sábado, 12 de junio de 2010

CORRUPCION EN LA CONTRATACION ESTATAL - CASO EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA.


Los movimientos del ‘zar’ de los contratos en Bogotá
La administración distrital niega haber hecho negocios con Emilio Tapia, pero hay nuevas evidencias sobre la manera como él controla empresas que se han hecho a contratos por $300.000 millones en Bogotá.
El nombre de Emilio Tapia Aldana, considerado el 'zar' de los negocios públicos en Bogotá y otras regiones del país, no figura en ninguno de los contratos celebrados por el gobierno distrital. Este hecho parecería darle la razón al alcalde mayor Samuel Moreno, quien el 28 de mayo, dos semanas después de que Dinero revelara la existencia de Tapias y los alcances de sus intereses, declaró que su administración no había hecho negocio alguno con este y atribuyó las publicaciones de varios medios sobre el tema a una supuesta intención de causarles daño a él y a su familia.

Sin embargo, las investigaciones de Dinero permitieron comprobar la existencia de un eje empresarial, orientado detrás de bambalinas por Tapia, que durante los últimos dos años se ha hecho a contratos por cerca de $300.000 millones en Bogotá. La principal integrante de ese eje es Geos Construcciones, compañía que funciona en una discreta sede en el barrio La Esmeralda y cuya nómina, desde el representante legal hasta el último de los empleados, está conformada por familiares y personas de confianza de este hombre oriundo de Sahagún.

Geos Construcciones, que ha cambiado con frecuencia de domicilio y algunas veces de razón social y se ha llamado también Geos Consulting, ha tenido entre sus representantes legales incluso a personas que hacen parte de la escolta de Tapias. Uno de ellos, Juan José Durango, fue recientemente sucedido en el cargo por el ingeniero Omar Pérez Tejada, también oriundo de Sahagún y quien acompaña a Tapias en la mayoría de las reuniones de negocios.

Como gerente se desempeña Astrid Sofía Hoyos Dumar, esposa de Tapia, quien se encuentra actualmente en licencia de maternidad en Miami, por lo que no ha sido posible hablar con ella. El jefe de recursos humanos es Arnoldo Tapia Moreno, tío de Emilio. La asesoría legal estuvo hasta hace pocos días a cargo de la abogada Luisa Sierra, prima del empresario, y quien ahora busca tomar distancia de las actividades de su familiar.

"Yo asesoré a Geos Consulting y a Geos Construcciones, pero solo respondo por mis actos. Emilio debe responder por los suyos", le dijo la abogada Sierra a Dinero. Rechazó también una versión de su colega Víctor Hernández, apoderado de la cooperativa Cootecol, quien recientemente la acusó de haberle entregado un millonario cheque a cambio de que desistiera de denunciar judicialmente los frecuentes incumplimientos en los contratos de infraestructura gestionados por Tapias en varias regiones del país, después de recibir cuantiosos anticipos. "Ese cheque -aseguró ella- corresponde al pago de una conciliación legal".

Geos hace parte de varios de los consorcios que han contratado, durante 2009 y 2010, la ejecución de obras públicas con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Entre contratos, escogidos al azar, figura uno por $13.061 millones para la construcción de andenes en ambos costados de la carrera 15, desde la calle 100 hasta la 122. El Consorcio Occidental, al cual pertenece, está integrado por empresas en las que tiene intereses Julio Gómez, otro de los grandes y cuestionados contratistas de la ciudad. El número de radicación del contrato: IDU-LP-DTC-005-2009.

También aparece como integrante del Consorcio Peatonales, contratado por $8.000 millones para ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental para la construcción de puentes peatonales en las avenidas Alberto Lleras y Laureano Gómez, en el norte de la ciudad.

Otro de los negocios en los que participa corresponde a obras viales en la calle 63, junto al parque del Lago. Este contrato tiene una particularidad que lo hace relevante: fue adjudicado al Consorcio Puente calle 63, cuya constitución fue gestionada por Salomón del Valle, esposo de una prima de Tapia. Del Valle acompaña con frecuencia al empresario en viajes de negocios y placer (ver fotografía en el yate).

