EL COMPLEJO PROBLEMA DE "TIERRAS" EN COLOMBIA - INCODER: el otro collar de perlas finas .

Una secuencia de crímenes más graves que las chuzadas del DAS o que los subsidios de Agro Ingreso Seguro recorrió los campos de Colombia en los últimos años. Estos fueron los hechos.  Cortesia: Rodrigo Hurtado - razonpublica.com  Un "affaire"  menos ruidoso Al ex presidente Álvaro Uribe se le acusa de usar el DAS como una ‘empresa criminal' para perseguir a sus opositores, amedrentar a los jueces que investigaban a sus aliados políticos y seguir a la prensa que publicaba denuncias de corrupción en su gobierno[1]. Muchos de los funcionarios operativos ya han confesado sus delitos y la Comisión de Acusaciones de la Cámara le inició un proceso de oficio al propio Uribe. Pero a la sombra del legado uribista -y sin la atención que han tenido el espionaje del DAS, los falsos positivos o los subsidios de Agro Ingreso Seguro- está la breve y oscura historia del Instituto Colombiano para el Desarrollo Agrario (INCODER). Una historia que  podría enredar a Uribe y algunos de sus más cercanos colaboradores en actos de corrupción y hasta en delitos de lesa humanidad. Nace un "instituto" nuevo El INCODER es ‘hijo' de la administración Uribe. En medio del ánimo reformista que  caracterizó su primer año, el gobierno fusionó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT),  el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA. Unos 800 funcionarios asumieron las funciones de 4.000 y una oficina del flamante INCODER reemplazó a 50 regionales. En 2004 el gobierno decidió concentrar también las actividades de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica, UMATA, en el naciente organismo. "Que en vez de estos cuerpecitos burocráticos débiles, se conformen verdaderos grupos de banca en cuanto a inversión rural", prometió el  entonces Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano[2]. Pero Cano se fue como codirector del Banco de La República y en su reemplazo asumió el novel economista, Andrés Felipe Arias Leyva: viceministro desde 2004 y titular de la cartera entre 2005 y 2009, cuando renunció para aspirar a la presidencia. Los directores Durante el primer gobierno del presidente Uribe cuatro personas fueron designadas para la dirección del INCODER, a saber: Entre junio de 2003 y julio de 2005- Arturo Enrique Vega Varón, zootecnista y técnico de carrera en el Ministerio y en el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA); Entre agosto de 2005 y abril de 2006- Luis Ortiz López, economista oriundo de Guamal (Magdalena). Entre abril y agosto de 2006 estuvieron en calidad de encargados Juan Luis Toro, subgerente de la entidad y Marcela Urueña, directora de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura. Durante los cuatro años del segundo gobierno el Director fue Rodolfo Campo Soto, exalcalde de Valledupar en dos oportunidades. En ese cargo nombró a Jorge 40, inspector de pesos y medidas del municipio. La Procuraduría le elevó pliego de cargos por el caso de Agro Ingreso Seguro. El trino de Jorge 40 en Palermo En febrero de 2000 "un grupo comandado por alias Esteban cometió la masacre de Trojas de Cataca en la que fueron asesinadas 11 personas[i]. En noviembre de ese año, otras 40 personas cayeron a manos de los paramilitares en el corregimiento de Nueva Venecia. Así se tomaron los "paras" el poder en Sitio Nuevo, Magdalena, y comenzó el éxodo de cientos de familias campesinas que abandonaron sus tierras por miedo. En ese contexto llegó al poder Trino Luna, terrateniente de El Banco, hermano de Juan Carlos, alias 'El Cóndor', comandante paramilitar en el sur del departamento, y  candidato único a la Gobernación del Magdalena en las elecciones de 2001. Entre sus principales proyectos para crear empleo y reactivar la alicaída economía del departamento estaba la construcción de un puerto carbonífero en pleno Parque Natural Isla de Salamanca, protegido por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (conocida como la Convención Ramsar) y ubicado en tierras que antes habían pertenecido a los desplazados de Sitio Nuevo. Luna pidió cien hectáreas para desarrollar el puerto y el INCODER, aduciendo que se trataba de baldíos y pese a las impugnaciones de habitantes de la región, decidió adjudicárselas. Algunos costeños se alarmaron. Un sociólogo barranquillero, Alfredo Correa de Andréis, se interesó en el caso y preparaba  un estudio ambiental y social sobre el impacto del Puerto Multipropósito de Palermo cuando fue asesinado por sicarios en  Septiembre del 2004. Por esos días, El Tiempo denunció que  las obras en Palermo habían empezado sin licencia ambiental[ii]. Un año después, el proyecto fue respaldado públicamente por el presidente Uribe y, en secreto, por el paramilitar Jorge 40 según evidencian documentos incautados por la justicia. Semana cuenta que el proyecto es descrito en la libreta de alias 'Don Antonio', lugarteniente del extraditado jefe del Bloque Norte, con una nota urgente: "Llamar a Trino"[iii]. El hecho es que para 2006, amparada en una concesión de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la firma Palermo Sociedad Portuaria S.A. comenzó a exportar coque, un derivado del carbón. La semana pasada Jorge 40 fue condenado a 47 años de prisión -que no pagará en Colombia- y Trino Luna está libre luego de pagar dos años y medio de prisión. De los alcaldes de Sitio Nuevo durante esta época, uno está muerto y los otros dos condenados por nexos con paramilitares. La adjudicación de las cien hectáreas fue reversada por la Procuraduría, pero las tierras aún no han sido devueltas a sus legítimos dueños. Instituto Colombiano de Desarrollo Agropecuario... ¿O Minero? Una ola de terror antecedió al nuevo auge de la minería en el Cesar. Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario' confesó en Justicia y Paz que Hugues Rodríguez Fuentes (alias Barbie), un rico hacendado amigo de Jorge 40, dio la orden y los recursos para perpetrar asesinatos selectivos, masacres y  desplazamientos masivos en Chiriguana y La Jagua de Ibirico. "Todo esto se hace por el carbón. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos", confesó el paramilitar[iv]. Barbie, quien ya tenía unas 8 mil hectáreas de la mina de carbón El Descanso, quiso más: con amenazas obligó a 55 familias a firmar pagarés que tenían como garantía las 1.593 hectáreas donde vivían. Luego fue al juzgado Primero Civil de Valledupar, alegando incumplimiento y pidiendo la entrega de la tierra. La operación la legalizaba el representante de INCODER en la zona, Carlos Reyes Jiménez. Reyes fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría. El ente disciplinario lo sindicó de asociarse con los paras, participar en el desplazamiento forzado de campesinos y adjudicar tierras a los paramilitares. La Fiscalía comprobó que en El Prado, un corregimiento de La Jagua, el INCODER le traspasó cinco parcelas de desplazados a la mano derecha de ‘Jorge 40' y que Barbie  logró legalizar los territorios arrebatados. Unos y otros encontraron ávidos comparadores.  Hoy las mineras Drummond y Prodeco explotan allí una de las minas a cielo abierto más grandes de América. En 2008, cuando Drummond quiso expandir su mina unas 2.300 hectáreas, se encontró un palmicultor y cacaotero que quiso vender caras sus tierras. No era cualquier inversionista: era Rodolfo Campo Soto[v], gerente del Incoder en el segundo gobierno de Uribe y quien no tuvo problema en ser juez y parte de la negociación hasta que la periodista Martha Soto develó el asunto en El Tiempo. A Campo lo terminó expropiando el Gobierno en julio de 2008. El famoso Barbie hoy está libre en Estados Unidos, pese a tener en Colombia una condena por el asesinato de la juez Marilys Hinojosa. Aparte de hacendado y paramilitar, Barbie resulto lavador de activos y apostó su fortuna en una negociación con la justicia de ese país. Las tierras que se robó ya nunca podrán ser devueltas a sus legítimos dueños. Las Fiscalía investiga por estos crímenes a los funcionarios del INCODER Enrique Herrera Araujo, asesor de la gerencia,  Jairo Mesa Guerra, subgerente de promoción y Alfonso Vidal Baute, director territorial. ¿Al servicio de quién? Después de su "desmovilización", los paramilitares usaron algo más que la violencia para quedarse con las tierras usurpadas.  El 5 de diciembre  de 2005, el Ministro Arias Leyva firmó el decreto 4488 por medio del cual se crea el "programa especial de adquisición y adjudicación de tierras en favor de las personas reincorporadas que se hayan desmovilizado en forma individual o colectiva, en el marco del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional"[vi]. El decreto les da prelación sobre las víctimas a la hora de adjudicar las tierras y encarga al INCODER de establecer criterios y procedimientos para elegir a los beneficiarios. Un caso ilustrativo de cómo funcionó esta política es la historia de las entregas masivas de tierras en Meta y Vichada.   - El 12 de abril  de 2006 el presidente Uribe entregó en Puerto López 1.876 hectáreas a supuestos campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Investigaciones de la prensa revelaron unos meses después que entre los beneficiados había investigados por narcotráfico, terrorismo, invasión de tierras y porte ilegal de municiones. - Poco más tarde se repitió el caso en las llanuras del Vichada. El INCODER entregó más de 38.000 hectáreas a socios, familiares y amigos políticos de Habib Merheg, congresista preso por sus relaciones con Macaco, jefe del Bloque Central Bolívar. Los beneficiarios de adjudicaciones irregulares por parte del INCODER resultaron venir desde lejos, de Risaralda, el terruño común de Mergheb y Macaco. Colombia viva En medio de los escándalos de ese tormentoso 2006, el gobierno anuncia la salida del gerente, Luis Ortiz López.  