Ginebra - Junio 2 de 2010 - Declaración de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, ante la Sesión 14 del Consejo de Derechos Humanos.. “Permítame a continuación presentar en español el Informe de mi primera misión como Relatora Especial que tuvo lugar en Colombia del 7 al 16 de Diciembre de 2009. El estado ha debido enfrentar la violencia de diversos grupos recurriendo a procesos de desmovilización y desarme. Sin embargo, durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del congreso.
La Relatora Especial visitó Colombia en misión oficial por invitación del Gobierno del 7 al 16 de diciembre de 2009. Mi visita me permito constar que Colombia ha venido atravesado por cambios profundos desde que entro en vigencia la Constitución Política de 1991 que consagró el Estado Social de Derecho y la Independencia del Poder Judicial.
El estado ha debido enfrentar la violencia de diversos grupos recurriendo a procesos de desmovilización y desarme. Sin embargo, durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del congreso.
Quiero resaltar, en este aspecto, el trabajo llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia por medio de su Sala Penal, que ha investigado los casos de la llamada “parapolítica” relativos a posibles conexiones de jefes de organización paramilitares con miembros del Congreso de la República y del Gobierno. Al momento de mi visitar, estaban siendo procesados 93 parlamentarios, y la Corte había emitido 22 sentencias, de las cuales 13 eran condenatorias, cinco absolutorias y el resto de carácter inhibitorio o preclusión. A noviembre de 2009, había 249 casos iniciados contra 13 diputados, 12 gobernadores; 166 Alcaldes y 58 concejales.
Los ataques contra el poder judicial alcanzaron un momento particularmente grave en 1985 con el ataque y destrucción del Palacio de Justicia de Bogotá. A partir de ese momento los ataques contra los jueces, fiscales y abogados, y el sentimiento de que los mismos, podría ser realizados con impunidad, se incrementó. Mi informe menciona también el ataque y destrucción en 2005 del Palacio de Justicia de Cali y el hecho que, cinco años después, magistrados y jueces continúen ubicados en locales precarios.
En el sector publico se hizo referencia a las actividades ilícitas de espionaje, grabaciones y escuchas telefónicas ilegales llevadas a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La Relatora Especial recibió alegaciones que agentes del DAS habían incluso desarrollado actividades intimidatorias de seguimiento y persecución contra Magistrados, jueces y fiscales, lo que se configura como un ataque a la Rama Judicial y también de abogados y defensores de derechos humanos.
Varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han recibido amenazas de muerte y han debido solicitar medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de la investigación de los casos de la llamada Parapolítica. Más de 300 actores o funcionarios judiciales han sido asesinados durante los últimos 15 años. Aunque la situación ha mejorado desde 2004, los asesinatos continúan. Se percibe que hay una dificultad de investigación de los crímenes.
La necesidad de enfrentar la violencia y de combatir la impunidad motivó que la Constitución Política fuese revisada en varios aspectos: Así, se redefinieron las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación; se introdujo el principio de oportunidad de la acción penal (en 2002); se introdujo también un nuevo procedimiento procesal penal de carácter oral acusatorio (en 2004) así como un sistema de Justicia transicional basado en la ley 975 de Justicia y Paz (en 2005), que han representado grandes desafíos para la Rama Judicial.
En lo que se refiere al proceso de justicia transicional, debo señalar que al momento de mi visitar no existía ninguna sentencia firme emitida en procesos de justicia y paz. La Corte Suprema devolvió dos casos con sentencia por imputaciones parciales. Un éxito particular constituye la posibilidad de otorgamiento de compensaciones y reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, aunque su otorgamiento por decisión administrativa genera suspicacias. Otro éxito fue que este proceso ha permitido la localización de fosas comunes que albergan alrededor de 2,500 cadáveres, de los que ya han sido identificados 700.
El proceso de justicia y paz ha sin embargo sido afectado por la aprobación de la extradición a los Estados Unidos de América de 18 miembros de organizaciones paramilitares por tráfico de estupefacientes. La extradición a dicho país ha impedido la comparecencia física de estas personas ante los jueces colombianos, para informar sobre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos que cometieron, así como sobre sus relaciones con políticos colombianos, principalmente Congresistas y funcionarios. Esto genera frustración entre las víctimas y es percibido por la población como una fuente de impunidad.
La introducción del sistema procesal penal oral acusatorio, puede representar, a largo plazo, y después de ser integrada y asimilada por los actores del sistema judicial, una nueva cultura jurídica que aporte resultados concretos en la lucha contra la impunidad. Preocupa sí el posible olvido o postergación de los casos ocurridos antes del 31 de diciembre de 2004, tanto en lo que se refiere a la investigación y recolección de pruebas, como a la falta de prioridad que resulta de la propia dinámica del nuevo sistema.
Mi visita, Señor Presidente, me permitió también constatar una sensación generalizada de impunidad y la consiguiente ineficacia del sistema de justicia; la sobrecarga de procesos a considerar en cada juzgado y tribunal; la inadecuada administración e insuficiencia de recursos materiales y humanos; dificultades en la recolección de pruebas y en la investigación de los delitos, ataques e intimidación de víctimas y testigos; existencia de grupos de delincuencia organizada que se resisten a la investigación de los delitos; no definición de adecuadas prioridades para la investigación de los casos; corrupción en la justicia y deficiencia en el sistema de acceso a la justicia en una doble dimensión: el acceso a las acciones judiciales y a los procesos, y obtención de una resolución final firme.
He señalado en mi informe las interferencias políticas en el nombramiento de los integrantes de las Altas Cortes, particularmente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía General de la República. Esta interferencia constituye uno de los mayores desafíos para la garantía de la independencia de la Judicatura. Quiero reiterar mi preocupación por la actual situación de interinidad en la Fiscalía General de la Nación.
Quisiera reiterar la necesidad de promover la presencia de la mujer en las Altas Cortes y tribunales de la segunda instancia, y como juezas, fiscales, procuradoras y defensoras públicas, así como también la posibilidad de establecer un porcentaje fijo del Presupuesto Nacional a favor de la Rama Judicial.
Nunca será suficiente destacar la importancia de la actividad profesional que desarrollan los abogados y la necesidad de otorgarles todas las condiciones necesarias para que puedan llevar a cabo adecuadamente su labor. He planteado en mi informe la conveniencia de que se reúnan en un Colegio de Abogados que defienda sus fueros y que vele por la observancia de reglas éticas de conducta, liberando así a los abogados de control y sanción del Consejo Superior de la Judicatura.
Quiero terminar, Señor Presidente, esta presentación de mi informe rindiendo desde aquí, desde éste, el más alto foro del más alto órgano de la Organización de las Naciones Unidas en materia de promoción y protección de los derechos humanos, mi más sincero homenaje a los magistrados, jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos, operadores judiciales y abogados colombianos, que día a día continúan haciendo su trabajo de manera profesional, íntegra, honesta y eficiente, resistiendo muchas veces presiones, amenazas, intimidaciones e incluso ataques, firmes en su propósito de hacer justicia. Mi pensamiento va a todos los que han caído en este terco empeño por rendir justicia y por cumplir con su deber. Ellos deben saber que, en su lucha cotidiana, el Consejo está a su lado.
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