EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - DESPOJO DE LA TIERRA Y LOS BIENES.

¿De qué tamaño es el despojo de la tierra y de los bienes en Colombia?

En Colombia, el número de desplazados por el conflicto armado supera los 3 millones de personas.

 

INVESTIGACIÓNUn estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, con la mayor muestra hecha hasta ahora entre las víctimas, demuestra que el 90% perdió su tierra y que el 99% algún bien.

Uno de los problemas que enfrenta la reparación de las víctimas del conflicto armado es la cuantificación de los bienes que les fueron despojados, que abandonaron, o que perdieron por causa de la violencia.

Para suplir, en parte, este vacío, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado hizo una encuesta a 10.433 familias, en 68 municipios del país, en la que indagó por algunos aspectos del estado del derecho a la propiedad de los desarraigados por el conflicto.

Los resultados de la “III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada” constituyen la radiografía más aproximada de las condiciones por las que los desplazados (desde 1998) tuvieron que abandonar sus tierras y bienes, y qué fue lo que perdieron.

La encuesta incluyó hogares de personas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), que lleva Acción Social de la Presidencia y hogares de personas no inscritas.

El estudio fue hecho por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad de Colombia, bajo la dirección del profesor Luis Jorge Garay, y los resultados preliminares en materia de “bienes rurales” fueron revelados este martes.

Garay explicó que esta encuesta es la tercera que la Comisión ha hecho para “verificar cuál es el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y constatar el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004”.

Sin embargo, esta encuesta se diferencia de sus versiones anteriores porque la muestra es más que significativa, lo cual permite concluir que los resultados son muy próximos a la realidad. Según Garay, esta tercera encuesta también “permitió concluir que los resultados de las encuestas anteriores son bastante consistentes”.

Lo que tenían y lo que perdieron

El estudio reveló que un 83 por ciento de personas inscritas en el RUPD perdió alguno de los bienes preguntados, porque se vio obligado a abandonarlo o porque le fue arrebatado. Así, el 72 por ciento los encuestados dijo haber perdido ganado u animales productivos; el 50 por ciento, maquinaria o vehículo; el 42 por ciento, tierras; el 24 por ciento, infraestructura productiva; y el 19 por ciento, bienes raíces no rurales.

La encuesta discriminó la propiedad de bienes productivos de los muebles del hogar. Porque, cuando se pregunta por estos, el porcentaje de familias que perdió algún bien aumenta a 99 de cada 100.

La situación de las personas no inscritas en el registro es muy parecida. El 78 por ciento perdió algún bien; el 63 por ciento, animales; el 45 por ciento, maquinaria y equipo; el 36 por ciento, tierras; el 23 por ciento, cultivos; el 17 por ciento, bienes; y el 16 por ciento, infraestructura productiva.

El estado de la propiedad

La mayoría de las familias desplazadas, el 78,3 por ciento, se declaró propietaria de la finca o parcela que tenía antes de su desplazamiento. De este porcentaje, solo el 21 por ciento cuenta con una escritura registrada y el 9 con una sin registrar.

El 35 por ciento de las familias desplazadas inscritas en el RUPD no cuenta con un papel que acredite su tenencia y el 23 por ciento cuenta con documentos como promesas, contratos, entre otros.

“Así, se muestra con toda claridad la tradicional informalidad en la tenencia de la tierra rural en el país”, concluye el informe.

El destino de la tierra

La encuesta también constató que debido a la amenaza inminente y el peligro para sus vidas, el 90 por ciento de las familias encuestadas tuvo que abandonar su tierra. El 3,5 por ciento la dejó al cuidado de familiares o amigos; una proporción semejante se vio obligada a venderla; y el 2,2 por ciento la tuvo que entregar sin recibir nada a cambio.

Conocimiento de la condición de la tierra
El estudio también incluyó preguntas que buscaron identificar si la población desplazada sabe en qué condiciones se encuentran sus bienes.

Más de la mitad, el 53 por ciento, cree que sus bienes continúan abandonados; el 30 por ciento no sabe, el 6 por ciento los explota directa o indirectamente; y otro porcentaje igual al inmediatamente anterior respondió que su predio está ocupado sin su consentimiento.

Un alto porcentaje, el 76.8 por ciento de las familias, dijo no saber cuál es el uso de sus tierras; el 39 por ciento afirmó que está “enmontada” (descuidada); el 36 que es utilizada en actividades agrícolas; un 17 por ciento dijo que es utilizada en actividades “agrícolas de gran escala” y el 6 por ciento aseguró que su tierra está dedicada al cultivo o al transporte de sustancias de uso ilícito.

La cantidad de tierras despojadas o abandonadas
La cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010 es cerca de 6,65 millones, sin contar los territorios de comunidades étnicas. Esa cantidad de tierras equivale al 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria del país.

