FRACASO DEL VOTO PREFERENTE - PROPICIACION DEL FRAUDE ELECTORAL

Cuando en 2003 se propuso en el Congreso el voto preferente -hay que decir que con la oposición del Gobierno- se afirmó que era un mecanismo orientado a garantizar una efectiva participación democrática en la escogencia de los integrantes de cuerpos colegiados, pues, a diferencia del viejo sistema del "bolígrafo" , el ciudadano tendría la ocasión de seleccionar a su candidato favorito, de modo que ya no importaría que éste se ubicara muy abajo en la misma. El mayor número de votos lo haría ascender mediante la reordenación de la lista. Este fue el argumento, que finalmente el Ejecutivo tuvo que aceptar de mala gana, y en todo caso, salió adelante una transacción en cuya virtud el voto preferente sería opcional. Cada partido o movimiento resolvería si iba a las elecciones con listas cerradas o abiertas. Pero el supuesto teórico, y el espíritu inicial de la norma, que quedó consagrada en el artículo 263 A de la Constitución, era el de favorecer la espontaneidad del votante, en el entendido de su adecuado conocimiento acerca de los integrantes de las listas. Eso implicaba propiciar el voto de opinión sobre el voto cautivo, organizado y armado por las maquinarias políticas. Pero la práctica ha sido la contraria: el gran afectado ha sido el voto de opinión y el favorecido el voto de maquinaria. Veamos: De acuerdo con la norma constitucional, en el caso del voto preferente, "el elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres que aparezcan en la tarjeta electoral". Pero, con la disculpa de que los tarjetones serían inmensos dado el alto número de aspirantes, en la Registraduría -no la actual, sino una anterior- diseñaron el confuso tarjetón que tanto daño hizo en las elecciones del 14 de marzo, y en las anteriores, con menos notoriedad. Un sistema de voto inconstitucional, porque, contra la norma, no aparecieron los nombres de los candidatos, y menos sus fotografías, haciendo imposible su reconocimiento por el votante. Se hicieron figurar unos logos y unos números que cada elector debería marcar, sobre la base de haber memorizado los datos de aquel aspirante a quien quisiera elegir (partido y número). Si a esto, que es de suyo difícil para el ciudadano del común, unimos la coexistencia de al menos ocho variables en las últimas elecciones -Senado, Cámara, circunscripción nacional, circunscripción indígena, circunscripciones especiales, Parlamento Andino y consulta en los partidos conservador y verde-, entendemos muy fácil la razón para que se hayan depositado, hasta donde se conoce, más de millón y medio de sufragios nulos y casi medio millón de tarjetones sin marcar, además de la votación en blanco -que fue altísima, especialmente en cuanto al Parlamento Andino-. La distancia entre las normas y su aplicación, en Colombia, es cada día más grande. Y en el caso del voto preferente, a pesar del texto plasmado por los reformadores, las autoridades que lo aplicaron lo hicieron fracasar. Es menester, entonces, una revisión integral del sistema. Cortesia del Jurista José Gregorio Hernández Galindo. Aunado a lo anterior, se pudo evidenciar en la jornada electoral y en sus inmediatos escrutinios, que el voto preferente trajo consigo una posibilidad de propiciacion del fraude electoral, como quiera que las maquinarias se hicieron visibles al injerir para que las votaciones por algunos partidos fueran absurdamente altas por el doble conteo de votos que se sumaban de cada candidato al del partido, desquiciando la transparencia de los reales votos que el candidato y su partido pudo haber obtenido.

LA EXCLUSION DE GENERO EN LA POLITICA.

La exclusión de las mujeres de la discusión pública empobrece el debate legislativo.

El Informe Global de Disparidad entre Géneros que se presenta anualmente en el marco del Foro Económico Mundial, mide el nivel de desigualdad entre hombres y mujeres alrededor del mundo, evaluando comparativamente su desempeño en los siguientes aspectos: participación laboral y oportunidades económicas, nivel educativo, poder político, y salud y supervivencia. De acuerdo con el Informe presentado en noviembre pasado, Colombia ocupa el puesto 56 entre 134 países (el 93% de la población mundial). La posición actual de Colombia en el ranking general muestra la profundización de la desigualdad de género en nuestro país. En efecto, Colombia pasó del puesto 24 en 2007, al 50 en el 2008 y al 56 en 2009, lo cual sugiere, o bien un marcado retroceso nacional en la igualdad entre hombres y mujeres, o un estancamiento de Colombia y un avance de otros países de la región. En la actualidad, antes de Colombia se ubican: Ecuador (23), Argentina (24), Costa Rica (27), Cuba (29), Panamá (43), Perú (44), y Nicaragua (49), para nombrar tan sólo algunos países del continente con condiciones similares a las colombianas.

