BASURAS EN CORABASTOS

FORO ‘Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes": En vez de castigarnos como adultos, el Estado debe garantizar nuestros derechos"

Cortesia: Veduriadistrital.gob.co (2010-11-24)

Hacer mayores inversiones en los jóvenes, en vez de aumentar las penas, fue una de las conclusiones del foro, ‘Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes’, que se realizó el pasado 22 de noviembre en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el marco de la semana del Control Social de la Veeduría Distrital.

La Veedora Distrital, María Consuelo del Río Mantilla, afirmó que bajar los años para condenar a jóvenes como adultos, es volver al pasado y entregarle luego a la sociedad delincuentes formados en cárceles. El Código Penal de 1936, y que rigió hasta 1980, contemplaba condenar a jóvenes desde los 16 años, con igual de condiciones que un adulto. Por un hurto menor, encarcelaban a los jóvenes hasta seis u ocho años de prisión, y luego salían con 22 años hechos unos delincuentes, porque la cárcel es la escuela del crimen. “La solución no es enviarlos a todos a las cárceles, sino invertir en ellos, darles oportunidades laborales, crear cupos de salud, educación y procesos de prevención”, afirmó la Veedora Distrital.

Por su parte, Margarita Useche, Coordinadora de la Especialización de Infancia y Adolescencia de la Universidad Externado de Colombia, dice que el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República (Aumento de sanciones a adolescentes) no está teniendo en cuenta a esta población, porque es una ley que se hace con influencia de los medios, y no con razones de fondo como los factores sociales, económicos y sicológicos por los que llegan a cometer delitos los adolescentes. “No podemos juzgar a todos los jóvenes con el mismo proceso cuando no se conocen los motivos que lo llevaron a cometer el crimen. Debe existir una corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, y más cuando no existe un proceso de reinserción sólido para reincorporarlos a la vida social”, argumentó Useche.

En el evento estuvieron más de 100 personas de las diferentes localidades de la ciudad, entre ellos jóvenes, quienes mostraron su rechazo al aumento de penas para adolescentes, porque por un hurto menor –como robar un paquete de papas- tengan que compartir celdas con delincuentes que han asesinado, violado y cometido crímenes peores. Ellos pidieron que en vez de castigarlos como adultos, el Estado y la misma sociedad les brinde los derechos que están contemplados en el Código de Infancia.

Por último, la Veeduría Distrital convocó a una mesa de trabajo para que esta discusión no sólo quede en el Foro, sino por el contrario, se le realice un seguimiento a las políticas que se están gestando para los adolescentes y trabajar por ellos y para ellos.

Desenterrando la verdad -- Parte 1

Las diez cosas que más molestan del servicio de taxis.

VIDA MODERNAConseguir un taxi en una hora pico es una tarea maratónica. Y cuando esto se logra, los usuarios tienen que lidiar con la forma de conducir del taxista, tener el dinero sencillo para evitar altercados o estar precavido de que no lo vayan a asaltar. 

SEMANA consultó con varios usuarios sobre las quejas que tienen de este servicio. Estas son las 10 que más molestan.

1. Que no aparezcan cuando más se necesitan. Para conseguir un vehículo a estas horas hay que empezar a pedirlo con varios minutos de anterioridad y esperar eternidades pegado al teléfono. La situación empeora en los días de lluvia. Como por arte de magia los carros amarillos de servicio público desaparecen de la ciudad, y tratar de conseguir uno se vuelve una utopía, a pesar de la gran oferta de taxis que hay en Bogotá.

2. Que tomen la ruta más larga. Este truco por lo general lo aplican a extranjeros o personas que no conocen bien la ciudad. Los taxistas escogen un recorrido más largo para que al final la carrera cueste más de lo habitual.

3. Que redondeen el valor de la carrera. La costumbre de muchos taxistas es aproximar el monto de carrera, pero siempre en beneficio de ellos. Si los puntos marcan 6.700 pesos, por ejemplo, lo redondean a 7.000 y no a 6.500. Aunque algunos pasajeros prefieren pagarlo, otros terminan en discusiones con el conductor por cobrar más de lo indicado en las tablas.

4. Que no tengan las vueltas. Algunos pasajeros consideran esta excusa como una estrategia de los conductores para quedarse con unos pesitos. Esta queja va de la mano con la anterior pues al no tener el cambio suficiente el pasajero, casi siempre porque tiene afán, termina redondeando el costo de la carrera. Aunque es entendible que en ocasiones los taxistas no tengan cambio cuando la persona paga con billete de 50.000 pesos, hay casos absurdos en los que ni siquiera tienen para devolver de un billete de 10.000 pesos.

5. Que se sobrepasen con las mujeres. Esta queja se presenta cuando una mujer coge sola un taxi. Los conductores a veces se exceden en cordialidad con la pasajera, les echan piropos y hay casos hasta en los que les hacen propuestas indecentes. Además, algunos taxis están equipados con una variedad de espejos retrovisores, de distintos tamaños, que usan para ver a las mujeres en falda.

6. El ruido. Hay taxistas que, además de sintonizar alguna emisora a alto volumen, suelen tener varios radio teléfonos sonando al mismo tiempo. Además, algunos conductores usan dichos aparatos para decirse groserías entre ellos o para contarse las anécdotas del fin de semana, a veces con detalles soeces. Para los usuarios no solamente el ruido es ensordecedor, sino que en ocasiones resulta incómodo y sospechoso por el lenguaje clave en el que hablan, que genera desconfianza.

7. Que no lleguen en el tiempo acordado. Fuera de que conseguir un taxi en las horas pico es casi imposible, cuando esto se logra pocos llegan en el tiempo pactado. La respuesta de la operadora siempre es: “de cinco a diez minutos”. Pero esto rara vez se cumple, salvo que el pedido se haga en la madrugada.

8. Que el carro esté sucio. Este es uno de los problemas más frecuentes no sólo de los taxis sino del trasporte público en general de Bogotá. Aunque los taxistas tienen que entregar el carro lavado cada vez que cambian de turno, algunos parece que llevaran meses sin pasar por el lavadero. La situación es más incómoda cuando el pasajero va a alguna reunión formal. Un taxi que por fuera luzca descuidado ya es un motivo para no sacarle la mano.