El Ministro lo acusó de pelechar[3] con Ómar de Jesús Quessep Feria, subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad, y quién fue acusado por el senador Javier Cáceres de pedir plata para adjudicar predios. En una grabación -base de la destitución que la Procuraduría ratificó el pasado 13 de octubre - Quessep agrega: "el Incoder se lo entregó Uribe a Colombia Viva... los del grupo se reunieron con el doctor Arias  y nombraron subgerentes... yo estoy por el senador Jairo Merlano", quien posteriormente pasaría al Partido de la U. Su jefe, Ortiz López, lo ratificó en entrevista con El Tiempo. "El Incoder se lo habían entregado a Colombia Viva. Había unas cuotas aprobadas por el Ministro: Carlos Polo, subgerente de Infrestructura, del senador Luis Vives; José Bettin, subgerente del Desarrollo Productivo, del senador Miguel de la Espriella; Doris Navarro, jefa de la Oficina Jurídica, del senador Dieb Malof. Todos me dijeron que esos eran los nombramientos acordados con el Ministro y él me dijo que sí", confesó. Nadie lo ha desmentido. Nadie ha desmentido tampoco la descripción que de este movimiento nos da la wikipedia: "El Movimiento Colombia Viva es un partido político colombiano, fundado en 2003 y formado por 10 senadores. En el año 2006 forma parte de la coalición uribista con 2 curules en el senado. El presidente del partido era Dieb Maloof, ex-senador de ascendencia árabe y bajo sospecha de concierto para delinquir hoy se encuentra preso por el escándalo de la parapolítica. Actualmente la mayoría de sus dirigentes se encuentran bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por vínculos con grupos terroristas y la mayoría de ellos se encuentran detenidos"[4] Se pudrió el manzano El patrón de funcionarios del INCODER que se prestaron a la usurpación de tierras se repite por todo el país: - En Tumaco, el INCODER les entregó a las compañías Palmeiras S.A. y Palmas Oleaginosas Salamanca 800 hectáreas pertenecientes al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.  - En Urabá, Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma son acusadas de quedarse con tierras de comunidades negras en asocio con el bloque Élmer Cárdenas. - En Puerto Gaitán, la finca La Campana, habitada desde hace más de 70 años por indígenas de la etnia Sikuani, la entregó el INCODER a  tres particulares. - En Puerto Carreño la empresa Ercaucho se quedó con territorios ancestrales de la comunidad Merey. - En Valencia, Córdoba, 33 familias desplazadas perdieron el predio Usaquén. - En  Turbo el INCODER le adjudicó a Guido Manuel Vargas López, el hombre que le legalizaba los despojos a Salvatore Mancuso,  las 45 hectáreas de las que huyeron 18 familias campesinas. - En Chivolo, Magdalena, terrenos robados por los paras, fueron entregados por Jorge 40 para la reparación a las víctimas y al cabo de los años terminaron en manos de testaferros suyos porque el gerente regional del INCODER les canceló las adjudicaciones a 37 familias alegando abandono de tierra. Todo esto sin contar el famoso caso de Carimagua o la entrega de predios inútiles, minados, en áreas de reserva forestal o en contravía con lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial a campesinos pobres, que como lo confirmó Enrique Herrera, asesor del INCODER, fueron adquiridos de manera irregular entre el 2004 y 2006[vii]. A esta altura 154 funcionarios de la entidad, entre ellos jefes de las oficinas de enlace territorial en Magdalena, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Tolima, Cundinamarca, Valle, Boyacá, Meta, Cesar, Caldas, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca tienen investigaciones por entregas irregulares de tierras. Entre 2006 y 2010, el INCODER  destituyó a 34 funcionarios por corrupción. El nuevo gobierno reconoce la hidra en que quedó convertida la joven criatura. El Ministro Juan Camilo Restrepo anunció la revocatoria de 300 resoluciones del Instituto  y explicó que  "hubo mucha infiltración, casi cooptación de abogados y gentes muy cercanas al paramilitarismo que le pedían al Instituto que reasignara las parcelas a las fichas que postulaban"[5]. Claro: pueden ser unas manzanas podridas, pero ahora que el ex presidente y ex el ministro son protagonistas  de las noticias judiciales y opositores de la restitución de tierras a las víctimas, valdría la pena que explicaran si estos episodios están conectados entre sí o son apenas una macabra coincidencia. Notas de pie de página [1] http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=854616 [2] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1522849 [3] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1941677 [4] http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Colombia_Viva [5] http://www.dinero.com/actualidad/economia/comenzo-proceso-devolucion-tierras_78596.aspx [i] http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/extraditados/1437-capturado-miguel-parejo-alcalde-de-sitionuevo-magdalena [ii] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7867729 [iii] http://www.verdadabierta.com/parapolitica/costa-caribe/357-qjorge-40q-salpica-a-trino-luna [iv] http://www.elpilon.com.co/inicio/cti-captura-a-alias-%E2%80%9Cel-llanero%E2%80%9D-senalado-de-desplazamiento-forzado/ [v] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3074806 [vi] http://www.vertice.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=z03IITm9-a0%3D&tabid=70&mid=427 [vii] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4879312 Cortesia: Razonpublica.com.