La mala calificación que obtiene el país en el ranking general se debe prioritariamente a nuestro deficiente desempeño en igualdad en el poder político (puesto 84). Esta categoría de análisis mide la brecha entre hombres y mujeres en la toma de decisiones políticas al más alto nivel, y tiene en cuenta el porcentaje de mujeres en el nivel ministerial así como su porcentaje en el poder legislativo. Basta constatar nuestro mal desempeño en esta área con cifras: para el período legislativo 2006-2010, la cuota femenina sólo alcanzó el 12% en el Senado y apenas el 8% en Cámara. De acuerdo con el Observatorio de Género de la Cepal , la situación es similar si se considera el porcentaje de mujeres ocupando cargos de nivel ministerial durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe: 39% en el primero, y 22% en el segundo.

Pues bien, un vistazo a las listas de candidatos para el Senado por las cuales votaremos el próximo 14 de marzo, muestran la repetición de ese patrón. El siguiente listado, que elaboré a partir de los datos de aspirantes inscritos en la Registraduría Nacional, muestra el nivel de participación femenina en las listas por partido: MIRA, 46%; Compromiso Ciudadano 34%; Cristiano 32%; Liberal 26%; Apertura Liberal 26%; Alas 24%; Polo Democrático 23%; Cambio Radical 22%; Partido de la U 20%; PIN 19%; PAIS 15%; Conservador 14%; Verde 12.5%, Alianza Social Afrocolombiana 8%. Así, la participación promedio de la mujer asciende al 22% de aspirantes al Senado lo que se traducirá en un promedio de mujeres elegidas muy similar, si no inferior, al de la legislatura pasada.

Uno de los efectos indeseables de la exclusión de las mujeres de los espacios de discusión pública es que empobrece el debate legislativo porque lo priva de las perspectivas y preocupaciones de las mujeres con respecto a los asuntos que las afectan en particular y que nos afectan a todos en conjunto. Además, un legislativo compuesto principalmente por hombres contribuye a naturalizar la idea de que el manejo del Estado les corresponde principalmente a ellos, quienes pueden determinar lo que es bueno y deseable para todos, mientras que a las mujeres les corresponde obedecer. Es un panorama sombrío el de regresar al siglo XIX: las mujeres a la casa y los hombres a la plaza.

Algunas investigaciones, como la de Linda Helfrich publicada por el Observatorio Mujeres y Participación Política (Fescol), han concluido que si la elección de las mujeres para cargos de voto popular se deja en manos de los electores, su elección efectiva dependerá de la equiparación que en esa sociedad se haya logrado entre hombres y mujeres. Así, en sociedades con un mayor índice de desigualdad de género como la colombiana, dejar la elección de las mujeres en manos del ciudadano es, en la práctica, una desventaja, porque éste reproducirá a través del voto sus prejuicios de género. En estos casos se hacen necesarias acciones afirmativas, la cuales han probado ser una de las herramientas más efectivas para combatir la discriminación.

Pese a que la propuesta de establecer un mínimo de 30% de participación femenina en las listas se discutió en el marco de la reforma política durante la legislatura pasada, ésta no quedó incluida en su versión final. Es bueno saber, por ejemplo, que senadores como Camilo Sánchez (Partido Liberal), Armando Benedetti (Partido de la U) y Alfonso Valdivieso (Cambio Radical), se opusieron a la propuesta liderada por Elsa Gladys Cifuentes (Cambio Radical) y Cecilia López (Partido Liberal), entre otras. De acuerdo con el listado antes presentado, sólo tres de catorce partidos inscritos superan el umbral del 30% de mujeres, lo cual muestra que la participación política de la mujer no debe ser dejada a la liberalidad de los partidos tradicionales y que la reforma habría contribuido a generar una participación más equitativa si hubiera mantenido la obligatoriedad del umbral femenino.