9. Que sólo vayan a donde ellos quieran. Al parar un taxi en la calle es común que el taxista le pregunte al pasajero el lugar al que se dirige. Y dependiendo de la respuesta deciden si lo llevan o no. Los conductores terminan imponiendo su propia ruta y según su conveniencia disponen si prestan el servicio o no.

10. Que hagan el paseo millonario. Este es quizá el mayor temor de todo el que se sube a un taxi. Se trata de un secuestro de algunas horas o incluso un par de días. El objetivo es obtener de la víctima todo el dinero posible de sus cuentas bancarias o de lo que su familia logre reunir. Este temor ha llevado a que pocos cojan un taxi en la calle, y si lo hacen, por lo general hay otra persona que anota las placas y el número del móvil.

Si usted tiene otra queja sobre este servicio participe en twitter.com/SemanaDigital.

El tráfico, las obras o la lluvia son algunas de las razones por las cuales un taxi no llega a tiempo. SEMANA entrevistó a un taxista para que le explique a los usuarios por qué es tan difícil ubicar un taxi en las horas pico.
Cortesia: Semana.com

12 sitios web educativos (imprescindibles) para lo...

DE TODITO....UN POQUITO: 12 sitios web educativos (imprescindibles) para lo...: "AULABLOGhttp://www.aulablog.com/ Es un blog de edublogs que publica los post o noticias que se publican en los blogs de otros docentes ad..."

Comercio Internacional y Aduanas: 100 bibliotecas universitarias del mundo entero a ...

Comercio Internacional y Aduanas: 100 bibliotecas universitarias del mundo entero a ...: "Las Universidades cuentan con una enorme cantidad de información y sus colecciones son a menudo el centro de todo. Usted no tiene que estar..."

Prensamerica informe especial

Prensamerica informe especial
Cargado originalmente por lhernandomonsalveco@yahoo.com

El periodismo ...

La respuesta al derecho de petición deber ser de utilidad para el peticionario.

La respuesta que se dé en ocasión a un derecho de petición, debe ser de utilidad para el peticionario, de lo contrario no se está atendiendo en debida forma  este derecho constitucional. Así lo ha reiterado el Consejo de estado en reciente sentencia, en la que ha dicho:

En consecuencia, la Secretaría de Educación de Caldas deberá resolver dichas peticiones, pues no se puede admitir que la Administración dé respuestas evasivas o dé simples afirmaciones de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite, toda vez que este tipo de respuestas vulneran el derecho de petición, en razón de que los solicitantes necesitan una pronunciamiento idóneo y útil acerca de lo pedido. Además, esa respuesta debe ser comunicada a los peticionarios, pues de nada serviría que exista una respuesta pero que ésta no sea puesta en conocimiento de los solicitantes [Sentencia del 19 de agosto de 2010, radicación 17001 23 31 000 2010 00189-01(AC)]

La jurisprudencia insiste una vez más en que la respuesta al derecho de petición debe ser de fondo; debe brindar una solución efectiva al peticionario, o si esta no es posible, expresarlo claramente, y si es necesario, sugerir el procedimiento a seguir, o indicar la autoridad o instancia a la que se debe recurrir para conseguir la solución o respuesta que se pretende con el derecho de petición, un derecho de rango constitucional, y que por eso  mismo no se debe ignorar.

Artículos relacionados

• No se puede rechazar un derecho de petición por no ser competente para responderlo
• Directiva presidencial sobre el derecho de petición
• Días de plazo para responder un derecho de petición son hábiles
• El derecho de petición debe ofrecer una respuesta efectiva
• Acción de tutela procede para exigir el cumplimiento de un derecho de petición

Cortesia: Gerencie.com.

EL CONFLICTO EN COLOMBIA - No negociar con las FARC: ¿Un absurdo?