Según estableció la investigación, entre 1998 y 2008 fue el período en el que más se abandonaron o despojaron las tierras: 5,3 millones de hectáreas.

Hay que tener en cuenta que con el abandono de las tierras, la población desplazada también perdió su casa, pues el 89 por ciento de los predios contaban con ese inmueble.

Además, la calidad de las tierras era óptima para la producción pues el 82 por ciento dispone de agua casi todo el año; el 55 por ciento está en planicies; el 20 está ubicada en laderas; el 60 por ciento era “tierra negra” y el 15 por ciento “café”.

Uno dato significativo que arrojó la encuesta es que el 41 por ciento de los desplazamientos fue “masivo”, el 31 por ciento de carácter “individual” y el 28 de tipo “grupal” (entre 2 y 10 familias).

A propósito, los investigadores sugirieron que ante la predominancia de los desplazamientos masivos, el Estado podría “pensar en retornos grupales que facilitarían el desarrollo de actividades productivas asociadas”.

Sobre la Ley de Víctimas
Al final de su informe preliminar, los investigadores celebraron la radicación en el Congreso de una Ley de Víctimas. “Resulta a no dudar esperanzador para un grupo poblacional que ha sido víctima del desplazamiento forzado y de otras violaciones graves a los derechos humanos, tales como asesinatos, masacres torturas, secuestros, desapariciones forzadas, etc.”

No obstante, advirtieron que el proyecto de Ley tiene falencias que si no son corregidas “comprometerían su constitucionalidad”.

La primera es que contempla como “reparación” la ayuda humanitaria que el Estado ha entregado por vía administrativa. Los investigadores recuerdan que la jurisprudencia vigente “prohíbe descontar de la reparación a las víctimas las prestaciones o servicios a las que tienen derecho por razones humanitarias o de solidaridad, o simplemente por su condición de ciudadanos (como la educación, salud, entre otros, que son deber del Estado con toda la población)”.

En segundo lugar, indicó Garay que el concepto de reparación, a la luz de la jurisprudencia vigente y de los compromisos adquiridos por Colombia con la legislación internacional, debe ser integral. Es decir, “que incluya la restitución de bienes materiales e inmateriales, no solo las tierras, sino los animales, infraestructura y otros bienes que son fundamentales para producir ingresos”, explicó Garay.

Además, el concepto de reparación también incluye el “lucro cesante” y el “daño emergente”, que es la estimación económica de la cantidad de dinero que perdió la población desplazada o dejó de recibir a causa de su despojo.

Garay es consciente de que este concepto de reparación sería demasiado costoso para el Estado. Sin embargo, advirtió que no por ello el proyecto debía ir contra el principio contenido en la jurisprudencia. “Se deben contemplar medidas de tarificación para la reparación administrativa, buscar salidas, pero no echar por tierra principios porque se podría caer la Ley por inconstitucional. Eso sería lo peor que podría pasar”, dijo el investigador.

El grupo de investigadores también indicó que para que la Ley cumpla con requisitos de constitucionalidad y goce de legitimidad es necesario contar con la participación de las víctimas en su discusión, máxime cuando proyectos como este exigen una consulta previa con las comunidades étnicas.

Por todo esto, los resultados de la “III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada”, la más completa y aproximada sobre cuál es la situación de la población desplazada, no son de poca monta. Representan un baluarte para una verdadera reparación.
Cortesia: Semana.com

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - LA RESTITUCION COMO PROPOSITO NACIONAL.

Por qué la restitución de tierras debe ser un propósito nacional

TIERRAS¿Cuál es el impacto del despojo en la economía? ¿Cuáles son los retos de la sociedad colombiana ante los problemas del campo? ¿Por qué los desplazados deben reintegrarse a la vida productiva en el campo? Fueron algunos de los temas del Seminario sobre restitución de tierras.

Miércoles 20 Octubre 2010

Los problemas institucionales para la restitución de tierras, el modelo de reparación para las víctimas, la deuda de la sociedad colombiana con la población campesina, el impacto económico del despojo, fueron algunos de los temas que abordó la primera jornada del Seminario La Restitución de Tierras: Un propósito Nacional, organizado por la Revista SEMANA.

El director del Instituto Nacional de Desarrollo (Incoder), Juan Manuel Ospina, recordó que el gobierno anterior fusionó cuatro entidades en una sola y suprimió cargos, lo cual debilitó la capacidad del organismo.

“El gran cambio es la voluntad política que tiene el actual Gobierno Nacional”, dijo refiriéndose al propósito de restitución de tierras que se ha trazado el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Ospina mencionó cuál es el papel del Incoder en el proceso de restitución. Dijo que el Gobierno le dio la tarea de ser “un catalizador, convocador de la política de desarrollo rural”. No obstante, reconoció que la entidad está en un proceso de reestructuración.