Justamente a la falta de dientes de la ley de cuotas se debe su probada ineficacia. La ley 581 de 2000 o ley de cuotas, estableció una participación del 30% de mujeres en cargos públicos del máximo nivel decisorio. Sin embargo, la misma ley estableció que era posible reducir la participación femenina en aquellos casos en los cuales el nominador argumentara la falta de mujeres preparadas para desempeñar el cargo. Cuando el nominador se abstiene de presentar las razones objetivas que lo llevan a incumplir la cuota, incurre, de acuerdo con la ley, en una causal de mala conducta y puede ser sancionado con la suspensión de hasta treinta días del cargo que desempeña. Pese a que de acuerdo con cifras del 2007, la participación de la mujer en el nivel universitario es de 51% es decir que asisten más mujeres que hombres a la universidad, la participación de las mujeres sigue siendo escasa e inferior al margen establecido por la norma y ningún funcionario oficial ha sido sancionado. Tal vez esto se deba a que habría que comenzar sancionando al Presidente de la República.

La participación de las mujeres es un componente importante que debe perseguir cualquier sistema que se diga democrático. Con todo, una mayor presenciade las mujeres en el espacio político no garantiza ni que su trabajo legislativo tendrá en cuenta la perspectiva de género ni que apoyarán necesariamente una agenda feminista. Del reducido número de mujeres que acceden al Congreso, sólo unas pocas muestran un interés claro por apropiarse y defender un discurso que reivindique y promueva los derechos de las mujeres, y que parta del reconocimiento de las diferencias de género. Para quienes se preocupan por adelantar una agenda progresista a favor de los derechos de las mujeres, y en general a favor de los derechos de grupos tradicionalmente desaventajados, este proceso preelectoral ofrece una nueva oportunidad para examinar y votar por las mujeres y los hombres que queremos en nuestro Congreso.

Cortesia de Semana, autora: Natalia Ramírez Bustamante**Profesora de la Universidad de los Andes y asesora jurídica del Grupo de Derecho de Interés Público de la misma universidad. El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.

Ley de comparendos es un hecho cierto y real”: Gloria Stella Díaz

En exclusiva, El Magazín de la Gente dialogó con la representante a la Cámara por Bogotá del Movimiento Político MIRA, Gloria Stella Díaz, quien hizo referencia, en primer lugar, al paro de los transportadores que completó 4 días en la Capital de la República, y que dejó como saldo más de 17 mil vehículos inmovilizados, aproximadamente de 200 personas detenidas por actos vandálicos en medio de disturbios presentados en localidades como Suba, Bosa y Tunjuelito, y una dramática caída en las ventas de la ciudad (del orden del 60%), según lo afirma FENALCO, así como daños materiales en toda la ciudad.

En medio del plan de modernización del servicio de transporte público, propuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Alcaldía Mayor de Bogotá, la congresista Gloria Stella Díaz afirmó que la Administración Distrital está llevando un proceso improvisado, al tiempo que aclaró que el Movimiento Político MIRA ya había hecho la advertencia ante el Gerente del SITP, Javier Hernández, el secretario de Movilidad del Distrito, Fernando Álvarez, y el Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, a través de foros y debates en el Congreso de la República, sobre la inconveniencia de poner en marcha el SITP, incluso a meses de la terminación de las obras de la Fase III de Transmilenio, y que dejó sin transporte al 50.4% de la población de Bogotá que se moviliza por el transporte público colectivo.

La legisladora se pronunció además frente a la Ley que modificaría el Código Nacional de Tránsito, conocida como la “Ley de Comparendos”, en el que beneficios como la eliminación de la duplicidad en el pago de las multas de manera definitiva, y en el que los conductores obtendrán descuentos por pronto pago (5 días después de cometida la infracción para obtener un descuento del 50% en el pago de la multa y del día 6 al 20 un descuento del 25%), pero en ningún caso la multa se duplicará luego del día 21, serán una realidad

Además esto, los conductores que tengan pendiente el pago de multas, sean de servicio público, vehículo particular o de motocicletas, tendrán la posibilidad de acceder, durante los siguientes 12 meses desde la aprobación de la Ley, a un descuento del 50%, y permitirá la creación de una nueva categoría para algunas infracciones que se castigarán más severamente: de allí que el período de suspensión de la licencia por causa de conducir en estado de embriaguez se elevará entre 3 y 10 años.