Bien miradas las cosas, las guerrillas y el Establecimiento colombiano están muy cerca y se parecen mucho. Un análisis de las propuestas de las FARC y de por qué en realidad no se negocia.  Cortesia: Bernardo Congote - razonpublica.com   La broma El protagonista de la novela de Milan Kundera que lleva este título, fue víctima de una broma de juventud que le costó ser expulsado del Partido, dedicando el resto de su vida a buscar la venganza de los bromistas. La historia de esos jóvenes se abre por diversos vericuetos y cuando las circunstancias vuelven a reunirlos, el protagonista se da cuenta de que sus esfuerzos por vengarse resultaron inútiles porque al encontrarlos, ninguno de los bromistas recuerda lo ocurrido. Sólo él[1]. Esa parábola podría servir para entender un hecho que, racionalmente hablando, podría ayudarnos a perder el miedo a negociar con las FARC. Sumidos en las profundidades de la selva, los guerrilleros que han podido seguir pensando algo encontrarían, al sentarse a negociar que -después de sesenta años de lucha- el Establecimiento habría incorporado a la vida cotidiana buena parte de sus utopías. Y que esto había empezado a suceder incluso antes de que las FARC fueran creadas formalmente. Las orillas que nos unen Es por eso que las negociaciones con las FARC podrían ser expeditas. Y que podríamos  llegar a acuerdos, pero no convendría distraerse en presentarlos como "panaceas". Un  examen de la llamada "Agenda Común" que la guerrilla le presentó al gobierno Pastrana en El Caguán, nos lleva a concluir que, lejos de estar apartados del Establecimiento, la racionalidad de las FARC está profundamente atada a los patrones ultraconservadores vigentes, hasta el punto de quedar reducidas a un "movimiento involucionario". Contrariamente a lo que se cree, puede ser que los temores que despierta la idea de negociar con las FARC no tengan que ver con la materia a negociar, sino con la muy baja disposición a negociar que tienen ambas partes. Esta indisposición se nutre del rentable negocio de la guerra, que por ahora reparte beneficios para ambas. Y se nutre de que, entrenados para guerrear, ni los voceros de la insurgencia ni los del  Establecimiento se siente fuertes para negociar, de modo que les resulta más cómodo seguir disfrutando del beneficio político que produce esta guerra aplaudida por una sociedad mayoritariamente necrófila como la colombiana[2]. Coincidencias entre Establecimiento e insurgencia Toda confrontación supone la existencia de "partes". Sin embargo en Colombia se puede probar que, a pesar de más de un siglo de confrontación violenta, el conflicto no tiene partes y que, al contrario, Establecimiento e insurgencia han diseñado tensiones falsas que de manera perversa les ayudan a conservar sus privilegios minoritarios. Al revisar la "Agenda Común", resulta claro que las FARC-EP sólo quieren agrandar su cuota en la distribución de la torta existente, mientras que el Establecimiento no habría entendido que ya diseñó buena parte de lo que pide nuestra kunderiana insurgencia. Dicho lo cual se puede entender que esta guerra sin partes continúe debido a que los muertos sólo los pone el pueblo[3]/[4]. Hurgando en la "Agenda Común" Durante las conversaciones de El Caguán se publicó una agenda brevis sobre las bases de la negociación entre gobierno y FARC; esta agenda, como veremos en seguida, no en vano se acompañó del adjetivo "común". Y la agenda aún hoy mantendría su vigencia pues, a manera de ejemplo,  las conclusiones de la IX Conferencia del movimiento en 2006, se basaron en "... la Plataforma... que sirvió de postulado para las discusiones políticas durante el proceso de paz con el gobierno Pastrana Arango"[5]. Esa agenda está integrada por los siguientes ítems[6]/[7]/[8]: 1. Comercio exterior: ¿autosuficiencia o apertura? 2. Derechos de propiedad: privada, estatal 3. Mercado: libre mercado - intervención estatal 4. Sectores estratégicos: Gobierno = sectores competitivos / Guerrilla = sectores patrimoniales fuertes (sic) 5. Factores de producción 6. Papel del Estado en la sociedad 7. Manejo monetario 8. Tratamiento de la pobreza 9. Narcotráfico: sustitución - erradicación de cultivos Comercio exterior: ¿autosuficiencia o apertura? La insurgencia incurre aquí en la misma equivocación que interesadamente promueven ciertos voceros del Establecimiento: la "apertura" no consiste, como ellos hacen creer, en unas fórmulas financieras o arancelarias, sino en abrir la sociedad para garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Ignorado lo anterior, las FARC aspiran a conservar cerrada la economía y a que el país sea autosuficiente, lo cual es coherente con un modelo que impera en Colombia desde comienzos del siglo XIX y que, enfrentado a vientos revaluacionistas como los de ahora, se sigue presentando como salida en los salones donde gremios y gobierno se sientan a pactar sus cuotas partes[9]. Para entender que Establecimiento y FARC están de acuerdo, bastaría observar de qué manera se conculcan, castran, condicionan o limitan los derechos fundamentales,  algunos inclusive dentro del propio texto de la Constitución vigente. Esta realidad demuestra que ambas "partes", al no tocar ese almendrón, coinciden en conservar el status quo. ¿Qué tipo de restricciones enfrentan algunos derechos fundamentales? Los artículos 11 (Derecho a la vida), 12 (Desaparición forzada, tortura...), 24 y 28 (Libertad de locomoción y movimiento) están siendo conculcados por el estado de guerra civil no declarada. El artículo 13 (Igualdad ante la Ley) y el 20 (Libertad de prensa) están limitados, el primero, por interpretaciones grises de la Corte Constitucional y el segundo, tanto por las Sentencias 258/98 y 383/99 de la Corte como por el inciso 2 del mismo artículo y los artículos 73, 75, 76 y 77 de la Carta. El artículo 27 (Libertad de enseñanza) y el 37 (Derecho de reunión) están limitados, el primero por los artículos 67, 68, 69, 189 (21) de la Carta, por el Decreto 4500/06 y por el Concordato vigente con el Vaticano. El segundo, por el inciso 1º del artículo 1º de la Carta. El artículo 58 (Derecho de propiedad privada), está limitado por la prevalencia de filosofía socialista expropiadora de los