El director del organismo advirtió que el problema de la tierra en Colombia no solo pasaba por resolver quién era su propietario, sino que era necesario generar desarrollo.

Dijo que a la institución le corresponde ayudar a hacer puentes en el proceso de formalización de la tierra y en la restitución. “Pero quien va a coordinar la defensa del apoyo de la justicia (para que los campesinos tengan garantías jurídicas y de seguridad) será una unidad que creará la ley, y que operará en el marco del Ministerio de Agricultura”, dijo.

Luego le tocó el turno a Zaida Barrero de Noguera, la Superintendente de Notariado y Registro, quien indicó que para que un proceso de restitución sea efectivo debe basarse en la coordinación de todas las entidades involucradas.

Barrero describió cuáles son las modalidades de despojo: transferencias forzadas, consistente en que alguien obliga a otro a vender su predio. “O me vende usted o me vende su viuda”, citó Barrero una de las frases que refleja la mentalidad de los despojadores.

Pero indicó que también se han presentado casos en que por desconocimiento o por razones de seguridad el propietario se ve obligado a vender a bajo precio. “Se refleja, en escrituras públicas, que los acuerdos debiendo ser bilaterales no cuentan con la voluntad del vendedor” o “se presenta suplantación del propietario por un falso poder”.

La superintendente explicó que las oficinas de registro no dan ni quitan predios, que lo único que podían hacer era “publicitar los hechos”. Sin embargo, se comprometió para que el proceso de restitución administrativa adelantada por el Gobierno cuente con las garantías necesarias para que la formalización de los predios se haga de manera oportuna.

El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Iván Darío Gómez, enumeró diez propuestas institucionales para complementar la restitución de tierras, que garanticen la “no repetición” de los hechos de violencia.

Entre las propuestas más importantes están las siguientes:

- Adecuar las instituciones que tienen qué ver con el derecho a la tierra, la regulación agraria, las políticas rurales, entre otras. ¿La razón? Las instituciones fueron diseñadas para épocas de normalidad ciudadana, pero no para épocas de posconflicto.

- En segundo lugar debemos utilizar los sistemas de información geográfica agrológica y catastral que existen.

- Consolidar el sistema catastro-registro, a través de la interrelación institucional de municipios. Gómez se refirió a la necesidad urgente de actualizar los datos.

- Aprovechar la iniciativa de “gobierno en línea” para reforzar los sistemas de información, registro, catastro y reclamaciones, entre otras.

- Auscultar la voluntad política para generar un escenario en el que los valores catastrales se aproximen a los valores comerciales. “Colombia debería hacer censos nacionales periódicos en consonancia con las autoridades regionales y municipios para lograr construir una base actualizada sobre los problemas de la propiedad de la tierra”.

Gómez finalmente dijo: “es el fortalecimiento de la institucionalidad lo que nos garantiza la obtención de información básica para tomar decisiones”.

El consejero para la Seguridad, Sergio Jaramillo, reconoció que la ejecución de la propuesta del Gobierno no era fácil. “El tema es prioritario, pero es crítico”, dijo. “Debemos obrar con cuidado”, agregó.

Luego explicó en qué consiste la estrategia “focalización, integralidad y eslabonamiento”, con la que el Gobierno intentará garantizar la ejecución de la política de restitución. Lo primero se refiere a atender la restitución con un criterio de priorización de los territorios. Lo segundo, a articular las instituciones al proceso. Y lo tercero, a atar procesos de reforestación con titulación, por ejemplo, o producción con cadenas de producción más grandes.

Absalón Machado, director técnico del informe de desarrollo humano en Colombia del PNUD, dijo que este momento era una oportunidad doble, pues permitía reflexionar, por un lado, en el modelo de democracia que la sociedad colombiana quiere, y por el otro, en la política agraria.

“No debería ser una oportunidad para profundizar el modelo, injusto, concentrador, inequitativo, excluyente….”, dijo Machado.

“Sería un error histórico que el Estado sólo buscara poner a las comunidades campesinas de su lado de manera cortoplazista para profundizar el modelo poco democrático”, advirtió el investigador. “¿Cómo es posible que le hayamos dado la espalda a esa sociedad (campesina) durante tanto tiempo?”, se preguntó.

El investigador Alejandro Reyes contó que frente a la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos), hay un letrero que dice “todo aquel que come está envuelto en la agricultura”.

Con estas palabras Reyes intentó dimensionar la importancia de la población campesina. “Si no lo resolvemos ahora (el problema de la propiedad de la tierra), lo podemos hacer dentro de cien mil, o cincuenta mil muertos. Es mejor ahorrarnos todas esas vidas”, dijo.

