sábado, 16 de abril de 2011

VEINTE AÑOS DE LA CONSTITUCION EN COLOMBIA

Con motivo de cumplirse veinte años de haberse dado a conocer una Constitucion novedosa en Colombia, me parece importante compartirles este articulo del autor Pedro Santana Rodriguez, al cual se refirio algunas experiencias que han desbordado  en peerversidad abosoluta:
¿Tenemos algo que celebrar a los 20 años de la Constitución?
                                                                    
      

 Cortesia: Pedro Santana Rodríguez
 

 

Al tiempo que se organizan múltiples actos de celebración por los 20 años que cumple la Constitución de 1991, columnistas de prensa como Daniel Samper Pizano o destacadas figuras del régimen como Rudolf Hommes, se preguntan si hay motivos para celebrar. El primero, uno de los más destacados periodistas del país caracterizado por su independencia frente al poder y por sus denuncias sobre corrupción e iniciador en el país del llamado periodismo de investigación, que precisamente por ello, tuvo que salir del país en la década de los años ochenta, cuestiona uno de los instrumentos más valiosos de la Carta Política de 1991, nos referimos al proceso de la descentralización.
En efecto Samper Pizano escribió en su columna del diario El Tiempo “Bodas de Plata de un cáncer nacional” el pasado 13 de marzo, lo siguiente: “Álvaro Gómez Hurtado, constante agitador de ideas, propuso una reforma constitucional que creyó modernizadora y que se concretó en el Acto Legislativo No 1 de 1986. Según éste, “los alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos”. Cinco años después, la nueva Constitución avanzó aún más en materia de regímenes regionales, y a la libre elección de alcaldes añadió la de gobernadores y mayor autonomía en el manejo de presupuestos.

La Carta del 91 y posteriores retoques de algunos artículos hicieron de Colombia un país más democrático. Pero, sin proponérselo, inyectaron nuevos caudales al río de la corrupción que ahora nos ahoga. La dosis masiva de participación popular que iba a limpiar las venas de la democracia colombiana no se ha dado. En cambio, numerosos municipios están en poder de las mafias que controlan las elecciones a punta de plata y plomo y ordeñan luego las arcas municipales sin recato ni control… El 9 de enero cumplió bodas de plata la elección de alcaldes y, haciendo el balance de los efectos positivos y negativos que produjo, es evidente que ha sido un cáncer para Colombia. Un cáncer rebosante de democracia. Pero un cáncer.

No es que los políticos indelicados no robaran antes, no: empezaron a robar en el siglo XIX. Pero en otros tiempos eran víctimas de las tentaciones del dinero público y hoy, en cambio, llegan con la voluntad expresa de enriquecerse. Es verdad que había corrupción antes del cambio constitucional, pero al menos era más fácil prevenirla y más expedito destituir y sancionar a los delincuentes.

Son hijos diabólicos de este sistema los carruseles de contratación y los servicios electorales de grupos armados. Los ciudadanos y ciudadanas votan cada vez menos, y el dinero y las armas votan cada vez más. La guerrilla interviene en las elecciones a balazos. La parapolítica no es más que una alianza entre el terror, la plata y los cacicazgos para saltar el Estado…
¿Nadie adivinó hace 25 años la calamidad que amenazaba al país? Sí. Alberto Lleras temía que iba a disparar la corrupción, y así ha sucedido…”O aplicamos soluciones de urgencia o la corrupción nos destruye. Es hora de aceptar que el remedio democrático de la elección de funcionarios regionales ha sido peor que la enfermedad centralista y que conviene enmendar la receta”.
Así, pues, en palabras de uno de los periodistas más leídos e independientes del país se requiere regresar al centralismo, al nombramiento de los alcaldes a dedo por los gobernadores y de los gobernadores a dedo por el Presidente de la República y que éste último también nombre al Alcalde de Bogotá. A primera vista Samper tiene razón en los hechos que señala: la corrupción es uno de los peores enemigos de la democracia y de la descentralización, pero la salida de Samper es simplista y centralista. Lo primero que hay que señalar es que la corrupción ha avanzado en los últimos años tanto en las administraciones municipales y departamentales como en el Gobierno Nacional. La mayor defraudación de recursos públicos con la pirámide de los Nule no está en Bogotá o en las regiones. Está en el Instituto Nacional de Contratación de Obras Públicas, INCO. Si la investigación se dirige hacia esa esfera encontraremos la respuesta, a la pregunta ¿qué hacían los Nule y qué hicieron en las 18 reuniones que tuvieron en la Casa de Nariño con altos funcionarios del Gobierno e incluso con el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez?