incisos 2 y 4 del mismo artículo. Los derechos de propiedad Las FARC proponen recortar la presunta liberalidad de estos derechos, ignorando que ya se encuentran restringidos desde la Carta de 1886 hasta los artículos 58 y 334 de la vigente. Por tanto, las presuntas aspiraciones "socialistas" de la insurgencias no sólo habrían sido satisfechas por el reformismo conservadurista desde el siglo XIX, sino profundizadas en las reformas constitucionales de 1936, 1945, 1968 y 1991. Esto induce a creer que las guerrillas están buscando el mismo beneficio que obtuvieron  los paramilitares en la negociación con el gobierno Uribe, al legitimar la expropiación violenta de tierras que usurparon de los millares de víctimas del desplazamiento[10]. ¿Qué problema habría en concedérselo también a las FARC? El problema de la tierra "...el planteamiento político que ha servido como la madre de un río... llamado FARC... es el planteamiento... que se llama "reforma agraria". Todavía hoy y por mucho tiempo será el eje de nuestra política".[11]  La política de tierras del Establecimiento se enmarca en la prevalencia del derecho público sobre el individual (artículo 58 de la Constitución) y en la posibilidad de  expropiación implícita en los artículos 334/35/39 y 340, preceptos estos de corte intervencionista y muy afines a las tesis agraristas de la insurgencia. En este tema, ambas "partes" ocultan que su guerra conservadurista ha logrado la única y verdadera reforma agraria: que los gamonales dueños del poder militar legal, paramilitar o ilegal se apropien de enormes extensiones de tierras[12]. Obsérvese, además, el tuétano del agrarismo insurgente cuando han propuesto, en otro discurso, que "Los Estados mayores de frente y los comandos.... tendrán en cuenta los meses de cosecha y... procederán a organizar las labores agrícolas correspondientes...En aquellos frentes donde (sea posible)...  el Estado Mayor... nombrará el correspondiente jefe de agricultura..."[13]. Mercado libre e intervención estatal El Título XII de la Constitución vigente conculca, castra o limita los fundamentos de libertad económica y, por ende, resulta tan intervencionista como lo sueña la insurgencia. ¿Qué tipo de derechos económicos se encuentran conculcados o castrados? El artículo 333 (Iniciativa privada), se halla conculcado por los incisos 3º, 4º y 5º del mismo artículo. El artículo 334 (Intervención del Estado en la Economía), es plena pues el poder ejecutivo se ha armado de once superintendencias que vigilan y controlan sendos sectores de la actividad económica[14]. Estas entidades dependen de la Presidencia de la República y carecen de control político sobre todo en estos tiempos de imperativas "mayorías uribistas" y "unidades nacionales". El artículo 335 (Intervención del Estado en la actividad financiera) es hijo del anterior habiendo servido para agravar el "riesgo moral" que afecta a las actividades financieras. El artículo 339 (Planes de Desarrollo), conculca la libre concurrencia y la movilidad de los factores productivos conservando privilegios y reduciendo posibilidades de ascenso social. Este artículo, además de ser intervencionista y centralista, reduce la participación ciudadana a un "saludo a la bandera" sobre todo en regiones controladas por la propia insurgencia, los paramilitares o ahora por las "BACRIM". El papel del Estado Como acabamos de verlo, en este punto Establecimiento e insurgencia coinciden en mantener el intervencionismo y en cerrarles las puertas a las mayorías. Esto se refleja en el hecho de que Colombia tenga una de las distribuciones del ingreso más inequitativas de América Latina, en el antepenúltimo lugar que tenemos en materia de empleo, en haber pasado al penúltimo lugar como destino de la inversión extranjera, en el dudoso privilegio de ocupar el cuarto lugar del mundo en cuanto a gasto militar y en la precaria operación de nuestro sistema de justicia[15]. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué tipo de tesoro estamos cuidando del "asalto insurgente"? El factor trabajo En relación con los trabajadores, el discurso del Establecimiento no es muy distinto del de la insurgencia. A manera de ejemplos: El artículo 49 de la Carta (Servicio de salud por parte del Estado) está garantizado porque la Ley 100, a menudo descrita como "privatización del servicio", se encuentra de hecho en el peor de los mundos: dañosamente intervenida por el Estado y precariamente administrada por los privados; El artículo 53 (Protección de los trabajadores) ya es plena hasta el punto de impedir la creación de empleo; El artículo 54 (Capacitación laboral), está garantizada gracias a la extensa cobertura de los programas del SENA. ¿Cuál es, entonces, el problema aquí? El capital Para las FARC, hundidas en la selva mientras guardan dólares en las Islas Vírgenes, resulta difícil percibir que el factor capital está sometido, de buena gana, a las  restricciones que establece el Título XII de la Constitución que parecen inspiradas  en los reclamos de la guerrilla en contra del "capitalismo" (de los otros)[16]. La vigilancia y protección del capital por parte del Estado colombiano obedece al deseo de conservar los pequeños privilegios en vez de entrar a disputar grandes mercados, razón por la cual nuestros "grandes empresarios" ocupan puestos modestos en el ranking latinoamericano. Si la insurgencia está de acuerdo en conservar a esos pocos capitalistas- incluida ella misma- ¿dónde está el problema? El manejo monetario En este asunto las FARC desconocen que el Capítulo VI del Título XII de la Carta suministra herramientas suficientes para mantener el control monetario en cabeza del Estado, como es su pretensión. Ignoran por tanto que las decisiones monetarias tienden a proteger privilegios de clase (a los que ellas se quieren acoger) y que el Banco Central depende del Poder Ejecutivo, más aun después de la reelección que obtuvo Uribe. ¿Qué les preocuparía a los comandantes guerrilleros si pudieran negociar la traída de sus capitales -habidos de cualquier forma- y su de pronto tuvieran un puesto en el Club de Banqueros? Y... ¿Qué les preocuparía a los banqueros? No se olvide que en lo monetario, la cultura financiera de FARC-EP es tan "predatoria...  