“En los últimos 20 años han muerto 150 mil colombianos (a causa del conflicto)”, dijo el investigador.

“El conflicto armado es de los mejor documentados. Sabemos quién se desplazó, de dónde, quiénes los despojaron. Tenemos las pruebas en las manos para poner a funcionar un sistema de justicia restitutiva. Y sería enorme hipocresía poner a las víctimas a recaudar de funcionario en funcionario las pruebas”, agregó Reyes.

Reyes se quejó de que en los estudios de catastro nacional apenas se ha registrado una ligera concentración de la tierra, cuando a todas luces ha aumentado. “El catastro no registró el despojo”, dijo, y así nos privamos de conocer lo que había pasado con las tierras.

“Lo que debemos hacer es cumplir con los preceptos mínimos de justicia, si no lo hacemos… Colombia se puede volver un infierno que nos cueste mucho más muertos”, dijo.

La economista de la Universidad de los Andes Ana María Ibáñez comenzó su disertación explicando que la restitución de la tierra a los campesinos, con garantías jurídicas sobre la propiedad, no sólo era importante como acto de justicia social, sino para el desarrollo.

“Cuando hay informalidad en la propiedad de la tierra, las personas no están seguras de la inversión, y la gente produce mucho menos, porque si no hay certezas la inversión será menor”, explicó la investigadora.

La falta de títulos sobre los predios también impide el acceso a créditos.

Ibáñez reveló algunas cifras de una encuesta que hicieron varias universidades a 4.700 campesinos. Dijo por ejemplo que el 70 por ciento de los encuestados aseguró ser propietario. Sin embargo, sólo un 60 por ciento puede probarlo.

“La concentración no genera mayor eficiencia económica. Muchos estudios muestran que los productores pequeños son más eficientes, porque pueden controlar más los procedimientos, vincular a familiares y porque los grandes productores no aprovechan toda la extensión de tierra”, dijo Ibáñez.

El director de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, alabó el modelo de justicia transicional que el Gobierno ha implementado para la resolución del conflicto. Dijo que en el siglo XIX y XX el modelo que se implementó fue el de amnistía y el indulto que no permitía el acceso a la verdad y a la reparación. “En estos modelos, lo que se buscaba era cerrar el conflicto”, explicó.

“La Ley de Justicia y Paz (creada para hacer efectivo el proceso de paz con los paramilitares) introduce a las víctimas en el proceso. Ya no se trata de cerrar el conflicto sino las heridas”, dijo.

Pizarro dijo que la Comisión estaba de acuerdo con un modelo de reparación integral y argumentó que el modelo colombiano aventajaba a los de Alemania o España que fueron sólo indemnizatorios.

También indicó por qué el modelo colombiano debe ser distinto: “por la sociología de la víctima”. Se refirió al hecho de que las víctimas en Colombia, en su mayoría, son personas de escasos recursos y de zonas rurales. Por eso, “la reparación indemnizatoria no es suficiente y se requiere un modelo más integral”, que ayude a restablecer los derechos de los damnificados.

Pizarro adujo que Colombia y Turquía son los únicos países que reconocen que los desplazados deben ser sujetos de reparación. “En el mundo se reconocen para medidas de carácter humanitario para los desplazados. Colombia ha tomado una decisión histórica (al reconocer más de 3 millones de víctimas)”, dijo el director de la CNRR.

El último en intervenir en la jornada de la mañana del seminario, fue el sacerdote Fabio Henao, director de Pastoral Social.

El sacerdote retomó las cifras de la III Encuesta de Verificación reveladas este martes (ver nota) en las que la Comisión Nacional de Seguimiento a las Políticas sobre Desplazamiento Forzado entrevistó a 10.400 familias de desplazados. Destacó que según la encuesta el número de hectáreas despojadas o abandonadas por los campesinos asciende a 6,6 millones.

Dijo que los resultados de esa encuesta “nos impone un enorme reto sobre el tipo de democracia que queremos, y un interrogante ético; una pregunta a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, pero también a nosotros: hasta dónde es el grado de involucramiento nuestro para resolver el problema”.
Cortesia: Semana.com

RETIRO DEFINITIVO LABORAL - Deducción del impuesto sobre la renta, de la bonificación por retiro definitivo del empleado.

Los empleadores constantemente realizan acuerdos conciliatorios con los empleados, en forma voluntaria, ante los inspectores de trabajo o los juzgados laborales, donde se pactan bonificaciones por retiro definitivo, que no constituyen salario; sin embargo algunos acuerdos señalan que la bonificación tiene una parte proyectada a cubrir cualquier posible concepto salarial que hubiere quedado pendiente, retribuyendo de esta forma el trabajo; ante esa situación, considero que la bonificación tiene un carácter salarial y por consiguiente para efectos de su deducción, el contribuyente deberá estar a paz y salvo con los aportes parafiscales conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Estatuto Tributario.