Finalmente, la representante Gloria Stella Díaz, resolviendo inquietudes de los oyentes que siguieron minuto a minuto la explicación de la legisladora frente a la nueva ley, aseguró que esta Ley “no es un cuento, es un descuento”, entregándole una total tranquilidad a todos los conductores del país frente a la legitimidad de la Ley, y que solo está a la espera de la sanción o firma del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, o en último caso, del Presidente del Senado, Javier Cáceres, pero que aprobada ya por la Corte Constitucional no tiene marcha atrás; sin embargo, en la actualidad se encuentra en un proceso de trámite, y que con los contratiempos registrados en la nación, podría tardar unas 2 o 3 semanas más, pero no puede exceder dicho período, por que sería inconstitucional, y señaló que esta Ley “será un alivio para los distritos y municipios, porque hoy en día para cobrar una multa de 250 mil pesos, necesita invertir en todo el proceso cerca de 500 mil pesos”

LOS EFECTOS DEL PARO EN LA ECONOMIA DE LOS BOGOTANOS

Los dueños de los buses en Bogotá pactan con los choferes un esquema en el que ellos reciben el producido de 350 pasajeros al día.

Los dueños de los buses en Bogotá pactan con los choferes un esquema en el que ellos reciben el producido de 350 pasajeros al día.

Cuánto gana el dueño de un bus hoy. Si se aprueban las pretensiones de Apetrans, un operador podría aumentar en 25% sus ingresos. Cómo entender lo que está en discusión en este negocio.

El paro no es una pelea ideológica, sino una de pesos y centavos. Los empresarios del transporte saben hacer sus cuentas y no les interesa perder y por lo que ha demostrado la actitud de negociación de Apetrans, parecerían muy interesados en aprovechar la situación para aumentar sus ganancias. ¿Injusto?¿Justo? Eso sería una situación por esclarecer más adelante, pero lo cierto es que una mirada a las cuentas del negocio pueden ayudar a entender lo que se está discutiendo.

Con la ayuda de Marco Tulio Gutiérrez, director Ejecutivo de Conaltur, Dinero.com elaboró un ejercicio en el que se muestra cuánto gana hoy y cuánto ganaría el dueño de un bus con las medidas que están negociando.

El ejercicio se construyó sobre un caso típico, que naturalmente puede diferir un poco de los datos de un empresario individual. Sin embargo sirve para ilustrar la situación

Las utilidades
En general, los dueños de los buses en Bogotá pactan con los choferes un esquema en el que ellos reciben el producido de 350 pasajeros al día. Si hay más pasajeros, el ingreso se lo queda el chofer. De esa forma, con un precio de un pasaje de $1.200 por pasajero y sabiendo que un bus trabaja 20 días al mes, el dueño de un bus recibe como ingreso mensual $8’400.000, una suma nada despreciable.

Por supuesto, la actividad tiene costos. Marco Tulio Gutiérrez los estima en $5’100.000. Entre los principales están los de gasolina, un porcentaje que se quedan las empresas sobre los ingresos, el pago al conductor y el pago de las cuotas de los créditos de vehículo. Con eso, a un empresario le queda como utilidad $3’000.000 al mes.

Con esa cifra, se tiene entonces, que un empresario en este sector percibe como utilidades de su negocio $36 millones al año.

La propuesta
La Alcaldía les propuso a los dueños de los buses, que quienes quisieran participar en el Sistema Integrado de Transporte, deberían aportar sus vehículos a una empresa y cambiar de oficio. Dejarían de ser operadores de transporte y se volverían accionistas de esa firma, se volverían rentistas.

Como retorno, recibirían una suma mensual equivalente a un porcentaje del valor de su bus y adicionalmente, dividendos de la compañía.

Con el valor promedio de un bus, que Marco Tulio Gutiérrez estima en $130 millones, si los pequeños empresarios recibieran el 1,7% que piden, recibirían al mes $2’210.000 durante 24 años. Esto como renta. Sin mover un dedo. Esto es, $26,5 millones al año.

De otra parte habría que calcular los dividendos que le entregaría la empresa. Una forma conservadora de hacerlo, es la de suponer que ésta hace unas utilidades por bus iguales a las que recibe un propietario solo. Esto querría decir que la empresa no es capaz de conseguir economías en la compra de insumos en volumen ni mejoras en eficiencia de ningún estilo. Así, como se mencionó, la empresa daría $36 millones al año de utilidad por cada bus.

Ahora, suponiendo que la empresa reparte el 60% de sus utilidades netas, que es conservador en ese escenario de ineficiencia, cada dueño de bus recibiría $25,2 millones anuales adicionales.

Entre renta asegurada y dividendo, un dueño de un bus, sin mover un dedo, recibiría $51,7 millones, 23% más que lo que gana hoy. Casi una cuarta parte más ¿Sensato?

Con esos datos se puede calcular que si hoy la rentabilidad para un dueño de bus que consiguió su vehículo con 50% de crédito es de 28% anual, con el esquema del 1,7% de arriba, subiría su retorno a 34% anual.