parasitaria... y simbiótica" como la del pequeño núcleo capitalista criollo[17]. El tratamiento de la pobreza La sola enunciación del tema indica que la insurgencia está tan desenfocada como el Establecimiento. Conservar un aparato de Estado cerrado e intervencionista, que con Uribe vio respirar al corporativismo jesuita diseñado por Laureano Gómez, muestra otra vez la cercanía entre el Establecimiento y la insurgencia, pues ambos logran que los pobres sigan sirviendo de carne de cañón en una guerra permanente que preserva el flujo de privilegios. ¿Ergo...? El narcotráfico Este último punto de la "agenda común", también demuestra que el Establecimiento y la  insurgencia están de acuerdo y esta vez, si faltara, lo están con el aval de los Estados Unidos pues ninguna de las "partes" puso sobre la mesa el tema del sobre precio que causa una demanda de psicoactivos sujeta a prohibición. Hoy sabemos  que las tres "partes· se benefician de la política de perseguir a los productores: - Las FARC, los paramilitares y las "BACRIM" se benefician por el sobreprecio que alimenta sus arcas y porque la persecución de campesinos facilita sus prácticas de reclutamiento; - El Establecimiento se beneficia con los favores que recibe de Estados Unidos a cambio de secundar sus fracasadas políticas; - Y Estados Unidos se beneficia porque detrás de la "guerra contra las drogas" mantiene su presencia militar y política en el Sur de la América Latina. ¡¿Por qué no negociamos?! El examen de los puntos anteriores demuestra: Una estrecha coincidencia entre las no "partes" en guerra; Que por tanto, no hay tales "partes" y, al final, Desmonta cualquier temor que pueda abrigarse como producto de un proceso de negociación. Mucho más si tenemos en cuenta que en asuntos como el agrario, el financiero o el cerramiento del Estado, es posible que el Establecimiento haya sido más "involucionario" que las propias FARC. ¿Qué sería entonces lo que impide negociar de manera expedita y fructífera si en la mesa se van a encontrar favorecidos los intereses conservaduristas de ambos? ¿El miedo es hacia las FARC? "Ni las guerras civiles del siglo (XIX), ni las... más recientes, han (instaurado) un orden nuevo... Ellas discurren con su trágico cortejo mortuorio sin que (se) pueda hallar... un instante fundacional y creador."[18] ¿Acaso devela este paradójico espectro que, en el fondo, el Establecimiento teme negociar con las FARC no tanto por lo que de esa negociación se derive sino porque  sus agentes están entrenados para no negociar privilegio alguno? Y además: Porque un sistema sometido al proteccionismo durante buena parte del siglo XX, ciertamente no conoce empresarios negociadores gana-gana, sino buscadores de privilegios mediante concertaciones rentistas[19]. Porque un sistema basado en otorgar privilegios también castra la habilidad negociadora de los políticos, pues en lugar de transacciones interpartidistas del tipo gana-gana, los agentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo apenas son avezados comerciantes de beneficios inter personales hundidos como están en el más degradante clientelismo[20]. ¿Colombia está en "calidad de merecer"? Parodiando la "edad de merecer" de las damas, una que les da derecho a estrictas selecciones en el camino del amor, vale preguntar si Colombia es una nación en "calidad de merecer". Si la Colombia que somos nos confiere alguna característica que nos ponga muy "dignos" a la hora de sentarnos a negociar con la insurgencia. Porque ¿Qué somos en verdad como país? Colíderes entre las guerras civiles más prolongadas de la modernidad. Puesto 60 como "democracia fallida" del Democracy Index, muy cerca de caer a la categoría de "régimen híbrido". Antepenúltimos en la distribución del ingreso. Antepenúltimos en el nivel de empleo regional. Colíderes globales en población desplazada. Segundo puesto en el volumen de gasto militar latinoamericano, puesto 22 global. Puesto 130 entre 144 países en el Índice Global de Paz[21] ¿Este proyecto de nación es el que siente asco sentándose a la mesa con su proyecto de insurgencia? ¿Acaso se quiere mostrar contrafácticamente que siendo un país progresista estamos asediados por una insurgencia degradada? ¿Qué, sino múltiples sinrazones, justifican que Colombia quiera aparentar lo que no es, impidiéndonos resolver una guerra civil permanente que sostenemos, léase bien, ¡unos colombianos degradados contra otros igualmente degradados!? ¿Habrase visto tamaño despropósito símbolo de nuestro más enfermizo narcisismo? ¿Por qué es absurdo no negociar? "Corresponde a los colombianos... poner fin a la violencia en Colombia... Solo un esfuerzo profesional y sostenido apoyado por el Estado va a funcionar. La ONU y la comunidad internacional pueden jugar un papel muy productivo en este proceso"[22]. Primero, porque no son "partes" las que están en guerra, dado que ambas están sustancialmente de acuerdo. Segundo, porque el conflicto permanente sólo alimenta necrófilos intereses de grupo lo que, ante todo, afecta las aspiraciones biófilas de las mayorías destruyendo toda vocación de país[23]. Tercero, porque si la guerra profundiza nuestra "democracia fallida", Establecimiento e insurgencia terminarán guerreando en un territorio vacío. Cuarto, porque si se trata de que ninguna de las partes está entrenada para negociar porque sólo saben dispararle al contrario, competerá pedir ayuda a quienes sí saben hacerlo. Quinto, porque un sistema orientado a la defensa de privilegios de clase o grupo puede negociar con una insurgencia igualmente degradada, bajándose ambos de la nube perversa que han construido para disfrazar sus falencias mientras el país realmente se resquebraja. Sexto, porque como a ninguna de las "partes" le interesa un régimen de apertura socio económica al estilo de China o India, su tozudez les hará estrellarse contra la indetenible presión global que, a la fuerza, les hará negociar obligándoles a dar un salto cualitativo que evite nuestra penosa "sub africanización".