LA EXCLUSION DE GENERO EN LA POLITICA.

La exclusión de las mujeres de la discusión pública empobrece el debate legislativo.

El Informe Global de Disparidad entre Géneros que se presenta anualmente en el marco del Foro Económico Mundial, mide el nivel de desigualdad entre hombres y mujeres alrededor del mundo, evaluando comparativamente su desempeño en los siguientes aspectos: participación laboral y oportunidades económicas, nivel educativo, poder político, y salud y supervivencia. De acuerdo con el Informe presentado en noviembre pasado, Colombia ocupa el puesto 56 entre 134 países (el 93% de la población mundial). La posición actual de Colombia en el ranking general muestra la profundización de la desigualdad de género en nuestro país. En efecto, Colombia pasó del puesto 24 en 2007, al 50 en el 2008 y al 56 en 2009, lo cual sugiere, o bien un marcado retroceso nacional en la igualdad entre hombres y mujeres, o un estancamiento de Colombia y un avance de otros países de la región. En la actualidad, antes de Colombia se ubican: Ecuador (23), Argentina (24), Costa Rica (27), Cuba (29), Panamá (43), Perú (44), y Nicaragua (49), para nombrar tan sólo algunos países del continente con condiciones similares a las colombianas.

La mala calificación que obtiene el país en el ranking general se debe prioritariamente a nuestro deficiente desempeño en igualdad en el poder político (puesto 84). Esta categoría de análisis mide la brecha entre hombres y mujeres en la toma de decisiones políticas al más alto nivel, y tiene en cuenta el porcentaje de mujeres en el nivel ministerial así como su porcentaje en el poder legislativo. Basta constatar nuestro mal desempeño en esta área con cifras: para el período legislativo 2006-2010, la cuota femenina sólo alcanzó el 12% en el Senado y apenas el 8% en Cámara. De acuerdo con el Observatorio de Género de la Cepal , la situación es similar si se considera el porcentaje de mujeres ocupando cargos de nivel ministerial durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe: 39% en el primero, y 22% en el segundo.

Pues bien, un vistazo a las listas de candidatos para el Senado por las cuales votaremos el próximo 14 de marzo, muestran la repetición de ese patrón. El siguiente listado, que elaboré a partir de los datos de aspirantes inscritos en la Registraduría Nacional, muestra el nivel de participación femenina en las listas por partido: MIRA, 46%; Compromiso Ciudadano 34%; Cristiano 32%; Liberal 26%; Apertura Liberal 26%; Alas 24%; Polo Democrático 23%; Cambio Radical 22%; Partido de la U 20%; PIN 19%; PAIS 15%; Conservador 14%; Verde 12.5%, Alianza Social Afrocolombiana 8%. Así, la participación promedio de la mujer asciende al 22% de aspirantes al Senado lo que se traducirá en un promedio de mujeres elegidas muy similar, si no inferior, al de la legislatura pasada.

Uno de los efectos indeseables de la exclusión de las mujeres de los espacios de discusión pública es que empobrece el debate legislativo porque lo priva de las perspectivas y preocupaciones de las mujeres con respecto a los asuntos que las afectan en particular y que nos afectan a todos en conjunto. Además, un legislativo compuesto principalmente por hombres contribuye a naturalizar la idea de que el manejo del Estado les corresponde principalmente a ellos, quienes pueden determinar lo que es bueno y deseable para todos, mientras que a las mujeres les corresponde obedecer. Es un panorama sombrío el de regresar al siglo XIX: las mujeres a la casa y los hombres a la plaza.

Algunas investigaciones, como la de Linda Helfrich publicada por el Observatorio Mujeres y Participación Política (Fescol), han concluido que si la elección de las mujeres para cargos de voto popular se deja en manos de los electores, su elección efectiva dependerá de la equiparación que en esa sociedad se haya logrado entre hombres y mujeres. Así, en sociedades con un mayor índice de desigualdad de género como la colombiana, dejar la elección de las mujeres en manos del ciudadano es, en la práctica, una desventaja, porque éste reproducirá a través del voto sus prejuicios de género. En estos casos se hacen necesarias acciones afirmativas, la cuales han probado ser una de las herramientas más efectivas para combatir la discriminación.

Pese a que la propuesta de establecer un mínimo de 30% de participación femenina en las listas se discutió en el marco de la reforma política durante la legislatura pasada, ésta no quedó incluida en su versión final. Es bueno saber, por ejemplo, que senadores como Camilo Sánchez (Partido Liberal), Armando Benedetti (Partido de la U) y Alfonso Valdivieso (Cambio Radical), se opusieron a la propuesta liderada por Elsa Gladys Cifuentes (Cambio Radical) y Cecilia López (Partido Liberal), entre otras. De acuerdo con el listado antes presentado, sólo tres de catorce partidos inscritos superan el umbral del 30% de mujeres, lo cual muestra que la participación política de la mujer no debe ser dejada a la liberalidad de los partidos tradicionales y que la reforma habría contribuido a generar una participación más equitativa si hubiera mantenido la obligatoriedad del umbral femenino.

Justamente a la falta de dientes de la ley de cuotas se debe su probada ineficacia. La ley 581 de 2000 o ley de cuotas, estableció una participación del 30% de mujeres en cargos públicos del máximo nivel decisorio. Sin embargo, la misma ley estableció que era posible reducir la participación femenina en aquellos casos en los cuales el nominador argumentara la falta de mujeres preparadas para desempeñar el cargo. Cuando el nominador se abstiene de presentar las razones objetivas que lo llevan a incumplir la cuota, incurre, de acuerdo con la ley, en una causal de mala conducta y puede ser sancionado con la suspensión de hasta treinta días del cargo que desempeña. Pese a que de acuerdo con cifras del 2007, la participación de la mujer en el nivel universitario es de 51% es decir que asisten más mujeres que hombres a la universidad, la participación de las mujeres sigue siendo escasa e inferior al margen establecido por la norma y ningún funcionario oficial ha sido sancionado. Tal vez esto se deba a que habría que comenzar sancionando al Presidente de la República.

La participación de las mujeres es un componente importante que debe perseguir cualquier sistema que se diga democrático. Con todo, una mayor presenciade las mujeres en el espacio político no garantiza ni que su trabajo legislativo tendrá en cuenta la perspectiva de género ni que apoyarán necesariamente una agenda feminista. Del reducido número de mujeres que acceden al Congreso, sólo unas pocas muestran un interés claro por apropiarse y defender un discurso que reivindique y promueva los derechos de las mujeres, y que parta del reconocimiento de las diferencias de género. Para quienes se preocupan por adelantar una agenda progresista a favor de los derechos de las mujeres, y en general a favor de los derechos de grupos tradicionalmente desaventajados, este proceso preelectoral ofrece una nueva oportunidad para examinar y votar por las mujeres y los hombres que queremos en nuestro Congreso.

Cortesia de Semana, autora: Natalia Ramírez Bustamante**Profesora de la Universidad de los Andes y asesora jurídica del Grupo de Derecho de Interés Público de la misma universidad. El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.