EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - LA RESTITUCION COMO PROPOSITO NACIONAL.

Por qué la restitución de tierras debe ser un propósito nacional

TIERRAS¿Cuál es el impacto del despojo en la economía? ¿Cuáles son los retos de la sociedad colombiana ante los problemas del campo? ¿Por qué los desplazados deben reintegrarse a la vida productiva en el campo? Fueron algunos de los temas del Seminario sobre restitución de tierras.

Miércoles 20 Octubre 2010

Los problemas institucionales para la restitución de tierras, el modelo de reparación para las víctimas, la deuda de la sociedad colombiana con la población campesina, el impacto económico del despojo, fueron algunos de los temas que abordó la primera jornada del Seminario La Restitución de Tierras: Un propósito Nacional, organizado por la Revista SEMANA.

El director del Instituto Nacional de Desarrollo (Incoder), Juan Manuel Ospina, recordó que el gobierno anterior fusionó cuatro entidades en una sola y suprimió cargos, lo cual debilitó la capacidad del organismo.

“El gran cambio es la voluntad política que tiene el actual Gobierno Nacional”, dijo refiriéndose al propósito de restitución de tierras que se ha trazado el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Ospina mencionó cuál es el papel del Incoder en el proceso de restitución. Dijo que el Gobierno le dio la tarea de ser “un catalizador, convocador de la política de desarrollo rural”. No obstante, reconoció que la entidad está en un proceso de reestructuración.

El director del organismo advirtió que el problema de la tierra en Colombia no solo pasaba por resolver quién era su propietario, sino que era necesario generar desarrollo.

Dijo que a la institución le corresponde ayudar a hacer puentes en el proceso de formalización de la tierra y en la restitución. “Pero quien va a coordinar la defensa del apoyo de la justicia (para que los campesinos tengan garantías jurídicas y de seguridad) será una unidad que creará la ley, y que operará en el marco del Ministerio de Agricultura”, dijo.

Luego le tocó el turno a Zaida Barrero de Noguera, la Superintendente de Notariado y Registro, quien indicó que para que un proceso de restitución sea efectivo debe basarse en la coordinación de todas las entidades involucradas.

Barrero describió cuáles son las modalidades de despojo: transferencias forzadas, consistente en que alguien obliga a otro a vender su predio. “O me vende usted o me vende su viuda”, citó Barrero una de las frases que refleja la mentalidad de los despojadores.

Pero indicó que también se han presentado casos en que por desconocimiento o por razones de seguridad el propietario se ve obligado a vender a bajo precio. “Se refleja, en escrituras públicas, que los acuerdos debiendo ser bilaterales no cuentan con la voluntad del vendedor” o “se presenta suplantación del propietario por un falso poder”.

La superintendente explicó que las oficinas de registro no dan ni quitan predios, que lo único que podían hacer era “publicitar los hechos”. Sin embargo, se comprometió para que el proceso de restitución administrativa adelantada por el Gobierno cuente con las garantías necesarias para que la formalización de los predios se haga de manera oportuna.

El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Iván Darío Gómez, enumeró diez propuestas institucionales para complementar la restitución de tierras, que garanticen la “no repetición” de los hechos de violencia.

Entre las propuestas más importantes están las siguientes:

- Adecuar las instituciones que tienen qué ver con el derecho a la tierra, la regulación agraria, las políticas rurales, entre otras. ¿La razón? Las instituciones fueron diseñadas para épocas de normalidad ciudadana, pero no para épocas de posconflicto.

- En segundo lugar debemos utilizar los sistemas de información geográfica agrológica y catastral que existen.

- Consolidar el sistema catastro-registro, a través de la interrelación institucional de municipios. Gómez se refirió a la necesidad urgente de actualizar los datos.

- Aprovechar la iniciativa de “gobierno en línea” para reforzar los sistemas de información, registro, catastro y reclamaciones, entre otras.

- Auscultar la voluntad política para generar un escenario en el que los valores catastrales se aproximen a los valores comerciales. “Colombia debería hacer censos nacionales periódicos en consonancia con las autoridades regionales y municipios para lograr construir una base actualizada sobre los problemas de la propiedad de la tierra”.

Gómez finalmente dijo: “es el fortalecimiento de la institucionalidad lo que nos garantiza la obtención de información básica para tomar decisiones”.

El consejero para la Seguridad, Sergio Jaramillo, reconoció que la ejecución de la propuesta del Gobierno no era fácil. “El tema es prioritario, pero es crítico”, dijo. “Debemos obrar con cuidado”, agregó.

Luego explicó en qué consiste la estrategia “focalización, integralidad y eslabonamiento”, con la que el Gobierno intentará garantizar la ejecución de la política de restitución. Lo primero se refiere a atender la restitución con un criterio de priorización de los territorios. Lo segundo, a articular las instituciones al proceso. Y lo tercero, a atar procesos de reforestación con titulación, por ejemplo, o producción con cadenas de producción más grandes.

Absalón Machado, director técnico del informe de desarrollo humano en Colombia del PNUD, dijo que este momento era una oportunidad doble, pues permitía reflexionar, por un lado, en el modelo de democracia que la sociedad colombiana quiere, y por el otro, en la política agraria.

