martes, 4 de abril de 2017

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La mayoría de las personas que logran pensionarse por lo general obtienen un ingreso inferior al salario que tenían antes de jubilarse, le mostramos una opción para que en ese momento su calidad de vida no disminuya.

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Cuando usted comienza a trabajar tiene la obligación de vincularse con un fondo de pensiones, esto significa que una parte de su salario será descontada y le será devuelta cuando esté retirado laboralmente, así se garantizará un ahorro para la vejez

Para esto tiene dos opciones, un Régimen de Prima Media (RPM) que es un sistema público y funciona con Colpensiones. La otra posibilidad es un Régimen de Ahorro Individual (RAI) al que pertenecen las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP-C)

En el tipo RPM los aportes de las personas van a una bolsa común y el tiempo que se necesita para pensionarse es de 1.300 semanas. En el caso de la RAI, cada persona tiene su propia cuenta con aportes individuales y el tiempo para pensionarse es de 1.150 semanas.

Muchos ‘millennials’ creen que no van a llegar a la edad de recibir una pensión, ellos han visto cómo sus padres no lo han logrado, y si lo han hecho, los ingresos han sido inferiores a lo que ganaban mientras trabajaban. Además entienden que el costo de vida a los 60 años es diferente al que una persona tiene a los 30 , por lo que el dinero de una posible pensión no va a ser suficiente. Por eso en Finanzas Personales le mostramos una opción de ahorro para aumentar esa cantidad: las pensiones voluntarias.

Para vivir cómodo en el futuro usted puede optar por una pensión voluntaria, la cual es un ahorro extra y complementa su pensión obligatoria. Si usted está preocupado por la educación de sus hijos o quiere comprar una vivienda propia, le contamos cómo esta opción le puede ayudar.

Este tipo de pensión nació con la ley 100 de 1993 y permite a las personas ahorrar más allá de los límites de pensión obligatorios establecidos por la ley. Es una forma para que sus cuentas de ahorro tengan saldos más altos y así usted incluso pueda pensar en pensionarse antes de tiempo.

Cualquier trabajador se puede vincular a las pensiones voluntarias, tanto las personas naturales con contrato laboral, como los que son independientes. Los recursos que usted ahorre son administrados por las AFP (hay cuatro: Colfondos, Old Mutual, Protección y Porvenir), ellos son los que invierten su dinero y le muestran a usted cómo va la acumulación del capital y el rendimiento que ha tenido.

Cuando una persona decide invertir en una pensión voluntaria puede elegir entre distintos portafolios de inversión, los cuales ofrecen posibilidades en muchos sectores productivos de la economía, de esta forma, por ejemplo, usted puede decidir si invertir en minería o hotelería, para esto cuenta la asesoría de expertos que le muestran los movimientos en las bolsas, esta es una forma de obtener renta de lo que le está yendo bien en los mercados nacionales e internacionales.

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Según la pagina web de Old Mutual, para invertir y obtener ingresos, los fondos de pensión compran bonos, divisas y acciones para optimizar el capital, también tienen planes de inversión en diferentes regiones por lo que las posibilidades de administrar el dinero son mejores. Si usted es una persona interesada en cumplir metas a mediano y largo plazo como lo son tener casa propia y pagar la educación superior de sus hijos, como le contamos en párrafos anteriores, en una pensión voluntaria puede establecer estas metas con los fondos y ellos destinan el dinero a que se cumplan.

Todo esto hace parte de la planeación financiera que debe tener, la cual sirve para visualizar la expectativa de patrimonio que una persona pueda desear de acuerdo con sus ingresos y egresos, para esto es importante pensar lo que el usuario de una pensión voluntaria quiere a futuro, cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, como también cuáles son los recursos que tiene y los que espera.

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Otros beneficios de las pensiones voluntarias

Hay beneficios tributarios por hacer este ahorro extra, por ejemplo quienes declaran renta obtienen una disminución en la retención de la fuente, pues los aportes a los fondos de pensiones se consideran ingresos no constitutivos de renta, ni ganancia ocasional. Así que quienes declaran renta pueden disminuir hasta 30% la base gravable, según un documento de Protección, también están exentos del gravamen a los movimientos financieros cuatro por mil. Por otro lado, si usted permanece más de 5 años no tendrá el cobro de 7% de la retención en la fuente sobre los rendimientos financieros.