Con el fin de aclarar cuando la bonificación constituye salario, es pertinente tener en cuenta el concepto 59245 del 2 de marzo de 2010 del Ministerio de la Protección Social, donde señala:

“(…)
En este orden de ideas, es preciso señalar que si la bonificación es reconocida por el empleador como retribución del trabajo y por el desempeño en el cargo, deberá entenderse que hace parte integrante del salario en los términos señalados en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, así sea reconocida de forma habitual u ocasional.

Pero si las partes acordaron expresamente que la bonificación será reconocida por la mera liberalidad del empleador, atendiendo a la   gratuidad  o voluntariedad, y no con el ánimo de retribuir su servicio, no constituirá   factor salarial, precisando en todo caso que, el empleador no puede desconocer los elementos consagrados expresamente por  el legislador como  integrantes del salario, so pena de las sanciones y multas  n que pueda incurrir.

De tal forma que la bonificación por retiro definitivo del empleado puede constituir salario o no, dependiendo la causa que origina su reconocimiento. Cuando su pago corresponda a una retribución por el trabajo, la bonificación tendrá el carácter salarial y para efecto de su deducción el contribuyente deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales.

La razón es sencilla: la expresión salarial en ese contexto resultaría restrictiva pues dejaría por fuera prestaciones e indemnizaciones que pudieran estar pendientes de pago. En cambio la palabra “laborales” comprendería todo: salarios, prestaciones, indemnizaciones y descansos insolutos.

Cortesia: Gerencie.com

EL VIH Y SUS EFECTOS EN LA INDUSTRIA PORNOGRAFICA.

Como las siete plagas en Egipto, la destruccion de Babilonia y todos sus seguidores, empresarios  y personajes perversos dedicados a esta actividad, tendran un final indefecitble: La perdida de sus vidas.
La multimillonaria industria cinematográfica del porno en California, Estados Unidos, está semiparalizada luego de que uno de sus actores diera positivo en una prueba de VIH.
Según el corresponsal en ese estado, David Willis, varias compañías productoras han detenido las filmaciones.
Mientras tanto, médicos de la Fundación de Salud Médica de la Industria para Adultos (AIM, pr sus siglas en inglés) se han dado a la tarea de localizar y examinar a los 20 o más individuos que han actuado en las cintas con la persona infectada.
Algunos han decidido hacerse las pruebas voluntariamente.
La AIM se encuentra en un discreto edificio de los suburbios del valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles, epicentro de la industria de entretenimiento para adultos en EE.UU.
Desde que se conoció que uno de los actores más famosos del género dio positivo en una prueba de VIH, el movimiento en la clínica se ha incrementado.
“La gente está asustada y ¿quién puede culparla?”, dijo Jennifer Miller, ex estrella porno que ahora ayuda a dirigir el centro asistencial.
“Decir que estamos en estado de pánico sería una exageración, pero sin duda hay una gran alarma.”
Cortesia: Radio santafe

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - LA CORRUPCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA ASOCIARSE CON EMPRESAS CRIMINALES.

Fue a través de simuladas asociaciones, supuestamente representantes de cultivadores de palma, que las autodefensas legalizaron miles de hectáreas arrebatadas a pobladores asentados en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó; y se hicieron a millonarios créditos o beneficios otorgados por Finagro. Un negocio redondo, pues al tiempo que desplazaban a sangre y fuego e imponían el proyecto de palma en Urabá, recibían dineros del Estado para sus fines “protervos”.

Así se desprende de un nuevo capítulo documentado por la justicia sobre los presuntos nexos entre empresas de palma y las autodefensas. En un extenso documento, conocido por este diario, un fiscal de Derechos Humanos detalló que la cuestionada firma Urapalma S.A. creó asociaciones ficticias de pequeños cultivadores, como Acopalma y otras ubicadas en la cuenca del río Curvaradó, que tuvieron un papel protagónico para legalizar los despojos de los terrenos ancestrales de las comunidades afrodescendientes.

En ese contexto, concluyó la Fiscalía, el empresario Hernán Íñigo de Jesús Gómez Hernández fue fundamental para la ejecución del proyecto de palma que a toda costa impuso Vicente Castaño. Gómez, viejo conocido de la Casa Castaño, quien trabajó en la desmovilización de facciones del Epl y el M-19 o en los diálogos de Tlaxcala, México, y, por último en el proceso de paz con los paramilitares, fue gestor de la firma Urapalma y un enclave, pionera de toda suerte de adquisiciones de tierras ilegales y desplazamiento en Urabá que tenía como fin generar millonarias rentas al paramilitarismo por cuenta del mercado de los biocombustibles.