La historia de los organizadores del paro de estar trabajando por el sustento de 16.400 familias de los dueños de los buses se reduce a esto.

Lo que ocurre tal vez es lo que el mismo Marco Tulio Gutiérrez dice. “Aún si las pretensiones son razonables, no se pueden imponer afectando a los demás".



MIRE LAS CUENTAS DEL PARO

Valores típicos
Valor promedio del bus 130.000.000 Pesos
Valor promedio del cupo 100.000.000 Pesos

1. Utilidad de un dueño de bus hoy
Cálculo de los ingresos
Pasajeros movilizados 350
Pasaje 1.200
Ingreso diario 420.000
Ingreso mensual 8.400.000


Cálculo de los costos
Salario del conductor 600.000
Gasolina 2.000.000
Rodamiento empresa y otros 2.500.000
Costo mensual 4.900.000

Utilidad mensual 3.500.000

Utilidad anual 42.000.000


Rentabilidad de la inversión 18%
Rentabilidad con crédito del 60% del valor del bus) 28%

2. Utilidad de un dueño de bus con el Sitt
Ingreso como renta del bus (La renta la recibe 24 años)
Porcentaje del valor del bus 1,7%
Renta mensual 2.210.000
Renta anual 26.520.000

Dividendos por ser socio de la empresa de transporte
Utilidad anual de la empresa 42.000.000 Utilidad
Porcentaje repartido 60%
Dividendos anuales 25.200.000


Ingresos por renta y dividendos 51.720.000

3. Aumento después de la negociación
Incremento en el ingreso 23%

Rentabilidad de la inversión 22%
Rentabilidad (apalancado 60%) 34%

INVITACION FRATERNAL.

Apreciadas/os Amigas/os, permítame saludarlos con el sentimiento de amistad y de ideales que he venido compartiendo en este maravilloso espacio.

El punto de partida de nuestra campaña es la ideología del Miraísmo, cuya finalidad es alcanzar la dignidad humana y la calidad de vida con base en comportamientos virtuosos, nuestra propuesta concreta es: “Seguridad Económica para Colombia - Propuesta de MIRA para el Congreso 2010”.

Lo anterior, supone una Política efectiva, es decir, una política capaz de satisfacer necesidades y superar conflictos sociales, un tema esencial para la actividad cotidiana que tenemos que enfrentar como ciudadanos de bien.

Esa realización ideológica, exige identificar las prioridades de la acción pública, en el gobierno y en el legislativo en los momentos y los lugares particulares, para proporcionar herramientas idóneas, inmediatas y reales, que permitan a la Comunidad alcanzar un ingreso mínimo vital para cada colombiano, de tal manera que pueda vivir dignamente.

Este noble propósito lo podremos alcanzar mediante un trabajo legislativo juicioso, concienzudo y permanente, para sacar adelante iniciativas tales como: i) Incentivos tributarios y financieros para los empresarios que generen nuevos empleos; ii) Regulación del trabajo desde la casa; iii) Construcción de locales comerciales de interés social; iv) Contratación estatal para todos; v) Estabilidad laboral para los servidores públicos; vi) Estatuto del Vendedor Informal; vii) Modernización del Sistema de Reciclaje con inclusión social; viii) Mecanismos alternativos eficaces de paz y justicia, que permitan a los actores de conflictos, autoridades y organizaciones civiles tener herramientas reales cristalizar la paz y la justicia, entre otros.

Se dé su apoyo incondicional, pues han conocido mi trayectoria como ciudadano de bien, quiero con profundo respeto solicitarles que les hablen a las personas de su círculo social y familiar cercano, a fin de obtener el mayor caudal posible de votos para hacer de este propósito una realidad.

Acompáñanos con tu VOTO el 14 de marzo de 2010, en Colombia y en el exterior, solo marcando MIRA en los tarjetones para Senado, Cámara y Parlamento Andino, NO BUSQUE NOMBRE NI NUMEROS, solo marca MIRA.

Muchas gracias por su apoyo. Reciban un abrazo fraternal.


Luis Hernando Monsalve Díaz, Candidato a Cámara por Bogotá, Movimiento MIRA.





Encuentra más, de nuestra 75 propuestas que radicaremos en el congreso en el siguiente enlace: www.webmira.com

PEDAGOGIA ELECTORAL 2010 - COLOMBIA - COMO VOTAR ...

¿Si tengo mi cédula inscrita en una ciudad diferente a la que vivo, puedo votar?