Seguramente se está preguntando qué garantiza que su dinero esté seguro, pues las sociedades que administran fondos de pensiones voluntarias están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de hecho los recursos que ahorre son inembargables, siempre y cuando estén dentro de los límites que establezca anualmente la Superintendencia Financiera de Colombia.

Según las entidades estatales, al afiliarse a un Fondo de Pensión Voluntaria usted entra en la categoría de consumidor financiero y por eso tiene derecho a presentar peticiones, consultas, quejas, reclamos y solicitudes ante el Defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia y demás organismos de regulación.

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DERECHOS CIUDADANOS QUE DEBEN SER INFORMADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS.

La tutela que perdió un banco por no informar debidamente a un cliente sobre su seguro

Cortesia: http://www.finanzaspersonales.com.co

Una sentencia de la Corte Constitucional le envía una vez más un mensaje contundente a las entidades financieras, como bancos y aseguradoras de suministrar toda la información a sus clientes.

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El deber de dar toda la información a los usuarios cuando se trata de adquirir productos financieros ha sido un motivo constante de quejas y reclamaciones de los clientes con sus bancos, aseguradoras y demás entidades del sistema financiero.

Es más, el más reciente reporte de quejas del sistema financiero, que elabora la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) correspondiente a enero de 2017 señala que los establecimientos bancarios son los causantes del mayor número de quejas que maneja la SFC, con un 72% (un total de 4.100), seguido de las aseguradoras, con un 15% (871 casos).

Muchas pueden ser las causas de las reclamaciones. Esta vez fue la Corte Constitucional la que volvió a ser protagonista por una tutela que falló a favor del ciudadano Enrique Pérez Astudillo, un ex militar que perdió más del 70% de su capacidad para trabajar, debido a que cayó en un campo minado. Antes de ser víctima de la fatalidad, tomó un seguro de vida grupo deudores, con el banco Santander (absorbido después por Corpbanca) para el pago de un crédito de vivienda por más de $21.000.000.

Pero, al momento de reclamar la póliza y al verse en condición de discapacidad y además, paciente de esquizofrenia, no encontró respuesta positiva por parte del banco, la aseguradora, ni la corredora de seguros. Por dos años, Pérez Astudillo estuvo en un limbo como cliente y sin la posibilidad de poder pagar las cuotas de su crédito, ganando solo lo de su pensión, apenas la suma de $863.000.

En primera instancia, un juez falló en contra del ex-soldado la tutela, que luego fue revisada por la Corte Constitucional y encontró que esta se trataba de una situación de una persona en condición de vulnerabilidad de sus derechos, por ser un ciudadano en situación especial y que estaba en claro desfavorecimiento ante el banco, la aseguradora y la casa de cobranza que se había quedado con la deuda.

La información se debe dar completa

La situación de Pérez es la misma que corren a diario miles de colombianos que van a reclamar el seguro que compraron y resulta que se encuentran con nueva información que no les fue dada de manera oportuna y transparente. Ya en Finanzas Personales habíamos informado las prácticas abusivas que deben eliminar las entidades financieras. Una de ellas era la de poner ‘letra pequeña’ en los contratos.

Pero para Pérez fue más traumático porque al quedarse sin trabajo por su incapacidad, tampoco recibió la información oportuna pues, al cabo de dos años se encontró en la situación que por todo ese tiempo había reclamado la póliza a la aseguradora equivocada, pues su seguro estaba amparado por Allianz Compañía de Seguros, y no con Mapfre, situación que era desconocida por quien tutelaba.

Para la Corte Constitucional, se impone a las entidades bancarias y aseguradoras la obligación que suministren información:

Que corresponda efectivamente a la realidad jurídica y fáctica del vínculo del que se trate.
Que sea completa y no parcial, de manera tal que su destinatario pueda tener una imagen integral y detallada de la posición en la que se encuentra y de las posibilidades de actuación que tiene en la relación;
Que sea plenamente comprensible, incluso en aquellos casos en los que su naturaleza técnica imponga dificultades para ser explicada.
Y en adición a ello, la información debe ser entregada en el momento en que resulta relevante y no después, de manera tal que con fundamento en ella, el cliente o usuario –según el caso- pueda tomar las decisiones correspondientes.

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¿Qué falló la Corte?

En su decisión favorable a Pérez Astudillo, la Corte Constitucional revocó la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, que a su vez confirmó la providencia del Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva, en la que se declaró improcedente el amparo solicitado por el actor.