En su indagatoria, el empresario recordó que en 1996 fue convocado por el obispo Isaías Duarte Cancino a una reunión en la Arquidiócesis de Cali con Carlos Castaño, que después asistió al acuerdo del Nudo de Paramillo en 1999, que tuvo problemas con Castaño porque se negó a aceptar una solicitud de él para que fuera intermediario con la DEA en la entrega de un grupo de ‘narcos’ colombianos, pero que aun así zanjó sus diferencias y en 2003, en virtud del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, junto con la Iglesia, participó del proceso de desmovilización como interlocutor de Ernesto Báez.

No obstante, la Fiscalía tiene evidencias de que a través de su esposa Katia Sánchez manejaba los hilos de Urapalma junto con Antonio Zúñiga, y los testimonios de Gilberto Álvaro Alzáte o el ex congresista Carlos Alonso Lucio refrendan que era un asesor de los ‘paras’. El extraditado H.H. y Pedro Bonito lo señalaron como emisario de Vicente Castaño para cooptar la estratégica zona del tapón del Darién en el Urabá como un proyecto de las autodefensas que tenía una curiosa consigna promovida por Castaño: “La palma se siembre con sangre”.

Uno de los procesados en este caso, en el que ya fueron detenidos 24 palmicultores, Carlos Merlano, dio más pistas sobre cómo se usurparon las tierras ancestrales en el Urabá, en la que participaron empresas de la costa y personas naturales como los hermanos Zúñiga, quienes eran palmicultores reconocidos. H.H. contó que Javier Zapata Pretelt, en calidad de gerente de Urapalma, desempeñó estrategias para legalizar casi 6 mil hectáreas que la firma dijo adquirir a través de compra de derechos de posesión. El ex jefe paramilitar añadió que Gómez, junto con Carlos Spath, fueron enviados por las Auc para negociar con azucareros del Valle.

En criterio del fiscal, Hernán de Jesús Gómez, excedió sus misiones humanitarias para constituirse en promotor de los proyectos de los paramilitares y a él se le atribuye “la ejecución de las políticas de penetración de las autodefensas en los negocios más rentables de la economía como el azúcar y la palma”. Es más, la Fiscalía fue más allá: “Con él principió la debacle para los desposeídos del bajo Atrato chocoano”. En últimas era Gómez, Zúñiga y otros colaboradores quienes le rendían cuentas a Vicente Castaño sobre “su fecunda labor en la compra de posesiones que después pasarían a ser el marco de tierras en que se acomodaría la titulación de los terrenos ocupados por Urapalma”.

Por su parte, de Dagoberto Montiel, entonces secretario de Acopalma, se sabe que se prestó para legalizar grandes extensiones de terrenos en Urabá propiciando el desplazamiento y el deterioro del medio ambiente con los proyectos de cultivo de palma. Desde esta asociación, además, gestionó jugosos préstamos que terminaron siendo utilizados en la adquisición de terrenos de comunidades afrodescendientes. La Fiscalía también descubrió que Robin Manuel Calonge y Luis Eduardo Tuberquia, en calidad de desmovilizados, también promovieron estos despojos y la apropiación de los títulos de estos fundos rurales.

Todos ellos fueron detenidos por orden de un fiscal de Derechos Humanos que está en la tarea de desentrañar la radiografía de la violencia que se extendió en el Urabá por casi una década por cuenta de empresas palmicultoras que, según parece, terminaron al servicio de Vicente Castaño en el rentable negocio de los biocombustibles y el aceite de palma.

Cortesia: El Espectador. com.

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA.

“Nuestro ecosistema pertenece a la humanidad”

Si no se resuelve el complejo problema de la tierra, cualquier apuesta a una solución política del conflicto armado y social en Colombia es difícilmente imaginable. Esta es la hipótesis central de Rafael Figueroa Rincón, abogado colombiano e integrante del Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL) que aglutina a once ONG helvéticas activas en ese país sudamericano y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Las comunidades han decidido ejercer su derecho a la participación directa en la discusión de las grandes políticas públicas sobre los temas que van a afectarles en un futuro, como la explotación de hidrocarburos, las concesiones mineras y la construcción de grandes obras de infraestructura, entre otras” subraya Figueroa iniciando esta entrevista exclusiva.

P: ¿Por qué la tierra juega un papel tan importante en la Colombia actual?

