Prado, Tolima - Tomogó, Centro Vacacional de Comfenalco

Prado, Tolima - Tomogó, Centro Vacacional de Comfenalco, a photo by Colombia Travel on Flickr.

Palmera en Prado, Tolima

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VEINTE AÑOS DE LA CONSTITUCION EN COLOMBIA

Con motivo de cumplirse veinte años de haberse dado a conocer una Constitucion novedosa en Colombia, me parece importante compartirles este articulo del autor Pedro Santana Rodriguez, al cual se refirio algunas experiencias que han desbordado  en peerversidad abosoluta: ¿Tenemos algo que celebrar a los 20 años de la Constitución?

Cortesia:

Pedro Santana Rodríguez

Al tiempo que se organizan múltiples actos de celebración por los 20 años que cumple la Constitución de 1991, columnistas de prensa como Daniel Samper Pizano o destacadas figuras del régimen como Rudolf Hommes, se preguntan si hay motivos para celebrar. El primero, uno de los más destacados periodistas del país caracterizado por su independencia frente al poder y por sus denuncias sobre corrupción e iniciador en el país del llamado periodismo de investigación, que precisamente por ello, tuvo que salir del país en la década de los años ochenta, cuestiona uno de los instrumentos más valiosos de la Carta Política de 1991, nos referimos al proceso de la descentralización. En efecto Samper Pizano escribió en su columna del diario El Tiempo “Bodas de Plata de un cáncer nacional” el pasado 13 de marzo, lo siguiente: “Álvaro Gómez Hurtado, constante agitador de ideas, propuso una reforma constitucional que creyó modernizadora y que se concretó en el Acto Legislativo No 1 de 1986. Según éste, “los alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos”. Cinco años después, la nueva Constitución avanzó aún más en materia de regímenes regionales, y a la libre elección de alcaldes añadió la de gobernadores y mayor autonomía en el manejo de presupuestos. La Carta del 91 y posteriores retoques de algunos artículos hicieron de Colombia un país más democrático. Pero, sin proponérselo, inyectaron nuevos caudales al río de la corrupción que ahora nos ahoga. La dosis masiva de participación popular que iba a limpiar las venas de la democracia colombiana no se ha dado. En cambio, numerosos municipios están en poder de las mafias que controlan las elecciones a punta de plata y plomo y ordeñan luego las arcas municipales sin recato ni control… El 9 de enero cumplió bodas de plata la elección de alcaldes y, haciendo el balance de los efectos positivos y negativos que produjo, es evidente que ha sido un cáncer para Colombia. Un cáncer rebosante de democracia. Pero un cáncer. No es que los políticos indelicados no robaran antes, no: empezaron a robar en el siglo XIX. Pero en otros tiempos eran víctimas de las tentaciones del dinero público y hoy, en cambio, llegan con la voluntad expresa de enriquecerse. Es verdad que había corrupción antes del cambio constitucional, pero al menos era más fácil prevenirla y más expedito destituir y sancionar a los delincuentes. Son hijos diabólicos de este sistema los carruseles de contratación y los servicios electorales de grupos armados. Los ciudadanos y ciudadanas votan cada vez menos, y el dinero y las armas votan cada vez más. La guerrilla interviene en las elecciones a balazos. La parapolítica no es más que una alianza entre el terror, la plata y los cacicazgos para saltar el Estado… ¿Nadie adivinó hace 25 años la calamidad que amenazaba al país? Sí. Alberto Lleras temía que iba a disparar la corrupción, y así ha sucedido…”O aplicamos soluciones de urgencia o la corrupción nos destruye. Es hora de aceptar que el remedio democrático de la elección de funcionarios regionales ha sido peor que la enfermedad centralista y que conviene enmendar la receta”. Así, pues, en palabras de uno de los periodistas más leídos e independientes del país se requiere regresar al centralismo, al nombramiento de los alcaldes a dedo por los gobernadores y de los gobernadores a dedo por el Presidente de la República y que éste último también nombre al Alcalde de Bogotá. A primera vista Samper tiene razón en los hechos que señala: la corrupción es uno de los peores enemigos de la democracia y de la descentralización, pero la salida de Samper es simplista y centralista. Lo primero que