Además, ordenó al Banco Corpbanca a asumir el 90% del saldo insoluto de la deuda de Enrique Pérez Astudillo, como consecuencia de haber privado al actor de la pérdida de la oportunidad de reclamar o demandar el pago del siniestro a la aseguradora, con la cual se había adquirido el contrato de seguro de vida grupo deudor.

También ordenó a Sistemcobro a realizar un acuerdo de pago con el accionante de la tutela para que se efectuara el acuerdo de pago del saldo de la deuda, el cual se encuentra sujeto a un término mínimo de un año. Además, como medida para resarcir el daño que se la ha causado a Enrique Pérez Astudillo, se le eliminó el reporte negativo de las centrales financieras y crediticias, donde él estuvo reportado.

¿Usted que debe hacer?

Si considera que su derecho a ser debidamente informado ha sido vulnerado, usted puede dirigirse a la SFC para dar manejo a su caso. El organismo de supervisión ha manifestado que las entidades vigiladas deben abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o den lugar a un abuso de posición dominante contractual. (Literal e) del artículo 7° de la Ley 1328 de 2009).

De acuerdo a la SFC, queda prohibido de manera expresa la incorporación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión que utilicen las entidades vigiladas, las cuales se tendrán como no escritas o sin efectos, así como aquellas conductas que impliquen prácticas abusivas (artículos 11 y 12 de la Ley 1328 de 2009).

Para conocer el listado completo de las cláusulas abusivas que usted debe denunciar, puede dirigirse a la sección www.superfinanciera.gov.co pestaña Consumidor Financiero /información general / prácticas y/o cláusulas abusivas, donde encontrará el listado completo de las conductas y letra pequeña prohibidas por la SFC.

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lunes, 27 de febrero de 2017

Nueve respuestas que le ayudarán a entender la Ley Estatutaria de Salud.

Cortesia: Actualicese.com

El Plan Obligatorio de Salud (POS) ya no existe; las personas estarán afiliadas al sistema de salud, no a una EPS; continúa existiendo el régimen contributivo y el subsidiado, pero con algunas novedades. Estos son algunos puntos que plantea la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, que ya rige en nuestro país.

El 17 de febrero entró en vigencia la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, la cual dio un plazo de dos años para reemplazar el Plan Obligatorio de Salud (POS) por un mecanismo que le permita a los usuarios recibir del sistema de salud todo lo que el médico les formule, pero con algunas excepciones.

1. ¿Cuál es el alcance de la Ley Estatutaria de Salud?

Con la ley se eleva la salud al nivel de derecho fundamental autónomo y se dan pautas para regularlo. Debido que la salud no fue definida por la Constitución como un derecho fundamental, su defensa mediante mecanismos como la acción de tutela requería la invocación de derechos que sí lo fueran. Hoy, ya se habla de la salud como derecho autónomo.

2. ¿Cómo cambia el panorama actual?

La salud, desde la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos, debe ser garantizada por parte del Estado a todas las personas, sin distingo de ninguna clase.

3. Gracias a la ley, ¿las personas podrán pedir todo lo que quieran?

Podrán pedir lo que necesiten para recuperarse, sin incurrir en excesos. El sistema garantizará lo justo, determinado por el criterio de los médicos, quienes deben actuar con ética y autorregularse para no poner en riesgo los recursos del sistema.

4. ¿Le llegó el final al Plan Obligatorio de Salud (POS)?

Correcto. El servicio de salud debe prestarse de manera integral, no parcial. En ciertas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, los pacientes no contaban con medicamentos porque estaban por fuera del POS, entonces, les tocaba poner tutelas, comprarlos o simplemente no contar con ellos. Gracias a esta ley los pacientes recibirán lo que necesiten para recuperarse.

“La norma invierte las cosas: en lugar del POS, le exige al Ministerio de Salud que defina todo aquello a lo que los usuarios no tienen derecho”

La Ley Estatutaria de Salud plantea un nuevo mecanismo para definir las prestaciones a las que tienen derecho los afiliados al sistema. La norma invierte las cosas: en lugar del POS, le exige al Ministerio de Salud que defina todo aquello a lo que los usuarios no tienen derecho. En otras palabras, el Gobierno debe elaborar una lista pública de servicios excluidos, los cuales no podrán ser exigidos por nadie, salvo en casos muy excepcionales.