R: El control de los recursos naturales que se encuentran en los territorios de las comunidades y el acceso y apropiación de sus tierras son los botines de la guerra en Colombia. La tierra y sus recursos están siendo acumulados y explotados por grandes elites y poderes regionales que controlan verdaderos ejércitos privados. En este contexto de conflicto armado y despojo de tierras, se desarrollan grandes inversiones privadas, en muchos casos en correspondencia con intereses multinacionales, lo que evidentemente agudiza el panorama. Las 31 comunidades y organizaciones que integran la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, no sólo han sido víctimas de la violencia y el conflicto armado sino principalmente del despojo de sus tierras y los recursos que existen en sus territorios. En este sentido, incluso representantes del nuevo Gobierno han identificado esta problemática como la  piedra angular del conflicto armado.

Ambientar la paz desde el territorio

P: Podría darnos un ejemplo concreto para comprender mejor tales afirmaciones...

R: El despojo de tierras a las comunidades campesinas de El Garzal, al sur del Departamento de Bolívar. Estas comunidades, que han permanecido por más de 50 años en sus tierras dedicándose de manera exclusiva a la producción alimentaria, en los últimos diez años han sido objeto de presiones ilegales, amenazas y desapariciones forzadas. Han sido incluso víctimas del uso de la justicia y de las autoridades locales, quienes buscan desplazar a más de 300 familias campesinas y despojarlas de manera definitiva con el objetivo de entregar sus parcelas a un antiguo comandante paramilitar que dominó pública y abiertamente la región del Magdalena Medio durante más de 7 años. Dicho personaje, sin embargo, jamás se desmovilizó ni se entregó a la justicia sino, por el contrario, permaneció en la vida civil y fundó una compañía palmicultora. Es esta empresa  la que promueve todas las acciones legales e ilegales para obtener las tierras de El Garzal e iniciar la siembra de palma africana para la producción de agro-combustibles. La palma africana en la región debería alcanzar, según las políticas agrarias del Gobierno, las 300.000 hectáreas para 2019. Esta compañía ha obtenido también el apoyo del Programa Presidencial de Acción Social, que presenta a dicha empresa como un modelo de desarrollo alternativo en la región. De ahí mi afirmación que si la tierra y los recursos del territorio de las comunidades en Colombia no son protegidos del despojo por el Estado colombiano, no podrá  construirse una paz sostenible. El despojo de las tierras continuará siendo el principal motor del desplazamiento forzado, de las violaciones a los derechos humanos y del recrudecimiento del conflicto armado. Por esta razón desde el Programa SUIPPCOL nos hemos comprometido en el apoyo a comunidades como El Garzal en la lucha pacífica y legal contra el despojo como una de las formas más eficaces para ambientar la paz desde la tierra y el territorio.

El territorio, la misma “Madre Tierra”

P: En otros países de América Latina, los movimientos sociales ponen el énfasis en la tierra y en la reforma agraria como principal bandera reivindicativa y estratégica.  Pero se refieren mucho menos al concepto del territorio. ¿Qué significa, en vuestra percepción colombiana, cuándo hablan de territorio?

R: En general, se presenta al territorio como el lugar y el cuerpo donde las comunidades campesinas, las minorías étnicas y las mujeres, tejen su vida colectiva, cultural, económica, social y política. El territorio es un horizonte mucho más amplio que el concepto de la tierra,  que de manera casi exclusiva se refiere al espacio físico delimitado, ubicado en una zona rural, que puede ser explotado económicamente para la producción o explotación del recurso allí inscrito. El territorio comprende por supuesto a la tierra, pero va más allá, ya que también incorpora todo el patrimonio inmaterial que se desprende de las comunidades mismas que lo han habitado y conservado, lo van cantando en canciones y puesto en historias, lo han hecho parte de sus usos y costumbres, de sus lenguas y dichos populares. Las reivindicaciones actuales en Colombia cada vez más no sólo se dirigen a la reforma agraria y al acceso y democratización de la tierra, sino que además exigen el reconocimiento de un estatus especial político y jurídico del territorio y de los derechos que de allí se desprenden. Estos estatutos incluso han sido recogidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

P: ¿Con el nuevo Gobierno de Manuel Santos qué expectativas existen en relación a la tierra y el territorio?

R: El Gobierno actual  ha dado un cambio en relación al anterior en lo que se refiere a la política agraria. Venimos de ocho años de absoluta negación por parte del conjunto del Estado de temas como el despojo o la altísima concentración de la tierra -que ubica a Colombia en el puesto 15 del mundo en inequidad en la propiedad de la tierra. Más grave aún fue la ausencia de una reparación y devolución de las tierras arrebatadas a los casi 4 millones de desplazados. Hoy, el nuevo Gobierno, por el contrario ha anunciado como uno de los temas fundamentales a resolver  el despojo de tierras y la restitución a las víctimas a través del lanzamiento del proyecto de ley de Restitución de Tierras Despojadas. Sin embargo, las buenas intenciones no implican necesariamente una modificación fundamental en la política global agraria y en las visiones económicas más profundas.  Las comunidades creen que con estas políticas se busca hacer más eficaz los modelos económicos agroindustriales y extractivos que han sido diseñados e implementados durante los últimos ocho años y que precisamente generan inequidad, concentración de la tierra y abandono de la economía campesina. Para el Gobierno nacional y para las organizaciones y comunidades en Colombia un reto fundamental es: no sólo asegurar el debate sobre los aspectos fundamentales  de la restitución y la formalización del acceso a la tierra, sino también  abrir una verdadera concertación sobre el modelo económico que asegure la permanencia de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes y la soberanía alimentaria de la nación.