hay que señalar es que la corrupción ha avanzado en los últimos años tanto en las administraciones municipales y departamentales como en el Gobierno Nacional. La mayor defraudación de recursos públicos con la pirámide de los Nule no está en Bogotá o en las regiones. Está en el Instituto Nacional de Contratación de Obras Públicas, INCO. Si la investigación se dirige hacia esa esfera encontraremos la respuesta, a la pregunta ¿qué hacían los Nule y qué hicieron en las 18 reuniones que tuvieron en la Casa de Nariño con altos funcionarios del Gobierno e incluso con el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez? Un segundo problema tiene que ver con la infiltración de los grupos paramilitares en la vida regional y municipal. Las investigaciones de la Misión de Observación Electoral –MOE- han dado cuenta que en las elecciones de 2007 más de 250 alcaldías y 12 gobernaciones fueron masivamente infiltradas por las mafias de los parapolíticos. El problema no se resolverá como cree Samper, con la vuelta atrás al centralismo sino con un funcionamiento eficaz de la Fiscalía y de los jueces en la lucha contra las mafias y contra el crimen. Y este problema que es uno de los fundamentales no se resolverá con fórmulas efectistas sino con una reestructuración y depuración a fondo de las Fuerzas Armadas y de Policía que en muchas regiones del país se aliaron y continúan aliadas con los grupos criminales y de saqueadores del erario público. Pero hay problemas en el diseño institucional que hay que abordar. ¿Por qué no  funcionan los organismos judiciales y de control en los territorios? Por qué contralores y personeros y funcionarios de la Procuraduría son de los mismos partidos de las coaliciones que gobiernan en los territorios. Así como no funcionaron en el nivel nacional los órganos encargados de investigar asuntos como el programa de Agro Ingreso Seguro, AIS, o los grandes contratos de los Nule y de otros empresarios que aún no se investigan que fueron los favorecidos del régimen de Uribe, como tampoco se investigó el abuso de poder en temas como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Tampoco se ha investigado a fondo el robo de 6.6 millones de hectáreas de los 4.5 millones de desplazados. Hace años que insistimos que los organismos de control no deben pertenecer a  los mismos partidos que gobiernan, que deben ser o de la oposición o por lo menos de partidos distintos de quienes gobiernan. Uribe sabía de esto más que Daniel Samper y por eso se empeñó en nombrar a Julio Cesar Turbay Quintero, como contralor general de la República. Así pues, el remedio no está en regresar al vetusto centralismo. Hay que recordar que los alcaldes nombrados por los gobernadores antes de 1988, cuando se eligió por primera vez a los alcaldes, tenían un período en promedio de 6 meses y los gobernadores un período de 9 meses. ¿A eso es a lo que nos invita Daniel Samper a regresar? y aún más, los municipios tenían $ 5.70 pesos y los departamentos $9.70 por cada cien pesos que ingresaban como pago de impuestos en el país. Hoy los alcaldes y gobernadores tienen un período de cuatro años y reciben aproximadamente 28 de cada cien pesos que ingresan al fisco nacional. Muchos indicadores han mejorado desde entonces: mayores coberturas en educación y salud, avances importantes en infraestructura en casi todos los municipios del país, también ha avanzado la cultura ciudadana. Ahora bien, hay que registrar la problemática de la corrupción, de los actores armados ilegales, de la penetración de las mafias en las Fuerzas Armadas y de Policía, en los órganos de Control y en la rama judicial. Esos son los verdaderos problemas y es sobre ellos que debemos debatir para tener un país más democrático y más descentralizado. En otra ocasión me referiré a las opiniones de Rudolf Hommes, por ahora baste decir que sí tenemos que celebrar. Que la descentralización, la participación ciudadana, la tutela, el régimen laico, la sociedad de derechos, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, todo esto es la esencia de la Constitución de 1991 y merece ser celebrado. Y lo merece, porque hoy tenemos un país más libre y más democrático así persistan graves problemas de desigualdad, de violencia, pero en todo caso tenemos un país más pluralista.

INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - LA JUSTICIA MAL ENTENDIDA COMO: "LA CENICIENTA CON UNA FELICIDAD QUE LE ESQUIVA"

 "INDEPENDENCIA Y LIBERTAD" esperamos constantementemente en un Estado de Derecho como el que se plantea como ideal en nuestra Constitucion, sin embargo el articulo siguiente nos da un enfoque real de LA JUSTICIA MAL ENTENDIDA  y mal comprendida, en una sociedad que trata de superar los escollos permanentes como un cuento de hadas, y en la que la cenicienta es el mejor ejemplo para reseñar lo que acontece a estancias de las injusticias:

 

¿DA PAPAYA LA CENICIENTA?

Cortesia: Henrik López Sterup - Profesor de la Universidad de los Andes.

En el cuento, que tiene varias versiones, pero todas terminan igual, la Cenicienta termina felizmente casada y todas las injusticias contra ella reparadas (por usar un lenguaje de moda). Felicidad que llega en un momento oportuno, pues la Cenicienta no logra la restauración de sus derechos y la realización de sus sueños en una edad madura, sino cuando goza de lozanía y sigue bella. En fin, es un “cuento de hadas”. Para la otra Cenicienta, la justicia, la felicidad le es esquiva y la reparación de las injusticias se pospone eternamente. Esa es la realidad colombiana1.

En los últimos días el país ha presenciado toda suerte de declaraciones relacionadas con el funcionamiento de la justicia en el país. Sea por las labores de investigación, acusación y juzgamiento de delitos, por congestión judicial o por amenazas a los jueces. Declaraciones que vienen de tiempo atrás, cuando, por ejemplo, se cuestionan las decisiones judiciales sobre libertad provisional, los fallos administrativos en contra o a favor del Estado, sentencias costosas, sentencias ingeniosas, sentencias inauditas, tratos injustificados por los denunciantes, etc.

Pero en este escenario, donde todo parece fallar, cabe preguntarse ¿qué hacer? ¿Debemos inyectarle recursos al sistema? Esta podría ser una salida: más jueces, más fiscales, más agentes del CTI y, mientras no cambien las cosas, menos agentes del DAS. Podríamos construir nuevos juzgados, convertir los existentes en algo mínimamente decente, reducir el consumo de papel y pasar todo a la oralidad y a la virtualidad. Pero ¿servirá?

No creo que se pueda dudar de las necesidades financieras reales de la administración de justicia, pero el país no se ha esforzado por indagar a partir de los síntomas. Tenemos una idea común, que se repite sin cesar en las esferas de decisión: la justicia falla. Pero ¿por qué falla? ¿Por qué hay congestión? ¿Por qué hay impunidad?

Según las estadísticas judiciales disponibles2, se advierte que ciertos tipos de proceso parecen congestionar a la justicia: los procesos laborales ordinarios, los procesos penales, los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en materia laboral, las reparaciones directas y las tutelas. ¿Qué tienen en común este tipo de procesos?

A diferencia de otros procesos, estos concentran los casos en los cuales con mayor evidencia se advierten relaciones asimétricas. Es decir, situaciones en las cuales una persona se enfrenta a la arbitrariedad y violencia de otra, debido a su condición de debilidad. El trabajador es débil frente al patrono, el funcionario frente al jefe, el ciudadano frente al Estado y los ciudadanos frente a los delincuentes.

A partir de esta caracterización es posible inferir que las dificultades de la justicia en buena medida se relacionan con la manera en que la sociedad colombiana resuelve sus problemas. Podría decirse que existen serios indicios de que la existencia de relaciones asimétricas es entendida como oportunidad para desconocer de manera flagrante los derechos del otro, del débil. Inclusive, de negarlo como persona. En palabras coloquiales, el que de papaya, está llevado.

Estas relaciones asimétricas se reproducen dentro de la sociedad moderna y, salvo en los casos de la utopía y el cuento de hadas, no se superan plenamente. Frente a esta realidad, el derecho contemporáneo, el modelo del Estado social o de la democracia constitucional, demanda que tales asimetrías no se traduzcan en oportunidades de opresión. Sólo de esta manera tiene sentido el andamiaje que de estos modelos se desprende.

Pues bien, ¿de qué sirve semejante modelo si la sociedad considera la asimetría como papaya? En otros términos, ¿para qué desgastar a una comunidad con la complejidad normativa derivada del modelo del Estado social, si en últimas lo único que importa es quién es más fuerte, quién aprovecha la asimetría para imponer sus intereses? ¿Por qué, entonces, no abandonar el modelo y asumir que quien es más fuerte puede imponer su ley?