5. Lo usuarios del sistema, ¿a qué no tienen derecho?

Servicios de tipo estético, suntuario o cosmético. Tampoco a terapias, medicamentos o tratamientos experimentales cuya eficacia no esté científicamente probada, o a aquellos que se ofrezcan en el exterior, sabiendo que en Colombia hay alternativas.

6. ¿Existen novedades con las afiliaciones a la EPS?

Las personas estarán afiliadas al sistema de salud, no a una EPS. Ya existe la movilidad entre regímenes. Si se demuestra que alguien no tiene con qué seguir cotizando, podrá continuar con sus tratamientos en el régimen subsidiado.

7. ¿Siguen existiendo el régimen contributivo y el subsidiado?

Sí. La diferencia está en que quien tiene con qué pagar, paga; y el que no, está subsidiado; pero en cuanto a beneficios y derechos, todos son iguales; en esto no hay distinción.

8. ¿Debe haber algún tipo de transición por parte de los actores del sistema de salud frente a la ley?

Tanto las EPS como los hospitales, médicos, farmacéuticas y demás actores del sistema deben adaptar su funcionamiento a la nueva norma. De no hacerlo, no podrán trabajar con el sistema de salud.

9. En cifras, ¿de cuánto dinero invertido se puede estar hablando?

Varios estudios confirman que a dos billones de pesos ascienden los costos adicionales durante el primer año de vigencia de la ley. Por otra parte, Acemi, gremio que reúne las principales EPS del régimen contributivo, afirma que el sistema tiene un desequilibrio financiero que podría agravarse con las nuevas exigencias. Sin embargo, los médicos dicen que los recursos financieros con los que cuenta el sistema son suficientes, siempre y cuando se controlen.

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Principios Básicos del Derecho Penal.

Cortesia: http://handbook.com.

Los Principios Básicos del Derecho Penal en la mayoría de los países latinoamericanos, se encuentran inspirados en las legislaciones liberales y bajo la influencia de sistemas democráticos, que buscan no sólo consagrar penas como castigos a todos aquellos que violen las normas jurídicas; sino también que tengan fines preventivos, para evitar que en el futuro se cometan ese tipo de conductas. Es por ello que hemos recopilado, algunos principios generales de está rama del Derecho para su mejor comprensión.

Principios Básicos del Derecho Penal

El Derecho entendido como ciencia, se rige por determinados principios que guían el actuar y normal desenvolvimiento no sólo de las Instituciones Estatales, sino también la de sus ciudadanos para lograr el fin último de cualquier Estado, que no es otro que el BIEN COMÚN. De allí que y en el ámbito penal, existan principios especialísimos, que deben ser acatados por los órganos legislativos y judiciales, a la hora de la aplicación de la norma. Entre ellos tenemos:

La Legalidad Penal

La legalidad Penal o conocido en latín como el principio Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege (Ningún delito, ninguna pena sin ley previa), establece que el delito debe estar expresamente establecido en una Ley formal, descrito con contornos precisos, de manera de garantizar al ciudadano, seguridad jurídica; ya que le permite conocer con exactitud la conducta prohibida y sus consecuencias jurídicas, en el caso de que realice dicha conducta.

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Principio del Bien Jurídico

Como lo afirma Alberto Arteaga Sánchez:

…todo delito supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, en el cual radica la esencia del hecho punible. Precisamente, el Derecho Penal se destina a proteger bienes y valores cuyo amparo se considera imprescindible para la existencia de la sociedad. Por tanto, todo delito supone, por lo menos un peligro para un bien jurídico, no siendo suficiente para incriminar un comportamiento que aparezca como la simple expresión de una voluntad torcida o rebelde…

De lo anterior se deduce que este es uno de los principios básicos del Derecho Penal, lo que significa que las normas jurídicas penales están orientadas hacia la protección de los bienes y valores jurídicos y la determinación de éstos constituye su razón de existencia.

Principio del Hecho

El delito debe consistir en un comportamiento externo concreto o individualizado, por el cual se sanciona al que realiza dicho comportamiento. Tal situación significa que el Derecho Penal castiga al sujeto no por su personalidad o por su forma de ser, sino por las conductas de acción u omisión que haya ejecutado.