[24] ¿Y...? No negociando, la insurgencia sólo gana días de supervivencia en su ostentosa miseria selvática. Tampoco ganan los grupos privilegiados del Establecimiento porque clases medias y bajas deterioradas dejarían de consumir el 77 por ciento del producto nacional y porque la competencia internacional ya  está comprando a precio de feria sus precarios negocios parroquiales[25]. El miedo a negociar, por tanto, expone de nuevo algunos síndromes de la delicada necrofilia colombiana que nos hace proclives a definir por las armas lo que de manera rápida y fructífera, otros muchos países han resuelto al construir espacios de negociación. Viene a la mente la terrible afirmación de Alan Jara cuando salió de la selva: "Sólo al Gobierno y a las FARC les conviene la guerra": habría que insistir en que, para peor, este amago de guerra no les conviene ni siquiera a los guerreros. *Maestría Ciencia Política. Economista. Investigador socio político independiente. Notas de pie de página [1] Kundera, Milan, 1985, "La broma", Ed. Seix Barral, Barcelona, 2ª edición. [2] Congote, Bernardo, 2010, "Lo peor de nosotros: un perfil psicosocial". En: www.razonpublica.com Edición del 25 de octubre de 2010. [3] Este planteamiento fue desarrollado por el autor a espacio en su tesis magistral "Anatomía religiosa de la guerra", Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes, (2004), Capítulo 5. [4] Ramírez, William, "Las nuevas ceremonias de la paz" en Sánchez et. al (compiladores), "Pasado y presente de la violencia en Colombia", Ed. CEREC, Bogotá, 1ª Reimpresión, 1995. Págs. 458-468. [5] "El dossier con los planes de las FARC" (Semanario El Espectador, 2007-03-24, Pg. 4 A). [6] "Simón Trinidad", hoy convicto por diversos delitos en Estados Unidos, exponía ya avanzado el proceso a manera de temática de la "Agenda Común hacia la Nueva Colombia": "democratizar la propiedad agraria, la industria,... erradicar el narcotráfico y los cultivos (de bases drogadictivas) (sic) en Colombia)". (Semanario Tiempos del Mundo, Latinoamérica, 4 de octubre de 2010. Pág. A 3). [7] Publicada en Diario El Espectador, Bogotá, 2000-01-18, pg. 6 A. [8]Con el fin de mostrar la coherencia posicional insurgente al respecto, los temas suscritos entre la Coordinadora Guerrillera y el gobierno Gaviria en 1991 habían sido (abreviadamente): 1.Cese al fuego; 2. Relaciones con entes deliberantes del Estado; 3. Acciones contra paramilitares e impunidad; 4. Derechos de minorías étnicas; 5. Estado y democracia; 6. Soberanía nacional; 7. Democratización económica y social; 8. Reinserción; 9. Veeduría; 10. Metodología. (Ramírez, Cit.: 468 y 472). [9] Gurrieri, Adolfo, 1982, "La obra de Prebisch en la CEPAL", Ed. FCE, México. Currie, Lauchlin,  "Políticas de crecimiento y desarrollo", Ed. Banco de la República, Bogotá.1968 "Desarrollo económico acelerado". Ed. FCE, México 1ª. Edición en español. Ospina, Luis, "Industria y protección en Colombia 1810-1930". Ed. FAES, Bogotá, 4ª Edición. 1987. Guillén, Fernando, "El poder político en Colombia", Ed. Planeta, 1ª Edición. 1996. [10] Comisión, Cit. Las dificultades que el gobierno Santos afronta para sacar adelante estas iniciativas en el seno del Congreso, explican suficientemente esta otra sinrazón. 2006 [11]Ferro, Juan et. al. "El orden de la guerra. Las FARC EP entre la organización y la política", Ed. CEJA, Bogotá, 2002. Pág. 62. [12] Reyes, Alejandro, "Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia", Ed. Norma, Bogotá, 2010, 1ª Edición. [13]Ferro, 2002, Cit: 63. [14] Son algunos de estos sectores: Sociedades Anónimas; Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (enlazada además con tres "comisiones reguladoras" que legislan en seis servicios públicos domiciliarios); Cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y otras del denominado "tercer sector"; Puertos y empresas de transportes; Vigilancia y seguridad privada; Industria y Comercio; y Entidades privadas y públicas destinadas a la prestación del servicio de salud. [15] Congote, Cit. Cifras de empleo publicadas por Diario El Tiempo, Bogotá, "Bajó desempleo pero aún nos rajamos en A. Latina", 31 de octubre de 2010, Pg. 17. Cifras de inversión extranjera en Diario El Tiempo, Bogotá, "Colombia pierde terreno en inversión extranjera", 2 de noviembre de 2010. Pág. 12. [16] Ferro: 93 y siguientes. Es notabilísima la habilidad comercial capitalista salvaje demostrada por las FARC como neoempresarios del narcotráfico. [17] Ídem: 105. [18] Perea, Carlos, "Porque la sangre es espíritu. Imaginario y discurso político de las élites capitalinas (1942-1949)", Editorial IEPRI, Aguilar, Bogotá, 1996. 1ª Edición, Págs. 129,157. [19] Ospina, Cit. Garay, Luis Jorge (citado por el autor en otros ensayos de www.razonpublica.com). 1987 [20] Guillén, "'Regeneración', ‘Unión Republicana', ‘Concentración Nacional', ‘Frente Nacional' ("Unidad Nacional"), parecen... denominaciones de un mismo fenómeno sustancial... Las razones por las cuales violencia y coalición se suceden pendularmente no han sido materia de... estudio sistemático, a pesar de la importancia... del fenómeno, que podría explicar muchos aspectos de la estructura... de los partidos... colombianos, así como... de su... persistencia histórica". (Nota entre paréntesis mía). 1996:363. (Pie de página No. 138). [21] Congote, B. 2010, Cit. [22] Egeland, Jan, "Se requiere más esfuerzo y voluntad de todas partes". 2010. Consultado en  www.semana.com el 25 de octubre de 2010. Ideas para un país mejor. (Egeland es Director del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, Antiguo enviado en Colombia de la ONU). [23] Ídem. [24] El proceso de avance chino sobre África, obliga ahora a ser muy prudentes calificando como "africanización" un estado social más degradado que el nuestro, pues varios indicadores muestran que África ya supera a América Latina. Por ejemplo, África está compuesta por 58 países y sólo 6 de ellos ocupan peores lugares en la escala de violencia después de Colombia (en la escala de 144 observados por el Global Peace Index, 2009). [25] Congote, Bernardo. "Violencia comunera: ¿Colombia al borde del abismo?" En: www.razonpublica.com, edición del 18 de octubre de 2010. Para el ejemplo, AIRES nuestra tercera aerolínea, acaba de ser comprada por LAN CHILE por una suma apenas superior a los cincuenta millones de dólares. Cortesia: Bernardo Congote - razonpublica.com

EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - INCODER: el otro collar de perlas finas .

Una secuencia de crímenes más graves que las chuzadas del DAS o que los subsidios de Agro Ingreso Seguro recorrió los campos de Colombia en los últimos años. Estos fueron los hechos.  Cortesia: Rodrigo Hurtado - razonpublica.com  Un "affaire"  menos ruidoso Al ex presidente Álvaro Uribe se le acusa de usar el DAS como una ‘empresa criminal' para perseguir a sus opositores, amedrentar a los jueces que investigaban a sus aliados políticos y seguir a la prensa que publicaba denuncias de corrupción en su gobierno[1]. Muchos de los funcionarios operativos ya han confesado sus delitos y la Comisión de Acusaciones de la Cámara le inició un proceso de oficio al propio Uribe. Pero a la sombra del legado uribista -y sin la atención que han tenido el espionaje del DAS, los falsos positivos o los subsidios de Agro Ingreso Seguro- está la breve y oscura historia del Instituto Colombiano para el Desarrollo Agrario (INCODER). Una historia que  podría enredar a Uribe y algunos de sus más cercanos colaboradores en actos de corrupción y hasta en delitos de lesa humanidad. Nace un "instituto" nuevo El INCODER es ‘hijo' de la administración Uribe. En medio del ánimo reformista que  caracterizó su primer año, el gobierno fusionó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT),  el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA. Unos 800 funcionarios asumieron las funciones de 4.000 y una oficina del flamante INCODER reemplazó a 50 regionales. En 2004 el gobierno decidió concentrar también las actividades de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica, UMATA, en el naciente organismo. "Que en vez de estos cuerpecitos burocráticos débiles, se conformen verdaderos grupos de banca en cuanto a inversión rural", prometió el  entonces Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano[2]. Pero Cano se fue como codirector del Banco de La República y en su reemplazo asumió el novel economista, Andrés Felipe Arias Leyva: viceministro desde 2004 y titular de la cartera entre 2005 y 2009, cuando renunció para aspirar a la presidencia. Los directores Durante el primer gobierno del presidente Uribe cuatro personas fueron designadas para la dirección del INCODER, a saber: Entre junio de 2003 y julio de 2005- Arturo Enrique Vega Varón, zootecnista y técnico de carrera en el Ministerio y en el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA); Entre agosto de 2005 y abril de 2006- Luis Ortiz López, economista oriundo de Guamal (Magdalena). Entre abril y agosto de 2006 estuvieron en calidad de encargados Juan Luis Toro, subgerente de la entidad y Marcela Urueña, directora de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura. Durante los cuatro años del segundo gobierno el Director fue Rodolfo Campo Soto, exalcalde de Valledupar en dos oportunidades. En ese cargo nombró a Jorge 40, inspector de pesos y medidas del municipio. La Procuraduría le elevó pliego de cargos por el caso de Agro Ingreso Seguro. El trino de Jorge 40 en Palermo En febrero de 2000 "un grupo comandado por alias Esteban cometió la masacre de Trojas de Cataca en la que fueron asesinadas 11 personas[i]. En noviembre de ese año, otras 40 personas cayeron a manos de los paramilitares en el corregimiento de Nueva Venecia. Así se tomaron los "paras" el poder en Sitio Nuevo, Magdalena, y comenzó el éxodo de cientos de familias campesinas que abandonaron sus tierras por miedo. En ese contexto llegó al poder Trino Luna, terrateniente de El Banco, hermano de Juan Carlos, alias 'El Cóndor', comandante paramilitar en el sur del departamento, y  candidato único a la Gobernación del Magdalena en las elecciones de 2001. Entre sus principales proyectos para crear empleo y reactivar la alicaída economía del departamento estaba la construcción de un puerto carbonífero en pleno Parque Natural Isla de Salamanca, protegido por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (conocida como la Convención Ramsar) y ubicado en tierras que antes habían pertenecido a los desplazados de Sitio Nuevo. Luna pidió cien hectáreas para desarrollar el puerto y el INCODER, aduciendo que se trataba de baldíos y pese a las impugnaciones de habitantes de la región, decidió adjudicárselas. Algunos costeños se alarmaron. Un sociólogo barranquillero, Alfredo Correa de Andréis, se interesó en el caso y preparaba  un estudio ambiental y social sobre el impacto del Puerto Multipropósito de Palermo cuando fue asesinado por sicarios en  Septiembre del 2004. Por esos días, El Tiempo denunció que  las obras en Palermo habían empezado sin licencia ambiental[ii]. Un año después, el proyecto fue respaldado públicamente por el presidente Uribe y, en secreto, por el paramilitar Jorge 40 según evidencian documentos incautados por la justicia. Semana cuenta que el proyecto es descrito en la libreta de alias 'Don Antonio', lugarteniente del extraditado jefe del Bloque Norte, con una nota urgente: "Llamar a Trino"[iii]. El hecho es que para 2006, amparada en una concesión de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la firma Palermo Sociedad Portuaria S.A. comenzó a exportar coque, un derivado del carbón. La semana pasada Jorge 40 fue condenado a 47 años de prisión -que no pagará en Colombia- y Trino Luna está libre luego de pagar dos años y medio de prisión. De los alcaldes de Sitio Nuevo durante esta época, uno está muerto y los otros dos condenados por nexos con paramilitares. La adjudicación de las cien hectáreas fue reversada por la Procuraduría, pero las tierras aún no han sido devueltas a sus legítimos dueños. Instituto Colombiano de Desarrollo Agropecuario... ¿O Minero? Una ola de terror antecedió al nuevo auge de la minería en el Cesar. Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario' confesó en Justicia y Paz que Hugues Rodríguez Fuentes (alias Barbie), un rico hacendado amigo de Jorge 40, dio la orden y los recursos para perpetrar asesinatos selectivos, masacres y  desplazamientos masivos en Chiriguana y La Jagua de Ibirico. "Todo esto se hace por el carbón. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos", confesó el paramilitar[iv]. Barbie, quien ya tenía unas 8 mil hectáreas de la mina de carbón El Descanso, quiso más: con amenazas obligó a 55 familias a firmar pagarés que tenían como garantía las 1.593 hectáreas donde vivían. Luego fue al juzgado Primero Civil de Valledupar, alegando incumplimiento y pidiendo la entrega de la tierra. La operación la legalizaba el representante de INCODER en la zona, Carlos Reyes Jiménez. Reyes fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría. El ente disciplinario lo sindicó de asociarse con los paras, participar en el desplazamiento forzado de campesinos y adjudicar tierras a los paramilitares. La Fiscalía comprobó que en El Prado, un corregimiento de La Jagua, el INCODER le traspasó cinco parcelas de desplazados a la mano derecha de ‘Jorge 40' y que Barbie  logró legalizar los territorios arrebatados. Unos y otros encontraron ávidos comparadores.  