No. Los ciudadanos sólo pueden votar en la ciudad donde está inscrita la cédula de ciudadanía. La Registraduría realizó un proceso de inscripción de cédulas del 19 octubre al 2 de noviembre de 2009 para que los colombianos hicieran los cambios pertinentes o realizara el proceso de inscripción de la cédula de ciudadanía.




Conozca el significado de las palabras que más se escuchan en época electoral y familiarícese con ellas


Los procesos electorales contienen una terminología que identifica cada uno de los procesos que se realizan en los comicios electorales, en esta edición conozca los mas utilizados e identifique a que hacen referencia cada uno.

Sufragio: Derecho político que tienen los ciudadanos de participar en la decisión de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes.

Circunscripción electoral: Territorio dentro del cual los votos emitidos constituyen el fundamento para el reparto de los escaños entre candidatos o partidos.

Puesto de votación: Sitio que determina la Registraduría para que funcionen las mesas de votación.

Mesa de votación: Sitio habilitado por la Registraduría donde el ciudadano debe votar.

Puesto censo: Además de las mesas de votación existentes en cada puesto, existen los denominados puestos censo en la ciudad zonificada que corresponde a sitios habilitados para que los ciudadanos con cédulas expedidas por primera vez (que nunca se hayan inscrito y no hayan presentado algún tipo de novedad) entre el 13 de marzo de 1988 y el 28 de enero de 2002 puedan ejercer el derecho al sufragio.

Censo electoral: Base de datos donde se incluyen los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, que pueden válidamente sufragar en un determinado certamen democrático, y que le permite al Estado controlar, planear, organizar y desarrollar no solo los certámenes electorales sino igualmente los mecanismos de participación.

Jurado de votación: Ciudadano seleccionado mediante sorteo para atender la mesa de votación, hacer los escrutinios correspondientes y entregar los resultados de las votaciones en los documentos electorales correspondientes.

Cubículo: Espacio destinado por la Registraduría en cada mesa de votación, para que el elector marque la tarjeta electoral, en forma individual y reservada.

Tarjeta electoral: Documento en el cual el sufragante, en ejercicio del derecho al voto, marca su preferencia electoral.

Voto: Manifestación de la opinión de una persona. Es el ejercicio del derecho del sufragio.

Voto en blanco: El señalado en el espacio especialmente destinado para ello en la tarjeta electoral. Es un voto válido y como tal debe ser computado. El voto en blanco es la expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad. En las tarjetas electorales viene una casilla para voto en blanco en cada circunscripción: la de Senado tiene dos opciones de voto en blanco y la de Cámara tres.

Voto nulo: El que no tiene validez porque no es posible identificar la voluntad del elector. Se presenta cuando se marcan dos logosímbolos de partidos, un logosímbolo y un voto en blanco, o la marca no permite identificar a qué casilla atribuirle el voto.

Voto válido: Aquel en que aparece marcada claramente una opción electoral y, que por llenar los requisitos de ley, debe ser computado. Son votos válidos los que se marcan por un partido, por un partido y un candidato, en la casilla de voto en blanco e incluso cuando se marca por varios candidatos o por candidatos no inscritos, pues en estos casos el voto se le suma a la lista.

Cuenta votos: Corresponde a un formulario que se suministra a los jurados de votación para facilitar la contabilización (conteo) de los votos por cada candidato. Consta de unas filas que poseen el nombre de candidatos y otras columnas donde se va registrando el voto obtenido por cada uno de los aspirantes. Lo anterior permite de una manera práctica conocer el número real de votos.

Testigo electoral: Ciudadano designado por un candidato o una colectividad política para vigilar las votaciones y presentar reclamaciones ante los jurados de votación en los escrutinios de mesa.

Certificado electoral: Documento que se entrega al sufragante como constancia de haber votado. Es un instrumento público que contiene la declaración del Presidente de la mesa de votación, del Registrador Distrital o Municipal del Estado Civil o del Cónsul del lugar donde se haya inscrito la cédula de ciudadanía, según sea el caso, en el sentido de expresar que el ciudadano que en él aparece, cumplió con el deber de votar en las elecciones correspondientes.

Certificado electoral sustitutivo: Es un instrumento público que contiene la declaración del Registrador Distrital o Municipal del Estado Civil o del Cónsul del lugar donde está inscrita la cédula de ciudadanía, que encuentra justificada y aceptada la abstención electoral en los comicios correspondientes, por parte del ciudadano que en él aparece.

Clavero: Ciudadano encargado de recibir e introducir en el arca triclave los documentos electorales y velar por su conservación.