“No debería ser una oportunidad para profundizar el modelo, injusto, concentrador, inequitativo, excluyente….”, dijo Machado.

“Sería un error histórico que el Estado sólo buscara poner a las comunidades campesinas de su lado de manera cortoplazista para profundizar el modelo poco democrático”, advirtió el investigador. “¿Cómo es posible que le hayamos dado la espalda a esa sociedad (campesina) durante tanto tiempo?”, se preguntó.

El investigador Alejandro Reyes contó que frente a la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos), hay un letrero que dice “todo aquel que come está envuelto en la agricultura”.

Con estas palabras Reyes intentó dimensionar la importancia de la población campesina. “Si no lo resolvemos ahora (el problema de la propiedad de la tierra), lo podemos hacer dentro de cien mil, o cincuenta mil muertos. Es mejor ahorrarnos todas esas vidas”, dijo.

“En los últimos 20 años han muerto 150 mil colombianos (a causa del conflicto)”, dijo el investigador.

“El conflicto armado es de los mejor documentados. Sabemos quién se desplazó, de dónde, quiénes los despojaron. Tenemos las pruebas en las manos para poner a funcionar un sistema de justicia restitutiva. Y sería enorme hipocresía poner a las víctimas a recaudar de funcionario en funcionario las pruebas”, agregó Reyes.

Reyes se quejó de que en los estudios de catastro nacional apenas se ha registrado una ligera concentración de la tierra, cuando a todas luces ha aumentado. “El catastro no registró el despojo”, dijo, y así nos privamos de conocer lo que había pasado con las tierras.

“Lo que debemos hacer es cumplir con los preceptos mínimos de justicia, si no lo hacemos… Colombia se puede volver un infierno que nos cueste mucho más muertos”, dijo.

La economista de la Universidad de los Andes Ana María Ibáñez comenzó su disertación explicando que la restitución de la tierra a los campesinos, con garantías jurídicas sobre la propiedad, no sólo era importante como acto de justicia social, sino para el desarrollo.

“Cuando hay informalidad en la propiedad de la tierra, las personas no están seguras de la inversión, y la gente produce mucho menos, porque si no hay certezas la inversión será menor”, explicó la investigadora.

La falta de títulos sobre los predios también impide el acceso a créditos.

Ibáñez reveló algunas cifras de una encuesta que hicieron varias universidades a 4.700 campesinos. Dijo por ejemplo que el 70 por ciento de los encuestados aseguró ser propietario. Sin embargo, sólo un 60 por ciento puede probarlo.

“La concentración no genera mayor eficiencia económica. Muchos estudios muestran que los productores pequeños son más eficientes, porque pueden controlar más los procedimientos, vincular a familiares y porque los grandes productores no aprovechan toda la extensión de tierra”, dijo Ibáñez.

El director de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, alabó el modelo de justicia transicional que el Gobierno ha implementado para la resolución del conflicto. Dijo que en el siglo XIX y XX el modelo que se implementó fue el de amnistía y el indulto que no permitía el acceso a la verdad y a la reparación. “En estos modelos, lo que se buscaba era cerrar el conflicto”, explicó.

“La Ley de Justicia y Paz (creada para hacer efectivo el proceso de paz con los paramilitares) introduce a las víctimas en el proceso. Ya no se trata de cerrar el conflicto sino las heridas”, dijo.

Pizarro dijo que la Comisión estaba de acuerdo con un modelo de reparación integral y argumentó que el modelo colombiano aventajaba a los de Alemania o España que fueron sólo indemnizatorios.

También indicó por qué el modelo colombiano debe ser distinto: “por la sociología de la víctima”. Se refirió al hecho de que las víctimas en Colombia, en su mayoría, son personas de escasos recursos y de zonas rurales. Por eso, “la reparación indemnizatoria no es suficiente y se requiere un modelo más integral”, que ayude a restablecer los derechos de los damnificados.

Pizarro adujo que Colombia y Turquía son los únicos países que reconocen que los desplazados deben ser sujetos de reparación. “En el mundo se reconocen para medidas de carácter humanitario para los desplazados. Colombia ha tomado una decisión histórica (al reconocer más de 3 millones de víctimas)”, dijo el director de la CNRR.

El último en intervenir en la jornada de la mañana del seminario, fue el sacerdote Fabio Henao, director de Pastoral Social.

El sacerdote retomó las cifras de la III Encuesta de Verificación reveladas este martes (ver nota) en las que la Comisión Nacional de Seguimiento a las Políticas sobre Desplazamiento Forzado entrevistó a 10.400 familias de desplazados. Destacó que según la encuesta el número de hectáreas despojadas o abandonadas por los campesinos asciende a 6,6 millones.

Dijo que los resultados de esa encuesta “nos impone un enorme reto sobre el tipo de democracia que queremos, y un interrogante ético; una pregunta a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, pero también a nosotros: hasta dónde es el grado de involucramiento nuestro para resolver el problema”.
Cortesia: Semana.com