Hoy las mineras Drummond y Prodeco explotan allí una de las minas a cielo abierto más grandes de América. En 2008, cuando Drummond quiso expandir su mina unas 2.300 hectáreas, se encontró un palmicultor y cacaotero que quiso vender caras sus tierras. No era cualquier inversionista: era Rodolfo Campo Soto[v], gerente del Incoder en el segundo gobierno de Uribe y quien no tuvo problema en ser juez y parte de la negociación hasta que la periodista Martha Soto develó el asunto en El Tiempo. A Campo lo terminó expropiando el Gobierno en julio de 2008. El famoso Barbie hoy está libre en Estados Unidos, pese a tener en Colombia una condena por el asesinato de la juez Marilys Hinojosa. Aparte de hacendado y paramilitar, Barbie resulto lavador de activos y apostó su fortuna en una negociación con la justicia de ese país. Las tierras que se robó ya nunca podrán ser devueltas a sus legítimos dueños. Las Fiscalía investiga por estos crímenes a los funcionarios del INCODER Enrique Herrera Araujo, asesor de la gerencia,  Jairo Mesa Guerra, subgerente de promoción y Alfonso Vidal Baute, director territorial. ¿Al servicio de quién? Después de su "desmovilización", los paramilitares usaron algo más que la violencia para quedarse con las tierras usurpadas.  El 5 de diciembre  de 2005, el Ministro Arias Leyva firmó el decreto 4488 por medio del cual se crea el "programa especial de adquisición y adjudicación de tierras en favor de las personas reincorporadas que se hayan desmovilizado en forma individual o colectiva, en el marco del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional"[vi]. El decreto les da prelación sobre las víctimas a la hora de adjudicar las tierras y encarga al INCODER de establecer criterios y procedimientos para elegir a los beneficiarios. Un caso ilustrativo de cómo funcionó esta política es la historia de las entregas masivas de tierras en Meta y Vichada.   - El 12 de abril  de 2006 el presidente Uribe entregó en Puerto López 1.876 hectáreas a supuestos campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Investigaciones de la prensa revelaron unos meses después que entre los beneficiados había investigados por narcotráfico, terrorismo, invasión de tierras y porte ilegal de municiones. - Poco más tarde se repitió el caso en las llanuras del Vichada. El INCODER entregó más de 38.000 hectáreas a socios, familiares y amigos políticos de Habib Merheg, congresista preso por sus relaciones con Macaco, jefe del Bloque Central Bolívar. Los beneficiarios de adjudicaciones irregulares por parte del INCODER resultaron venir desde lejos, de Risaralda, el terruño común de Mergheb y Macaco. Colombia viva En medio de los escándalos de ese tormentoso 2006, el gobierno anuncia la salida del gerente, Luis Ortiz López.  El Ministro lo acusó de pelechar[3] con Ómar de Jesús Quessep Feria, subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad, y quién fue acusado por el senador Javier Cáceres de pedir plata para adjudicar predios. En una grabación -base de la destitución que la Procuraduría ratificó el pasado 13 de octubre - Quessep agrega: "el Incoder se lo entregó Uribe a Colombia Viva... los del grupo se reunieron con el doctor Arias  y nombraron subgerentes... yo estoy por el senador Jairo Merlano", quien posteriormente pasaría al Partido de la U. Su jefe, Ortiz López, lo ratificó en entrevista con El Tiempo. "El Incoder se lo habían entregado a Colombia Viva. Había unas cuotas aprobadas por el Ministro: Carlos Polo, subgerente de Infrestructura, del senador Luis Vives; José Bettin, subgerente del Desarrollo Productivo, del senador Miguel de la Espriella; Doris Navarro, jefa de la Oficina Jurídica, del senador Dieb Malof. Todos me dijeron que esos eran los nombramientos acordados con el Ministro y él me dijo que sí", confesó. Nadie lo ha desmentido. Nadie ha desmentido tampoco la descripción que de este movimiento nos da la wikipedia: "El Movimiento Colombia Viva es un partido político colombiano, fundado en 2003 y formado por 10 senadores. En el año 2006 forma parte de la coalición uribista con 2 curules en el senado. El presidente del partido era Dieb Maloof, ex-senador de ascendencia árabe y bajo sospecha de concierto para delinquir hoy se encuentra preso por el escándalo de la parapolítica. Actualmente la mayoría de sus dirigentes se encuentran bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por vínculos con grupos terroristas y la mayoría de ellos se encuentran detenidos"[4] Se pudrió el manzano El patrón de funcionarios del INCODER que se prestaron a la usurpación de tierras se repite por todo el país: - En Tumaco, el INCODER les entregó a las compañías Palmeiras S.A. y Palmas Oleaginosas Salamanca 800 hectáreas pertenecientes al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.  - En Urabá, Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma son acusadas de quedarse con tierras de comunidades negras en asocio con el bloque Élmer Cárdenas. - En Puerto Gaitán, la finca La Campana, habitada desde hace más de 70 años por indígenas de la etnia Sikuani, la entregó el INCODER a  tres particulares. - En Puerto Carreño la empresa Ercaucho se quedó con territorios ancestrales de la comunidad Merey. - En Valencia, Córdoba, 33 familias desplazadas perdieron el predio Usaquén. - En  Turbo el INCODER le adjudicó a Guido Manuel Vargas López, el hombre que le legalizaba los despojos a Salvatore Mancuso,  las 45 hectáreas de las que huyeron 18 familias campesinas. - En Chivolo, Magdalena, terrenos robados por los paras, fueron entregados por Jorge 40 para la reparación a las víctimas y al cabo de los años terminaron en manos de testaferros suyos porque el gerente regional del INCODER les canceló las adjudicaciones a 37 familias alegando abandono de tierra. Todo esto sin contar el famoso caso de Carimagua o la entrega de predios inútiles, minados, en áreas de reserva forestal o en contravía con lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial a campesinos pobres, que como lo confirmó Enrique Herrera, asesor del INCODER, fueron adquiridos de manera irregular entre el 2004 y 2006[vii]. A esta altura 154 funcionarios de la entidad, entre ellos jefes de las oficinas de enlace territorial en Magdalena, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Tolima, Cundinamarca, Valle, Boyacá, Meta, Cesar, Caldas, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca tienen investigaciones por entregas irregulares de tierras. Entre 2006 y 2010, el INCODER  destituyó a 34 funcionarios por corrupción. El nuevo gobierno reconoce la hidra en que quedó convertida la joven criatura. El Ministro Juan Camilo Restrepo anunció la revocatoria de 300 resoluciones del Instituto  y explicó que  "hubo mucha infiltración, casi cooptación de abogados y gentes muy cercanas al paramilitarismo que le pedían al Instituto que reasignara las parcelas a las fichas que postulaban"[5]. Claro: pueden ser unas manzanas podridas, pero ahora que el ex presidente y ex el ministro son protagonistas  de las noticias judiciales y opositores de la restitución de tierras a las víctimas, valdría la pena que explicaran si estos episodios están conectados entre sí o son apenas una macabra coincidencia. Notas de pie de página [1] http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=854616 [2] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1522849 [3] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1941677 [4] http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Colombia_Viva [5] http://www.dinero.com/actualidad/economia/comenzo-proceso-devolucion-tierras_78596.aspx [i] http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/extraditados/1437-capturado-miguel-parejo-alcalde-de-sitionuevo-magdalena [ii] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7867729 [iii] http://www.verdadabierta.com/parapolitica/costa-caribe/357-qjorge-40q-salpica-a-trino-luna [iv] http://www.elpilon.com.co/inicio/cti-captura-a-alias-%E2%80%9Cel-llanero%E2%80%9D-senalado-de-desplazamiento-forzado/ [v] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3074806 [vi] http://www.vertice.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=z03IITm9-a0%3D&tabid=70&mid=427 [vii] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4879312 Cortesia: Razonpublica.com.