Arca triclave: Depósito provisto de tres cerraduras destinado a proteger los documentos electorales que sirven de base para efectuar los escrutinios.

Escrutinio: Diligencia que en su oportunidad realizan los jurados de votación, las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral, para proceder al cómputo de los sufragios, resolver las cuestiones de hecho y de derecho que se aleguen con fundamento en las causales legales de reclamación y hacer las declaratorias de elección a que hubiere lugar. Función pública mediante la cual se verifican y consolidan los resultados de las votaciones.

Cuociente electoral: Es el número que resulta de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer.

Trashumancia electoral: Acción de inscribir la cédula y votar en lugar distinto a aquel en el que se reside. Constituye un delito contemplado en el Nuevo Código Penal como “fraude en inscripción de cédulas”.

En un proceso electoral se utilizan 28 formularios electorales


Colombia tendrá una nueva jornada democrática el 14 de marzo de 2010. Los ciudadanos aptos para votar elegirán los Representantes al Congreso de la República, los Representantes al Parlamento Andino, podrán participar en la Consulta Popular del Partido Conservado Colombiano y del Partido Verde y además en la costa los ciudadanos podrán participar en la Consulta Caribe. En mayo se realizará la elección de Presidente de la República.

Durante las elecciones, varios formularios electorales son diligenciados. Cada uno de ellos tiene un nombre técnico que no es conocido por todos. A continuación está el nombre de cada uno y su significado.

E-1: Notificación a jurados de votación.

E-2: Resolución nombrando reemplazo de los jurados de votación.

E-3: Lista de ciudadanos inscritos.

E-4: Contraseña de inscripción.

E-5: Resolución que señala los sitios de escrutinios.

E-6: Acta de solicitud y aceptación de inscripción de candidatos al Congreso.

E-6AG: Acta de solicitud y aceptación de solicitud de candidatos a Alcalde y Gobernador.

E-6JAL: Acta de solicitud y aceptación de inscripción de candidatos a Juntas de Acción Local.

E-7: Acta de modificación e inscripción de lista de candidatos.

E-7AG: Acta de modificación e inscripción de lista de candidatos a corporaciones.

E-8: Confirmación de lista de candidatos .

E-9: Adhesivos urna cerrada y sellada.

E-10: Lista de sufragantes.

E-11: Acta de instalación y registro de votantes.

E-12: Certificado que autoriza la votación.

E-14: Acta de escrutinio del jurado de votación.

E-15: Credencial para los testigos electorales de la mesa.

E-16: Credencial para testigos electorales de la comisión escrutadora.

E-17: Recibo de documentos electorales para jurados de votación.

E-18: Constancia sobre prestación de servicios como jurado de votación.

E-19: Recibo de documentos electorales.

E-20: Acta de introducción de documentos electorales en el arca triclave.

E-21: Sellado de arca triclave.

E-22: Resolución por lo que se reconstruye la comisión escrutadora.

E-23: Constancia de la comisión escrutadora.

E-24: Cuadro de resultados.

E-25: Formulario para la reclamación.

E-26: Acta parcial de escrutinio.

E-26P: Acta parcial de escrutinio para Presidente y Vicepresidente de la República.

E-26AG: Acta parcial de escrutinio para Gobernador y Alcalde.

E-27: Credencial que expide la comisión escrutadora.

E-28: Credencial que expiden los delgados del Consejo Nacional Electoral.

PERSISTENTES LAS INCONFORMIDADES EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA BOGOTA (SITP)

Con el objetivo de tener una ciudadanía bien informada al momento de decidir el voto, y para consolidar un modelo de ciudad equitativo, los Programas Bogotá y Concejo Cómo Vamos iniciaron un ciclo de mesas de trabajo con los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, sobre diferentes aspectos que afectan la calidad de vida en la ciudad.

El día miércoles 17 de febrero se llevó a cabo el tema: Sistema Integrado de Transporte, que contó con la participación de Simón Gaviria por el Partido Liberal, Gloria Stella Díaz del Movimiento Político MIRA, Alfonso Prada del Partido Verde, entre otros.

El objetivo del ciclo de mesas de trabajo es conocer las diferentes posiciones de los partidos políticos sobre los temas mencionados con el fin de brindar herramientas a la ciudadanía para definir su voto.

Específicamente frente al Sistema Integrado de Transporte Público - SITP para Bogotá, uno de los puntos más álgidos es la una tarifa para los usuarios y un excedente por trasbordo, ya que los bogotanos tendrían que pagar por la utilización del servicio cerca de $ 2200 pesos.

