que los funcionarios del Incora tuvieron serias dificultades para cumplir con su labor, producto de la violencia desatada por los paramilitares en 1996. Así lo advierte un informe presentado en 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que documentó que en abril de ese año el grupo paramilitar atacó a varios funcionarios del Incora que intentaban ingresar a la finca para realizar las diligencias de medición de los lotes.
“Así la decisión judicial de adjudicación de tierras, y los intentos de los funcionarios del Incora quedaron en letra muerta. La responsabilidad de las autoridades por no asegurar la protección física de los desplazados, la imposibilidad de llevar a cabo la investigación judicial sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que se habrían cometido, y la paralización de las adjudicaciones de títulos de propiedad, son desafíos que el Gobierno no puede dejar en la impunidad”, reitera el informe de la Cidh.
El Subgerente de Tierras insiste en que el proceso de clarificación de baldíos debe comenzar porque hay un vacío jurídico y porque además el predio cambió mucho en 25 años. “Antes de participar o no de un acuerdo entre las partes (campesinos y empresa) es determinar si en ese predio (la hacienda) hay o no bienes baldíos. En todos estos veinte años eso se manejó muy mal desde el punto de vista probatorio”, le dijo Carmona a VerdadAbierta.com. Según el funcionario, si las partes cooperan el estudio no tardaría más de un año y contará con la veeduría de una “agencia especial” de la Procuraduría, un funcionario que delegue este organismo del Ministerio Público.
Fredy Rodríguez, representante legal de Asocol, explicó que acatarán la decisión de la Corte Constitucional, indicando que “los campesinos no tenemos nada en contra de la empresa, no es que queramos quitarle la tierra a Efromovich (Germán Efromovich, principal accionista del Grupo Empresarial La Gloria). Nuestra reclamación es ante el Estado, que nos ha fallado, que lleva años sin darnos una solución”.
Aunque la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contempla que comunidades como la de la Bellacruz puedan reclamar los predios abandonados o despojados por violencia, la Unidad de Restitución no ha documentado el caso porque no ha “microfocalizado” este municipio, es decir, no tiene vía libre del Ministerio de Defensa para documentar casos en la zona. A mediados de octubre la Corte Constitucional le exigió a dicho Ministerio un informe sobre las condiciones de seguridad de esta región.
VerdadAbierta.com le preguntó a Diana Marín, apoderada legal del Grupo Empresarial Hacienda La Gloria, si estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con los campesinos, pero la abogada respondió que por el momento la compañía no se pronunciará.
El caso sigue en puntos suspensivos. Por un lado, el Incoder sigue tomando decisiones que retroceden el caso agrario; por otro, el Consejo de Estado estudia la solicitud de la empresa, y al tiempo, la Corte Constitucional está próxima a fallar sobre la reclamación de los campesinos.