Así, el problema de la relación de subordinación sería si el patrono, por ejemplo, estaría dispuesto a desconocer los acuerdos particulares, sabiendo que su vida y sus propios derechos no tienen más valor que aquél que su subordinado reconoce. Los débiles, a la manera hobbesiana, se colocarían en pie de igualdad y podrían eliminar la causa (o el causante) de la opresión. En lugar de esperar que el Estado garantice acceso a la salud, se fuerza al médico y a la enfermera a que atienda, so pena de que su vida o aquellas de sus allegados se vean en peligro. Nos liberaríamos de tener que pagar impuestos o, al menos, muchos de ellos. Descargaríamos al Estado (o lo que resulte) de la necesidad de tener entidades de investigación y de acusación y jueces. También desaparecería la necesidad de proteger a los jueces (que, por lo pronto es sólo teórica). Cada uno de nosotros podríamos disfrutar del uso de armas, cuyo comercio sería libre (por necesidad) y en lugar de acudir a la policía (que también desaparecería) para resolver los problemas ciudadanos, simplemente le pegamos un tiro al vecino (cosa que ya ocurre). Desaparecerían las congestiones vehiculares, pues podríamos destruir los vehículos de quienes nos agreden o no nos dejan movilizarnos por donde deseemos y como deseemos.

Sería posible lograr que los medios de comunicación dejasen de ser sensacionalistas, pues el afectado simplemente estaría legitimado para prender fuego a la casa editorial. Los sacerdotes de todas religiones podrían (al igual que hoy, pero sin consecuencias sociales mayores) exponer a los pecadores y someterlos al oprobio y la respuesta podría ser igualmente violenta.

Las personas que han robado podrían disfrutar de sus riquezas con total impunidad (cosa que no nos es extraña hoy en día), con el único temor de que otro, con más fuerza física o tecnológica tome sus bienes y su vida, con total impunidad.

Muchos podrán decir que esto es una total tontería, pues al fin y al cabo en el país existen instituciones que funcionan, que protegen, que aseguran los derechos de los ciudadanos, que condenan al responsable y que auxilian al necesitado. Que la asimetría no siempre es dar papaya y que es preferible luchar porque estas instituciones se fortalezcan y que lograr que la justicia sea igual para todos, que la diferencia no sea factor de discriminación, que el pobre valga igual que el rico, que el poderoso lo sea temporalmente y que los riesgos sociales sean repartidos de manera equitativa.

Creo que muchos compartimos ese sueño. Lo que nos distancia es si creemos o no en que la asimetría no es un papayazo. 

Cuando comprendamos y asumamos que esta ecuación no es válida, podremos ver una reducción en la congestión judicial y una realización plena del Estado social. Cuando ante la controversia la confrontación y el abuso no sean solución, sino el reconocimiento del otro y la valoración de sus necesidades, podremos ver que la otra cenicienta encuentra todas las injusticias reparadas. Reparación que no significa ausencia de conflictos, sino una reducción significativa.

El punto de partida debe ser el más sencillo de todos: valorar la vida ajena. En su sencillez, dicha valoración recoge la inmensa complejidad del fenómeno de lo social. Diálogo en lugar de violencia, respeto por un principio de justicia y por el aplicador de justicia, asunción del riesgo de perder, garantía de que perder no signifique exclusión.

Quizás esto último sea lo más complejo, pues la cultura del papayazo es reacción al temor, no infundado, de que perder un poco es perderlo todo. Ante esta realidad, las palabras de Santander adquieren un carácter utópico. Las armas os han dado la independencia, las leyes la libertad, suena a una quimera. Quizás la quimera sea creer que en este país se comprende la diferencia entre independencia y libertad. Los jueces si lo hacen y, por ello han de pagar.

Edición N° 00249 – Semana del 1 al 7 de Abril de 2011

1 Sus opiniones no reflejan o comprometen aquellas de la Universidad de los Andes, sus directivas, empleados, profesores o estudiantes.

2 www.ramajudicial.gov.co/csj/index.jsp?cargaHome=3&id_categoria=374&id_subcategoria=946