Los movimientos de los anticipos de los contratos y los recursos derivados de los mismos nutrieron una cuenta corriente abierta a nombre de Geos Consulting.

Contactos de alto nivel

El círculo de los negocios de este hombre va mucho más allá de la contratación. Además de la gestión revelada recientemente para librar al Grupo Nule de la declamatoria de caducidad del contrato de obras de infraestructura de Transmilenio en la calle 26, hay una historia inédita sobre la marcada injerencia de Tapia en el proyecto para la construcción del centro comercial de San Victorino, en un área de 13.000 m2.

En abril de 2009, el entonces director de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), el ex alcalde de Manizales Néstor Eugenio Ramírez, consideró la posibilidad de quitarle el contrato para la construcción de la megaobra a la Unión Temporal Urbe Capital, debido a los desfases administrativos y a los retrasos que venía registrando. De esta unión hace parte Indecon, otra de las firmas del eje empresarial en el que gravitan los intereses de Tapia.

La sede de Indecon, en la calle 118 con carrera 15A, se convirtió entonces en una especie de cuartel para el manejo de la crisis. La revisión de los libros de visitantes y los testimonios de varios empleados permitieron conocer que allí se reunían los contratistas que, coordinados por Tapia y por su amigo y representante de Indecon, Julián Gómez Naranjo, hacían esfuerzos por enderezar el rumbo del negocio.

Tapia hizo valer sus contactos con la administración distrital y consiguió una asesoría jurídica y administrativa proveniente de la propia ERU, que quedaba así en condición de juez y parte. La tarea de asesoramiento quedó a cargo del abogado Diego Alberto Muriel, entonces miembro del equipo jurídico de la ERU y hoy gerente de esa entidad distrital, en reemplazo de Ramírez, que pasó a dirigir el IDU. "Muriel -recuerda uno de los empleados de Idecon que habló bajo la condición de no revelar su nombre- revisaba todos los informes que eran enviados a Néstor Eugenio Ramírez con todas las apariencias de formalidad y legalidad".

"A partir de allí -dijo otra persona cercana a la empresa- se reanudaron los desembolsos y nadie quiso reparar en el hecho de que entre las fuentes de desangre estaba una alta nómina de los empleados del consorcio que se pagaba con cifras infladas sobre el papel". El mecanismo usado fue el mismo que se dio en otros casos de incumplimiento de contratos de obras de infraestructura.

Geos, por ejemplo, consiguió los servicios de la abogada Rosa Helena Moreno Garzón, especialista en procesos y manejos de contabilidad para preparar los informes financieros que debían ser enviados periódicamente al IDU.

A través de su eje empresarial, el 'zar' de la contratación de Bogotá ha proyectado sus negocios al exterior. Los principales representantes de sus intereses en Miami, donde mueven altos recursos de capital, son Luis Cárdenas y Saúl Campanella, a quienes miembros de los círculos de confianza de Tapia definen como sus "escuderos".

Ambos hacen parte de la lista de viajeros frecuentes del jet privado de este contratista en la sombra y suelen acompañarlo, no solo en Miami y otros destinos turísticos y de negocios, sino particularmente a la ciudad de Valencia, en el estado venezolano de Carabobo, donde comienzan a articular contactos con la administración pública para imponer allí el mismo modelo creado en Bogotá.

¿Estaba enterado el alcalde de Bogotá de los negocios de Tapia con la administración? ¿El hecho de que este hombre haya dispensado apoyo en las pasadas elecciones al senador Iván Moreno le garantiza el acceso a los negocios públicos más rentables de la ciudad? Estas son algunas de las preguntas que ya se están haciendo de manera insistente tanto la justicia como los órganos de control, los únicos habilitados para pronunciar la última palabra en este tema.
Cortesia: Informe especial "DINERO.COM".