Con la implementación del SITP la ciudad se dividirá en 13 zonas que serán manejadas por igual número de operadores, por lo que se realizará un censo para establecer cuántos buses circulan actualmente en Bogotá, y que hasta ahora arrojan que cada zona será atendida por 1.000 buses, lo que significa que habrá que sacar de circulación 3.000 de los 16.000 que circulan por la ciudad, pero que cubrirán solo 10 de las 20 localidades de la ciudad.

Y en cuanto al Metro, la discusión se plantea frente a la inviabilidad actual de la implementación de este sistema en Bogotá, así como el impacto financiero, ambiental y urbanístico.

Además, puesto que la concesión es a 24 años, los operadores de zonas en las que a futuro se construya nueva infraestructura para operación troncal, tendrán la obligación de presentar una propuesta y se les otorgará un derecho de preferencia para participar en dicha operación. Asimismo, el plazo de 9 meses para chatarrizar la flota que no entrará en la operación de las zonas fue ampliado hasta octubre de 2011, atendiendo a dos razones principales: la inversión requerida para la chatarrización y la garantía de prestación continua del servicio.

Finalmente, la representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz del Movimiento Político MIRA, recalcó su denuncia en la que afirmaba que, entrar en el jugoso negocio del servicio público de transporte bajo el nuevo esquema, requiere de un patrimonio, experiencia y capital de trabajo de los transportadores, que van desde los $46.855 hasta los $298.800 millones, y sólo 5 empresas pueden demostrar ésta experiencia, con lo que resulta, un claro Oligopolio.

Finalmente, durante el debate, quedó en evidencia que aún las 13 zonas de transporte no están estructuradas con avenidas vitales para la ciudad como la Avenida Boyacá, la Calle 13, la Avenida 68 y la Avenida de Ciudad de Cali

PARO DEL TRANSPORTE EN BOGOTÁ: UNA CRISIS ANUNCIADA

“El paro del sector del transporte público de Bogotá que hoy afecta a toda la Ciudad era un temor latente desde meses atrás”, señaló la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz Ortíz, del Movimiento MIRA.

Para la legisladora, el paro obedece a dos grandes razones: por un lado, la inevitable expropiación y exclusión del sistema de transporte que sufrirán los pequeños propietarios de vehículos de servicio público por las condiciones definidas en la licitación del SITP, actualmente en proceso y; por otro lado, la presión sobre conductores del Distrito para que firmen acuerdos de pago por las multas pendientes de pago, en numerosos casos prescritas,con las entidades competentes.

La legisladora enfatiza que los ofrecimientos del Sistema en materia de renta fija mensual y de valores de los vehículos son “injustos” a los ojos de los pequeños propietarios. Para un vehículo 2009, el sistema le ofrece a un pequeño propietario una renta de $1.400.000 cuando hoy puede ganar hasta $5 millones. Si quisiera vender su vehículo, que pudo haber costado algo más de $200 millones más el valor del cupo, el valor ofrecido llega a los $185 millones y nada se habla del cupo o de su rentabilidad.

“Hemos hecho el seguimiento a todo el proceso del SITP. En debate de control político el 25 de noviembre en la Cámara de Representantes, denunciamos que las condiciones económicas y técnicas señaladas en los pliegos de la licitación favorecen sólo a grandes empresarios, dejan en incertidumbre a los usuarios acerca de los montos que deberán asumir por tarifas que serían mayores a las actuales y excluye a los pequeños propietarios, conductores, industria nacional y toda la cadena de trabajos que dependen del transporte público. La licitación tampoco prevé las soluciones para los taxistas, quienes también se verán afectados”, señaló la Legisladora.

Por estas y otras fallas de la licitación, el pasado 29 de enero la Representante le solicitó de manera formal y por escrito, al Alcalde Mayor Samuel Moreno, la suspensión de la apertura oficial del proceso, hasta tanto se subsanaran las fallas y existieran garantías reales de seguridad económica para los usuarios, y de inclusión y permanencia para los pequeños propietarios y conductores, recibiendo una respuesta negativa por parte del mandatario.

Frente al tema de los acuerdos de pago, la Congresista ya había hecho un llamado a los conductores de servicio público, para que no se dejen confundir con la campaña de desinformación y presión para firmar acuerdos, teniendo en cuenta que deberá entrar en vigencia la ley que concederá un descuento del 50% a todas las personas que tienen deudas pendientes de pago por infracciones de tránsito.