“Nuestro ecosistema pertenece a la humanidad”

P: SUIPPCOL impulsa en la segunda quincena de octubre una campaña de sensibilización en Suiza sobre estas temáticas. ¿Cuál es su mirada sobre estas iniciativas solidarias provenientes de la comunidad internacional?

R: La solidaridad internacional directa juega un papel fundamental  para la promoción de reivindicaciones legales y legítimas de las comunidades en Colombia a favor de su tierra y territorio. La Campaña en Suiza intenta promover un acercamiento entre la sociedad civil helvética y las comunidades y organizaciones que resisten al despojo y a la explotación irracional de sus recursos. Es importante que se entienda también como un aporte internacional para preservar estos territorios y ecosistemas, que por su valor en términos ambientales y alimentarios, deberían interesar al mundo entero, porque pertenecen a la humanidad entera. A través de esta Campaña queremos promover una iniciativa para convertir estos territorios en lugares protegidos por la sociedad civil suiza y por las demás organizaciones, pueblos y personas en el mundo que estén interesadas en esta construcción de la paz desde el territorio. Sin lugar a dudas, ello constituiría un paso fundamental para la preservación de la tierra y el territorio en Colombia.  Y por ende, para la construcción de una paz sostenible y duradera. Pues los problemas que confrontamos en mi país  sólo podrán resolverse a través del papel protagónico de la sociedad civil colombiana – especialmente de las comunidades y organizaciones que enfrentan día a día esta realidad. Pero en un hermanamiento activo con otros pueblos, organizaciones y personas de buena voluntad en el resto del mundo.

Retrato

Rafael Figueroa Rincón, 30 años, abogado es el Coordinador de la Estrategia de Incidencia en Tierra y Territorio del programa SUIPPCOL desde hace más de un año. Desde hace siete años, investiga y actúa en el sector de los Derechos de las Minorías Étnicas y los Derechos a la Tierra y el Territorio. Acompañó a varias comunidades y organizaciones afro-colombianas, indígenas y campesinas del país, especialmente en las regiones del Chocó, Guajira, Bolívar, Córdoba, Cauca, Magdalena Medio, Caquetá y Nariño. Actualmente su principal tarea consiste en apoyar a la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base. En su intento por frenar el despojo de sus tierras y territorios promovido  por grupos paramilitares, poderes regionales económicos y políticos y los grandes proyectos extractivos, agroindustriales y multinacionales. Las dos principales acciones de dicha estrategia son la incidencia política y la acción legal. (Sergio Ferrari)

La reivindicación del territorio

El territorio ha sido definido de diversas formas por los diferentes sectores de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base que acompaña SUIPPCOL.

Para las comunidades indígenas, el territorio va más allá de la frontera, de los límites que trascienden las montañas, los ríos, los páramos. El territorio es el espacio de vida, de sobrevivencia social y cultural – es la pacha mama, la madre tierra.  Es su mundo donde el hombre se relaciona con los espíritus de las plantas, de los animales y todo ser que se mueve en el ambiente.

Para las comunidades negras del Pacífico colombiano, el territorio tiene significado en el marco de una relación particular entre comunidad, ser humano y naturaleza, en la cual ésta no es simplemente el entorno que rodea al ser humano, sino que tanto el individuo como la comunidad son sujetos que hacen parte de la naturaleza.

Para las comunidades campesinas el territorio es un espacio y escenario de cohesión, movilización y transformación social donde han generado experiencias autónomas y endógenas de desarrollo, que integran elementos estratégicos de defensa del espacio y de sus recursos naturales, así como nuevas formas de organización social para ejercer poder y control de sus áreas.

Las mujeres organizadas consideran su propio cuerpo como el primer territorio. Y denuncian que el mismo está atravesado por distintas formas de la violencia y la guerra. De allí la necesidad de reconocer e identificar las distintas violencias contra el cuerpo para poder recuperarlo en tanto territorio reconocido, autónomo y como espacio de convivencia cotidiana (Sergio Ferrari).

Cortesia: Sergio Ferrari -Colaboración de prensa de E-CHANGER, ONG de cooperación solidaria presente en Colombia y miembro de SUIPPCOL

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