Un segundo problema tiene que ver con la infiltración de los grupos paramilitares en la vida regional y municipal. Las investigaciones de la Misión de Observación Electoral –MOE- han dado cuenta que en las elecciones de 2007 más de 250 alcaldías y 12 gobernaciones fueron masivamente infiltradas por las mafias de los parapolíticos. El problema no se resolverá como cree Samper, con la vuelta atrás al centralismo sino con un funcionamiento eficaz de la Fiscalía y de los jueces en la lucha contra las mafias y contra el crimen. Y este problema que es uno de los fundamentales no se resolverá con fórmulas efectistas sino con una reestructuración y depuración a fondo de las Fuerzas Armadas y de Policía que en muchas regiones del país se aliaron y continúan aliadas con los grupos criminales y de saqueadores del erario público. Pero hay problemas en el diseño institucional que hay que abordar. ¿Por qué no  funcionan los organismos judiciales y de control en los territorios? Por qué contralores y personeros y funcionarios de la Procuraduría son de los mismos partidos de las coaliciones que gobiernan en los territorios. Así como no funcionaron en el nivel nacional los órganos encargados de investigar asuntos como el programa de Agro Ingreso Seguro, AIS, o los grandes contratos de los Nule y de otros empresarios que aún no se investigan que fueron los favorecidos del régimen de Uribe, como tampoco se investigó el abuso de poder en temas como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Tampoco se ha investigado a fondo el robo de 6.6 millones de hectáreas de los 4.5 millones de desplazados.

Hace años que insistimos que los organismos de control no deben pertenecer a  los mismos partidos que gobiernan, que deben ser o de la oposición o por lo menos de partidos distintos de quienes gobiernan. Uribe sabía de esto más que Daniel Samper y por eso se empeñó en nombrar a Julio Cesar Turbay Quintero, como contralor general de la República. Así pues, el remedio no está en regresar al vetusto centralismo. Hay que recordar que los alcaldes nombrados por los gobernadores antes de 1988, cuando se eligió por primera vez a los alcaldes, tenían un período en promedio de 6 meses y los gobernadores un período de 9 meses. ¿A eso es a lo que nos invita Daniel Samper a regresar? y aún más, los municipios tenían $ 5.70 pesos y los departamentos $9.70 por cada cien pesos que ingresaban como pago de impuestos en el país. Hoy los alcaldes y gobernadores tienen un período de cuatro años y reciben aproximadamente 28 de cada cien pesos que ingresan al fisco nacional. Muchos indicadores han mejorado desde entonces: mayores coberturas en educación y salud, avances importantes en infraestructura en casi todos los municipios del país, también ha avanzado la cultura ciudadana. Ahora bien, hay que registrar la problemática de la corrupción, de los actores armados ilegales, de la penetración de las mafias en las Fuerzas Armadas y de Policía, en los órganos de Control y en la rama judicial. Esos son los verdaderos problemas y es sobre ellos que debemos debatir para tener un país más democrático y más descentralizado.

En otra ocasión me referiré a las opiniones de Rudolf Hommes, por ahora baste decir que sí tenemos que celebrar. Que la descentralización, la participación ciudadana, la tutela, el régimen laico, la sociedad de derechos, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, todo esto es la esencia de la Constitución de 1991 y merece ser celebrado. Y lo merece, porque hoy tenemos un país más libre y más democrático así persistan graves problemas de desigualdad, de violencia, pero en todo caso tenemos un país más pluralista.