“El paro del sector del transporte público de Bogotá que hoy afecta a toda la Ciudad era un temor latente desde meses atrás”, señaló la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz Ortíz, del Movimiento MIRA.
Para la legisladora, el paro obedece a dos grandes razones: por un lado, la inevitable expropiación y exclusión del sistema de transporte que sufrirán los pequeños propietarios de vehículos de servicio público por las condiciones definidas en la licitación del SITP, actualmente en proceso y; por otro lado, la presión sobre conductores del Distrito para que firmen acuerdos de pago por las multas pendientes de pago, en numerosos casos prescritas,con las entidades competentes.
La legisladora enfatiza que los ofrecimientos del Sistema en materia de renta fija mensual y de valores de los vehículos son “injustos” a los ojos de los pequeños propietarios. Para un vehículo 2009, el sistema le ofrece a un pequeño propietario una renta de $1.400.000 cuando hoy puede ganar hasta $5 millones. Si quisiera vender su vehículo, que pudo haber costado algo más de $200 millones más el valor del cupo, el valor ofrecido llega a los $185 millones y nada se habla del cupo o de su rentabilidad.
“Hemos hecho el seguimiento a todo el proceso del SITP. En debate de control político el 25 de noviembre en la Cámara de Representantes, denunciamos que las condiciones económicas y técnicas señaladas en los pliegos de la licitación favorecen sólo a grandes empresarios, dejan en incertidumbre a los usuarios acerca de los montos que deberán asumir por tarifas que serían mayores a las actuales y excluye a los pequeños propietarios, conductores, industria nacional y toda la cadena de trabajos que dependen del transporte público. La licitación tampoco prevé las soluciones para los taxistas, quienes también se verán afectados”, señaló la Legisladora.
Por estas y otras fallas de la licitación, el pasado 29 de enero la Representante le solicitó de manera formal y por escrito, al Alcalde Mayor Samuel Moreno, la suspensión de la apertura oficial del proceso, hasta tanto se subsanaran las fallas y existieran garantías reales de seguridad económica para los usuarios, y de inclusión y permanencia para los pequeños propietarios y conductores, recibiendo una respuesta negativa por parte del mandatario.
Frente al tema de los acuerdos de pago, la Congresista ya había hecho un llamado a los conductores de servicio público, para que no se dejen confundir con la campaña de desinformación y presión para firmar acuerdos, teniendo en cuenta que deberá entrar en vigencia la ley que concederá un descuento del 50% a todas las personas que tienen deudas pendientes de pago por infracciones de tránsito.
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