Principio de Culpabilidad

Este principio consiste en que no puede haber delito ni pena, si no hay culpabilidad del sujeto; es decir, en la comisión y materialización del hecho punible, debe ser posible la formulación de un juicio de reproche a su autor, al cual debe pertenecer el hecho, material y espiritualmente. De allí que con la culpabilidad se puede determinar la intención del sujeto que comete el hecho punible y su inexistencia, hace imposible la aplicación de las sanciones contenidas en las normas jurídicas penales.

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Principio de la Pena humanitaria

Las penas no pueden ser inhumanas y deben estar desprovistas de toda crueldad o señalamiento infamante, debiendo guardar relación con la gravedad del hecho cometido y servir a los fines de la prevención general y a los de la recuperación personal y social de quien ha delinquido.

Es decir no es concebible, que el Estado aplique penas que sean peores que los delitos cometidos por el sujeto, ya que orientan a la crueldad social y se convertirían los agentes estatales en peores entes que los propios autores de los hechos punibles.

Principio de Proporcionalidad

Este principio responde a la idea de evitar una utilización desmedida o exagerada de las sanciones que conllevan a una privación o restricción de la libertad y para ello se limita su uso a lo imprescindible; que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. Es decir no toda sanción debe conllevar a la privación de la libertad, ya que existen otros castigos que tendrían mejor efecto en el sujeto para evitar que vuelva a cometer la conducta antijurídica.

Principio de la Irretroactividad de la Ley Penal

En Derecho penal rige el principio de irretroactividad, que busca proteger a los ciudadanos de que se les pueda sancionar de manera posterior por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido. También se aplica este principio de irretroactividad cuando, durante el proceso se dicta una ley más gravosa para el imputado en cuyo caso la ley derogada mantiene su vigencia por ser más beneficiosa.

Sin embargo cabe aclarar que dicha irretroactividad no es absoluta, ya que sólo afecta aquellas normas que perjudiquen al imputado, acusado o condenado, pero no aquellas que le beneficien, estas, constituyen la excepción al principio de irretroactividad. Por lo tanto, si un delito es derogado por una ley posterior, o recibe una pena menor; el órgano sancionador debe aplicar la normativa que le sea más favorable al reo.

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Indubio Pro Reo o “ante la duda, a favor del reo”

Es uno de los principios básicos del Derecho Penal que establece que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado (reo). Es uno de los principales principios del Derecho Penal actual, donde se obliga al Ministerio Público (fiscales) a probar la culpa del acusado y no a este último su inocencia.

Su aplicación práctica está basada en el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad (principio de presunción de inocencia). En caso de que el juez no esté seguro de ésta y así lo argumente en su sentencia, deberá entonces dictar un fallo absolutorio y por ende a favor del condenado.

Principio de presunción de inocencia

Es uno de los principios básicos del Derecho Penal actual que establece la presunción de que toda persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario; dejando dicha carga probatoria de culpabilidad al ente encargado de la acusación penal ,como es la fiscalía o Ministerio Público. En consecuencia de ello solamente a través de un proceso judicial en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.

La contraposición de la presunción de inocencia son las medidas precautorias como la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admiten medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona afecte la investigación del hecho de manera indebida y se establezcan en consecuencia, ciertas restricciones a la libertad (aunque no se haya demostrado su culpabilidad) para evitar que se entorpezca la investigación penal.

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Principio “ONUS PROBANDI” en el Derecho Penal

El principio “ONUS PROBANDI” o Carga de la Prueba en Derecho penal, significa el deber que tiene el Estado a través de sus órganos especiales para ello (la Fiscalía o Ministerio Público), de probar la culpabilidad de los acusados por la realización de un hecho punible, ya que de acuerdo al principio de presunción de inocencia; para castigar al condenado, debe existir plena prueba de que dicho ciudadano cometió el hecho punible.

Conclusión:

Visto todo lo anterior se puede afirmar que existen principios básicos del Derecho Penal que deben ser conocidos no sólo por los que aplican la justicia penal (Tribunales) sino por todos los ciudadanos, ya que ayudan a comprender los derechos y garantías que poseen frente al Estado, cuando se comete un delito. Espero te haya gustado este artículo y nos vemos en una siguiente oportunidad para seguir estudiando el enorme mundo del Derecho Penal.

¿Te gusto el artículo sobre principios básicos del derecho penal? Coméntalo y dinos lo que piensas.

Luis Hernando Monsalve D.